Brasil: La represión aumenta – Se prepara una explosión colosal por abajo

El día 27 de octubre, la policía militar del gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mató a otro joven. El asesino dijo que disparó el arma sin querer. Murió Douglas Martins , tenía 17 años y vivía en el barrio de Jaçanã, famoso por la canción Trem das Onze cantada por Adoniran Barbosa.
La población furiosa ocupó los carriles de la autopista Dutra, una de las principales del país. Tomó camiones, apedreó y quemó autobuses, levantó barricadas, enfrentándose como podía a los gases lacrimógenos y las balas de goma de la policía. Faltó poco para que la rabia, tristeza y angustia de la población se convirtieran en un levantamiento insurreccional.
El día 29, cuando tuvo lugar una manifestación en el Parque Nuevo Mundo, que limita con Jaçanã, en protesta por el asesinato de Douglas, la policía militar mató a otro joven. Esta vez fue Jean, de 16 años. La PM dijo de él que era un criminal. Los vecinos lo niegan. Una vez más el pueblo se levantó expresando su ira.
Después de las jornadas de junio la población ha comenzado a perder el miedo. Los poderes establecidos, los gobernadores y el gobierno federal, temerosos, organizan la represión.
Por mucho que el gobierno anuncie reformas y declare que la voz de la calle será escuchada , va quedándole cada vez más claro a un mayor número de jóvenes y trabajadores – con menor o mayor rapidez - que el sistema capitalista y su gobierno no pueden resolver los problemas más sentidos de la gente.
Sin embargo, estas manifestaciones carecen de organización y dirección. Así que las luchas siguen atomizadas. En realidad, existe esta organización y es el PT. Pero la dirección mayoritaria del partido se esconde tras una alianza de clases ciega y vergonzosa con la burguesía, sobre la cual se sostiene la coalición de gobierno.
Así es como esta dirección está acabando con la credibilidad que le otorgaba la población. Aferrándose a la colaboración de clases, frena y desconcierta a la población. La gente se aleja cada vez más del partido y llegará un punto en el que le dará la espalda por completo, abriendo su propio camino en la dolorosa búsqueda de una salida organizativa y política que de rienda suelta a sus aspiraciones más básicas.
La lucha tiende a alcanzar un punto de cólera y explosión generalizada. Este caldo constituirá el fermento de la recuperación de las tradiciones del pasado, que guiaron y llevaron originalmente a la construcción del PT.

Una escalada de represión y opresión

En 2009, por quinto año consecutivo, en el estado de Mato Grosso do Sul se concentró la mayoría de asesinatos de indígenas en el país. De los 60 asesinatos registrados en ese año, 33 ocurrieron en Mato Grosso do Sul. La tasa de suicidios entre los Kaiowás actualmente asciende a 44 por cada 100.000. Esta cifra es casi 10 veces superior a la media nacional y entre las más altas del mundo.
En los oscuros años de la dictadura militar, 380 personas murieron o desaparecieron. Entre 2000 y 2012, más de 450 activistas campesinos e indios fueron asesinados por tropas regulares o no. Cientos de sindicalistas, huelguistas y activistas de movimientos populares están siendo criminalizados, los militantes del Movimiento de Fábricas Ocupadas están siendo procesados ​​y acusados ​​de conspiración. Las fuerzas de represión son lanzadas de forma permanente en contra de los movimientos que luchan por la vivienda, en contra de los estudiantes de la USP, UNICAMP y UNESP. El Supremo Tribunal Federal (STF) pretende encarcelar a dirigentes del PT, acusados ​​de corrupción, sin prueba alguna. Recientemente, después de las jornadas de junio, se llevaron a cabo cientos de detenciones. El gobierno federal ha lanzado sus tropas para reprimir y atacar a los trabajadores del sector petrolero, maestros y manifestantes que luchan por sus derechos.
Amarildo de Souza era un albañil de 42 años que fue detenido para ser interrogado por la policía en el barrio de Rocinha, en Rio de Janeiro el día 14 de julio. No se le volvió a ver y su familia y amigos temen que podría haber muerto como resultado de la tortura. ¿Cuántos más Amarildos morirán antes de que los partidos de izquierda – o los que dicen representar a los trabajadores, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, se levanten? ¿Para que exijan el fin de la represión, de la criminalización, de la Ley de Seguridad Nacional? ¿Para que reclamen un castigo para los que asesinaron o mandaron matar a militantes que lucharon contra la dictadura militar y para aquellos que siguen matando impunemente en la actualidad?
El gobierno de Dilma Rousseff, al lanzar sus tropas contra los manifestantes que se opusieron a la subasta petrolera del Campo de Libra, profundizó las medidas represivas del Estado contra los que luchan por sus justas reivindicaciones. Levantó la tapa del caldero del infierno y de él salieron los demonios de derecha, los gobernadores, los militares y burgueses nostálgicos de los años de la dictadura, los nuevos millonarios reaccionarios, el viejo Opus Dei, los activistas de Tradición, Familia y Propiedad . Y como si no fuera suficiente, Dilma declara solemnemente ofrecerles ayuda para garantizar la ley y el orden.
¿Puede la policía garantizar la libertad de expresión y manifestación? ¿Pueden las tropas federales garantizar estos derechos? La esencia de estos aparatos es la defensa del derecho a la propiedad privada de los medios de producción sobre el que descansa toda forma de explotación y opresión. El Estado burgués es por excelencia el cuerpo armado de los terratenientes, banqueros e industriales. Este cuerpo que se erige en contra del pueblo en nombre de la defensa nacional y del patrimonio público y privado. Su forma pública son las fuerzas armadas, la policía y sus milicias mercenarias en las favelas y latifundios.
Las repetidas manifestaciones en contra de los gobernadores Cabral en Río y Alckmin en Sao Paulo se enfrentan a una fuerte represión, porque no solo luchan por sus reivindicaciones sino que tienen como objetivo provocar la caída de estos gobiernos. Es por ello que aumentan la represión. Nuestra respuesta debe ser exigir la disolución de la Policía Militar, así como la disolución de las instituciones represivas heredadas de la dictadura militar. Tenemos que construir nuevas instituciones. La voluntad soberana del pueblo debe gobernar en paz y libertad, sin explotación. Ninguna reconciliación, ningún pacto, ninguna confianza en los cantos de sirena de los opresores. Hoy pintan sus porras y balas de goma de color rosa, mañana dispararán a los luchadores con balas reales.
Sólo una lucha unida y decidida de todos los movimientos, de todos los órganos de representación de los trabajadores y la juventud, puede detener la escalada represiva del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
¡Abajo la represión!

Esquerda Marxista

Acuerdo con REPSOL: Capitulación a la Corona

El acuerdo con Repsol reafirma el giro derechista del gobierno con concesiones al imperialismo y acercamiento a los “mercados”. La Repsol retirará la demanda iniciada en el CIADI, el tribunal imperialista que dictó sentencias contra Argentina favoreciendo a los fondos buitres. Así, se habilita el endeudamiento a gran escala de YPF trabado por esa demanda. La petrolera estatal sólo había conseguido hacer colocaciones menores de deuda en EE.UU. para hacer inversiones. Además, facilita los negocios de Chevron. Es que, según trascendidos, las cláusulas secretas del acuerdo con la petrolera norteamericana implicaban mecanismos para remitir ganancias evitando embargos frente a las amenazas de la Repsol. Ahora las vías del saqueo se despejan. Cerrar los conflictos en el CIADI abre la posibilidad de ampliar el endeudamiento con el Banco Mundial, organismo con el que se acaba de pactar un préstamo de 3 mil millones de dólares. La tarea de acercar posiciones con los organismos multilaterales de crédito la había iniciado Hernán Lorenzino, ex ministro de Economía. Ahora tiene a su cargo una “unidad” especial para negociar con el Club de París la regularización de una deuda odiosa, iniciada por la dictadura de la “Revolución Fusiladora” y profundizada por el gobierno de la Alianza.
También tiene la misión de acercarse al FMI, algo ya encaminado con el acuerdo sobre un nuevo índice de precios.
Los escribas K están remodelando el relato. Lo que hasta hace poco era “”sumisión a las recetas del FMI””, ahora lo llaman endeudamiento “heterodoxo o “productivo”. La idea de atraer inversiones extranjeras subordinándolas a los fines del desarrollo nacional ya fracasó en los ´60 con Frondizi. El resultado es el opuesto: mayor sumisión al capital imperialista y pagos de deuda cada vez más pesados. El final es anunciado: ajuste.

Soberanía de las petroleras imperialistas

Hace un año y medio, Julio De Vido y Axel Kicillof denunciaban: “la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno que desplegó el grupo Repsol desde que tomó el control de YPF en 1999” (Informe Mosconi). Para aquel entonces, el actual ministro de Economía decía que YPF en manos de Repsol “era una vaca lechera a la que iban a ordeñar hasta la muerte” para “girar dividendos al exterior”. En otra ocasión se envalentonó con Antonio Brufau, presidente de Repsol denunciando al virreinato del Río de La Plata.
Como es previsible en toda negociación, Repsol empezó reclamando mucho más de lo que esperaba cobrar: pidió 9300 millones de dólares en el CIADI.
Decir que no iban a pagar un peso de indemnización fue parte de la teatralización K para alimentar el relato. La misma amenaza hizo Cristina a los buitres para después abrirles el grifo con la reapertura del canje. Los 5 mil millones que se llevará Repsol, “”líquidos”” (como habría exigido Brufau), es un gran negocio. Y se suman a los más de 15 mil millones de ganancias que se llevó estando al frente de YPF. Como con la reapertura del canje, la mayoría de la oposición patronal celebró el acuerdo. Pero en esta ocasión el kirchnerismo amplió los apoyos. Hasta la Asociación Empresaria Argentina liderada por Clarín festejó. La Repsol que saqueó los recursos, vació la empresa y con la complicidad de los K condujo a la “crisis energética” se lleva un gran premio. Los términos secretos del acuerdo aún pueden traer más regalos para la petrolera.
El terreno quedó allanado para que, además de Chevron y Dow Chemical que ya firmaran alianzas con YPF, Vaca Muerta sea transformada en un banquete para la americana Exxon, la mexicana Pemex (accionista de Repsol y activo impulsor del reciente acuerdo) y otras multinacionales que esperan ansiosas ingresar al negocio de los combustibles no convencionales sin las trabas que interponía Repsol.
Las petroleras auguran negocios extraordinarios. No es para menos. El aumento autorizado en los combustibles corona mayores ganancias. En el camino, dejó al desnudo el engaño del“control de precios”de Jorge Capitanich. Una vez más, el Mercado de Valores celebró con aumentos en las acciones de YPF. Las compañías eléctricas también están en alza en la bolsa. Tendrían bajo el brazo la promesa de aumentos de tarifas.
Para acabar con este saqueo hay que expropiar íntegramente a las petroleras sin indemnización para conformar una empresa estatal única bajo gestión de los trabajadores.

“El pago a Repsol es un premio al saqueo de casi dos décadas”

Entrevistamos a Raúl Godoy, obrero de Zanon y dirigente del PTS, diputado del FIT en Neuquén, sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y la multinacional española Repsol, luego de la “expropiación” del 51% de las acciones de YPF en 2012.

¿Cuáles son los alcances del acuerdo firmado recientemente entre el gobierno y Repsol?
Lo que se sabe todavía es poco, porque según trascendió lo que se firmó, en una reunión secreta en Puerto Madero refrendada por el directorio de Repsol el miércoles 27 en el Estado Español, es un preacuerdo que, una vez más, incluye cláusulas secretas. Pero lo que se sabe es que el gobierno se compromete a pagar con bonos a 10 años 5.000 millones de dólares a Repsol por la supuesta expropiación del 51% de las acciones de YPF el año pasado, lo que en los hechos terminó siendo la compra de esas acciones.
Todos recordamos las palabras del ahora ministro de Economía Kicillof, que cuando anunciaron con bombos y platillos la expropiación de Repsol aseguró que no sólo no iban a pagarle un peso a la petrolera, sino que debería ser ésta la que le pague al Estado argentino por el daño ambiental producido. Una vez más, el gobierno demuestra su carácter antinacional y proimperialista, que cubre con un discurso supuestamente nacional y popular sus acciones que nada tienen que envidiarle a las realizadas por gobiernos abiertamente neoliberales como el menemismo.
Esto sería un nuevo paso en la entrega de los recursos naturales...
Totalmente. Los que festejaron el anuncio de la nacionalización de YPF como una gran acción de soberanía ya no saben cómo justificarse. Primero fue el acuerdo escandaloso con Chevron, del cual todavía no se conocen todas las cláusulas, que fue refrendado por la Legislatura neuquina a fuerza de represión, para entregar Vaca Muerta a esta multinacional norteamericana. Ahora se suma este pago millonario a Repsol de este gobierno autodefinido como “pagador serial”, casi como un premio al saqueo de casi dos décadas del petróleo y el gas. Lo más preocupante es que este pago a Repsol se hace en nombre de la llamada “seguridad jurídica” para darle una señal a las petroleras de que invertir en el país es un negocio redondo, donde tienen allanado el terreno para saquear los recursos naturales y que, en caso de terminarse el negocio, el gobierno les garantizará igual sus ganancias.
Para colmo, este pago se da cuando aumentan la nafta y demás combustibles, un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores. Párrafo aparte merece Guillermo Pereyra, dirigente de los petroleros neuquinos, número dos de la CGT Moyano y senador electo por el MPN, que festejó este acuerdo, porque “va a traer inversiones”....
Vos hacías referencia a Pereyra. Pero en la Legislatura neuquina obviamente este fue un tema debatido, ¿cuál fue tu planteo?
Sí, se debatió, aunque fue llamativo el silencio de los diputados kirchneristas, tanto del FPV como del MPN, los mismos que hace unos meses votaron la entrega a Chevron. Fue un ex aliado del gobernador Sapag y antikirchnerista explícito, el diputado Baun, el que saludó el pago a Repsol en nombre de la seguridad jurídica, aprovechando para denunciar las palabras de Kicillof el día que se votó la expropiación de Repsol. No por casualidad fue en los 90 uno de los senadores que votó a favor de la privatización de YPF. Nosotros también repudiamos las palabras de Kicillof, ¡pero obviamente por motivos completamente distintos! Denunciamos el doble discurso K y esta nueva acción proimperialista.
Y como dijimos cuando se votó la entrega a Chevron, volvimos a señalar que para terminar con este saqueo y entrega es necesario pelear por la renacionalización de todo el petróleo y el gas, sin pagar un peso a las petroleras, y ponerlo a producir bajo la administración de los trabajadores. Ahí están parte de los recursos para invertir en educación, salud y un verdadero plan de obras públicas, incluyendo la construcción de viviendas populares.

La reprivatización petrolera, punta de lanza del ajuste

La reestatización kirchnerista de YPF, a expensas de Repsol, ha concluido en otro rescate capitalista -en este caso, de la propia Repsol. Hace un año y medio atrás, al intervenir YPF, el propio gobierno reconocía asumir el control de una petrolera arrasada. Los K y sus predecesores consintieron que YPF fuera sometida a una descapitalización brutal, donde Repsol -y luego también el “amigo” Ezkenazi- retiraron el 90% de las utilidades obtenidas durante casi una década; en el tendal, quedaron también enormes pasivos ambientales en las regiones petroleras. El Estado se hacía cargo de una compañía con su patrimonio destruido, y una deuda de 9.000 millones de dólares. En vez de resarcir a YPF por este desfalco gigantesco, y a costa de sus responsables, el gobierno rescatará al vaciador con una compensación económica de, como mínimo, 5.000 millones de dólares en “activos líquidos”. A cambio de ello, se terminan los juicios recíprocos entre la petrolera española, de un lado, y el estado argentino o YPF, por el otro. Ello implica el fin de la demanda de Repsol por la expropiación de 2012. Pero también, clausurar cualquier reclamo por el desfalco económico y la depredación ambiental incurridos desde 1998 por parte de Repsol. La industria petrolera que se beneficia de estos resarcimientos sostiene un régimen salarial plagado de importes en negro y miles de “tercerizados”, lo que ha dado lugar a las grandes huelgas petroleras en la Patagonia.

Reprivatización

El rescate de Repsol es la consecuencia necesaria de la seudoestatización de YPF. Desde el vamos, la ley de “soberanía hidrocarburífera” votada en 2012 (con el apoyo de Solanas y Lozano) auspiciaba “alianzas estratégicas con petroleras nacionales o extranjeras”. La reestatización no fue más que el desplazamiento de la quebrada Repsol, cuyos principales accionistas arrastraban el peso de la bancarrota capitalista en España, en favor de otros monopolios petroleros. El gobierno se lanzó rápidamente a negociar acuerdos con Chevron, Exxon y otras, mientras apostaba a postergar indefinidamente el litigio con Repsol en el marco de los tribunales del Banco Mundial (Ciadi). El kirchnerismo fantaseó que, de ese modo, podría hacer borrón y cuenta nueva con el largo capítulo del vaciamiento petrolero. Pero los pulpos que vinieron a reemplazar a Repsol le exigieron al gobierno un arreglo con la propia Repsol. Es lo mismo que reclama el capital financiero internacional en relación a las cuentas pendientes de la bancarrota de 2001, como condición de un nuevo endeudamiento. Así, la “nueva” política petrolera se vino tan abajo como la “negociación inteligente” de la deuda externa. En la cola de la bancarrota nacional, Repsol hace fila para cobrar, junto a las privatizadas del Ciadi, los fondos buitres y los del Club de París.

Pemex

Para el acuerdo con Repsol, los “nacionales y populares“ contaron con la ayuda del gobierno mexicano y de la petrolera Pemex, que participa con el 10% del capital de Repsol. Contra la pretensión del presidente de Repsol, Brufau, de sostener en el tiempo las demandas contra YPF, los de Pemex se inclinaban por aceptar un rápido arreglo económico con Argentina. La razón es clara, y nada tiene que ver con la hermandad latinoamericana: Pemex aspira a participar de la explotación no convencional en Vaca Muerta, algo en lo que no podría avanzar si subsisten los juicios de su vinculada Repsol. El gobierno mexicano de Peña Nieto puso en marcha una ‘reforma energética’ privatizadora, que impulsa asociaciones con monopolios petroleros internacionales adentro y fuera de México. En esa línea, Pemex presiona para que la compensación a Repsol incluya “el pago con activos petroleros (a través de) yacimientos con recursos ya localizados y justipreciados” (Ambito, 26/11). De este modo, los 5.000 millones de dólares “líquidos” serían sólo el primer paso del resarcimiento a Repsol. Detrás de ese dinero, vendrán las concesiones de áreas ya exploradas, en favor de Pemex o de la propia Repsol. Si se tiene en cuenta que el pulpo “español” pidió, en 2012, 10.000 millones de dólares por sus acciones expropiadas, entre los pagos con bonos ‘garantizados’ y la entrega de concesiones petroleras -también con reservas “garantizadas”- el gobierno va camino de satisfacer integralmente el reclamo de ‘máxima’ de Repsol.

Viraje

Las condiciones de fondo para este entrelazamiento con los monopolios petroleros están siendo fogoneadas por los K desde el mismo día de la “recuperación” de YPF. En los dieciocho meses transcurridos, el precio de las naftas subió un 80% y se triplicó el del gas para las nuevas exploraciones. YPF logró el milagro de duplicar sus ganancias sin aumentar la producción, gracias a este tarifazo en regla. El primer mensaje del nuevo gabinete ha consistido, precisamente, en otro naftazo. Los nuevos acuerdos firmados con grupos petroleros obligan a “priorizar el abastecimiento interno” en relación a la exportación. Pero para que esto no afecte a los monopolios petroleros, los K quieren asegurarles precios internacionales para los combustibles. La “soberanía hidrocarburífera”, por lo tanto, pasa por la entrega integral de la renta petrolera a los monopolios internacionales. Los pulpos, sin embargo, exigirán otras condiciones: un peso devaluado para sus inversiones, y la libertad para remitir utilidades, o sea, la remoción integral de las trabas y cepos oficiales. La reprivatización petrolera es la punta del ovillo de un viraje integral de la política económica, en la línea exigida por el capital financiero y la gran burguesía.
Los voceros oficialistas afirman que la “normalización” de relaciones con Repsol permitirá acuerdos “menos gravosos” en materia petrolera. Pero nadie aceptará menos de lo que consiguió Chevron, a quien se admite una mínima inversión inicial y ‘aportes’ posteriores provenientes de los beneficios obtenidos. El gobierno diseña una ‘salida’ a la crisis energética costeada integralmente sobre los trabajadores y consumidores, y con vía libre para la depredación ambiental (fracking). A este camino sin futuro, los campeones de la “soberanía hidrocarburífera” le han cargado ahora otra hipoteca insostenible: el rescate del vaciador Repsol, en moneda contante y sonante.

Conclusión

La farsa de la reestatización ypefiana retrata, como muy pocas cuestiones, los límites insuperables de las nacionalizaciones capitalistas, y su función de rescate del capital. Ni qué decir que los presidenciables de la oposición, de Massa al Unen, han aplaudido cerradamente la reconciliación con Repsol.
En contra de este nuevo mazazo a los trabajadores y al país, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera bajo control obrero y sin compensación a sus vaciadores capitalistas; defendemos el derecho del país a ser resarcido integralmente por el desfalco petrolero y ambiental consumado por Repsol. Integramos este planteo a la lucha contra el ajuste que han puesto en marcha Cristina-Capitanich-Kicillof, y que tiene en la reprivatización petrolera a su punta de lanza.

Marcelo Ramal

"Es un acuerdo evidente del Gobierno con la cúpula del Vaticano para retroceder en los derechos de las mujeres"

La abogada del PTS y diputada nacional electa por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, participó esta tarde en la concentración realizada frente al Congreso Nacional en rechazo al tratamiento de la reforma del Código Civil y Comercial junto a otras organizaciones políticas y sociales, entre ellas las que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. También estuvieron presentes los diputados nacional y provincial electos del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo, entre otros referentes del FIT.
Myriam Bregman señaló: "Nosotros veníamos denunciando esta reforma del Código Civil por ser una reforma privatista que toma todos los conceptos de la década del 90, que muchísimos empresarios venían reclamando. Además de eso, en los últimos tiempos el proyecto ha sufrido cambios aún más a la derecha porque un acuerdo evidente entre el Gobierno y el Vaticano hoy hizo que se retrocediera en lo que se mostraba como el caballito de batalla para llevarse bien con los sectores más progresistas de la sociedad, aspectos que tenían que ver con los derechos de las mujeres, la fertilización asistida, el divorcio".
Por ultimo, la abogada del PTS agregó: "Evidentemente, lo que había sido mostrado como un paraguas progresista con el cual se escondía todo lo noventista y neoliberal que habia detrás del proyecto, termina siendo también reformado porque se vuelve a conceptos completamente retrógrados como que existe persona humana desde el momento de la concepción. Algo que había sido ya superado por la jurisprudencia, por la doctrina, pero fundamentalmente por la ciencia. Entonces es algo que ha quedado completamente viejo, que nadie puede explicar cómo se sostiene ese concepto, cómo se atrasa en más de cien años de historia. Esto sólo se explica por lo que impone el Vaticano. Más allá de lo que nosotros opinemos, hasta otros sectores dentro de la misma Iglesia reconocen que lo que hubo es un acuerdo evidente del Gobierno con la cúpula del Vaticano para retroceder en los derechos de las mujeres".

Myriam Bregman: (011) 15 4170 2398 | @myriambregman |

Un no tan inclusivo Código Civil

Al cierre de esta edición se discutía en la Cámara de Senadores la modificación del Código Civil. Pese a las fuertes criticas recibidas dentro y fuera del recinto, el kirchnerismo se preparaba para otorgarle media sanción. Las polémicas por el artículo 19, la función social de la propiedad privada y el agua como derecho humano.

Al cierre de esta edición el kirchnerismo se preparaba para darle media sanción en la Cámara de Senadores al proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial. Tras haber obtenido dictamen en comisión parlamentaria el miércoles de la semana pasada, y a pesar de las críticas levantadas, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para sacar adelante el proyecto. Será convertido en ley recién el año que viene, después de ser debatido en la Cámara de Diputados. Por otro lado, durante todo el día se debatió en la Cámara Baja la ley de responsabilidad del Estado, que fue eliminada del Código Civil y se trató de manera separada.
En lo que fue definido como un “súper-miércoles” por la intensa actividad en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo llevó al recinto el proyecto de reforma del Código Civil. El mismo había obtenido dictamen de mayoría en el plenario de comisiones la semana pasada. Allí el oficialismo, en soledad y bajo las criticas de todo el arco político opositor, había realizado más de 100 modificaciones al proyecto original, diseñado hace mas de 2 años por los jueces del la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, junto con la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
Las criticas más encarnizadas las habían levantado, por un lado, la eliminación del agua como derecho humano, las responsabilidad del Estado y sus funcionarios -delegadas a fueros provinciales y municipales- y el polémico artículo 19. Este articulo, referido al momento en el cual comienza la vida humana, había sido modificado por el kirchnerismo a raíz del lobby de la Iglesia Católica, lo que determinó finalmente que para el nuevo código la vida humana comienza desde la concepción, eliminando cualquier tipo de mención a las técnicas de fertilización asistida y, por lo tanto, a las diferencias entre un embrión antes y después de ser transferido. Por otro lado, el Código incluye también la imprescriptibilidad de las acciones civiles vinculadas a delitos de lesa humanidad.
El debate en el recinto de la Cámara Alta, al momento de ser tratada la reforma del Código, siguió un camino similar al que sufriera en el plenario de comisiones: de un lado el kirchnerismo realizando una defensa cerrada del mismo y del otro el conjunto de la oposición criticándolo con extrema dureza.
En defensa del nuevo Código se pronunció primero el senador por la provincia de Neuquén Marcelo Fuentes, al afirmar que “esta reforma es el recupero del concepto de la libertad”. Luego, apuntando contra la oposición, sostuvo: “Querían presentar a esta tarea como un capricho del gobierno. El tratamiento de este Código es distinto al de Vélez Sarsfield: no miramos hacia afuera, sino hacia adentro”. Algo similar sostuvo el senador Aníbal Fernández, al señalar que el “Código Civil del Vélez Sarsfield expresaba una filosofía individualista que responde a la clases dominantes de la época”.
Desde la oposición primero replicaron sobre el tratamiento que se le iba a dar durante el debate al proyecto de reforma, ya que el kirchnerismo buscaba aprobarlo a libro cerrado, sin discutir cada artículo particular, lo que generó la respuesta del senador Miguel Pichetto quien afirmó: “Sean honestos intelectualmente: ningún código se vota artículo por artículo. Se pueden lesionar o modificar los institutos de los nuevos tiempos que requiere la sociedad”.
Por otro lado se cuestionó la modificación de artículos claves, que habían sido considerados en el proyecto original. Así, el senador radical Ernesto Sanz criticó la eliminación de la responsabilidad del Estado, con lo que “se rompió el concepto de la igualdad”, según sostuvo el legislador mendocino. También se opuso a la eliminación del agua como derecho humano. “Estuve a favor de respetar el anteproyecto de los juristas, porque el agua es, efectivamente, un derecho humano”, indicó el senador por el radicalismo. La crítica fue acompañada por otros senadores, entre ellos Adolfo Bermejo, quien afirmó que “hay suficiente legislación internacional, hay protección en tratados y en la Constitución para que el agua sea considerada derecho humano, esté o no en el Código Civil”. La respuesta del senador por el FPV, Marcelo Fuentes se limitó a señalar “esto es un Código Civil, no una Constitución”.
La reforma del Código Civil no solo levantó fuertes críticas dentro del Parlamento sino que también fue cuestionado fuera del mismo por organizaciones sociales y de derechos humanos. Aparte de las críticas a la injerencia de la Iglesia Católica en el mencionado artículo 19, con todos los límites que impone para discutir la legalización del aborto, se sumaron cuestionamientos a la eliminación de la función social de la propiedad privada y la regulación de las diferentes formas de propiedad.
El punto de estas críticas radica en que no da cuenta de las dificultades que sufren las familias campesinas e indígenas en el campo para acceder a la vivienda y a la propiedad de las tierras que habitan, donde muchas veces ni siquiera se reconoce la propiedad veinteñal, por lo que terminan por ser sometidas a todo tipo de violencias judiciales y también físicas. Algo similar ocurre en las ciudades, donde la falta en el acceso a la vivienda con servicios elementales no deja de aumentar.
El reconocimiento de la función social de la propiedad, y una serie de medidas que permitiesen la adquisición de bienes inmuebles por parte de sectores dedicados a la agricultura familiar, así como el acceso a servicios básicos en las ciudades, podría haber sido la piedra de toque para un Código Civil de carácter inclusivo y sostenido en el reconocimiento de los derechos hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Como señalábamos al comienzo, junto con la discusión que se daba en la Cámara Alta sobre el Código Civil, en la Cámara de Diputados se debatía la ley sobre responsabilidad del Estado, que el kirchnerismo había decidido tratar de forma separada.
El proyecto que contempla el oficialismo sostiene que cualquier demanda contra el Estado debe dirigirse al fuero administrativo, sea este de carácter provincial o municipal, y no al fuero Civil, como ocurre hasta ahora. La defensa realizada por el kirchnerismo sostiene que con esto se busca preservar al “Estado frente a la 'patria pleitera'”.
La oposición sin embargo entiende que “esta Ley es un enmascaramiento de una autoamnistía”, según afirmó Elisa Carrió. Por su parte, Laura Alonso, diputada del PRO, denunció: “Debemos evitar caer en la trampa, con este proyecto no buscan proteger al fisco y al Estado de los juicios de terceros. Lo que buscan es su protección personal y lograr una garantía de impunidad”.

Marcha

Denuncia de la CICOP: Grave situación en el Hospital Eva Perón de San Martín

En conferencia de prensa la Asociación Sindical de Profesionales de Salud del Hospital Eva Perón de la localidad bonaerense de San Martín informó sobre el cierre parcial de la Guardía de Pediatría del nosocomio que podría extenderse a la de Guardia General.
Los trabajadores de la salud explicaron que el cierre parcial de la Guardería se debe a la falta de profesionales. Anticipan que "podría cerrar también la Guardia General", áreas de atención que nunca cierran porque atienden emergencias.
"Los profesionales decidimos en asamblea exigir al gobierno bonaerense que solucione la grave situación del Hospital Eva Perón de San Martín con nombramiento de más personal, pago de deudas salariales y el reinicio de las obras paralizadas”, señaló Guillermo Pacagnini, secretario General de la CICOP y médico del Hospital.
Advirtieron que “si no se dan estas condiciones, bajo responsabilidad del ministro de Salud Alejandro Collia y del gobernador Daniel Scioli, lamentablemente deberemos cerrar completamente la Guardia General, el único sector que no cierra ni en los paros más duros", dijo Pacagnini.
Añadió el dirigente gremial que se exigirá una "urgente reunión" con ambos funcionarios, a quienes responsabiliza "por la gravedad de esta situación que afecta a los trabajadores y compromete la salud de la población".

ACTA

La indemnización a REPSOL: un premio por el saqueo transnacional y continuidad de una política en perjuicio del país y del pueblo

La decisión de compensar a REPSOL es una confirmación de la política del gobierno nacional, ahora con Capitanich y Kicillof, de seguir buscando dólares -donde sea y como sea- para garantizar los pagos de deuda externa y reforzar la matriz extranjerizada y concentrada de la economía del menemismo y mantenida y acentuada en esta década por el kirchnerismo en esos aspectos y especialmente en el extractivista. Es un paso en la misma dirección de congraciarse con el capital transnacional y los organismos multilaterales de crédito como lo fueron los acuerdos recientes con Chevron en Vaca Muerta y con las empresas privatizadas en el CIADI. En el mismo sentido de buscar el visto bueno del FMI en lo que hace al INDEC y tratando pagar la deuda de la dictadura al Club de París.
Indemnizar a la empresa REPSOL por la expropiación en su momento del 51 % de las acciones de YPF, ya es, en sí misma, una decisión repudiable. Recordemos que fue la misma presidenta Cristina Fernández la que había denunciado que por responsabilidad de REPSOL, su política de vaciamiento y la caída de reservas consiguientes, Argentina se había convertido, por primera vez, en importador neto de gas y petróleo en montos anuales equivalentes a todo el superávit comercial del país. También había denunciado que pese a contraer la producción la empresa no había tenido pérdidas sino que había aumentado sus ventas y sus precios llegando a tener utilidades de más de 16.000 millones de dólares y dividendos girados al exterior por más de 13.000 millones de la misma moneda. En el ínterín el grupo Eskenazi les compró el 25% por más de 3.500 millones de dólares y por venta de acciones en la Bolsa obtuvieron 2.700 millones más. REPSOL había invertido en su compra unos 13.000 millones de dólares por lo que el saldo exorbitante de la inversión fue de casi 9.000 millones de dólares netos. A la política de vaciamiento de reservas obtenidas por el esfuerzo de la YPF cuando era estatal por más del 50 % del total, a obligar por ello al país a importar combustible por sumas del orden anual de 10.000 millones de dólares y del saqueo de divisas al exterior al mandar sus ganancias afuera sin reinvertir un solo dólar, se suman las maniobras irregulares, que también había denunciado la presidenta, que había hecho la empresa con la nafta para aviones y con la Premiun para obtener más ganancias todavía. A pesar de todo ese saqueo formidable que, reitero, la presidenta misma había denunciado (1) bajo la bandera de la “defensa de la soberanía nacional”, ahora es el propio gobierno nacional el que anuncia indemnizaciones a REPSOL que superarían los 5.000 millones de dólares en lo que solo puede entenderse como presuntos premios por todos esos robos anteriores o como el reconocimiento de la complicidad entre ambos.
Reafirmamos lo que dijimos en su momento al denunciar el anuncio de aquel entonces del gobierno como algo opuesto a los intereses del pueblo y alejado de cualquier decisión soberana (2) y llamamos a impedir ahora que se realice este pago. Al contrario debe llevarse adelante una investigación plena y profunda -en manos de una comisión independiente del gobierno y de los tres poderes- sobre la actividad de Repsol y las demás empresas multinacionales que operan en el área, para cobrarles todo el vaciamiento y la grave contaminación perpetrada en perjuicio del país y del pueblo, así como sobre la responsabilidad de este gobierno nacional, sus funcionarios y la de los anteriores que han ido impulsando y avalando, paso a paso, la política depredatoria de las últimas décadas.

1) Discurso de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de anuncio del envío al Congreso del proyecto de ley de expropiación de YPF. (ARGENPRESS.info – 18/4/12)
2) “Ante una economía extranjerizada y concentrada como la Argentina la expropiación parcial de YPF - Repsol ¿marca una ruptura o tiende a sostenerla?” Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad, ARGENPRESS.info - 27/4/12)

Luis ZAMORA

La mujer como “botín de guerra”

La ex detenida habló de violencia sexual, relató el paso de Dagmar Hagelin por el centro clandestino y reveló tareas de inteligencia de los marinos entre funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, en las que participó el abogado Gonzalo Torres de Tolosa.

Uno de los abogados querellantes le preguntó a Silvia Labayrú si en la ESMA existía un trato diferencial entre varones y mujeres. “¿Trato diferencial? Por supuesto”, dijo ella. “Las mujeres éramos ‘botín de guerra’, nuestros cuerpos eran considerados de esa manera, es algo muy habitual cuando existe violencia sexual. El considerar a las mujeres como ‘botín de guerra’ es un clásico de todas las historias represivas, es casi parte de una cultura de la guerra, y ésta no fue una excepción. Hubo muchas variedades y formas. Sí, hubo un tratamiento diferencial entre secuestrados hombres y mujeres, evidentemente.”
Silvia Labayrú declaró desde la embajada argentina en España. Su testimonio se escuchó a través de una pantalla en la sala de Comodoro Py donde se sigue el juicio a los marinos. Ella estuvo un año y medio en la ESMA y su imagen es recordada por muchos sobrevivientes. Estaba embarazada y era “la secuestrada más joven”, como ella misma se nombra. Cuando cayó, en diciembre de 1976, no existía todavía la “pieza de las embarazadas” y los marinos la pusieron en una de las cuchas del tercer piso, con el resto de los detenidos. Un día eso cambió. Uno de los guardias se acercó hasta el pañol de la ESMA y sacó de ahí una de las camas robadas en los operativos de secuestro. “La imagen era felinesca”, dijo Martín Gras hace unos meses, en su declaración más reciente. “En medio de todo eso apareció una cama de bronce tipo cama de la abuela, y ahí estaba una postal del embarazo en medio de Capucha.”
Silvia dio a luz a una niña “diezmesina” en la ESMA. No la trataron médicamente en todo el embarazo. En el parto la asistió el obstetra Jorge Magnacco y la ayudaron dos detenidas. Fue obligada a realizar trabajo esclavo y entre otras tareas la obligaron a presentarse como la hermana de Alfredo Astiz cuando se “infiltró” entre las Madres de Plaza de Mayo y el grupo de familiares que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, doce de los cuales fueron secuestrados y desaparecidos en la ESMA. Silvia, que ya declaró numerosas veces, respondió preguntas sobre temas pendientes. Mencionó a muchas víctimas que vio en el centro clandestino, entre ellos a Dagmar Hagelin. Lanzó por primera vez una denuncia sobre tareas de inteligencia del GT entre funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y también habló del ser mujer en la ESMA como si fuese la primera vez.
“¿La pregunta es si eso era cotidiano? Sí, lo era. Tuve conocimiento de muchos casos, el uso del cuerpo de las mujeres como ‘botín de guerra’ fue bastante evidente y cotidiano. Tuvo diversos formatos, desde las violaciones más clásicas al ’chantaje sexual’. Hubo violaciones continuas en Capucha City a secuestradas sobre las colchonetas. Desde esos casos hasta distintas modalidades de abuso, de apropiación de los cuerpos de las secuestradas, de una más que de otra, porque hacían su selección personal.”

Dagmar

Uno de los tramos importantes de su testimonio fue sobre Dagmar Hagelin. Dagmar tenía 17 años cuando fue secuestrada. Era de nacionalidad sueca, su caso despertó las protestas de la comunidad internacional y pese a ser muy nombrada por los sobrevivientes, son pocos los testimonios directos que existen para situarla en ese lugar. El testimonio de Silvia no sólo es importante porque la vio en el CCD, dicen los fiscales, sino porque además mencionó una prueba directa sobre Alfredo Astiz y el momento del “traslado” de Dagmar.
“La vi en la ESMA y la conocí fuera de la ESMA unos meses antes de caer porque ella militaba en la zona oeste de la provincia (de Buenos Aires) junto con mi cuñada María Cristina Lennie”, explicó. La madre de Dagmar y su pareja eran jefes de la organización en la zona, dijo Silvia. Un día, María Cristina llegó con Dagmar a casa de Silvia porque estaba intentando esconderla y no tenía dónde dormir. “Cuando la llevaron herida a la ESMA, a nosotros nos tenían trabajando en unos cuartitos en el sótano, muy pequeños. Y en un momento en que se abrían las puertas de la enfermería, ella estaba sentada en la cama con un vendaje en la cabeza.”
Astiz les contó que participaron muchas personas en el operativo porque en realidad esperaban capturar a una de las dirigentes de Montoneros buscadas por el GT. Ellos sabían que ella tenía una cita en esa casa ese día. En la ESMA, Silvia dice que supo que aquella dirigente no acudió a la cita, sino que fue Dagmar, que era su secretaria. “Las dos tenían algún parecido. Dagmar también era rubia y cuando se acercó a la casa le dieron el alto y ella salió corriendo. Ahí Astiz le dio a la cabeza y un tiro la rozó. La capturaron, pero ella llegó a la ESMA consciente.”
Dagmar estuvo varios días en la enfermería. “Al poco tiempo se supo que era sueca y que su padre estaba haciendo reclamos internacionales y que era muy activo.” Acosta decía que se había armado un escándalo y aparentemente estaban en un dilema. Como consecuencia del disparo, Dagmar seguía consciente, pero perdía el equilibrio. El GT la llevó a una habitación. “Lo que escuché es que tenían la opción de liberarla o trasladarla, lo que todos sabemos lo que significa. Al cabo de un mes, un día nos dijeron que se la llevaron y no volvimos a saber nada más.” Durante todo ese tiempo jamás le hicieron otros tratamientos ni la llevaron a un hospital.

Derian

El dato político más significativo fue la denuncia sobre la infiltración del GT entre funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Silvia seguía hablando detrás de la pantalla. “Había extrañas actividades de infiltración”, dijo ella cuando le preguntaron por la relación entre Cancillería y el GT. “Una vez me obligaron a participar de modo muy extraño, porque nunca entendí mi función, en una especie de operación de infiltración que era para perseguir o investigar actividades supuestamente de la representación de Estados Unidos en Argentina. Y también de Patricia Derian, que era la secretaria de Derechos Humanos.”
Derian era una de las funcionarias norteamericanas que impulsaba la inspección al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“En esos meses (Derian) hizo una visita a Argentina para investigar las violaciones de los derechos humanos. Y esto en el Grupo de Tareas levantaba ampollas y les parecía intolerable, y se hizo una acción de infiltración”, explicó. “Me obligaron a ir a la embajada argentina, había colas de personas que querían entrevistarse con ella. Ellos hacían relevamiento de la zona y de las personas en las colas. Habían concentrado la actividad en manos de civiles, entre ellos del ‘teniente Vaca’ (Gonzalo Torres de Tolosa), creo que era abogado y una mujer, que creo llamaban María Elena, de unos 30 años, muy bella y de un alto standing social, y organizaban cómo iban a ser las actividades de infiltración en torno de la embajada y en torno del embajador. Participaba en estas actividades el teniente Astiz.”
El rol de Vaca fue otro de sus aportes. La defensa viene diciendo que el único dato que existe para imputar al abogado y civil Gonzalo Torres de Tolosa es el libro de Scilingo, y como Scilingo es imputado no sirve. El testimonio de Silvia lo ubica en medio del GT como cualquier operativo: “Era una persona gruesa. Corpulento pero bajo. El me entró a la ESMA a mí. Varias veces. Era alguien muy cercano a Acosta. Entraba y salía de la ESMA” y aclaró mas tarde: “Como si fuera miembro del GT”.

Alejandra Dandan

La cifra que revela la magnitud del femicidio

Un informe del Observatorio de Femicidios muestra que entre 2008 y 2012 murieron 1432 mujeres. Y casi 1800 chicos quedaron sin madre. En los primeros nueve meses de 2013 hubo 209 casos. En el último año se duplicaron los femicidios de mayores de 60 años.

Doscientas nueve mujeres –varias de ellas niñas– fueron asesinadas en el país como consecuencia de la violencia de género en los primeros nueve meses del año. En seis de cada diez casos el autor o principal acusado del crimen fue la pareja o ex pareja de la víctima, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano que lleva adelante la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En el último año se duplicaron los femicidios de mayores de 60 años. Los datos se difundieron ayer en el marco de la presentación del libro Por ellas..., que reúne los informes de los femicidios registrados sistemáticamente por la entidad en los últimos cinco años en la Argentina, además de un detallado análisis del fenómeno y su impacto social: en promedio, entre 2008 y 2012 se perpetró un femicidio cada 35 horas y en total, 1432 mujeres fueron ultimadas por el hecho de ser mujeres. Los crímenes, en ese lapso, dejaron a 1793 hijos e hijas sin madre, el 63 por ciento de ellos menores de edad. Fabiana Túñez, coordinadora de la ONG, reclamó “más políticas públicas” y “más prevención” para que “un día Argentina pueda ser un país libre de violencia sexista”. “Es una lucha que nos debemos como sociedad”, señaló.
El libro de La Casa del Encuentro tiene en la portada el rostro de Adriana Marisel Zambrano. En su homenaje el Observatorio lleva su nombre. La joven tenía 28 años cuando fue asesinada por su pareja en 2008 en la localidad jujeña de Palpalá. Juan Manuel Alejandro Zerda la mató a trompadas, puntapiés y pegándole con un nivel de albañil, pero fue condenado “por homicidio preterintencional” a sólo cinco años de cárcel, es decir, la Justicia consideró que no tuvo intención de matarla, aunque la molió a palos. Zerda ya recuperó la libertad, advirtió Túñez y expresó su preocupación porque el hombre está reclamando la tenencia de la hija que tuvo con Zambrano, y que tenía apenas nueve meses de vida cuando la joven resultó muerta. Por ellas... fue presentado en la residencia del embajador de Estados Unidos. La publicación, de distribución gratuita, es el resultado del trabajo articulado entre la ONG, la Fundación Avon, la Embajada de Estados Unidos y el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU). Se puede descargar en el sitio web www.porellaslibro.com.
Túñez recordó que los informes surgieron en 2008 ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre femicidios en el país. Dirigido por Ada Rico, el Observatorio se constituyó dos años después, y desde entonces releva los casos publicados en más de 120 medios gráficos del país, entre ellos Página/12, y cada año difunde sus datos, que no se limitan a un número de asesinatos por violencia de género, sino que realiza el seguimiento judicial de los casos y abarca otras mediciones que ayudan a pensar los alcances de la violencia machista y sus consecuencias, como la cantidad de hijos e hijas que quedan huérfanos y los llamados “femicidios vinculados”, aquellos crímenes de personas cercanas a la mujer a la que un hombre violento pretende ejercer la dominación o que quedan atrapadas en la “línea de fuego” al intentar impedir el asesinato.
Entre enero y septiembre de este año, 293 hijos e hijas quedaron sin madre como consecuencia de la violencia machista. Doce chicos fallecieron cuando quedaron en medio de la víctima y el femicida.
El último informe del Observatorio aporta otros datos. De los 209 femicidios registrados en los primeros nueve meses del año:

- El 56 por ciento fue cometido en la vivienda compartida, de la víctima o en la vivienda del femicida.

- El 70,5 por ciento de las mujeres tenían entre 19 a 50 años.

- Un 14 por ciento de las mujeres había realizado denuncias previas por violencia familiar o había obtenido medidas judiciales de exclusión del hogar del agresor.

- El 5,3 por ciento de los agresores pertenecían o pertenecieron a fuerzas de seguridad.

- La mayoría de los femicidios ocurrieron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El Observatorio detectó que entre 2012 y este año se duplicaron los femicidios de mujeres mayores de 60 años. Mientras que el año pasado esos crímenes fueron ocho, hasta septiembre de 2013 el número llegó a 15. En todos los casos, el principal imputado fue la pareja o ex pareja. De los 23 casos identificados en los dos años, 12 femicidas se suicidaron.
Durante la presentación del libro de La Casa del Encuentro, el cónsul general de la embajada, Daniel Perrone, y el director del CINU, David Smith, destacaron el trabajo contra la violencia hacia las mujeres de la ONG y de sus referentes, Túñez y Rico. “No permanecieron indiferentes al sufrimiento silencioso de miles de víctimas”, destacó Perrone. Y aclaró que la violencia hacia las mujeres se trata de un “problema global”, que no se limita a la Argentina. “Se calcula que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, violada o abusada en el curso de su vida”, apuntó. “La violencia en la pareja es la más común”, agregó Perrone. “Los estudios demuestran que es una pandemia”, indicó Smith.

Mariana Carbajal

Jóvenes y Código Penal

Una omisión relevante

Existe expectativa cierta, según lo indican las últimas informaciones, en torno a la puesta en funcionamiento pleno del sistema de enjuiciamiento penal ley 12734, para aquellas personas que hayan cumplido 18 años de edad.
Esto ocurre en un marco de problematización consciente y debate reiterado, sobre el problema del delito y su correlato en el factor seguridad. Las últimas referencias, plantean también una constante que subyace al hecho social y el quiebre de valores culturalmente reputados como tales, que es la intervención o participación, de uno u otro modo, en ese fenómeno, de menores de edad, tanto sea como presuntos sujetos activos del crimen, como víctimas.
Sin embargo, este factor, parece no haber sido advertido en toda su dimensión en tanto , la reforma al sistema de enjuiciamiento a implementarse en forma plena, el 10 de febrero de 2014, no contempla el proceso penal juvenil.
Es cierto que se conoce la existencia de varios proyectos sobre el particular, pero también lo es que, la operatividad de los mismos no adquiere visibilidad normativa, ni se observan gestos políticos de idéntica factura que los empleados de modo convincente, con referencia al sistema de de enjuiciamiento para mayores de edad.
Lo dicho, luce relevante en tanto en el actual código procesal del menor (ley 11452), se faculta al juez a “disponer de los jóvenes para realizar estudios de su personalidad, condiciones familiares y ambientales, e imponerle medidas “tutelares” en afectación concreta de su derecho a la libertad. En ese contexto, “dispositivo” el llamado expediente tutelar, queda librado al criterio de cada juez, ya que no existe norma que prevea los pasos a seguir y las medidas y su duración son indeterminadas, con el único límite de la mayoría de edad civil,
El espacio de análisis se construye además con la vigencia de la ley 22.278, cuestionada desde organismos internacionales por autorizar prácticas judiciales, que desvían el centro de atención de la pauta constitucional que otorga al joven la condición de sujeto de derecho.
Esta “ley”, sostiene su articulado en la doctrina de la “situación irregular” severamente cuestionada por los especialistas y antagónica al paradigma constitucional de la protección integral del joven.
Históricamente la ley 22278 fue generada, como un eslabón más del diseño de un modelo de sociedad pergeñado por quienes en aquel entonces se encontraban en manos del aparato represivo del Estado, y que hoy han sido reiteradamente señalados como genocidas.
Con esta referencia a la génesis de la norma queremos destacar que el marco del actual Estado de Derecho, no es idéntico al de su emergencia, por lo que su vigencia en una sociedad diversa del diseño de sus mentores, con jóvenes posicionados en un espacio social absolutamente distinto de aquel, resulta inadecuado, salvo que se visualice funcional al sistema perpetuar arbitrariedades que permiten disponer de una persona como si fuera una cosa.
Aquellas personas, que tienen conflictos por presumirse que han realizado comportamientos que por su significado material son hipotéticamente atrapados por la ley son el cimiento para el desarrollo de un edificio tutelar centrado en la idea de construcción de una identidad social permeable a las normas, que omite tener presente la presunción de inocencia que le asiste a esa persona para culminar, en definitiva, en el puro y simple encierro ,con base en una estimación de peligrosidad, próxima al llamado derecho penal de autor.
Lo cierto es que, la norma procesal y la intervención de la agencia judicial sobre niños no puede olvidar, so pretexto de la raída vigencia formal de la ley nacional, 22278 que ese estatuto normativo es parte del ordenamiento jurídico de un estado de derecho y que, como tal, debe brindar garantías y límites al ejercicio de su poder punitivo , en particular, en cuanto se refiere a la privación de libertad de esos jóvenes durante el desarrollo del proceso.
En definitiva,la vigencia plena y efectiva del proceso penal para mayores de edad, fundados en el sistema acusatorio, no puede funcionar en paralelo con otro sistema que autoriza el inconstitucional arbitrio de los magistrados sobre los jóvenes, porque en tanto personas, estos sólo pueden ser sometidos por el poder punitivo del Estado con las debidas garantías que surgen de la Constitución Nacional, la CDN y los demás Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño que hoy resultan desconocidas en la operatoria cotidiana del proceso penal de menores.
La omisión de instrumentar para los jóvenes menores de 18 años, un sistema de enjuciamiento penal acorde con la implantación del nuevo proceso con base en el modelo acusatorio, produce en el espacio de lo real, un efectivo menoscabo del derecho a la jurisdicción y a obtener una efectiva protección jurisdiccional con base en normas constitucionales e instrumentos internacionales. Por esto, y antes que sea demasiado tarde es posible reparar esta omisión de la que venimos dando cuenta, con intervención necesaria de todos los sectores sociales, haciendo público el conflicto y resolviendo lo normativo con consenso y adhesión, que en definitiva, es la mejor manera de otorgar legitimidad a una norma, más allá de su sanción formal.

Daniel Papalardo

Extractivismo, fracking y los derechos de los pueblos latinoamericanos

En Buenos Aires se realizó un Seminario Internacional: desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas. Megamineria y Derecho de los pueblos. Asistieron representantes de Pueblos Originarios y de países de Latinoamérica.

Honduras: “La embajada” dice quién ganó

En las últimas horas de ayer, el Tribunal Superior Electoral de Honduras consagraba como ganador al candidato del continuismo golpista, Juan Orlando Hernández. Desde el inicio, el proceso electoral estuvo lastrado por vicios irremediables que arrojaron un pesado manto de sospecha sobre su desenlace. La desembozada intervención de “la embajada” en los asuntos internos de Honduras tendría que haber sido una razón suficiente como para suspender las elecciones, rediseñar las instituciones políticas –entre ellas el propio TSE, controlado por quienes avalaron el golpe del 2009– y hacer una nueva convocatoria electoral para cuando se reuniesen condiciones mínimas requeridas para una elección, no sólo durante la campaña (ya de por sí un problema en Honduras, con su record de periodistas y militantes opositores asesinados) sino durante el recuento final de votos. Semanas antes de las elecciones, personeros gubernamentales habían declarado que el TSE ¡cotejaría sus cifras con las que aportase la embajada de Estados Unidos antes de dar a conocer los resultados definitivos! En resumen: el ganador sería proclamado por “la embajada” y el gobierno del continuismo golpista de Porfirio Lobo admitiría haber convertido a Honduras en un protectorado estadounidense.
Esta ignominiosa confesión dice mucho de la historia de ese sufrido país, ocupado por Washington y convertido en la década de los ochenta en una gigantesca retaguardia para servir de apoyo logístico a las agresiones perpetradas a la revolución sandinista por los “contras” nicaragüenses. Arquitecto de este proyecto contrarrevolucionario fue John Negroponte, una de las figuras más siniestras de las Américas y designado por Ronald Reagan embajador en Honduras, función en la cual contó con la colaboración de otro reconocido terrorista internacional, Otto Reich. Bajo su gestión, el ejército hondureño fue reorganizado de cabo a rabo, dotándolo de armamentos sofisticados, equipos y tecnología militar de última generación, y convirtiendo a la base militar Soto Cano, en Palmerola, en una de las más estratégicas de cuantas Estados Unidos posee en Centroamérica y el Caribe. Cuando el presidente Mel Zelaya trató de democratizar al sistema político y concretó su ingreso al ALBA, fue violentamente destituido mediante un “golpe institucional”, a los cuales se ha hecho tan adicto el régimen de Obama.
Uno de los analistas presentes en Honduras, Katu Arkonada, confirma la existencia de múltiples “irregularidades”, por no decir estafas a la voluntad popular. Hay por lo menos un 20 por ciento de las actas de las mesas receptoras de sufragios, en regiones en donde el partido Libre cuenta con gran respaldo popular, que fueron arbitrariamente sometidas a auditoría y no computadas; en comunidades apartadas se observó el “voto encadenado” y la compra de credenciales electorales; hay miles de mesas en donde los partidos minoritarios obtuvieron cero votos, es decir, que ni sus candidatos habrían votado por sí mismos. Sólo resta conjeturar cuántos votos de Xiomara Castro fueron sustraídos de las urnas. Libre ganó en las calles, pero no organizó una red de fiscales para garantizar la pureza del comicio. Confió en su amplia mayoría, certificada por todas las encuestas, y en la inverosímil “imparcialidad” del TSE y el gobierno ante una elección que el imperialismo y la oligarquía hondureña no podían perder, porque Washington jamás habría aceptado un resultado contrario a sus intereses en la zona.
El primer paso de la estrategia norteamericana para impedir un revés político fue la campaña de difamaciones en contra de Xiomara y su partido. El segundo, la organización fraudulenta de los comicios y el recuento de los votos. Tercero, si los dos anteriores no frustraban la victoria de Libre: impugnación del proceso electoral y manipulación del Congreso para impedir su asunción y, en caso de que pudiera hacerlo, provocar su destitución “legal” al igual que le ocurriera a su esposo. Hasta ahora, la derecha se las arregló apelando al fraude, dando a conocer cifras que no se corresponden con la realidad y que los medios hegemónicos dan por buenas. Libre tendrá que recuperar en las calles lo que le arrebataron en las urnas.
¿Cómo habría reaccionado la supuesta prensa libre e independiente del continente si los vicios, fraudes y crímenes perpetrados en Honduras hubieran tenido lugar en Bolivia, Ecuador o Venezuela? La gritería de los lenguaraces del imperialismo y sus aliados habría sido atronadora. En cambio, ahora en esos medios impera un silencio cómplice porque en Honduras todo vale. ¿Por qué? Porque así como Israel es la pieza clave para garantizar el equilibrio geopolítico de Medio Oriente, Honduras lo es para Centroamérica, al ser éste el país donde se concentra el grueso del poder de fuego estadounidense en la región. Y así como Washington no permanecería ni un minuto de brazos cruzados ante un eventual triunfo de una izquierda antiimperialista en Israel, se involucró descaradamente en el proceso político interno de Honduras para garantizar un resultado acorde con sus intereses estratégicos en la región. ¡Menos mal que hace unos días, en la OEA, John Kerry dio por superada la Doctrina Monroe!

Atilio A. Boron

Declaración desde Rosario del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y la Patria Grande

El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y todos los amigos de la Patria de José Martí nos hemos reunido en Rosario, la ciudad natal de Ernesto Che Guevara. Y anunciamos, con felicidad, al pueblo argentino y a los demás de la Patria Grande Latinoamericana, especialmente el cubano, que el XIII Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba ha sido un éxito. Y diremos brevemente por qué.
El jefe del imperio, Barack Obama, se reunió casi clandestinamente en Miami con los jefes de gusanería en la casa del presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, Mas Santos. En 40 minutos estuvieron pergeñando nuevas acciones de agresión contra Cuba, con algunas diferencias internas en este grupo de bandidos.

Cuba y la Patria Grande

MASCUBA en cambio se reunió durante dos días con todos los buenos amigos que tiene la isla de la Dignidad y constató que aumenta la corriente de amistad y solidaridad con ésta. La votación en la 68º Asamblea General de la ONU, donde el bloqueo criminal yanqui tuvo sólo dos votos contra 188 a favor de Cuba y 3 abstenciones, y donde Argentina votó muy bien, como lo viene haciendo hace años, fue otra comprobación de que Cuba tiene muchísimos amigos en el mundo. El imperio apenas tuvo el voto de Israel. Los números hablan con elocuencia.
Y no fue un Encuentro que sólo tuviera a Cuba y sus avances en los cambios económicos socialistas liderados por Raúl Castro en el centro de los sueños solidarios. La revolución bolivariana que hoy encabeza Nicolás Maduro en Venezuela, la revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador, la nueva Bolivia plurinacional y multiétnica de Evo Morales, la Nicaragua sandinista de Daniel Ortega, etc., también estuvieron presentes en el amor de los delegados.
Por eso el XIII Encuentro Nacional de Solidaridad auspicia el ingreso de Argentina al ALBA, la Alianza Bolivariana de los pueblos de Nuestra América. Esta tiene sentido martiano, fidelista y chavista, palabras que horrorizan al imperio y los gobiernos más neoliberales de la región.

Peligro de restauración neoliberal

A diferencia del Encuentro de Córdoba en el 2012, constatamos la dolorosa pérdida que supuso la muerte del gran patriota latinoamericano, Hugo Chávez. Y cual si ese duro golpe hubiera sido una señal que aguardaban los sectores más reaccionarios alineados con Washington, hemos visto en 2013 que éstos quieren revertir el curso independentista de nuestra región. Desconocieron la victoria de Maduro en abril pasado y promovieron la violencia en Venezuela. Coordinaron la neoliberal Alianza del Pacífico, con los gobernantes de Chile, Perú, Colombia y México, más su patrón, EE UU.
Y no es ajena a esa movida continental la campaña de la derecha reaccionaria en Argentina que con el Frente Renovador y el PRO quieren recuperar el gobierno en 2015 para arrasar con las conquistas en derechos humanos, avances sociales y amistad con Cuba logrados en estos diez años.
¡No pasarán en Cuba los gusanos que apuestan al imperialismo y la SIP para desmerecer los logros sociales de la revolución inspirada por el comandante en jefe Fidel Castro!
¡No pasarán Clarín y los monopolios en Argentina para reimponer el injusto orden neoliberal de años anteriores que nos llevó a la ruina!
¡No pasarán Capriles, la Alianza del Pacífico y sus políticas antipopulares! La corriente principal que sigue fluyendo con más fuerza es la del ALBA, CELAC, Unasur y Mercosur

Patria, Humanidad y Paz

Rosario era la mejor cuna para nuestros puntos de vista nacionales, latinoamericanos e internacionalistas. Es la ciudad natal del Guerrillero Heroico, argentino de nacimiento, cubano militante por el socialismo y cuadro excepcional del internacionalismo revolucionario.
Coherente con ese ejemplo guevarista, el XIII Encuentro Nacional de Solidaridad prestó mucha atención a las tareas de la solidaridad con Cuba, como las protestas contra el bloqueo norteamericano y las campañas por la libertad de los Cinco cubanos presos en EE UU. Y registró el avance del repudio mundial a ese bloqueo injusto que data de 1962 y que provocó daños económicos directos por más de un billón (millón de millones) de dólares.
Asimismo hemos comprobado que cada vez son más los argentinos y los ciudadanos de diversos países que conforman comisiones por la libertad de los Cinco y emprenden acciones para que termine ese calvario comenzado en 1998. Hemos saludado un primer éxito cubano e internacional como es el regreso de René González a su patria. Desde la vera del Paraná le mandamos un saludo revolucionario al héroe de Cuba y nos comprometemos a no abandonar la lucha hasta que él y sus cuatro compañeros vuelvan libres a otear el mar desde el Malecón habanero, juntos a Fidel y Raúl, rodeados de sus afectos y de todo el pueblo, con la satisfacción del deber cumplido.
Lo viejo, si es bueno, nunca pasa de moda. Y eso ocurre con los ideales de José Martí de que “Patria es Humanidad”, que desecha los nacionalismos estrechos y los internacionalismos abstractos. Basados en Martí, estamos preocupados por los riesgos que corre la paz mundial por el triple torniquete del imperio: su crisis económica ininterrumpida, su alevoso espionaje antidemocrático y los planes de agresión a Siria y otros países que defienden su soberanía. Desde Rosario agitamos la bandera de la paz mundial y condenamos los planes agresivos del imperialismo, sean contra La Habana, Damasco, Teherán, Pyongyang o Caracas.
Internacionalismo no es contrario al patriotismo latinoamericano. De allí que alzamos nuevamente nuestras voces a favor de la devolución de Guantánamo a Cuba, de las islas Malvinas a Argentina, de la independencia de Puerto Rico, el cierre de todas las bases norteamericanas en la región y la base británica en Malvinas. Que se cierren en particular las bases yanquis en Colombia, como parte de una solución justa al conflicto armado en ese país (Cuba aporta como facilitadora de las negociaciones de paz). Reclamamos la pronta salida de Haití de las tropas de la Minustah tal como ha prometido el presidente de Uruguay y apoyamos a Ecuador para que Chevron pague su colosal deuda medioambiental de Lago Agrio.

Por una Multisectorial Argentina por Cuba

A lo largo de estos años se ha comprobado la importancia del MASCUBA en las tareas de solidaridad con Cuba. Ha demostrado ser la espina dorsal de esa solidaridad, con sus marchas a la embajada yanqui en Buenos Aires cada 12 de setiembre por la libertad de los 5, en sus actos y movilizaciones contra el bloqueo, que deben continuar contra las empresas como Google que bloquean a Cuba desde Argentina. MASCUBA ha hecho solicitudes a la Cancillería argentina por la cuestión del bloqueo, ha apoyado a los padres y familiares de estudiantes argentinos en Cuba, y a la inmensa labor solidaria de la Fundación UMMEP con Operación Milagro y Yo sí Puedo, etc.
Sobre este último aspecto, solicitamos al gobierno nacional y los gobiernos provinciales que consideren realizar un mayor aporte económico para el sostenimiento de estas misiones solidarias, que lo necesitan con urgencia.
A su vez la experiencia indica que la amistad con la isla socialista va mucho más allá de MASCUBA. Incluye a muchísimos argentinos progresistas y solidarios, los que han sido brigadistas, más los que han viajado como turistas, o han sido beneficiarios de las misiones cubanas en Argentina, o que participan de otros movimientos sociales, de Derechos Humanos, gremiales, culturales, religiosos y políticos como asunto principal. Están escasos de tiempo para dedicarse full time a la solidaridad pero pueden y quieren colaborar en ciertos temas o por determinados períodos, desde su ámbito específico.
Constatamos que los cauces de la solidaridad con la isla se han ensanchado respecto a años anteriores, reflejando la mayor politización y avance de las ideas populares en el país. Por eso el XIII Encuentro Nacional de Solidaridad retoma la idea expresada en 2012 en Córdoba de impulsar una amplia Multisectorial Argentina con Cuba en lo que queda de 2013 y sobre todo en 2014. Dirigentes, militantes, simpatizantes y amigos de Cuba y de la Patria Grande, están convocados a integrar esa Multisectorial, dentro de la cual MASCUBA seguirá cumpliendo su rol militante. ¡La lucha contra el bloqueo imperialista y por la liberación de los Cinco héroes requiere de la máxima unidad y amplitud posible!
Todo lo que hagamos, aún importante, no será suficiente para devolver a Cuba todo lo que hizo y hace por el porvenir de nuestros pueblos, en particular en estos últimos años en la recuperación de la visión de quienes la habían perdido y la salida de las tinieblas del analfabetismo.
Desde esta ciudad y ante el Monumento al Che, nos comprometemos a trabajar duro para que una amplia delegación argentina participe en octubre de 2014 del III Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, en La Habana y pueda llevar un mayor bagaje de solidaridad, desde hoy hasta ese evento.
¡Cuba no está sola! ¡La isla de la Dignidad y sus reformas para un socialismo aún mejor están bañadas por un mar de solidaridad y admiración! ¡Si tocan a Cuba se levanta el mundo!

Rosario, 24 de noviembre de 2013

MOVIMIENTO ARGENTINO DE SOLIDARIDAD CON CUBA (MASCUBA)

El “modelo” en la encrucijada

El ascenso de Axel Kicillof a ministro de Economía ilusiona a los “progres” que todavía tienen alguna esperanza en que el gobierno tome un curso distinto al señalado por los acuerdos con Chevron, la devaluación salarial en cuotas y la vuelta a los “mercados”. Por otro lado, el establishment salió a poner reparos al ministro “marxista”. Es ridículo. Kicillof escala en un gobierno donde los empresarios “se la llevan con pala” y que es “pagador serial” de deuda externa.

Aunque desde la Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, que tiene bajo su mando, buscó “monitorear” las ganancias y alentó la participación de funcionarios en las empresas con participación estatal generando reacciones adversas de algunos empresarios, que por regla son reacios a la intromisión en sus asuntos privados, en realidad el ministro es un guardián de los beneficios patronales. Incluso en algunos casos los resultados de sus “monitoreos” terminaron promoviendo límites a las subas salariales, como ocurrió con los choferes de media distancia en 2012. Ni hablar que los techos en las paritarias siguieron su curso. Además, la intervención de funcionarios en empresas con participación estatal es gracias a los recursos que el gobierno sustrae de la ANSES para invertir en acciones mientras niega el 82% móvil a los jubilados. El “monitoreo” tampoco impidió que con los aportes de los jubilados se pague la deuda externa convirtiéndola en interna, es decir, en gran parte, en deuda del estado con los mismos jubilados. Nada parecido a atacar la ganancia empresaria, algo básico para Carlos Marx. La preocupación del ministro es orientar la inversión de una burguesía nacional que como dicen economistas cercanos al gobierno tiene “reticencia” inversora. Por eso instigó el acuerdo con la imperialista Chevron. De todos modos, la caída de los niveles de inversión en la economía durante su gestión habla por sí misma de sus “éxitos”.
Si la designación de Kicillof no provocó entusiasmo en el empresariado, la salida de Guillermo Moreno hizo que el Mercado de Valores de Buenos Aires festeje con un alza. Los modales del ex secretario de Comercio Interior y las trabas a importaciones no gustan entre los hombres de negocios, aunque siempre arbitró a favor de las patronales más concentradas como ocurrió con los acuerdos de precios que hizo con las cadenas de supermercados y en los arreglos que alcanzó con las grandes cerealeras.
Las alternativas para solucionar los problemas del “modelo” habían abierto brechas en la conducción económica. Los desaciertos se sumaron uno sobre otro. El control de precios no se cumple. La inflación por la remarcación empresaria para licuar el salario termina afectando la propia “competitividad” de la burguesía. La industria está virtualmente estancada. El “cepo” cambiario llevó a la caída de la actividad inmobiliaria y de la construcción. El blanqueo de capitales culminó en un fracaso. El pacto de entrega con la Chevron no resolvió la crisis energética, que en lo que va del año absorbió 11 mil millones de dólares por importación de combustibles. Además de airear un gobierno golpeado por el resultado electoral, el cambio en el gabinete es un intento de poner coto a esa interna y buscar una salida a la encrucijada económica.

“Me quiero ir” a endeudar al país

Como compensación por su salida de economía el gobierno ubicó a Hernán Lorenzino en la “Unidad especial para la reestructuración de la deuda”. Lorenzino ya había dado pasos para regularizar la relación con el Banco Mundial. Este banco habilitó un préstamo por 3 mil millones de dólares a cambio de un pago a capitales especulativos que litigaban contra Argentina en el CIADI, un tribunal hecho a medida de las empresas imperialistas. Ahora tiene como misión llegar a un acuerdo con el Club del París y con los fondos buitres. Además, renegociaría los pagos de deuda del año próximo. El acercamiento a los “mercados” se completa con un nuevo índice de precios consensuado con el FMI. Los márgenes de maniobra por el desendeudamiento es un verso. Como reconoció Mercedes Marcó del Pont, renunciada presidenta del Banco Central, el 75% (7.500 millones de dólares) de las reservas perdidas este año fueron a pagar la deuda externa. En este curso el año que viene se perderían otros 9 mil millones. Cediendo reservas a los especuladores el gobierno debilita su poder de fuego para enfrentar corridas cambiarias. A la vez, deja caer la cotización de su famoso relato sobre el desendeudamiento.

Sin salida a la vista

Los cambios de gabinete en lo inmediato no fueron acompañados de anuncios que modifiquen la política. No obstante, en la práctica Juan Carlos Fábrega, nuevo presidente del Banco Central, aceleró el ritmo devaluatorio y entregó unos 600 millones de dólares de reservas para tratar de achicar la brecha del dólar oficial con el “blue”. Esto va en sintonía con los deseos empresarios. Pero la situación endeble en el frente externo por la escasez de dólares hace prever nuevos anuncios. Un desdoblamiento cambiario (formal o de hecho) con un dólar más caro para el turismo es una de las medidas esperadas en los medios económicos. Pero sin rechazar el pago de la odiosa deuda externa no hay forma de evitar que los dólares se vayan del país. La nacionalización de la banca y la creación de un banco estatal único, controlado por los trabajadores, permitiría combatir la especulación financiera y destinar todos los recursos para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador, por ejemplo mediante un plan de obras públicas para construir viviendas. Hay que establecer, como plantea el programa del FIT, el monopolio estatal del comercio exterior para confrontar a las grandes cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus y otras) que especulan reteniendo ventas de soja. La designación del ex hombre del INTA, Carlos Casamiquela al frente de Ministerio de Agricultura que se mostró “abierto al diálogo con todos los sectores” va en el sentido opuesto. El gobierno intenta ganar tiempo buscando dólares en los “mercados”. Pero los problemas estructurales de la economía permanecen aún luego de una supuesta “década ganada”. Entre tanto cambio de gabinete, lo que nadie discute es la agenda de los trabajadores que día a día pierden con la inflación. Para defendernos de los aumentos de precios hay que luchar por la reapertura de las paritarias, un plus de fin de año y la escala móvil de salarios en función de la inflación realmente existente. Tenemos que pelear por acabar con la precarización laboral y conquistar todas las demandas obreras. Que la crisis de su “modelo” la paguen ellos.

Pablo Anino

A propósito de la ideología de los funcionarios

Existen opiniones y preocupaciones sobre la ideología que inspira al Ministro de Economía. A ciertos sectores de las clases dominantes les preocupa su formación y estudio sobre dos referentes teóricos de la economía política.
Uno es el inglés John Maynard Keynes, inspirador de la corriente principal en la disciplina científica por medio siglo, entre 1930 y 1980, y nuevamente en el debate ante la intervención estatal para el salvataje del capitalismo en crisis, incluso por mentores de la corriente neoliberal.
El otro es Karl Marx, un clásico de la teoría de la revolución, crítico del capitalismo y propulsor de la eliminación de la explotación del hombre por el hombre.
La tesis arraigada entre las clases dominantes y sus teóricos es que el Estado no debe intervenir en la economía, máxima originaria en el pensamiento de los clásicos, desde Adam Smith en adelante y continuado con los neo-clásicos desde Menger, Marshall y los seguidores hasta la aparición de Lord Keynes.
En el marco del capitalismo, el keynesianismo quedó a la izquierda del neoliberalismo, sin analizar que fueron corrientes principales en dos momentos históricos diferentes. El keynesianismo fue hegemónico entre 1945 y 1975/80, los treinta gloriosos años de expansión capitalista; mientras que los neoliberales, ensayaron sus políticas bajo el terrorismo de Estado en Sudamérica y generalizaron globalmente su hegemonía en los años 80 y 90, bajo la restauración conservadora de Thatcher y Reagan.
Por su parte, las diferentes corrientes de pensamiento que sucedieron a Marx, fueron críticas de keynesianos y neoliberales. Es cierto que algunos intentaron la fusión teórica de ambas paradigmas, resultando un híbrido siempre hegemonizado por la orientación favorable al orden capitalista.
Se puede conocer a fondo las tesis de cada una de las corrientes teóricos presentes en nuestro tiempo, pero a la hora de la “política económica”, es decir, el pensamiento puesto en “curso deliberado de acción de gobierno” lo que interesa es el rumbo favorable a la ruptura de las relaciones capitalistas de producción o a su consolidación. Ese es el parámetro para medir y evaluar la ideología puesta en acción.
¿Cuál es la respuesta ante la inflación actual? Una cosa será defender el ingreso de los trabajadores y otros sectores populares. Una muy distinta favorecer la rentabilidad empresaria limitando la demanda de ajuste de ingresos en convenciones colectivas.
¿Qué se dice sobre el modelo productivo y de desarrollo actual? Una respuesta puede ser la crítica a la dominación transnacional que emerge de la dependencia del paquete tecnológico en manos de empresas extranjeras de la alimentación y la biotecnología para el caso de la soja y otras producciones del agro; o la dependencia del inversor externo en la mega minería a cielo abierto; o la organización de la industria como armaduría más que como fábricas que difunden empleo y producción de partes a pymes y promoción del mercado interno; o continuidad de la extranjerización de la banca, entre otros asuntos centrales. Otra respuesta transita por la consolidación de la estructura económica social emergente de las modificaciones institucionales gestadas en el menemismo y vigentes aún (autorización a los transgénicos, modificación del código minero, firmas de tratados bilaterales de inversión y sumisión a tribunales externos, especialmente el CIADI).
La praxis define si la orientación se vuelca sobre uno u otro pensamiento, adicionando que sustentar políticas coherentes con Marx requiere de un sujeto colectivo consciente y un programa anticapitalista, muy lejos de los propósitos del gobierno argentino.

Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Narcotráfico: miles de muertes para las cajas negras y el sistema financiero

El narcotráfico se ha instalado en la crisis política. Solamente en Rosario, ha provocado más de mil homicidios desde 2004, y más de cien asesinatos por año en la Ciudad de Buenos Aires. La descomposición de las fuerzas de seguridad y de los aparatos políticos, y su asociación con los narcos.
La dictadura militar incorporó a la Argentina al mercado moderno del tráfico de drogas a partir de 1980, cuando el régimen de Jorge Videla anudó un acuerdo con los narcotraficantes bolivianos que dieron en su país el golpe de aquel año, dirigidos por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez, quien cumple hoy una condena a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Según acordaron entonces, la Argentina sería un país de tránsito para la cocaína boliviana que se dirigía a los mercados de Europa y los Estados Unidos. También por esos años, los represores argentinos que actuaban en la contrainsurgencia centroamericana establecieron fuertes vínculos con narcotraficantes de aquella región.
Aquello del “tránsito” no duró demasiado, por varias razones. Una de ellas, inherente a las características del negocio, son los pagos en droga, que obligan a venderla en el mercado local para obtener el dinero en efectivo que, luego, irá a los circuitos de lavado. Ahora, y desde hace mucho, la Argentina es, definitivamente, un centro de producción y consumo, amparado por la policía, por jueces y funcionarios políticos.

Como en Ciudad Juárez, como en Medellín

Es común que la derecha hable de la “permisividad” del gobierno argentino en contraste con la represión exitosa que se aplicaría, por ejemplo, en Colombia; el narcotráfico en ese país goza, sin embargo, de perfecta salud. En estos días, para no ir más lejos, llega la noticia de que Buenaventura, el principal puerto colombiano del Pacífico, está sencillamente tomado por los narcos. Se trata de bandas vinculadas con distintas facciones paramilitares, como Los Urabeños y Los Rastrojos. Ambas fueron parte de la organización terrorista de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia.
El narcotráfico internacional aprovecha la permisividad argentina -que en efecto existe y es evidente- no porque se vea expulsado de otras latitudes, sino porque sus mercados se expanden: el consumo de cocaína y de marihuana, en Argentina, se ha duplicado en la última década.

Un negocio de Estado

Días pasados, el fiscal Luis Angelini, de San Isidro, vinculó el crimen de dos narcos colombianos en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, cometido en 2008, con las actividades de Gustavo Juliá -hijo de un ex jefe de la Fuerza Aérea-, detenido en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, en 2011, cuando aterrizó allí con un avión cargado con casi una tonelada de cocaína. Esa droga había sido cargada en el aeropuerto de la ex VII Brigada, en Morón. A su vez, dice Angelini, un caso y otro se vinculan con el triple crimen de General Rodríguez, en 2008, cuando fueron asesinados tres empresarios que contrabandeaban efedrina para el cartel de Sinaloa. En este último caso, los traficantes estaban íntimamente vinculados con el aparato financiero de la campaña del Frente para la Victoria y, también, con los medicamentos adulterados que se daban a los pacientes de varias obras sociales sindicales.
En cuanto a la efedrina -un precursor químico utilizado para elaborar metanfetaminas y otras drogas sintéticas- la Argentina importaba en 2004 menos de una tonelada anual para la producción de medicamentos anticongestivos. Tres años después, en 2007, ya se importaban más de veinte toneladas. Según las Naciones Unidas, eso equivale a cinco veces la cantidad de efedrina usada por toda la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Se trata de un negocio de funcionamiento imposible sin la participación activa de laboratorios medicinales y la complicidad de funcionarios aduaneros y de las fuerzas de seguridad, de parte del Poder Judicial y de los partidos patronales.
En la Argentina, además, se produce cocaína en su última etapa de elaboración. Ingresa pasta base y con ella se elabora cocaína en laboratorios locales. La presencia de paco, basura de la cocaína, denuncia por sí esa elaboración. El narcotráfico infesta las villas y los barrios pobres, donde recluta los “soldaditos” -casi niños que matan y mueren a cambio de droga o dinero. Ellos son el último eslabón, el más débil, de una cadena oprobiosa. Los dueños del negocio, entretanto, viven en Puerto Madero o en countries del Gran Buenos Aires.
El narcotráfico no puede ser erradicado bajo el régimen de la burguesía porque ha pasado a formar parte integrante de los poderes del Estado y, además, porque cumple una función de primera importancia en el capitalismo en crisis: provee dólares, acumula capitales. Los dólares que pierde el Banco Central para pagar deuda reingresan, multiplicados, gracias al narcotráfico. Ayudan, por un lado, a contener la cotización de las divisas y, por otro, son la sangre que circula por las venas de un sistema bancario en bancarrota. En la última década y media, todos los regímenes y gobiernos del país -de los K a Binner, de De la Sota a Aníbal Ibarra- promovieron hasta el cansancio la proliferación de casinos privados, un mecanismo fundamental para el lavado de dinero. Lo mismo vale para la especulación inmobiliaria, que gozó de las amplias facilidades brindadas por la privatización del suelo. El régimen político y social que se declara víctima del narco ha diseñado, por lo tanto, los instrumentos fundamentales de su penetración.
Los partidos políticos de Estado, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad encuentran en el narcotráfico cajas negras abundantes y oxígeno financiero para los bancos lavadores. El narcotráfico es una expresión mayor de la descomposición terminal de todo un régimen social.

A. Guerrero

Dos Premio Nobel de Economía, un “arbitraje” entre impostores

El otorgamiento del Premio Nobel de Economía, algunas semanas atrás, tuvo la particularidad de que fue otorgado a dos economistas yanquis -Eugene Farma y Robert Schiller- quienes se caracterizan por sus planteos formalmente opuestos. El primero es un abanderado de la “teoría de la racionalidad de los mercados”; el segundo sostiene lo contrario.
Quizá por eso mismo, el mentado Schiller acaba de publicar un artículo en el inglés The Guardian con el siguiente título: “¿Es la economía una ciencia?”. La respuesta positiva apela a un argumento indefendible: la irracionalidad de la ciencia. Dijo el hombre: si en las fronteras del conocimiento de la mayor de las ciencias modernas -la física- las formulaciones son incompletas y aún carentes de coherencia completa ¿por qué negar rigor científico a la “economía” por defectos semejantes? O sea que la prueba de la ciencia es su incoherencia.
La crítica a la economía fue formulada más de un siglo y medio atrás. Marx caracterizó entonces a los economistas como “los representantes científicos de la burguesía”. El autor de El capital los comparó, sin embargo, con los “teólogos”, por convertir el orden existente en un orden natural. La economía, como desarrollo científico, conoció su fin con la consagración de la dominación capitalista y con el comienzo de las revoluciones proletarias.
La economía -a la cual se abocan los “premios nobeles” de marras- va de la teología a la hechicería, no a la filosofía. La llamada, originalmente, “economía política”, que Marx criticó, caracterizó la riqueza social a partir del trabajo. Esta “economía política” inglesa (por Adam Smith y David Ricardo), junto a la filosofía clásica alemana y el socialismo francés, fueron considerados “tres partes integrantes del marxismo” en un célebre artículo de Lenin para una enciclopedia de su época.
La economía de los Schiller y compañía hace abstracción del “trabajo”. El capital, en un período de decadencia y de crisis, observa como una amenaza el señalamiento del origen y la sustancia de su riqueza. Dirige su atención al estudio del “comportamiento” de los individuos, una mezcla de chapucerías y especulaciones. Identifican el metabolismo social como un conjunto de “expectativas” que brotan de la nada. Este “conocimiento” no adolece de la contradicción entre la finitud y la infinitud, propio de la ciencia y la de la actividad humana; adolece de la pura introspección.
La “nueva economía” o simplemente “economía” a secas se postuló como una tentativa de estudio de la acción eficiente del “individuo”. Es una tentativa de abolir la objetividad del sujeto social. El economista Schiller es un especialista en… “economía del comportamiento”. Esto le alcanzó, con todo, para prever la bancarrota de 2007, para lo cual le alcanzó con la lectura de la letra chica de los contratos hipotecarios, en lo cual se especializa. Es por eso que Schiller cuestiona la “racionalidad de los mercados”; sabe, por pura experiencia, que el mundo mercantil está compuesto de alienados.
La “racionalidad” de los que especulan en el mercado a la suba es replicada por los que apuestan, cuando el mercado se invierte, a la baja. El punto más alto de este delirio es cuando los que apuestan a la suba se protegen con inversiones a la baja y viceversa. Creen que este mecanismo particular de compensación frente a un derrumbe, elimina la tendencia a ese derrumbe. En lugar de un seguro para el más allá, creen que hay un seguro para las crisis. Pero el contrato de seguro mismo se ha convertido en instrumento de especulación, en especial cuando el costo de comprarlo es inferior al rendimiento de una quiebra. Los “nobeles” comparan a la economía con la física, pero abogan por la supresión de la ley de la gravedad. Al final, el único seguro que obtienen es el rescate del capital por parte del Estado, o sea a costa de los trabajadores. Tanto va el jarro al río que al final los trabajadores se encargarán de suprimir esta póliza salvaje de la anarquía capitalista.
La racionalidad o irracionalidad del “mercado” no puede ser abordada de forma doctrinaria. Mercado y mercancía han sido un campo de extensión de las relaciones humanas y de fuerzas productivas -finalmente bajo la forma de capital. La razón organizadora de la burguesía encuentra su límite en sí misma, cuando se convierte en factor de estancamiento y retroceso de las fuerzas productivas que alumbraron su nacimiento y que, luego, ayudó a hacer crecer. O sea cuando tienen que hundir en sangre la tentativa de liberación de esas fuerzas productivas. Se llega de este modo a una transición histórica que plantea la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y el desarrollo de la gestión planificada como mecanismo social.
Los planteos de los “premios nobeles” son la expresión bárbara de una barbarie real.

Pablo Rieznik

La victoria electoral disfraza una derrota política en Chile.

Las elecciones presidenciales chilenas del domingo 17 arrojaron un revés enorme para Michelle Bachelet y, por sobre todo, para el intento de la Concertación y el Partido Comunista de recrear una Unidad Popular sobre las bases sociales creadas por el pinochetismo. El 46% de los votos que obtuvo Bachelet representan un 25% del padrón, dado que la abstención alcanzó un 48%, en el marco de una votación no obligatoria; en 2012, en las municipales, en plena lucha estudiantil, la abstención había llegado al 70 por ciento. Aunque vigorizada por la cooptación de la dirigencia juvenil del PC, la candidata a otra gestión presidencial fue repudiada por dirigentes y militantes del movimiento estudiantil, que en Chile ha ido vertebrando un creciente movimiento popular y ha sido el verdadero sepulturero de la derecha.
La llamada Nueva Mayoría ha tenido un comienzo completamente contradictorio con esa pretensión; es que de ninguna manera apunta a liquidar el sistema de educación privatizado, que la juventud chilena sufre como una hipoteca imposible de levantar. Bachelet no logró siquiera evitar una segunda vuelta. Si la UP de 1973 fue una tragedia, la de ahora es una farsa; la cooptación de un sector de la juventud ha fracasado. La actual generación obrera de Chile no puede repetir las ilusiones paralizantes del pasado, porque tiene que vivir a marchas forzadas la incapacidad irrevocable de la conciliación de clases, personificada en lo que son aún y están dejando de ser sus partidos históricos. La “nueva minoría” nace políticamente muerta. Aunque apele, por un tiempo, al freno del Partido Comunista, abre, a término, una situación revolucionaria en el país hermano.
Ni siquiera Marco Enrique Ominami, un socialista disidente de quien se especuló que podría ingresar en el ballotage, pudo capitalizar a la juventud rebelde; cosechó un magro 10 por ciento de los votos, la mitad de los que obtuvo en las elecciones anteriores. En la derecha ocurre un fenómeno similar: la extrema derecha tuvo su “disidente”, que se llevó otro 10% de los votos.

Situación social

El cuadro social de Chile es desolador. El 57% de los hogares chilenos tiene ingresos inferiores a los 780 dólares. El salario mínimo es de 400 dólares. Sin embargo, el costo promedio de la educación superior es de 3.200 dólares anuales. Unos 400 mil estudiantes tienen deudas acumuladas por un total de 2.900 millones de dólares. Frente a la enorme movilización estudiantil contra la privatización educativa, lo único que ha hecho el Estado es establecer una rebaja en la tasa de interés de los préstamos para costear la educación.
La salud pública se encuentra colapsada, en tanto que al sector que opta por la salud privada no le va mejor: una simple consulta médica de diez minutos oscila entre los 80 y los 100 dólares (Clarín, 12/11). El sistema de jubilaciones privadas (AFP) ha dejado, de un lado, una pensión mínima de subsistencia a cargo del Estado, y del otro un sistema de descuentos donde los aportes triplican a las futuras pensiones (ídem). La precarización laboral hace estragos, y la desigualdad es enorme “a pesar del avance continuo del PBI” (La Nación, 17/11).
A la derrota del gobierno contribuyó también la crisis de la actividad minera, fuente principal de ingresos del país, con el precio del cobre caído a su mínimo desde 2010 -lo que ha llevado a una paralización de proyectos.

Bachelet

La enorme crisis social impulsó las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011, que se replicaron en 2012. En consonancia con este proceso de radicalización, se fue registrando un desplazamiento político hacia la izquierda que puso fin a la dominación del PC en las federaciones estudiantiles. También hubo luchas en el movimiento obrero. En julio pasado, un paro general de la CUT involucró a medio millón de huelguistas y hubo 100 mil personas movilizadas en Santiago. La burocracia sindical ha sido desafiada, por ejemplo, en la siderúrgica Huachipato.
En oportunidad de las movilizaciones estudiantiles de 2012, tanto el gobierno de Piñera como la Concertación sufrían una enorme desaprobación popular. Pero mientras que la derecha se despeñó, la Concertación buscó oxigenarse con el ingreso del Partido Comunista y la “repatriación” de Bachelet. Con el concurso de la dirección de la CUT, que encuadró el paro de julio en función de su candidatura, la Nueva Mayoría se ha transformado en el principal recurso del capital chileno para tratar de contener una explosión social y un desplazamiento político de los oprimidos. Casi a modo de reconocimiento, El Mercurio (18/11) observa que “los dineros de la gran empresa aportados a la Nueva Mayoría prácticamente triplicaron a los destinados a la Alianza”.
Durante la campaña electoral, Bachelet prometió modificaciones en salud y educación, y coqueteó con el planteo de una reforma constitucional. El candidato Ominami la definió como “la dueña del ‘casi’: casi matrimonio igualitario, casi aborto, casi reforma educativa” (Ambito, 14/11).
En cuanto a los planteos de reforma constitucional, estuvieron muy en boga, por la actividad del Movimiento Marca Tu Voto, que llamó precisamente a escribir la sigla “AC” (Asamblea Constituyente) en las papeletas. Los planteos de reforma constitucional se concentran básicamente en la abolición del sistema de elección binominal de diputados y senadores, que favorece un régimen de dos fuerzas electoralmente sobrerrepresentadas (en la práctica, la derecha y la Concertación). Bachelet teme que una Constituyente cuele reclamos avanzados, como la renacionalización integral de la minería y la estatización de la educación.

La izquierda

La integración del PC a la Concertación modificó el mapa político y electoral de la izquierda. El Partido Humanista, su aliado en las elecciones pasadas, conformó un frente con nacionalistas bolivarianos y algunos grupos trotskistas (MST, IC), que llevó como candidato a Marcel Claude. Logró integrar a algunos colectivos que participaron de las luchas estudiantiles. Cosechó un 2,8% de los votos. El autonomista Partido de la Igualdad, de Roxana Miranda, que se presentó como la candidata de “los ninguno, los sin pan, los sin dientes”, sacó el 1,3%. Los ecologistas de Alfredo Sfeir obtuvieron 2,3%. El sector de Eloísa González (ex dirigente de Aces, coordinadora estudiantil de los secundarios) promovió un boicot electoral que tuvo su expresión más visible en la toma del local central de Bachelet el día de los comicios. El PC-AP opuso la “lucha” a las elecciones. El POR, seccional chilena de la CRCI, convocó al voto nulo, pero no desde una posición “antielectoralista” sino criticando “la política oportunista de poner a los luchadores detrás de la pequeña burguesía”, y haciendo un llamado a “que la unidad de la izquierda sea por un gobierno de trabajadores” (Prensa Obrera de Chile, N° 11, noviembre 2013).
Cuatro ex dirigentes del movimiento estudiantil: Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Karol Kariola (PC), y Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) ingresaron en el Congreso Nacional.

Lo que viene

Bachelet tiene la segunda vuelta en el bolsillo, aunque arriesga una abstención aún mayor. Las presidenciales han retardado la crisis chilena. Mientras Bachelet integraba al Partido Comunista a su coalición, éste perdía la dirección de las federaciones estudiantiles. El frente de colaboración de clases que lo ha reemplazado es una versión ultra degradada del pasado.

Gustavo Montenegro