El decretazo y la ley ómnibus siguen por los andariveles parlamentarios y judiciales. El DNU tiene veinte amparos parciales en su contra, sin que por eso haya perdido su vigencia. Sea lo que ocurra en el Congreso, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, aunque sin plazos para pronunciarse. El gobierno acaba de apelar contra esos amparos en la sede del máximo tribunal. Ni el Congreso ni la Corte, sin embargo, van a comprometer el destino del gobierno. El FMI no otorgó ni habilitó el otorgamiento de nuevos préstamos al gobierno, pero reactivó el acuerdo vigente para que Milei se tome el tiempo para imponer su política. Si el gobierno y el ‘pool’ de empresas que se apoderaron de la administración del Estado no tuvieran éxito en el cometido, Argentina entraría en una situación excepcional. Un consultor ha caracterizado a la situación del momento como una combinación del Rodrigazo, la hiper de Alfonsín y la crisis de 2001.
Milei ha tomado en sus manos un mandato de la gran burguesía -la ejecución de un golpe de Estado económico, que debía perpetrarse en bloque y sin miramientos. El corazón de la megaley, como lo ha advertido recientemente un constitucionalista, es una delegación de poderes que abarca a ¡16 incumbencias del Estado! Sería la instauración de una dictadura civil, apoyada en el imperialismo y el gran capital nacional y extranjero.
La oposición ‘amigable’, en el Congreso, está dispuesta a conceder esa “suma del poder público” por hasta dos años.
” Bloque opositor “
La oposición, en efecto, ha salido al rescate del decretazo y la megaley. La denuncia de Pablo Moyano contra los Fernandez, Massa y hasta Máximo, involucra en ese rescate al peronismo, que despotrica contra las medidas de Milei mientras se refugia en su condición de minoría parlamentaria, como ya había hecho bajo Macri. Han sido los K quienes otorgaron la presidencia de Diputados y la segunda del Senado a LLA.
Los opositores del parlamento y los gobernadores cuestionan aspectos de los proyectos que son estratégicos para los intereses de la burguesía local. Retenciones a las exportaciones, privatización del Nación o de YPF, el negocio del bíocombustible o la protección de la industria de la yerba mate o el azúcar. Un enfrentamiento comprensible cuanto que la burguesía no es una clase homogénea. En cuanto a jubilaciones, no han dicho qué ofrecen a cambio de la derogación de los ajustes que pretende el oficialismo. Sobre el aplastamiento de los derechos políticos y laborales, el acuerdo es claro; ya Massa se había comprometido con una reforma laboral y previsional. Pichetto le ha planteado al gobierno que esa reforma podría incorporarse a la megaley, que tiene más chances de ser aprobada que el decreto. Milei quiere cargarse el Fondo de Garantía del Anses, luego de que Massa-Rubinstein habían planteado pesificarlo. En el plano de la reforma electoral, la oposición patronal rechaza el régimen uninominal, pero podría admitirlo en un sistema mixto – lista completa y elección por individuos.
Al respecto del peronismo, nada menos que “Página 12” revela que una parte del bloque podría sumarse a la orientación de particionar la megaley que plantea la oposición ‘amigable’. "Si dividirlo en partes sirve para que saquen las partes más terribles ya ganamos algo" (P12, 13.1). Como se conoció en las últimas horas, el arco “cooperativo” incluye al clan familiar de los Kirchner, que ha aconsejado desensillar hasta que el pueblo esté convencido de los males que acarrea Milei. El peronismo aspira a regentear de nuevo el Estado, dentro de cuatro años (“hay 2027”) una vez que el trabajo sucio lo hayan hecho los libertarios.
Milei no ha renunciado a un régimen de gobierno plebiscitario; no podría hacerlo sin poner en riesgo la continuidad del gobierno. Una parte del radicalismo y los federales de Pichetto le han contraofertado a Milei un año de superpoderes, en vez de dos. Dos prestigiosos abogados, en La Nación, advierten que la superdelegación planteada por la ley ómnibus sería inconstitucional (García Lerma).
En la campaña electoral, señalamos que el gobierno siguiente iba a tener que optar entre ejecutar un “golpe de estado económico” contra las masas o, de lo contrario, sumirse en el inmovilismo y arriesgar su continuidad. Este es el dilema que atraviesa y divide sin excepción al gobierno y a sus opositores capitalistas.
Ni plata, ni tiempo
Pero los devaneos parlamentarios y judiciales de estos días no operan en el vacío. Tienen lugar en medio de una mayor descomposición económica después de la devaluación, la liberación de precios y tarifas y todas sus consecuencias. Para el gobierno de las cuentas “en orden”, la violenta caída del consumo amenaza con derrumbar la recaudación fiscal del estado nacional y las provincias, y todavía no se han puesto en marcha los tarifazos devastadores sobre el gas, la luz y el transporte. La macrista Entre Ríos acaba de gestionar un préstamo de emergencia para pagar los salarios de enero. Con el mismo propósito, el peronista Quintela, en La Rioja, amenaza con imprimir su propia moneda provincial.
En este cuadro, el FMI ha debido improvisar un precario rescate del gobierno, para postergar una corrida cambiaria; además de que “no hay plata”, tampoco “hay tiempo”.
La CGT ha convocado al paro del 24 de enero con el objetivo primordial de poner bajo su alero a esa inquietud popular, antes que se exprese por sus propios canales. El paro está siendo manejado por medios “administrativos”; una fracción de la burocracia – Gerardo Martínez, Cavallieri, Barrionuevo, probablemente UTA-Fernández - es hostil a la medida.
La metodología del paro busca evitar que se manifiesta la disposición política de las masas, al cabo de un mes de golpes brutales y de la promesa oficial de que serán peores en los próximos meses. Las burocracias continúan con el régimen paritario previo, que provoca una desvalorización del salario al compás de la inflación creciente. La burocracia llama a un paro de medio día, mientras deja abiertas todas las puertas a la negociación y el acuerdo con el gobierno. La cuestión clave en una situación contradictoria y explosiva como esta, es la campaña que desarrolle el activismo y la perspectiva política y de organización que ofrece. Por eso, es fundamental rechazar cualquier forma de apoyo político a la burocracia de la CGT y a la burocracia que dice criticarla – Pablo Moyano debe explicar por qué Camioneros acaba de firmar una paritaria que establece un salario mínimo de 400 mil pesos, casi 30% abajo de la línea de pobreza.
La CGT y sus métodos son anacrónicos de cara a la ofensiva capitalista y a la bancarrota del capitalismo. Proponemos impulsar plenarios, asambleas, autoconvocatorias, piquetes obreros, Interfabriles e Intersindicales. Es con esta perspectiva que nos movilizaremos y convocamos a movilizarse y garantizar el paro, el miércoles 24 de Enero.
Marcelo Ramal
14/01/2024
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