“Pese al delicado caso [de la toma del estudio de TV], cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el magistrado había denunciado esta misma semana que no contaba con resguardo policial”, asegura Clarín (18/01). Una fuente que no quiso revelar su nombre aseveró al diario que a Suárez “lo han vendido”. El ex funcionario del correísmo, José Serrano, señaló en su cuenta de X que debe descubrirse quién es el “infiltrado canalla”.
El asesinato ocurrió al día siguiente de la detención de Daniel Salcedo, un empresario con vínculos probados con el narcotráfico, aunque liberado en 2022 por orden judicial. “Salcedo también es uno de los 39 procesados en la operación anticorrupción Metástasis, que investiga una red de infiltraciones del narco en el Estado ecuatoriano y que compromete a jueces, policías y otros funcionarios de alto rango” (Clarín, 17/01). Suárez también tenía a cargo la causa contra Salcedo. El gobierno detuvo rápidamente a dos sospechosos por el asesinado del fiscal.
Otro de los funcionarios que se encuentra amenazado de muerte es la fiscal Diana Salazar. Recientemente hizo un llamado “a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones”. Salazar llevó adelante la investigación Metástasis, descrita como la piedra angular de la "narcopolítica" en Ecuador. La fiscal explicó que “existe una profunda descomposición estructural que campea en el país (...) Un sistema consumido por el cáncer de la corrupción". El diario Perfil (17/01) explicó que “jueces, políticos, fiscales, policías, un ex director de la autoridad penitenciaria y muchos otros miembros de altas esferas del poder fueron acusados de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, favores sexuales, departamentos y lujos”. El de Suárez no es el primer asesinato de este tipo. “Al menos otros dos fiscales fueron asesinados el año pasado en Guayaquil y en su área metropolitana, como ocurrió con los magistrados Édgar Escobar y Leonardo Palacios, mientras que el juez Nelson Yánez, en la amazónica Lagro Agrio, corrió la misma suerte” (Clarín, ídem).
La ola de asesinatos revela el grado de descomposición que ha alcanzado el Estado ecuatoriano. Las mafias de la droga han experimentado un crecimiento abrupto en los últimos años, favorecidos por las condiciones generadas por la dolarización del año 2000 para el lavado de dinero del narcotráfico. La venta de droga al exterior, que tiene como principal destinatario a Estados Unidos, se realiza a través de compañías bananeras. “Al menos 50 empresas exportadoras de banano están implicadas en el tráfico de drogas desde Ecuador”, asegura Infobae en septiembre pasado. El rey del emporio bananero es el magnate Álvaro Noboa, padre del actual presidente.
Durante la última campaña electoral fueros asesinados diversos candidatos en las narices de sus propias “custodias policiales”. Por el asesinato de Villavicencio fueron detenidos seis ciudadanos colombianos residentes en Ecuador, los cuales aparecieron asesinados en una cárcel de Guayas, en medio de un confuso episodio producido en un motín de reclusos. Los asesinados habían solicitado previamente el traslado a otra cárcel con mayores garantías para su seguridad, ya que la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil alberga en su mayoría a miembros de las bandas narcos de la región y los asesinatos de internos superan los 430 desde 2021.
La militarización del país no ha evitado que funcionarios de alto nivel que llevan adelante las causas más importantes contra el narcotráfico sean asesinados. El entrelazamiento de diferentes niveles del Estado con las bandas del crimen organizado ha acelerado súbitamente la descomposición del régimen político ecuatoriano.
El Be
18/01/2024
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