Para Joaquín Morales Solá, un militante consecuente de la causa pseudolibertaria, el “acuerdo” pactado entre el gobierno y la oposición "dialoguista" o "amigable"... “luce frágil y agónico”. Su compañero de ruta, Eduardo van der Kooy, de Clarín, va incluso más lejos: “¿Qué hará el gobierno cuando el impacto de la movilización (del miércoles 24) se evapore? Si la Ley Ómnibus”, prosigue, “requiere más debate y prolonga su incertidumbre entre Diputados y el Senado. O, en un caso extremo, fuera rechazada. ¿Estimará el gobierno concluida su gestión? ¿O se embarcará en alguna cruzada temeraria?” La "temeridad" sería la posibilidad de que Milei ignore al Congreso y convoque a un plebiscito, para establecer un gobierno por decreto.
Dos claros exponentes de la reacción política levantan la posibilidad de que el gobierno caiga aun más tempranamente que el paro aislado e inconsecuente de las burocracias sindicales. No sería derribado por una acción de masas, sino por la implosión de las contradicciones del bloque capitalista oficial.
Esas contradicciones no tienen que ver con el cercenamiento de derechos laborales; no tiene que ver con una oposición a la megadevaluación inflacionaria; no tiene que ver con la anulación del derecho de huelga y de manifestación; tampoco con los despidos que se producen y anuncian en el Conicet o los medios de comunicación del Estado. Los legisladores "amigables" están dispuestos a delegar los poderes del Congreso por dos años. Esas contradicciones tienen que ver con el reparto de la torta de las ganancias capitalistas que ha crecido como consecuencia de las medidas económicas adoptadas. Tienen que ver con el temor de que el golpe de Estado económico acabe promoviendo una rebelión popular.
El caso típico es la oposición de los bloques "amigables" y de los gobernadores al incremento de los derechos de exportación. Mientras que el capital agroexportador y el industrial-exportador exigen acaparar una mayor renta de la devaluación del peso, el capital financiero pretende que la mayor recaudación fiscal que brindarían esos derechos sirvan, junto a una capitalización del Banco Central, para estabilizar el mercado de deuda del Tesoro. La “cruzada temeraria” que anuncia Van der Kooy, en caso de crisis con el proyecto Ómnibus, podría ir desde una poda más intensa de los gastos sociales -fundamentalmente las jubilaciones- hasta un gobierno por decreto y por último una renuncia de Milei-Villarruel y la convocatoria de la Asamblea Legislativa.
El estallido de estas contradicciones se manifiesta en el resurgimiento de los mercados paralelos del dólar y el mantenimiento del cepo a las importaciones. Otra manifestación es la aparición de sucedáneos de monedas provinciales, en especial porque el Banco Central ha prohibido que los bancos provinciales otorguen créditos para pagar salarios. El ajuste y el golpe de Estado económico no ha concluido con la megadevaluación del 13 de diciembre pasado.
La clase obrera y los trabajadores en general enfrentan una situación catastrófica y el estallido de una crisis política excepcional, al mismo tiempo que la CGT y el peronismo todo colaboran, con sus propios métodos, para desarmar a la clase obrera en cuanto a una lucha política. El massista Sáenz, de Salta, y los peronistas Jaldo y Jalil, de Tucumán y Catamarca, junto a las CGT de sus provincias, se juegan por el apoyo a Milei, en función de las ganancias del litio y otros minerales y de la promoción de los biocombustibles.
Morales Solá y Van der Kooy prevén, en definitiva, el posible desarrollo de una situación prerrevolucionaria. La disponibilidad de lucha de los trabajadores está vinculada en su irrupción y perspectivas políticas con el impulso a la autoorganización obrera –autoconvocatorias, cordinadoras fabriles e intersindicales-. A ello apunta la agitación política de nuestra corriente, Política Obrera.
Nota de tapa de Política Obrera N°87 edición impresa.
24/01/2024
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