Se cumple un mes de asumido Javier Milei en la presidencia del país, periodo en el cual quienes prometieron avanzar contra “la casta” pactaron con la parte más poderosa de esta (los capitalistas), avanzando en medidas que implican un ataque profundo contra los trabajadores y jubilados. Devaluación, tarifazos, liberación de precios, decretazos y Ley ómnibus antiobreros y reforzamiento represivo entre los principales rubros de la ofensiva contra la población trabajadora.
Tan solo dos días después de asumir el gobierno, el ministro de Economía Luis Caputo anunció un Rodrigazo por cadena nacional, con una devaluación del peso del 54%, el anuncio de tarifazos, la suspensión de la obra pública (con sus consecuentes despidos) y la licuación de salarios, jubilaciones y programas sociales.
Este primer paquete de medidas sirvió a desvalorizar de un plumazo el poder adquisitivo de los trabajadores, revalorizando a su vez los negocios capitalistas, implicando una transferencia de recursos desde los que menos tienen hacia los sectores más acaudalados.
La devaluación de Milei-Caputo implicó, además, un salto en la escalada inflacionaria que este gobierno decía venir a combatir, con remarcaciones en todos los bienes y servicios, pero no así en los salarios y jubilaciones.
Para respaldar este descalabro económico contra los trabajadores, con subas que las consultoras privadas promedian en alrededor del 30% solo para el mes de diciembre, el 14 de diciembre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció la implementación de un protocolo represivo antipiquetes.
El anuncio de Bullrich fue dirigido en particular hacia el movimiento piquetero combativo, con el propósito de evitar que se canalice por allí un rechazo a las medidas antipopulares desenvueltas por el gobierno –y las que aún no eran anunciadas.
El gobierno explicitó su orientación represiva con una campaña del miedo, con anuncios y mensajes televisivos y en los principales centros de circulación del Amba, con amenazas y extorsiones contra el movimiento de desocupados y el derecho de manifestación.
Esta campaña culminó en una primera derrota oficial el 20 de diciembre, cuando las columnas obreras y piqueteras arribaron a Plaza de Mayo, luego de una intensa jornada con provocaciones y aprietes represivos de todo orden.
Ese mismo día, el presidente Javier Milei demoró la salida de un anuncio por cadena nacional para horas de la noche, donde publicitó la salida de un DNU con la derogación de numerosas leyes (como la Ley de Alquileres), una reforma laboral antiobrera y la modificación unilateral de cuestiones de materia penal, tributaria, electoral y del régimen de los partidos políticos, entre otras cosas.
La respuesta popular fue inmediata y esa misma noche se produjeron cacerolazos y concentraciones en distintos puntos del Amba, con movilización al Congreso, lo que en los otros días se replicó en otras ciudades del país, dando lugar en muchos lugares a la conformación de asambleas barriales contra la ofensiva de Milei.
A pesar del rechazo popular al DNU inconstitucional, Milei redobló la apuesta con el envío de la Ley Ómnibus para su tratamiento en el Congreso de la Nación el 27 de diciembre. Un paquete de reformas, muchas ya presentes en el DNU, para consagrar un cuasi Estado de Sitio permanente, facultades plenipotenciarias para el Ejecutivo, liberalización y “desregulación” del mercado, crear “estímulos” y beneficios para los capitalistas y un largo etcétera. Esto sucedió el mismo día que la CGT y organizaciones sindicales y piqueteras se manifestaron en Tribunales contra el DNU.
El gobierno que prometió la dolarización de la economía y el fin de la inflación siguió en la lógica devaluacionista, reduciendo las restricciones a la operatoria de dólares financieros. Esta política llevó directamente a los naftazos, con dos subas en los combustibles que alcanzaron casi un 100% de aumento en un mes. Además, se suma al convocatoria oficial a las audiencias públicas para liberar las tarifas de luz y gas: otro capítulo del tarifazo ajustador contra los trabajadores.
Las naftas no son lo único que se disparó, también lo hicieron los precios de las cuotas de la medicina prepaga, el transporte público – del cual se espera la consecuencia de los anuncios del traslados de los precios a los bolsillos de los usuarios- e incluso los alimentos, estos entre los bienes que más subieron con el agravante de que el gobierno “antiimpuestos” no prorrogó la devolución parcial del IVA para las compras de alimentos con tarjetas de débito.
En términos represivos, el gobierno de Milei realizó una fuerte reestructuración de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a sus necesidades políticas, en vistas a avanzar con medidas privatizadoras y ajustar a las FF.AA. a los nuevos lineamiento. Esto de la mano de la incorporación llamativa de cinco exmilitares en la alta jerarquía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para vincular a las Fuerzas Armadas con la política represiva del gobierno contra los trabajadores.
Con este breve repaso de las principales políticas del gobierno de Javier Milei es suficiente para dar cuenta de la orientación emprendida por los “libertarios” en el gobierno: una agenda de ataque contra los trabajadores y de liberalización de los negocios capitalistas para aumentar sus ganancias y garantizar sus inversiones. Los trabajadores debemos enfrentar esta ofensiva organizando, como primer instancia, el paro nacional activo el 24 de enero, con una columna independiente de la burocracia sindical, para desenvolver todas las reservas y fuerzas de la clase trabajadora contra los ajustadores.
Marcelo Mache
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