Una negociación de espaldas a los intereses populares.
En medio de las negociaciones del gobierno con la oposición para allanar la sanción de la Ley Ómnibus el ministro Luis Caputo desató un cruce político con los gobernadores, tras amenazar vía Twitter con ejecutar fuertes recortes en los giros de fondos a las provincias en caso de que el proyecto sea mutilado en los puntos fundamentales del ajuste fiscal: suba de retenciones a las exportaciones y robo a los jubilados.
“Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, tuiteó el ministro de Economía. Así, bajo la consigna de que “el déficit cero no se negocia”, Caputo advierte que en caso de frustrarse puntos importantes de la Ley Ómnibus el ajuste será compensado con otras partidas sensibles a las arcas provinciales. La extorsión es una muestra de debilidad, horas después de haber reunido las firmas para el dictamen de mayoría, ya que el número de votos para la aprobación en los términos que pretende el gobierno todavía aparece como difícil de alcanzar.
Caputo busca meter presión a los gobernadores cuyos legisladores o no apoyaron o firmaron con disidencias parciales el dictamen oficialista, lo cual podría llevar a que la ley se apruebe en el recinto pero con la poda de artículos clave. Es una bravuconada en medio de una negociación abierta con los mandatarios provinciales en torno a los fondos coparticipables, que según analistas cayeron en la primera quincena del año un 7,5% (El Cronista, 24/1). Esa caída se suma a los recortes en obra pública y giros discrecionales.
Es un tema que fue puesto sobre el paño desde el comienzo, y que el oficialismo pretende zanjar con el envío del proyecto para reponer el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, ya que es un gravamen que se coparticipa. Esto porque a los gobernadores no les preocupan los laburantes de “sus provincias” sino los recursos fiscales que manejan, y por lo tanto son permeables a sacrificar a los asalariados de sus lares como moneda de cambio. Finalmente, son quienes vienen ajustando en salud y educación y avanzando con despidos.
Lo mismo puede decirse del intento del gobierno de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y su traspaso al Tesoro. En medio de los discursos que despotrican contra el robo que sufren los jubilados, había trascendido un acuerdo con los sectores del radicalismo, el PRO, el pichettismo y bloques provinciales para habilitar la transferencia del FGS, pero luego de saldar las deudas previsionales con los distritos. Una entrega en regla. Como sea, finalmente ello no se incorporó en el dictamen y la cuestión sigue en el tintero.
Distinto es cuando están en juego los intereses de los capitalistas que dominan las “economías regionales”. La pulseada en torno a las retenciones a la soja, el maíz, la carne y otras exportaciones industriales está al rojo vivo. Pullaro de Santa Fe y Llaryllora de Córdoba cerraron filas con los sojeros contra la suba al 33% de ese gravamen, y al 15% en el caso del maíz y el trigo. Incluso, un diputado schiarettista denunció que el dictamen que finalmente salió desconoce lo acordado sobre no eliminar los cortes para biocombustibles.
Otros, en cambio, se anotaron a favor la exención de pagar esos derechos de exportación sobre varios cultivos, mientras que la minería y el petróleo quedaron con las bajas alícuotas que tributan hoy, de entre el 4,5% y el 8%. Así se allanó el gobierno el apoyo de los tucumanos que responden al peronista Jaldo, a cambio de eximir a los limones o desistir de eliminar las promociones a los azucareros. Lo mismo puede decirse de los misioneros, que actuaron como representantes de las yerbateras. Incluso buscan tentar también al gobierno justicialista de Catamarca, agente de las mineras.
Milei pretende así, por la vía de la extorsión pero también de la zanahoria a los lobbies capitalistas, reunir el apoyo necesario entre los gobernadores para destrabar la Ley Ómnibus. Claro que, entre las necesidades de caja y los negocios que sí se afectan, es un camino empinado sobre terreno escabroso. Lo que está claro es que la defensa de los intereses populares no puede quedar en manos de los mandatarios ajustadores y sus legisladores, que ofician de empleados de las oligarquías provinciales, y por eso es vital la movilización obrera para derrotar esta ofensiva. Necesitamos un nuevo paro nacional para el martes y un plan de lucha hasta enterrar el plan Milei.
Iván Hirsch
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