Comenzando por Plaza Congreso, donde se congregaron cientos de miles de personas abarcando desde la Avenida Entre Ríos hasta la 9 de Julio y numerosas calles aledañas. Pero además en el interior se destacaron las masivas movilizaciones en Córdoba, Rosario, Neuquén, Bariloche, Tucumán, Salta, y otras, donde en muchos casos se trató de las concentraciones más numerosas de los últimos años. En la Plaza Congreso se destacó la columna independiente organizada por el sindicalismo combativo, el movimiento piquetero, la asamblea de Unidos por la Cultura y la izquierda, que reclamó un plan de lucha hasta derrotar el plan Milei.
La masividad de la movilización, en el marco de un paro que la burocracia sindical no organizó en los lugares de trabajo, tuvo que ver con el proceso que se viene desarrollando contra el gobierno de Milei y que se abrió con la movilización del 20 de diciembre convocada por el plenario de Parque Lezama del movimiento piquetero sumando al sindicalismo combativo y la izquierda, que desafió el protocolo de Bullrich. Al anochecer de esa jornada, un masivo cacerolazo ganaba las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclamando un paro nacional. El reclamo se volvió a hacer presente en la movilización a Tribunales del 27, un día antes de que el confederal anunciara la fecha del 24 de enero. Durante todo enero numerosas asambleas populares, la asamblea de Unidos por la Cultura y diversos agrupamientos debatieron impulsar el paro y la movilización, culminando en la gran jornada del 24.
Como hemos señalado en Prensa Obrera el choque del gobierno de Milei con la burocracia, disparado por el DNU que rompió una negociación previa con los gordos, fue el detonante del paro general. En la deliberación obrera y popular de cara al paro tuvo un peso importante el desprestigio de una CGT que viene pactando con todos los gobiernos y que en cuatro años de gobierno de Alberto Fernández no convocó un solo paro nacional, dejando pasar todos los ataques al salario, las condiciones de trabajo e incluso los pactos de ajuste con el FMI que llevaron la pobreza a nivel récord. Por eso se fue ganando lugar la necesidad de una movilización independiente, que se expresó por ejemplo en la asamblea de Unidos por la Cultura donde la moción de movilizar en forma independiente superó a la de encolumnarse con la CGT, defendida por los sectores del peronismo pero también por un sector de la izquierda (el PTS).
En ese proceso ocupó un lugar central el plenario de ocupados y desocupados, convocado por el Sutna, la AGD y el Frente de Lucha Piquetero en El Jagüel el 20 de enero, al que se sumaron diversas representaciones sindicales (comisión interna del Hospital Italiano, directivos de Cicop, Sitrarepa, minorías del Subte y de Foetra, juntas internas de ATE del Garrahan y Economía, entre otros) y aún de la cultura, en el cual se votó la columna independiente y unitaria con el planteo central de exigir una continuidad del plan de lucha, donde convergieron todos los sectores de la izquierda y de DDHH. Expresó la decisión de las organizaciones que estuvieron a la cabeza de la lucha por todos los reclamos populares en la última etapa de deliberar para colocar con fuerza este planteo en la plaza del paro.
Tomar en las manos de los trabajadores la organización del paro fue un punto totalmente central. Es que la burocracia viene de años de desmovilización, producto de sus pactos con las patronales, que pesaron incluso contra el propio paro en la jornada del 24. En la vereda opuesta, el Sutna realizó asambleas fabriles en todos los turnos, que permitieron un paro total en las plantas y una importante movilización. La AGD UBA concurrió con una importante columna de 200 compañeros, así como también la junta interna del Hospital Garrahan junto a otros sectores de salud. Igualmente la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, con una columna importante de más de cien compañeros. El fenómeno se repitió en la planta gráfica Morvillo y dentro de columnas sindicales como las de Foetra, el Subte, no docentes o Alimentación.
Crisis
Mientras se desarrollaba el paro y la previa, el gobierno avanzaba con todo tipo de atropellos y fundamentalmente con la complicidad de la oposición patronal en el dictamen para la sanción de la “Ley Ómnibus”. Es que la totalidad de los bloques del Congreso están condicionados por fuertes lobbies patronales que quieren que el proyecto se apruebe, para que pase la reforma laboral, la represión y cláusulas antihuelgas para condicionar la capacidad de lucha de los trabajadores, y para habilitar enormes negociados.
A pesar de esta presión, el gobierno acumula crisis de todo orden para sancionar el proyecto. El dictamen de mayoría se votó en el plenario de comisiones sin tener el texto, que fue modificado posteriormente a la sesión. Además, se modificó la composición de las comisiones para obtener las mayorías necesarias. Incluso así, el dictamen salió con la complicidad del PRO, de un sector del radicalismo y del bloque encabezado por Miguel Pichetto, pero con mayoría de disidencias parciales. La sanción del dictamen, sin embargo, no resuelve el tratamiento de la ley, como lo mostró la amenaza de Caputo a los gobernadores de cortar transferencias a las provincias si no se vota el proyecto tal cual está formulado en los puntos que tienen que ver con las jubilaciones, retenciones y el paquete fiscal.
La crisis se concentra en tres puntos: el aumento de retenciones, que rechazan los diputados radicales; la modificación de la fórmula jubilatoria, que plantearía un ajuste por inflación recién desde abril golpeando a las jubilaciones que son de miseria; y la delegación de facultades al Ejecutivo, que cuestionan incluso muchos de los bloques intermedios. El gobierno defiende a muerte todos estos artículos porque comprometen su política de “déficit cero”, la clave para las garantías que pretende dar a los acreedores y al FMI.
Pero estos choques en torno a la ley dicen mucho sobre el carácter de la oposición a Milei. Los diputados radicales, que se ponen el cuchillo entre los dientes contra las retenciones a las exportaciones, están sin embargo reclamando que se restituya el Impuesto a las Ganancias a los salarios, porque es coparticipable. Mientras se critica en el Congreso la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los gobernadores negocian a cambio que parte de ese fondo vaya a pagar las deudas previsionales de las provincias. Gran parte de la pelea patronal en torno al proyecto es por cómo se distribuyen los beneficios de una brutal expropiación contra las masas. El gobierno de Milei y Caputo representa en última instancia a una camarilla del capital financiero, que pretende llevarse la parte del león y busca la asociación con toda la clase capitalista en base a ampliar la torta patronal en contra de los trabajadores.
Por eso ninguno de los bloques patronales critica la doble vara penal del proyecto, que penaliza con prisión efectiva las acciones de lucha mientras deja carta blanca a la clase capitalista a la que exime de cualquier tipo de sanciones.
Los gobernadores no solamente chocan con el gobierno por las finanzas provinciales, en virtud de las cuales reclaman restituir el reaccionario Impuesto a las Ganancias contra los salarios. Sino que además defienden los lobbies capitalistas de sus provincias. Por eso se “dieron vuelta” los tres diputados del Tucumán de Jaldo, que abandonaron el bloque del PJ para pactar el apoyo a la ley a cambio de resguardar los beneficios de las empresas azucareras de la provincia. Lejos de defender “a sus provincias”, los gobernadores defienden los intereses de las oligarquías provinciales.
Vamos por la derrota del proyecto
El plan de Milei implica un golpe integral a toda la clase trabajadora. Detrás de este engendro de ley reaccionaria vienen los tarifazos que el gobierno ya planifica para marzo y abril. El efecto de la devaluación ya se agotó por la inflación brutal de diciembre y enero. Por lo tanto, está planteado un nuevo salto cambiario que va a volver a golpear salarios y jubilaciones. La inflación monumental que procede a saltos confisca una parte cada vez mayor de los ingresos populares. Por eso el gobierno pretende avanzar a marcha forzada en la sanción del proyecto, antes de que las facturas, la inflación y una nueva devaluación coloquen nuevos factores de crisis y de intervención popular.
La derrota del proyecto del gobierno es entonces una pulseada central. Está en juego el derecho a movilizarse, los salarios, las jubilaciones, una nueva reforma laboral y un megapaquete de entrega al capital financiero. Por eso lo que correspondería es un nuevo paro nacional y una movilización el martes, en la jornada del tratamiento de la sesión. El movimiento popular debe ganar las calles masivamente para golpear la sanción de este engendro reaccionario. A contramano de esta necesidad, la CGT no anunció ninguna medida de continuidad del plan de lucha. Por eso urge una agitación por un paro nacional, y autoconvocarnos con todos los sectores que quieren enfrentar este proyecto para movilizar masivamente el próximo martes en fecha de la sesión en el Congreso.
Juan García
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