Se trata de una ínfima parte del financiamiento estatal que recibe.
En 2018 estalló en la Argentina “la ola verde” que sacudió el escenario nacional y que fue la artífice de la conquista del aborto legal dos años después. El movimiento de mujeres y diversidades puso de relieve la necesidad de la ruptura de la Iglesia con el Estado, un vínculo sellado en la Constitución de 1853 a través de su artículo 2 con la lapidaria frase: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Mediante esta lucha quedó en evidencia que, mientras interesadamente desde los gobiernos se fomenta el desprecio por la asistencia a poblaciones empobrecidas por las políticas gubernamentales, ningún sector de poder siquiera ha mencionado la millonada de plata que la Iglesia se lleva del Estado, varias veces superior a la asistencia mediante planes que reciben algo más de un millón de personas. La presión de esta denuncia se hizo sentir y a ella se debe el planteo clerical de entonces. Es importante señalar que, antes de aquel 2018, la Iglesia ya había hablado de desprenderse de esa porción minoritaria del financiamiento que reciben (ley 21.950) pero nunca había avanzado en concreto.
Fue en ese contexto de luchas que la Conferencia Episcopal Argentina anunció en 2018 que comenzaba un proceso de renuncia progresiva “al aporte del Estado nacional”. Sin embargo, la ley 21.950 no es el único aporte del Estado nacional que recibe la Iglesia y, en todo caso, se trata del aporte menos significativo de todos los que recibe el clero que, con el manejo de esos fondos, funciona como un estado dentro del Estado.
“Un total de $177 millones serán destinados por el gobierno nacional durante 2018 al sostenimiento de la religión católica para ayudar (sic) al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas, de acuerdo con el presupuesto nacional que fue aprobado por el Congreso”, señalaba Chequeado.com en 2018. Las grandes fuentes de financiamiento de la Iglesia proceden de los presupuestos provinciales a través de los cuales se subsidia la función educativa (para el año 2018 el subsidio de la educación confesional en Caba ascendía a 4.500 millones de pesos), la asistencia en instituciones de niños y adolescentes judicializados, se les exime de pago de impuestos como Ganancias y ABLs. El Estado subsidia los gastos en servicios de iglesias y otros inmuebles de la curia y hasta paga los arreglos de catedrales e iglesias mientras que deja que se derrumben los colegios del Estado, por ejemplo.
A modo de ejemplo, la provincia de Catamarca paga todos los gastos de energía eléctrica de toda la iglesia provincial: “El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, aprobó el giro del certificado de subsidio tarifario a iglesias y establecimientos de Culto Católico de toda la provincia. El mismo corresponde al período mayo 2023 presentado por la empresa Energía de Catamarca S.A.P.E.M. y equivale a un monto de $3.710.598,75.” informaba en noviembre de 2023 el portal Inforama de Catamarca.
Otra fuente de ingresos de la Iglesia son las donaciones de inmuebles. En 2017, la Legislatura de CABA ejecutó la donación de 17 inmuebles costosísimos a la Iglesia católica. La contracara de esta bonhomía con el clero es la negativa a resolver temas habitacionales urgentes que se viven en la ciudad. El renunciamiento de la Iglesia representa presupuestariamente un vuelto menor del financiamiento que reciben, que hoy ya estaba totalmente desvalorizado.
Por el decreto ley N°21.950/79, el dictador Videla estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia que hoy no baja de los 4 millones de pesos de bolsillo (Juez con 10 años de antigüedad). Se trataba de un acto de reciprocidad para con una institución que acompañó sin tapujos la orientación social y política del gobierno militar auspiciado por el imperialismo y los mecanismos genocidas con los cuales fue impuesta esta orientación, bendiciendo vuelos de la muerte, torturas, robos de bebés y de propiedades.
El único cómplice eclesiástico condenado tras 40 años de democracia por su participación en el terrorismo de Estado fue el excapellán de la Policía, Christian Von Wernich, lugarteniente de Camps, procesado y condenado por 42 casos de privación ilegítima de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
Durante este lapso de tiempo ningún gobierno constitucional desarticuló el armado jurídico que la dictadura construyó. En lo relativo a la Iglesia católica no fueron pocos los beneficios que puso en pie la dictadura. Entre 1977 y 1982, la dictadura genocida estableció el beneficio jubilatorio para obispos y arzobispos a través del decreto ley 21.540/77 -que sigue vigente porque Duhalde echó atrás su derogación en 2002-, el pago de mensualidades para la jerarquía católica mediante el decreto ley 21.950/79, el pago de subsidios para zonas desfavorables (ingresos de curas de fronteras y de curas villeros) mediante el decreto ley 22.162, la cobertura de movilización interna y al exterior mediante el decreto 1.991/80 y la ampliación de los beneficios de la ley 21.950, alcanzando con el pago de mensualidades a la administrativos de la curia.
De todo este andamiaje, lo único que está resignando la iglesia es lo que corresponde a la ley 21.950: “La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950.” y anticipa que estaría desenvolviéndose un proceso similar con la ley 22.162, de financiamiento de seminaristas. La Conferencia Episcopal, en un plenario los obispos en 2018, confirmaron “aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común.”
El presente proceso de ninguna manera establece la independencia de la Iglesia con el Estado argentino ni mucho menos. Esos lazos permanecen intactos e incluso se profundizan bajo el gobierno de “las fuerzas del cielo”. Los vínculos entre política e Iglesia hoy están atravesados por la interna de la propia Iglesia que, con el gobierno de Milei, se revitalizaron a partir del ascenso al poder del Estado de un ala del Opus Dei, como la de los Benegas Lynch, que vio afectados sus intereses bajo el papado de Bergoglio por enfrentamientos que nada tienen de progresivos de un lado u otro de esa grieta. Ambos mantienen el secretismo sobre los miles y miles de abusos en la Iglesia y sobre los enjuagues económicos del Banco Vaticano, el Ambrosiano y sus vínculos con las mafias capitalistas, entre otras cuestiones que hacen de la Iglesia Católica un foco de poder putrefacto que cumple una función social regresiva en materia de derechos sociales y en materia de relaciones sociales en general.
Más que nunca: separación de la iglesia del Estado.
Vanina Biasi
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