Uruguay: la cuestión de la impunidad al rojo vivo

En Uruguay se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la llamada Ley de reparación a victimas de la guerrilla. El proyecto que contó con los votos sólo del oficialismo fue impulsado a instancias de Cabildo Abierto, uno de los tres principales partidos de la coalición gobernante. Cabildo, en verdad, está lejos de ser un partido, es una formación nueva encabezada por un ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Rios. En su seno tiene una fuerte presencia el elemento militar con muchísimos retirados cumpliendo funciones de responsabilidad en el aparato del Estado.

 Los antecedentes de esta ley vienen de lejos. En 2007 durante el primer gobierno del Frente Amplio, en el marco de lo que se denominó el “Nunca Mas”, el presidente en ese entonces Tabaré Vásquez envió el primer intento por establecer este adefesio. La ley actual de hecho recoge los montos de dinero establecidos por el propio Tabaré Vázquez: en los casos de muerte, 150 mil dólares; para personas que resultaron incapacitadas en forma permanente, 100 mil; y para las que fueron secuestradas por más de 72 horas, 50 mil. Pasado por este tamiz, la lista de posibles beneficiados se reduce a 66 personas: “Son 18 militares, 14 civiles y 34 policías” (El País, 7/4).

 Estamos ante una operación eminentemente política en un marco donde la cuestión de la impunidad ha remontado vuelo. Esto se debe a una sucesión de hechos en cadena. El 27 de junio se han cumplido 50 años del golpe de Estado y del inicio de la huelga general en respuesta a ese golpe. Uruguay es de los países más rezagados en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en dictadura y del enjuiciamiento a los genocidas. A finales de mayo, el ministro de Defensa Javier García, remitió al Parlamento una iniciativa para liberar documentos del período de gobierno militar. Llamativamente desde el Frente Amplio se han puesto reparos a esta pretensión. Fernando Pereira, presidente de esa fuerza política, expresó:“los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados". El planteo de Pereira es extraordinario. Con este vil argumento no se puede emprender ninguna acción que conduzca al enjuiciamiento de los torturadores, siempre que una condena requiere recrear circunstancias vividas, como de hecho hicieron y hacen las victimas de delitos de lesa humanidad que trajinan los juzgados y logran, con mucho empeño, alguna condena a sus verdugos. Otros como el ex ministro de Defensa durante el gobierno del FA José Bayardi, sostiene que existen documentos “sensibles”, que se necesita “experticia” para bucear por los archivos, etc. En pocas palabras, los roles aparecen invertidos: el gobierno derechista quiere liberar todo, y el FA pide no precipitarse.

 Una semana después, el 7 de junio, se hallaron restos en el Batallón 14, un enorme predio militar ubicado en el departamento de Canelones que fue uno de los principales campos de tortura, y desaparición de personas. Finalmente el 15 de junio se conoció que un anónimo liberó miles de archivos reservados de espionaje, interrogatorios, e infiltración de organizaciones políticas y sindicales durante la dictadura y en democracia (hay documentos hasta 2004). Los 330 gigas de archivos están alojados en una web de San Francisco, Estados Unidos. Muchos de estos documentos ya se conocían pero otros son completamente nuevos, y se los consideraba “perdidos”. Esta avanzada reaccionaria pretende reflotar la teoría de los “dos demonios”. Existieron “terroristas” de ambos lados que llevaron al país a la barbarie. 

 El régimen vigente es el régimen del Pacto del Club Naval, que a diferencia del Juicio a las Juntas en Argentina, fue un acuerdo que fraguó desde el vamos la impunidad para los militares a la salida de la dictadura uruguaya. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno mantuvo la ley de caducidad y se negó a impulsar una investigación desde el Estado para castigar a los criminales. Dejó solas a las víctimas y los familiares denunciantes. Obstaculizó a los propios jueces y fiscales y hasta persiguió a la jueza Mota, quien con más vigor denunció el sabotaje a las investigaciones por parte de las autoridades. 

 Cada 20 de mayo, movilización convocada por Familiares de Detenidos Desaparecidos, decenas de miles de personas se lanzan a la calle en lo que es la acción callejera mas grande de Uruguay desde los últimos 25 años. La presencia juvenil en esta fecha es abrumadora, un síntoma de lo hondo que ha calado la lucha contra la impunidad. Los distintos gobiernos que se han turnado desde la apertura democrática han intentado en vano ponerle la tapa y establecer definitivamente la reconciliación con los represores.

 Necesitamos preparar una gigantesca movilización que vuelva a colocar la lucha contra la impunidad en el centro de las reivindicaciones. 

 Camilo Márquez 

 06/07/2023