El ducto fue construido con la mayor rapidez para cortar un cuenta de importación de gas muy elevada – más de 5 mil millones de dólares, que se había empinado como consecuencia de las sanciones de la OTAN contra la provisión de gas de Rusia a Alemania y a la Unión Europea. Con este pretexto, el ensamble de los tubos, con material importado de Brasil, se otorgó a Techint sin licitación. Por esta y otras razones el costo de la obra se encareció en 800 millones de dólares, con relación a lo presupuestado en 2019 – un 15% del valor de las importaciones. Como el llenado del ducto llevará alrededor de un mes, su inauguración efectiva tendrá lugar a mediados de agosto, hacia el final del período invernal. En estos términos, se ha creado una capacidad de transporte excedente, cuyo costo será solventado por el Estado, por medio de mayores tarifas o subsidios.
Dentro de estos límites, el gasoducto servirá para abastecer al norte del país cuando se completen las conexiones troncales. La población dejará de depender de las garrafas, que tienen un precio muy superior al del fluido natural. También abastecerá a Bolivia y, eventualmente, a Brasil. Argentina exportaría gas a través del gasoducto del Noreste, que hasta ahora abastecía de gas boliviano a Argentina. Como se trata de una demanda en el Cono Sur, le alcanzan las limitaciones de la temporada de invierno, que también se aplican a la conexión con Chile.
La demora de veinte años a la construcción del gasoducto ha sido atribuida, para variar, a “la gestión populista”. Las razones son otras. Las concesiones de explotación en Vaca Muerta fueron demoradas por caídas importantes de los precios internacionales del gas y del petróleo, y por disputas acerca del precio en el mercado interno y la libertad para transferir divisas al exterior. Las petroleras reclaman un precio único para los combustibles – internacional/nacional, en especial para aprovechar las subidas enormes que han generado la demanda de China y luego la guerra. Chevron-YPF celebraron un acuerdo secreto, avalado por la Corte Suprema, para que las utilidades de la norteamericana pudieran ser giradas a un paraíso fiscal. Además de esto, el ‘soivético’ Kicillof estableció un subsidio a la mayor producción que realizaran las petroleras sobre niveles previos.
Recientemente, Chevron anunció que “invertirá este año 300 millones de dólares en Vaca Muerta”, gracias “a un beneficio que había otorgado Cristina Kirchner durante su presidencia en 2013” (La Nación, 14/6). “El decreto 929, creado para la ocasión, le permitirá a empresas que inviertan más de 500 millones de dólares, exportar el 20% de la producción que resultara del proyecto sin retenciones y disponiendo libremente de las divisas generadas, sin obligación de liquidarlas en el país”. En la práctica, esto significa que las petroleras estarán exportando a 500 pesos el dólar, ya que, al dejar el dinero afuera, no necesitan pasar por el mercado oficial.
Lo que demoró el gasoducto fue la presión internacional para que la obra formara parte de un proyecto “público-privado” que contemplara, al mismo tiempo, la construcción de plantas licuificadoras de gas para su exportación al hemisferio norte, con estaciones climáticas inversas a las del sur. Se trata de un proyecto de internacionacionaización integral del servicio, que dejaría a los precios interno al nivel del mercado mundial. A principios de este siglo, cuando se tramó algo semejante en Bolivia, la respuesta fue la insurrección del 17 de octubre de 2003, en que un millón de manifestantes ocuparon la capital y rodearon el Palacio Quemado – la sede de gobierno. A la luz de esta experiencia, Hugo Chávez propuso, en forma inconsecuente, la construcción de un gasoducto desde Venezuela a Argentina, a través de Brasil. Dados los acuerdos de operación conjunta de PDVSA con las multinacionales, las petroleras norteamericanas también habrían recibido una tajada del proyecto.
Las invocaciones repetidas, por parte de Sergio Massa y su círculo de financistas, a un futuro basado en la exportación de minerales, gas y petróleo, advierten de la intención de recuperar el proyecto “público-privado” de licuificación del gas, con destino a los mercados internacionales. Dado la baja presión impositiva que se aplica a las petroleras-gasíferas, este proyecto implicaría que la renta minera sería enteramente acaparada por los monopolios internacionales. El encarecimiento de estas materias primas elevaría fuertemente el costo de la canasta familiar y los costos industriales. En este planteo, el elenco de Juntos por el Cambio coincide enteramente con la “Patria Grande”. Un flujo de divisas al país, por medio de estas exportaciones, revalorizaría la deuda externa de Argentina y volvería a convertir al país en un campo especulativo de los fondos internacionales.
Jorge Altamira
08/07/2023
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