Es sabido que en Argentina se utilizan variados agrotóxicos en los cultivos para producir alimentos “fitosanitarios” y “bioinsumos”. Por lo general, estos insumos para el agro tienen nombres comerciales “amigables” bautizados como “sustentables” por el marketing capitalista intentando maquillar una realidad que no se puede ocultar más a la ciudadanía: el envenenamiento de todos los organismos vivos.
Esta situación ha alcanzado un nivel alarmante y es una de las expresiones más violentas de la crisis ecológica que tiene diferentes responsables. Por un lado, están los principales productores en un país en que la propiedad de la tierra cultivada está concentrada, y quienes, en su ambición de producir más para obtener mayores beneficios, se alían a los monopolios multinacionales de la agroindustria, los cuales les venden a precio dólar sus paquetes tecnológicos para las diferentes etapas del proceso productivo. Por otro lado está el Estado, el cual a través de los diferentes gobiernos fija la política económica supeditada al FMI, fomentando, sin grieta alguna sobre el tema, la explotación de la tierra productiva mediante un modelo extractivista, tóxico y especulativo que tiene como objetivo la generación de commodities para el pago de la deuda externa ilegítima y usuraria.
El resultado de este modelo “agribusiness” es someter a los suelos, plantas y animales a agrotóxicos para asegurarse cosechas con volúmenes altamente rentables, y el empleo de pocas personas para el manejo de gran cantidad de hectáreas: una solución no sustentable, perjudicial para los trabajadores del sector (en su mayoría precarizados) y altamente tóxica. Los productores tienen el “chip” del modelo instalado por quienes les asesoran. Esto se refuerza incluso en la formación académica, con programas de estudio de las carreras como ingeniería agrónoma presentan una orientación más pensada para incrementar la ganancia capitalista, a costa de la salud humana y ambiental, que para solucionar el problema del hambre y de la malnutrición.
Esta deformación de profesionales vinculados al agro está ligada a la cooptación que efectúan las grandes multinacionales como Bayer-Monsanto, Cargill, Syngenta en las propias universidades públicas y organismos de ciencia, financiando líneas de investigación para el desarrollo de sus mercancías. Esta situación ha promovido una división entre trabajadores del sector de ciencia y técnica que buscan avanzar con modelos de producción que promuevan la preservación de las condiciones ecosistémicas y produzcan alimentos sanos, no contaminados, en contraposición de quienes insisten con la producción de altos rindes, ganancias y ¿veneno?
Crónica de una censura anunciada
Se dice que lo que no se ve o no se percibe, no existe, tampoco sentimos los agrotóxicos en nuestros platos de comida, menos en el agua que tomamos y el aire que respiramos, pero, ¿si se pudiesen medir? En la primavera del 2021, en nuestro país se llevó a cabo el proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) que tuvo como propósito evaluar el impacto de los fitosanitarios en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas.
La propuesta del proyecto SPRINT es, en base de los resultados obtenidos, desarrollar una caja de herramientas que permita evaluar los riesgos para la salud global y poner en común el conocimiento y los datos generados en investigaciones de toda Europa y Argentina. Esta investigación internacional fue realizada por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE), y contó con el apoyo de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
De manera local, quien estuvo a cargo del proyecto fue la Dra. Virginia Aparicio, investigadora independiente de Conicet, con lugar de trabajo en Inta Balcarce. En nuestro país, 73 participantes fueron evaluados y se les tomaron muestras de sangre, orina, materia fecal, además de darles una pulsera para detectar compuestos químicos de la agroindustria en el aire. Los resultados estuvieron para el mes de mayo de 2023 y los participantes fueron consultados si querían acceder a conocer los valores propios detectados en sus muestras. Se programó para el día 21 de junio de 2023 una reunión para dar a conocer los datos del estudio y análisis de los mismos de manera oficial, tanto para participantes como para la sociedad en general. Sin embargo, el director de Inta, Carlos Alberto Parera, envió una notificación a la Dra. Aparicio con orden de “suspensión” de dicha reunión. ¿Será que quieren censurar la divulgación de los altos valores y gran cantidad de tóxicos hallados en las muestras, será que no quieren que se sepa la situación de Argentina con respecto a los otros países?
¿Qué dicen los resultados?
A partir de un grupo de participantes autogestionados del proyecto SPRINT que compartieron sus resultados se pudieron conocer y reconstruir datos generales y preliminares del estudio censurado por el director del Inta. Las muestras fueron tomadas de personas que viven tanto en zonas rurales como en ciudad, además de considerar sus hábitos alimenticios. El alcance de los tóxicos no sabe de distancias, sea de la zona evaluada que sea, los químicos se encuentran presentes en todas las matrices analizadas.
El 100% de las personas estudiadas presentaron venenos en sus cuerpos y la distribución fue la siguiente: de 2 a 10 plaguicidas en sangre; 6 a 13 plaguicidas en orina, hasta 18 plaguicidas en materia fecal; y de 7 a 53 plaguicidas en pulseras. Entre los carcinógenos se repiten el Glifosato y su metabolito AMPA, tebucunazole y pirimicarb. Entre los neurotóxicos generadores de enfermedades neurodegenerativas: pirimicarb, cypermetrhin, chlorpyrifos y fipronil. Con respecto a efectos negativos en reproducción humana y del desarrollo embrionario se destacan chlorpyrifos, metolachlor, imazalil, tebucunazole, bromoxinyl.
Además, en el listado de químicos detectados se registran sustancias actualmente prohibidas en la UE y que en Argentina se están utilizando como es el caso del fipronil sulfone. La cantidad de fitosanitarios detectados con efectos tóxicos probados sobre la salud humana son alarmantes sumado a la incertidumbre que causa la falta de conocimiento de cómo las mezclas de tantos tóxicos pueden impactar en la salud de las personas. Pero seguramente lo más escalofriante es pensar que con estas frutas, verduras y cereales “supuestamente saludables” se alimenta nuestra población.
Cabe aclarar que en Argentina la normativa dictada por el Instituto Nacional del Agua permite como nivel máximo 300 ug de glifosato por litro de agua potable. Estos valores superan ampliamente el máximo permitido en la UE que es de 0,1 ug por litro de agua potable. Ahora bien, los resultados del estudio revelan valores de glifosato que alcanzan los 80 ug por kg en materia fecal y 7,5 ug por litro de orina, límites que superan ampliamente los máximos europeos, pero que, basándose en nuestra legislación obsoleta, lejos de proteger nuestra salud, dirán que aún podemos cargar con más veneno nuestros cuerpos. Y aquí nos preguntamos si vale menos nuestra vida que una europea….
Si estos resultados no son divulgados a la sociedad para que tome conocimiento de los peligros ambientales y sanitarios a los cuales la agroindustria capitalista nos ha arrastrado, se demostrará que el Estado es cómplice de las multinacionales que envenenan el ambiente y a todo el pueblo argentino. Según lo registrado por las pulseras, hasta 53 venenos respiramos e ingresan a nuestro organismo por el aire.
Existen técnicas de producción libres de tóxicos que son las agroecológicas. Estas pueden ser implementadas únicamente por un gobierno de trabajadores que rompa con el FMI y que reorganice el sistema económico orientando el modelo agrario para que se produzcan alimentos sanos y así luchar contra el hambre y la malnutrición. Un modelo de estas características puede generar más puestos de trabajo a los que se les garantice un salario equivalente a la canasta familiar, alcanzar iguales rindes, sin gastar un dólar en paquetes tecnológicos.
Exigimos que el Estado y sobre todo las autoridades del Inta autorice de inmediato la divulgación de los resultados del proyecto SPRINT y que cumplan con el Acuerdo de Escazú y del artículo 41 de la CN. Asimismo, repudiamos la cancelación de la presentación de los datos de manera oficial y todo tipo de censura que atente contra la libre investigación e impida que podamos reclamar por nuestros derechos a una salud integral. Abrazamos y damos apoyo solidario a la Dra. Aparicio y a todo su equipo, trabajadores de ciencia y técnica comprometidos que hacen ciencia digna por y para el pueblo.
Facu Hernández
Nair Pereira
Agrupación Naranja CyT-Tribuna Ambiental Mar del Plata
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