Uno de los datos más ilustrativos de ese empobrecimiento son los 18 millones de anotados para el cobro del bono de 18 mil pesos (en dos cuotas) que el gobierno anunció para mitigar el impacto inflacionario (23% en lo que va del año y 58% interanual en abril). Se trata de desocupados, monotributistas, precarizados y jubilados -estos últimos inscriptos automáticamente. De ese universo, la Anses rechazó por diferentes motivos 4,3 millones, morigerando aún más una medida ya de por sí limitada.
La pobreza alcanza casi al 40% de la población, incluyendo sectores de la propia clase trabajadora registrada. En su disputa de camarillas con el presidente, la vice Cristina Kirchner advirtió esta situación, omitiendo que este deterioro es un proceso que incluye su presidencia.
La caída del poder adquisitivo de los salarios -que perdieron veinte puntos entre 2018 y 2019 y habían caído otro tanto bajo la administración macrista- apunta no solo contra los gobiernos sino también contra la burocracia sindical, que ha sido cómplice de todos ellos y de la introducción de medidas de flexibilización laboral en distintos gremios.
Desde Plaza de Mayo, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, exigió a la CGT y las CTA la convocatoria a un paro nacional. Es una tarea fundamental para luchar contra una precarización y empobrecimiento alarmantes. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de un plenario de trabajadores ocupados y desocupados para organizar desde abajo esa medida de fuerza.
A quienes salen a pelear por el trabajo y el salario, contra el hambre y la pobreza, el gobierno, la oposición patronal y los grandes medios los desacreditan y amenazan. En la misma semana de la movilización, Juntos por el Cambio presentó otro proyecto contra los cortes de calle. Pero la envergadura de la Marcha Federal muestra que no van a poder detener los reclamos.
Desde el escenario en Plaza de Mayo, las organizaciones de la Unidad Piquetera ya aclararon que el plan de lucha sigue.
Apostilla
El miércoles fue asesinada en Cisjordania por las fuerzas de seguridad israelíes la corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera, mientras cubría un operativo policial en ese territorio ocupado. Shireen Abu Akleh efectuaba una cobertura crítica de los crímenes del sionismo. Recibió un disparo en la cabeza y otro trabajador de prensa fue herido.
Dos días más tarde, esas mismas fuerzas de seguridad reprimieron en Jerusalén Este el cortejo fúnebre que trasladaba a la periodista, debido a que ondeaba banderas palestinas. Shireen no es la primera víctima: durante las Marchas del Retorno de 2018, en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, dos periodistas habían sido ejecutados. A su turno, en mayo de 2021, las oficinas de Al Jazeera y la agencia Associated Press fueron bombardeadas en Gaza.
El jueves, desde el otro lado de la Cordillera, recibíamos la triste noticia del fallecimiento de Francisca Sandoval, periodista chilena que había recibido un disparo en el rostro durante la represión de Carabineros y bandas mafiosas contra la movilización combativa del 1° de Mayo. El accionar criminal de las fuerzas de seguridad permanece intacto bajo la presidencia del centroizquierdista Gabriel Boric.
Dos crímenes emblemáticos contra trabajadores de prensa, en una misma semana. Por Shireen y Francisca, reclamamos justicia.
Buen domingo.
Gustavo Montenegro
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