La salida de casi una veintena de funcionarios del gabinete de Guillermo Lasso ha configurado en Ecuador una situación de gran volatilidad. Han quedado expuestos, a la luz de los últimos acontecimientos, los profundos problemas políticos que enfrenta el presidente los cuales podrían adquirir un mayor volumen toda vez que se están abriendo paso mientras la crisis mundial apremia y el gobierno aún no pudo desenvolver a fondo el programa económico con el que logró obtener el apoyo de la clase capitalista tomada de conjunto.
Crisis política
Lasso llegó al poder en mayo de 2021, luego de salir victorioso con más del 52 por ciento de los votos en el balotaje que lo enfrentó a la correísta UNES. Su partido, Creo, quedó no obstante relegado al lugar de minoría en la Asamblea Nacional, con lo que se descontaba la aparición de pulseadas con la oposición. Solo ha podido implementar una pro burguesa reforma tributaria, con la complicidad del correísmo -como parte del toma y daca, fue liberado el ex vicepresidente Jorge Glas, detenido por la causa Odebrecht y que UNES denunciara como preso político. No ha logrado, en cambio, avanzar en la reforma laboral y otra serie de medidas reclamadas por el FMI.
La oposición (correístas, Pachakutik, y el Partido Social Cristiano, que compartió frente con Creo en las elecciones) no quiere pagar el costo político de apoyar las impopulares medidas impulsadas por el oficialismo, menos considerando que aún está fresco el recuerdo del estallido de 2019. Pero, al mismo tiempo, ha pactado con el Ejecutivo un reparto de cargos en el Estado y viene siendo una pieza de la gobernabilidad. Lo prueba que las organizaciones sindicales y los frentes obreros influenciados por Pachakutik o UNES no han organizado un plan de lucha contra el ajuste limitándose apenas a hacer convocatorias aisladas para descomprimir el malestar popular.
Una parte de la oposición ha coqueteado con ir hacia una revocatoria del mandato, idea que fue saludada con satisfacción por un sector de los movimientos sociales que intervienen en la arena nacional, lo que necesitaría la recolección de un millón de firmas. Este es un recurso que el correísmo y Pachakutik se reservan ante un agravamiento de la situación.
A los obstáculos en el plano parlamentario se agregan las disputas al interior del equipo oficial. El tenor que adquirieron ha sido enorme, se han llevado puestos a 16 funcionarios oficialistas, varios de ellos detentores de carteras de extrema importancia como Defensa o Energía. El mandatario procedió además a realizar una purga en las cúpulas del Ejército y de la Policía. Hay quienes afirman que se estuvo ante una política de despidos orquestada por Lasso y otros que aseguran que han sido meras renuncias. La aseveración de estos últimos tiene su fundamento en las declaraciones de un puñado de funcionarios que emparentaron su renuncia a la “falta de rumbo” y a la “tozudez” del presidente para intentar implementar una figura constitucional llamada muerte cruzada (La Política Online, 30/4). Se trata de un mecanismo autoritario de carácter bonapartista, establecido en 2008 por el gobierno de Rafael Correa, que permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional y gobernar por decreto hasta que se realicen nuevas elecciones.
Es poco probable que el debilitado gobierno pueda avanzar en una movida de esas características. En todo caso utiliza esa herramienta para ejercer una presión sobre los opositores. Las encuestas vienen mostrando una importante falta de apoyo al presidente (24 por ciento), por lo que realizarla podría dejarlo en una posición peor que la actual. Algunos analistas sostienen que Lasso incluso ha perdido la banca de ciertos sectores de la burguesía, sobre todo aquel vinculado a las finanzas.
La salida del ex ministro de Defensa, Luis Hernández, ha sido todo un síntoma del desastre nacional. Se produjo luego de que vieran la luz sus lazos con el jefe de una presunta red de captación ilegal de dinero, quien hasta habría ingresado reiteradas veces a las oficinas del ministerio. Que semejante escándalo emerja en el marco de un recrudecimiento sin precedentes de la actividad gánster de bandas narco, o con masacres en varias cárceles del país, significó un golpazo para el elenco oficial. Lasso ha llegado a viajar a Israel para reforzar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países (el sionismo entrena a fuerzas de élite ecuatorianas) y hacer frente a la escalada de los grupos en cuestión.
Lucha de clases y economía
El gobierno nacional decretó el estado de sitio en tres provincias, en aras de “combatir el crimen organizado”. Se valió de tal para reforzar la represión contra la clase trabajadora, que ya ha protagonizado jornadas de lucha contra el gobierno y se movilizó el 1° de Mayo.
La política de ataque contra las conquistas de los trabajadores forma parte de la orientación estratégica de la burguesía andina y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en todo el mundo. La rueda de la explotación capitalista en el Ecuador de Lasso ha estado girando sobre la desvalorización salarial y los retrocesos impuestos a los trabajadores bajo el gobierno de Lenín Moreno. Al calor de eso ha crecido la precarización laboral, que alcanza a tres de cada diez ecuatorianos.
El FMI examina casi permanentemente la situación fiscal del país, algo parecido a lo que ocurre en Argentina, ya que todavía resta el desembarco de 1.700 de los 6.500 millones del préstamo que Lenín Moreno pactara con el organismo financiero en septiembre de 2020. Lasso hizo gala de fondomonetarista a ultranza reivindicando que “en 2020 el déficit llegó a 7,8 % del producto interno bruto (PIB)” y que su gobierno logró “reducirlo a 4 puntos porcentuales en 2021” (EFE, 26/4).
El intento de cumplir con las exigencias del FMI y de la clase capitalista no solo se topa con el fantasma de la rebelión popular y la crisis política, sino también con el impacto de la bancarrota capitalista internacional. Los exportadores (flora, bananas) vienen reclamando subsidios más amplios y exenciones impositivas, según estos para paliar las pérdidas producto de la guerra en Europa. Rusia, Ucrania, y países euroasiáticos como Armenia y Bielorrusia, son algunos de los principales destinatarios de la producción no petrolera del país andino.
Y si bien el aumento del precio internacional del crudo (la economía ecuatoriana es esencialmente petrolera) ha incrementado relativamente las reservas del país, el mismo proceso en los costos de la logística, los fertilizantes que utilizan los exportadores o el combustible que el país debe importar, y el pago de vencimientos de deuda, golpean la economía y además generan las condiciones para un aumento del ritmo inflacionario. La suba de la tasa de interés que entretanto desarrolla la Reserva Federal norteamericana añadirá a Ecuador más contradicciones, pues su economía se halla dolarizada. La dolarización ha terminado siendo un mecanismo del capital para reducir al país a la condición de una cuasi colonia, reforzando el dominio del imperialismo y el carácter primarizado de su economía.
La clase obrera y los campesinos deben irrumpir en la situación política, con un planteo independiente. Las organizaciones sindicales tienen que llamar a asambleas para discutir un plan de lucha nacional que imponga la derrota del ajuste y la satisfacción de las necesidades populares.
Nazareno Kotzev
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