Caso Bongiovanni: la protección de la Iglesia

Un docente de Teología con sistemáticos vínculos con la Iglesia y colegios católicos, Juan Matías Bongiovanni, fue arrestado en 2021 a raíz de una denuncia de abuso por parte de cuatro mujeres cuando eran sus alumnas e integrantes de un grupo de voluntarios. En dos casos, la Justicia rechazó la denuncia porque prescribieron los plazos. El juicio por los otros dos comenzará en agosto.

 Desde hace unos meses los defensores de Bongiovanni han lanzado una campaña contra las denunciantes, impugnando sus testimonios, y también a la fiscal y a la abogada querellante. Los ataques contra las víctimas se replican en las redes. La campaña excede al caso Bongiovanni porque agrupa a personas y ONGs, que consideran que existen “falsas denuncias” que solo tienen trámite por parte de una “justicia de género”. Estos ataques a un “feminismo punitivista” van dirigidos contra las mujeres que luchan contra la Iglesia y el Estado.

 Denunciar una justicia sesgada a favor de las mujeres es un atentado contra la realidad. Según un informe del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia, en el año 2016 de 12.424 denuncias por delitos contra la integridad sexual, hubo solo 2.884 condenas (23%). En marzo de este año la Justicia de Chubut terminó de absolver a todos los participantes de una violación en grupo. Funcionarias del gobierno justificaron una reciente violación grupal en Palermo por un “patrón cultural”. En el Norte de Argentina, la Justicia niega el derecho al aborto a niñas violentadas.

 De acuerdo con la encuesta de victimización realizada por el INDEC en 2017, sólo el 12,5% de las ofensas sexuales (que incluyen, además de las violaciones, los intentos de violación y el contacto físico indeseado) son denunciados. Sólo una de cada diez personas denuncian la violencia sexual que han sufrido (chequeado.com). ¿Por qué? Porque hay una Justicia que garantiza la impunidad, especialmente en el caso de ricachones y miembros del clero. La mayoría de las denuncias por abusos sexuales terminan en absoluciones y no llegan a juicio oral.

 En el caso de Bongiovanni, se hicieron las pericias que corroboraron la fidelidad de los testimonios de las denunciantes mientras que el acusado rechazó ser examinado.

 Las denuncias son descalificadas por la campaña sobre la base de la continuidad del vínculo social y personal que mantuvieron las denunciantes con el acusado y su familia después de cometidos los abusos sexuales. La Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) del Ministerio Público informó que, en el año 2017, el 68% de quienes recibían su primera condena por abuso tenían una relación intrafamiliar. Otro informe del año 2016, del por entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dice que casi dos de cada tres agresores (64%) son personas vinculadas al ámbito familiar de la víctima (padre, padrastro, tío, abuelo, entre otros). La sacrosanta “unión familiar” es el ámbito predilecto para los abusos sexuales “continuos”, como se manifestó en el resonante caso Alperovich. Sobre la "discontinuidad" de la conducta del abusador, en otros casos, no se ha investigado o informado nada. La protección insana de la familia ha sido históricamente invocada para proteger la reputación de la Iglesia, en sus propios casos –millares y continuos. Encontramos, en este caso, la razón de fondo de la subalternización de la mujer en una sociedad de clases –la protección de instituciones como la Iglesia y del ámbito de la reproducción social concreta de la propiedad (hereditaria), en el caso de la familia. 

 Bongiovanni ha sido denunciado, en los testimonios, por cometer abusos sexuales luego de tejer vínculos personales con sus estudiantes, la mayoría menores de edad, valiéndose de su posición del voluntariado. Luego, siempre según los testimonios, pedía a sus alumnas que “mantuvieran silencio”. 

 La jueza de garantías dictó prisión preventiva por “abuso sexual gravemente ultrajante por la guarda”. Luego, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal lo ratificó por la “intensidad de los abusos, su prolongación excesiva en el tiempo, un mayor peligro para su integridad física y con el fin de un sometimiento sexual gravemente ultrajante” (Lanueva, 4/9/2021). 

 Los defensores de Bongiovanni arremeten contra “los escraches feministas” cuando tenemos una denuncia en la Justicia, una prisión preventiva y una condena en ciernes. Despotrican contra el feminismo para deslegitimar las denuncias presentadas, que no consisten precisamente en imputaciones ideológicas. Llamamos a rodear de solidaridad y apoyo a las compañeras denunciantes y su pedido de justicia y reparación por los abusos sufridos. 

 Emiliano Fabris

 31/05/2022