Los trabajadores deben salir a la lucha independiente por sus reivindicaciones.
El martes 21 de diciembre el parlamento peruano votó la vacancia-destitución del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Se le acusa de haber hecho trascender las soluciones a un examen de capacidad que deben rendir los docentes para ser nominados el próximo ciclo lectivo. No hay sin embargo pruebas de esta acusación. Por eso el ministro no quiso renunciar, como se le pedía. Deberá ser el presidente Pedro Castillo el que lo destituya.
Una de las causas más directas por las cuales se resolvió la destitución de Gallardo es porque este no se abocó con energía a poner en marcha la “reforma universitaria” que recientemente votó la Unicameral. Con ese rimbombante título estamos en realidad frente a una contrarreforma, porque lo que esta plantea es dar una nueva oportunidad a los dueños de las universidades privadas que han sido cerradas por su bajísima calidad educativa y altos aranceles. Constituía una estafa en toda la línea a la juventud estudiantil y a sus familias que deben empeñarse para costear sus estudios.
Se trata de un fuerte y reaccionario lobby empresario. Los mercaderes de la educación son uno de los grupos fundamentales que dieron el golpe que derribó al presidente Vizcarra y nombró sucesor a Merino (depuesto a la semana por la movilización popular) con este reclamo como una de sus banderas. Ahora ha logrado que el parlamento, dominado por la derecha, ofrezca una nueva oportunidad para la reapertura de estas universidades truchas.
¡Este es el doceavo ministro destituido en los primeros cinco meses del gobierno de Pedro Castillo! La mayoría derechista del parlamento viene acusando y destituyendo a cualquier funcionario que tenga roces con algún sector empresario o no siga las directivas de las cámaras patronales. Hace 15 días hizo votar la “vacancia” del propio presidente Castillo, por ahora rechazada. Y en los próximos días vienen nuevas acusaciones.
Para el 29 de diciembre el presidente Castillo está citado por una fiscal que lo acusa de afinidad ideológica con la desaparecida guerrilla de Sendero Luminoso, de presionar y tratar de influenciar resoluciones y de corrupción. Se trata de un trabajo de demolición para obligar a un total alineamiento del presidente con los factores de poder. El ministro de Defensa se ha visto obligado a renunciar porque trató de “influir” en los ascensos militares. Las reaccionarias y represivas Fuerzas Armadas han ganado una total autonomía respecto al poder político gubernamental.
El presidente Castillo, se ha olvidado por completo, preocupado por sobrevivir, de su principal promesa electoral: la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Ni la derecha, ni las FFFA, ni las cámaras patronales quieren, en el actual marco de inestabilidad política, convocar a una Constituyente por temor de que se dispare un debate nacional sin destino cierto. No debe olvidarse que Pedro Castillo ganó sorpresivamente las elecciones hace seis meses, sin aparato político alguno, canalizando un hastío general de masas explotadas.
La presidencia de Castillo es de una pusilanimidad pocas veces vista. Su preocupación principal es cómo detener y desmovilizar las medidas de lucha que van tomando los trabajadores. Es lo que le reclaman las clases dominantes: “desactiven los conflictos”. La jefa de gabinete Mirtha Vásquez está empeñada ahora en levantar los cortes de ruta de pobladores y campesinos que tienen bloqueados el ingreso y egreso de las compañías mineras. Estas no han cumplido con los contratos que indicaban las obras que tenían que ejecutar para no perjudicar la salud y la economía regional (caminos, etc.).
Vázquez se jacta de que ha logrado que ocho de trece comunidades indígenas que vienen cortando la ruta hace tres meses, levanten el bloqueo a la mina de Las Bambas, del grupo MMG Limited, estableciendo una tregua hasta el 30 de diciembre. En esa fecha, la jefa de gabinete se comprometió a asistir a la localidad para conformar una mesa de diálogo que tendría “máxima prioridad”. Todo parece un nuevo verso de la ministra, en inteligencia con la patronal, que hace años viene estirando una respuesta elementalmente satisfactoria a los reclamos comunitarios. La jefa de gabinete está empeñada ahora en lograr que las otras cinco comunidades se plieguen a la tregua y levanten los bloqueos.
Perú Libre, el partido por el cual fue candidato Pedro Castillo, ha sido echado del gabinete. Pero igual sigue “luchando” para que el presidente reincorpore a alguno de los suyos al staff ministerial. Hace una semana se colocó un pedido de vacancia contra la presidenta de la Unicameral con serias acusaciones de complotar por la caída del gobierno. Pero fue rechazada con el voto inclusive de la bancada de Perú Libre. Los diarios publicaron la foto del exjefe de gabinete, Bellido -“vacado” hace unos meses por la presión de la derecha-, en un abrazo político con la presidenta derechista de la Unicameral que empujó su “vacancia”. ¿Síndrome político de Estocolmo?
La mayoría derechista del Congreso se blinda contra cualquier tipo de injerencia democrática. Habiendo declarado que está en contra de convocar a una Asamblea Constituyente acaba de aprobar una ley por la cual se inhibe el derecho a presentar un pronunciamiento (con más de dos millones de firmas) reclamando un referéndum para convocar a la Constituyente. Algo a todas luces incluso anticonstitucional. La Justicia analizará si esa ley vale o no. Mientras. el camino utópico de juntar dos millones de firmas corroboradas queda interdicto (sectores derechistas están impulsando otro petitorio para que no se convoque a ningún referéndum, ni Constituyente).
La central obrera CGTP dirigida por una burocracia sindical stalinista, se ha colocado por completo en el más absoluto seguidismo del gobierno de Pedro Castillo.
La presidenta del parlamento, María del Carmen Alva, ha presentado un nuevo paquete de leyes de reforma laboral antiobrera. No solo mantiene en pie todos los avances reaccionarios de gobiernos anteriores, sino que agrega nuevos ataques (hacer más “flexibles” los contratos de trabajo a efectos de que el empleador pueda ponerles fin en el momento que le sea más conveniente, que el Estado asuma los denominados “costos no salariales” de los trabajadores que contrate el empresario, entre otros).
El gobierno ha respondido que piensa revitalizar un viejo Consejo Nacional del Trabajo (un “pacto social”) tripartito con representantes de patrones y obreros. La CGTP ha contestado que estaría de acuerdo, si de verdad actuara y produjera modificaciones favorables a los trabajadores. Es pedirle peras al olmo. Las reivindicaciones de los trabajadores serán obtenidas por la organización y lucha independiente de los propios trabajadores. Pero las burocracias sindicales están enfeudadas al Estado burgués. No ven forma de actuar que no esté relacionada con gobiernos pretendidamente “amigos” de los trabajadores. El Estado busca la regimentación de las organizaciones obreras. Pedro Castillo acaba de inaugurar una Escuela de Formación Sindical: quiere un movimiento sindical regimentado a su imagen y semejanza.
Es necesario romper toda subordinación política al gobierno patronal que cede sistemáticamente ante los factores de poder. Y se está cavando su propia fosa: será echado cuando ya no le sirva a las clases dominantes para mantener subordinadas a las masas. Es necesario un congreso de trabajadores, con delegados elegidos en fábricas y campos, con representantes de los estudiantes, de los sin techo, para votar un pliego nacional de reivindicaciones y salir a luchar en forma continua y consecuente por ellas con crecientes medidas de acción directa.
Rafael Santos
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