**Sin anestesia **
Los primeros escarceos de la negociación entre el gobierno y el Fondo sirvieron para correr el velo de la verborragia oficial en torno de un supuesto acuerdo “light” o de mínimas consecuencias sociales. Por empezar, el Fondo cuestiona que el gobierno pretenda financiar el déficit del año próximo con una emisión cercana a los 2 puntos del PBI y un porcentual todavía superior de préstamos de “organismos internacionales”, los cuales, según el FMI, sencillamente no existen. El Fondo también impugna que el presupuesto 2021 proyecte una inflación del 33% cuando esta no será inferior al 50%. Es que esa subestimación le permitiría al gobierno echar mano de ingresos no presupuestados, provenientes de una recaudación de impuestos que crece con la elevada inflación. El FMI rechaza este “presupuesto paralelo” y exige que Guzmán-Fernández asuman sin vacilaciones un fuerte recorte de gastos. El Fondo no cuestiona la inflación del 50-60%, siempre que los gastos corrientes del presupuesto -salarios, jubilaciones, asistencia social- se encuentren ´convenientemente´ desindexados. En la vereda contraria, la de la “indexación”, se anota una suba sustancial de las tarifas, para liberar al presupuesto de subsidios.
La otra pata de los planteos fondomonetaristas es la exigencia de “una política para acumular reservas”, la forma elegante de reclamar una fuerte devaluación. Los especuladores han interpretado claramente este reclamo, al acelerar en los últimos días la demanda de dólares y de instrumentos financieros atados a su cotización futura. El gobierno respondió a esta presión acelerando, por un lado, el remate de las escasas reservas disponibles y, del otro, la depreciación del peso frente al dólar oficial. La devaluación exigida no responde a ninguna necesidad del comercio exterior, que es ampliamente superavitario. Sólo cumple la función de desvalorizar los ingresos del trabajo y una parte de la deuda pública –la que contrajo el Banco Central-. En otro orden, sin embargo, la devaluación implicará un salto explosivo de la deuda ajustada al dólar o a la inflación, que ocupa hoy un lugar mucho más importante que en otras crisis devaluatorias. Los que reclaman el acuerdo con el FMI para “estabilizar” la economía están ocultando ese panorama explosivo.
La desvalorización de los activos del país pretende promover el ingreso de capitales. Pero no es suficiente: para atraer a los fondos especulativos, el FMI exige también una elevación de la tasa de interés, que hundirá a la precaria reactivación que tuvo lugar en 2021. A la luz de todo lo anterior, se entiende por qué Georgieva le puso paños fríos a las negociaciones en marcha, apenas recibió el ´dibujo´ de los negociadores argentinos.
Las estimaciones de los pagos conjuntos de capital e intereses -deuda con fondos privados más FMI- hacia 2025-2026 implican la friolera de unos 15.000 millones de dólares anuales. Los bonos argentinos se encuentran en el piso, principalmente porque el mercado financiero descuenta una nueva “reestructuración”, o sea, otro default para cuando se acumulen esos vencimientos. Por eso, BlackRock, Pimco y compañía le exigen al FMI que se ponga ´firme´ con Argentina. En la agenda, figura otra vez “la cuestión jubilatoria” y “alguna mención sobre el régimen laboral” (Infobae, 3/12). La conclusión es clara: el gobierno FF deberá beberse la cicuta hasta el final.
“Abismo”
Esta perspectiva explica por qué el gobierno ha reforzado la extorsión del “abismo” para el caso en que “no se cierre con el Fondo”. Es el libreto que el gobierno le indicó a la CGT y a los piqueteros oficialistas, para ser repetido en las fábricas y en los barrios. Pero el “abismo” que oponen al arreglo con el Fondo es una cesación de pagos que el gobierno manejaría con métodos capitalistas. Es decir, un gran concurso de acreedores dirigido a imponerles a los trabajadores el gesto “patriótico” de una monumental reducción de sus ingresos. Es lo que ocurrió en 2002 con Duhalde y después del ´cese´ de pagos resuelto por Rodriguez Saá. Reducidos los salarios y jubilaciones en dólares a la tercera parte, el régimen que emergió de la crisis del 2001 -ya con Néstor Kirchner en la presidencia- colocó al FMI en el primer lugar de la fila de acreedores, y le pagó los 15.000 millones de dólares que le habían prestado a De La Rua para financiar la fuga de capitales de 2001. Con sus matices, el acuerdo en puertas es una reiteración de aquello, sólo que el pago hoy no será en ventanilla sino en cuotas y tendrá, como contrapartida, una reestructuración social antiobrera. El gobierno capitalista -de los capitalistas que prestaron el dinero y de los que tomaron la deuda para luego estatizarla- extorsiona a la población trabajadora con el fantasma de un default que sería manejado en sus términos y con su orientación social.
Cuando un gobierno y un régimen coloca al país ante una encerrona, está planteada entonces una cuestión de poder, o sea que está cuestionada la capacidad de gobernar de una clase social y los partidos que la representan. La agenda urgente -salarios, derecho al trabajo, tarifazos- que el acuerdo fondomonetarista pone sobre el tapete le plantea a la clase obrera una deliberación y una lucha, que debe desarrollarse en oposición a la burocracia de los sindicatos y de las organizaciones sociales. Los que nos chantajean con el “abismo” nos llevan a un abismo de tarifazos, degradación del salario, de las jubilaciones y del derecho al trabajo. Luchemos por un congreso de trabajadores que resuelvan un plan de acción de los luchadores contra el saqueo fondomonetarista y le oponga un plan económico y político de los trabajadores.
Marcelo Ramal
06/12/2021
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