El proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso tenía el propósito de servir como documento para acordar los términos de la “carta de intención” que deben firmar Argentina y el FMI. Los Fernández y el ministro Guzmán no dejaron pasar oportunidad para afirmar que pretendían ir a Washington con un documento ‘plurianual’ votado por el Congreso, en primer lugar el Presupuesto 2022. Nada, sin embargo, de los compromisos de éste es compatible con los puntos básicos de acuerdo que exige el Fondo – una tasa de interés superior a la inflación, la devaluación del peso en un 20/30%, el aumento de tarifas, la reducción del déficit fiscal a 1,5% del PBI (6 mil millones de dólares), desindexación de salarios y jubilaciones, no aumentar impuestos ni prorrogar aquellos que hayan vencido. En una palabra, el proyecto no era más que papel mojado, con el añadido de que beneficiaba en algunos rubros a los lobbys empresarios que el diario La Nación vincula con Sergio Massa. La versión de que el rechazo del proyecto “daña” o “perjudica” las negociaciones con el FMI no tiene fundamento – el perjuicio era el proyecto mismo. De no ser así lo habrían votado favorablemente los bloques que representan más adecuadamente los intereses de las distintas fracciones del capital financiero.
El perjuicio que sí ha causado este nuevo “voto no positivo”, es que ha mostrado la incapacidad del Congreso para presentar un planteo común al FMI, como reclamaba el gobierno. El macrismo ha logrado imponer su criterio de que primero se debe acordar con el Fondo, para obtener después la ratificación del parlamento. Es el procedimiento común que se aplica a los tratados internacionales. El fracaso para ir al Fondo con un mandato de “unión nacional” ha abierto una crisis irreversible en el equipo de ministros que negocia con el Fondo, y por lo tanto una nueva crisis de gobierno. Los ‘mercados’ han advertido esta situación con una suba de la tasa de riesgo de Argentina y una devaluación del peso en los mercados paralelos. El intento de salvar el proyecto de Presupuesto por medio de un cuarto intermedio o con reuniones de revisión en la comisión de Presupuesto, tenía sólo un poco mas de cero por ciento de prosperar.
Las vacilaciones y los cruces en la oposición macrista han sido instructivos, sin embargo, entre los ‘duros’, que nunca quisieron aprobar nada, ni siquiera dar quórum, y los ‘blandos’, que se conformaban con compromisos contrarios a un aumento de impuestos y en especial de retenciones a la exportación. Los primeros responden con toda evidencia a los fondos nacionales e internacionales que renegociaron la deuda privada, y ven a sus títulos cotizando por el suelo. Los otros expresan intereses más diversificados. De ahí las propuestas tan diversas que emanan de los llamados ‘economistas’, en cuanto a los términos de la negociación con el FMI. Los ‘duros’, de un lado, y el kirchnerismo, del otro, lograron socavar la “amplia avenida del medio”.
El ajetreo del presupuesto ha hecho perder de vista otro episodio fundamental de la crisis política, como es la intervención de la Corte al Consejo de la Magistratura. Ocurre que al declarar inconstitucional la ley de 2006 que habilita la designación de veinte miembros y el predomino del sector ‘político’, obliga a dictar una nueva ley que el Congreso no tiene condiciones de hacer, al menos en el plazo de seis meses que le otorga el fallo. En ese caso, el Consejo pasa a funcionar, con la ley derogada por la ley declarada ahora inconstitucional, o sea por una ley tácita, que no se ha votado aún, bajo la dirección del presidente de la Corte. Se trata de una usurpación de funciones legislativas, frente a un Congreso que no puede legislar en virtud de la parálisis provocado por la crisis. El diseño de una crisis de régimen político no podía ser más completo.
Es probable que antes que estalle una nueva crisis en el gabinete, Guzmán y sus secuaces peguen un giro en la política financiera, incluso para hacer frente a la onda devaluatoria que, con gran probabilidad, desate la crisis parlamentaria. Lo que todo esto pone en evidencia es que los planes de escritorio en materia de economía deben pasar por el veredicto de los hechos concretos y de los choques entre intereses en choque. El argumento de que el planteo del gobierno ante el FMI pretende “defender la recuperación económica con inclusión” es palabrerío, como lo demuestra el presupuesto de ajuste que presentó al Congreso. Del otro lado, esa “recuperación económica” la quieren defender también, con una devaluación que incremente beneficios de exportación y aumente el stock de reservas, para financiar inversiones e importaciones. No hay evidencias, a nivel internacional, que exista una corriente de inversiones hacia Argentina ni un flujo de divisas para financiar la economía. El rumbo que se imponga será el resultado de este choque de fuerzas y de intereses.
Lo mismo vale para la clase obrera. No hay un programa de medidas económicas que asegure una salida a la pobreza, sino es la consecuencia de una lucha victoriosa de la clase obrera contra el FMI, la clase capitalista y los partidos patronales. Ni hablar de una perspectiva de emancipación de la explotación social. Las propuestas y discusiones ‘económicas’ de parte del progresismo son un papel más mojado que el presupuesto de Guzmán.
Jorge Altamira
18/12/2021
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