El gobierno nacional convocó a todas sus fuerzas a “reventar Plaza de Mayo”, este viernes 10 de diciembre, con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos y de la Restauración de la Democracia, a 38 del retorno a la democracia, y a dos años de la asunción del mandato de Alberto Fernández. Este festejo busca ocultar el sometimiento del gobierno al FMI y al imperialismo, y la subsistencia del entramado de leyes y negocios antiobreros, heredados de la dictadura militar.
Disfrazado de acto institucional, el evento es financiado con las arcas del Estado, ascendiendo a más de 40 millones de pesos, según trascendidos oficiales, y se presenta como una tapadera de la capitulación del gobierno nacional ante el FMI y el capital financiero. Entre las presencias destacadas se encuentran el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, y los exmandatarios de Brasil y Uruguay, Luiz Inácio Lula Da Silva y José “Pepe” Mujica.
El Día de la Democracia comenzó con el asesinato de un joven de 16 años en la ciudad de Miramar, a manos de la policía bonaerense, y se produce en medio de la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de la Democracia convocada por el presidente norteamericano, Joe Biden, lo que refuerza la integración de la Argentina a la política imperialista de los Estados Unidos.
En la antesala de la capitulación
A nadie se le escapa que el gobierno monta este escenario de “festejo” en medio de la tormentosa negociación con el FMI, que es precedida por una serie de proyectos legislativos de ajuste elaborados por el oficialismo, y señales que van directo a reforzar la dependencia nacional del imperialismo y a someter a la población trabajadora a un mayor ajuste fiscal, reforma laboral, desempleo y pérdida del poder adquisitivo.
Celebrar la “Democracia” cuando el gobierno entrega la soberanía nacional a los designios del capital financiero es una contradicción en sí misma, más cuando se trata del mismo personal político que ha refrendado, gobierno tras gobierno, la usuraria e ilegítima deuda externa, producida, sustancialmente, bajo la última dictadura cívico-militar.
La dictadura convirtió una deuda de 7,8 mil millones de dólares en 46,5 mil millones (según el Banco Mundial), sin que se precisara el procedimiento de dicho salto, con un alto contenido de estatización de deuda privada. El FMI realizó su primer desembolso al gobierno de facto tan solo 48 horas después del golpe del 24 de marzo de 1976, uno de tantos otros.
El legado de la dictadura
Al sometimiento económico ante el imperialismo debemos agregarle la continuidad del andamiaje jurídico de la última dictadura y los anteriores gobiernos de facto. Se calcula que el 10% (417) de las leyes hoy vigentes son originarias de la última dictadura, y que una de cada cuatro leyes (998) no tiene orígenes “democráticos”.
Entre el paquete de leyes heredado de la dictadura, y “refrendado” por 38 años de “democracia”, se encuentra la Ley de Entidades Financieras: un instrumento al servicio de la banca privada para desregular sus negocios, descentralizar los depósitos, extenderse a los negocios financieros y al cobro de comisiones y aranceles, y ampliar su poder en la economía real. Esta reforma también permitió reducir el mercado, de unas 725 instituciones financieras (entre ellas cooperativas) a menos de 80, en su mayoría bancos privados.
La Ley de Inversiones Extranjeras amplió la capacidad de penetración del capital foráneo en el país, igualándole las condiciones a las del capital local y sin obligaciones de reinvertir en el país. También son parte de este paquete el Código Aduanero y la ley que regula las expropiaciones.
En materia represiva, subsisten la Ley Orgánica para la Policía –con la firma de Aramburu- y la Ley Para el Personal de la Policía -rubricada por Videla-, ambos instrumentos al servicio de la impunidad policial, los abusos y el gatillo fácil. La Ley Orgánica habilita las famosas “detenciones por averiguación de antecedentes” y encorseta las denuncias internas al ámbito policial. La otra justifica el accionar policial fuera de servicio, lo que es fuente de innumerables casos de gatillo fácil. Este entramado jurídico debe ser evaluado al calor de los recientes asesinatos policiales en CABA y en la provincia de Buenos Aires, moneda corriente de las instituciones represivas.
La herencia de la dictadura también aborda beneficios excepcionales al clero (sueldos equivalentes a los de los jueces, jubilación vitalicia, subsidios, etc.), un Régimen Penal de Minoridad persecutorio y discrecional, e incluso la potestad del Estado de enajenar propiedades públicas sin aval del Congreso, argumento esgrimido por el macrismo para lotear tierras del Estado en CABA.
Una celebración “contranatura”
De allí que el gobierno tenga que facilitar todos los medios, incluyendo la gratuidad del transporte público, para favorecer una convocatoria que choca con la realidad de la población trabajadora, y que trata de disimular y esconder la verdadera naturaleza de un régimen antiobrero, que se prepara para dar un salto de calidad en su política ajustadora, pactando con el FMI a costa de nuevas concesiones y más sometimiento.
Un contraste con la convocatoria del Frente de Izquierda Unidad, y decenas de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, que este sábado 11 movilizan a Plaza de Mayo para rechazar el acuerdo con el FMI, desconocer el pago de la usuaria e ilegítima deuda externa y liberar a los trabajadores del yugo del imperialismo y el capital financiero, abriendo paso a una salida independiente, del movimiento obrero.
Marcelo Mache
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