Todo este año el gobierno ha sido impenitente en su orientación de ajuste, en función de cumplir con las exigencias del FMI para arribar a un acuerdo. Los trabajadores jubilados son las principales víctimas de dicha política, dado que el oficialismo dejó que el presupuesto devengado para el pago de jubilaciones sufriera una caída en términos reales. De este modo, entre enero y octubre de 2021 se «ahorró» nada menos que $345.397.696.245 a través de licuar el gasto jubilatorio por medio de la inflación.
El dato surge de analizar cuánto perdió mes a mes el monto destinado a jubilaciones y pensiones contra la inflación, comparado con 2020, en base a los números de ejecución presupuestaria publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin dudas, semejante confiscación a los jubilados es uno de los motivos por los cuales se viene sobrecumpliendo la meta de déficit fiscal pautada en el Presupuesto 2021.
La piedra fundacional de este ataque a las jubilaciones ha sido la nueva fórmula para calcular la movilidad, aprobada en diciembre de 2020 a instancias del oficialismo. Allí los haberes previsionales quedaron divorciados del índice de inflación, perdiendo mes a mes poder adquisitivo frente a la suba incesante de precios. Así las cosas, la jubilación mínima permanece en niveles de indigencia, alcanzando apenas los $29.062.
Podemos afirmar entonces, observando en perspectiva la magnitud del saqueo perpetrado, que el anuncio de un nuevo bono a los jubilados de $5.000 en diciembre no significa en absoluto una medida reparatoria. Para empezar, son de carácter arbitrario y ni siquiera se computan a la hora de calcular los aumentos.
Cabe señalar, que mientras el gobierno le mete la mano en el bolsillo a los jubilados -que han aportado toda su vida y reciben migajas-, no tiene ningún reparo en desplumar las arcas del Estado en beneficio del capital financiero. Sin ir más lejos, en los primeros diez meses de 2021 se destinaron USD 9.325 millones para el pago de vencimientos de deuda externa (tanto pública como privada). A su vez, en lo que va del año se han cancelado intereses de Leliqs y Pases del Banco Central (cuyos acreedores son los bancos) por más de $1,4 billones.
Si bien el ajuste sobre las jubilaciones ha sido una ofrenda del gobierno para con el FMI, a fin de mostrar garantías de repago de la deuda, las pretensiones del organismo van más allá. La agenda fondomonetarista comprende un ataque más profundo, donde los haberes previsionales dejen de guardar relación con el salario en actividad, en incluso con la recaudación, y pasen a ser meras pensiones asistenciales a la vejez.
A su vez, la extensión de la informalidad laboral y la reducción bajo los sucesivos gobiernos de las contribuciones patronales abonan a un vaciamiento cada vez mayor de las cajas jubilatorias, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional.
Por lo tanto, el conjunto de los trabajadores -ocupados, desocupados y jubilados- debemos rechazar el pacto con el FMI, tan ansiado por el gobierno, la oposición patronal y la clase capitalista en su totalidad. Derrotemos esta ofensiva a partir de una intervención obrera y popular, contraponiéndole un programa propio, en defensa de la jubilación mínima de $75.000, los aumentos atados a la inflación, el 82% móvil y la recapitalización de las cajas jubilatorias mediante la reposición de aportes patronales y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados y en negro.
Sofía Hart
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