Los candidatos de todas las fuerzas políticas (a excepción del FIT-U) han hecho despliegue de un derechismo explícito, algo que en general se evitaba mostrar y se ocultaba atrás de lemas “progres”: desde el “salariazo” de Menem y “con la Constitución se come, se cura…” de Alfonsín, hasta la “pobreza cero” de Macri en el 2017 o los “jubilados antes que los bancos” de Alberto en el 2019. Lo cual no ha evitado un avance sobre las condiciones de vida de la población depreciando los ingresos, provocando pobreza, desocupación, haciendo retroceder el aparato productivo y aumentando el saqueo y la entrega.
Derechismo explícito
Discuten fervorosamente la necesidad de avanzar sobre los derechos y conquistas de los trabajadores, conseguidos con años de luchas (como los convenios colectivos, la indemnización o la efectiva jornada de 8 horas, entre otras), con la llamada reforma laboral. Se pretende que los trabajadores asuman una mayor explotación como condición sine qua non para poder acceder… al derecho a trabajar. En un país donde la clase capitalista se fugó cerca de 400 mil millones de dólares, resultante de la labor cotidiana de los trabajadores, la reforma laboral solo terminaría abonando un mayor saqueo a costa del sacrificio colectivo de los laburantes.
Esta semana se produjo el asesinato en ocasión de robo de Roberto Sabo, el quiosquero de Ramos Mejía, un hecho profundamente desgraciado donde lo peor es que no es un caso aislado. Este drama ha sido utilizado para desplegar propuestas profundamente reaccionarias. Espert quiere que la policía esté habilitada a disparar y dejar a los supuestos delincuentes “como un queso gruyere” (sic), pero esto ya lo hace la Bonaerense. Conociendo el entrelazamiento de la policía, el aparato político y judicial con el crimen “pesado” (narcotráfico, trata, robo de automotores, etc.) lo habilitación legal al uso indiscriminado de armas por parte de la policía llevaría la inseguridad a niveles extremos, dando piedra libre a una verdadera guerra de mafias. Otros pretenden avanzar en un mayor endurecimiento del código penal, algo que ya hizo Néstor Kirchner siguiendo el plan Blumberg o proponen como Larreta bajar la edad de imputabilidad en un país donde ¡el 55% de los niños son pobres! Todos fracasaron en frenar la inseguridad que es una expresión lacerante de la profunda descomposición del Estado capitalista y su régimen político, el de los PJ-UCR-macrismo–“liberales” que vienen gobernando desde hace décadas.
¿Platita? No. ¿FMI? Sí
No importó que Macri haya reconocido, lo que era más que sabido, que el préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado por el FMI fue utilizado para financiar la fuga de capitales a través de los “bancos comerciales”. Es decir una verdadera estafa contra el pueblo argentino. Así y todo, el principal operativo que se persigue con el “derechismo explícito” es crear las condiciones políticas que permitan asumir las consecuencias de un acuerdo “final” con el FMI; y en esto coinciden oficialistas y opositores.
En principio el gobierno del PJ-kirchnerismo sostiene el ajuste, que según CFK los llevó a perder las elecciones. La “platita” para tratar de cambiar el resultado electoral de las Paso fue más bien escasa: no hubo bono para los jubilados, no hubo IFE, no hubo mejoras salariales; mientras tanto se respetó a rajatablas los pagos al Fondo (428 millones de dólares en plena campaña) como muestra de la disposición a sostener las exigencias que el organismo impuso. Los intentos de poner un freno a la inflación fracasaron, el dólar sigue subiendo y las reservas líquidas del Banco Central siguen descendiendo, a pesar de los buenos resultados de la balanza comercial, de la caída del déficit fiscal y del cepo, que entre otras cosas está poniendo un freno a la recuperación industrial. El reconocimiento de una deuda contraída para financiar la fuga de capitales explica también por qué esta continúa.
Es claro que llegar a un acuerdo con el FMI supone mucho más que tener ganas de hacerlo. Primero porque las exigencias del FMI implican avanzar con la reforma laboral, la previsional y la impositiva, lo que plantea de por sí un conflicto. Pero no se reduce a eso, el FMI está exigiendo una devaluación y terminar con la brecha cambiaria que se sigue profundizando llegando al 100%. En estos días en coincidencia dos representantes de cada lado de la “grieta” se sumaron a esta exigencia. Uno fue López Murphy, el candidato de Juntos, que señaló sin pelos en la lengua que una devaluación haría a la Argentina “más competitiva” porque termina licuando los salarios, en dólares. El otro fue el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, que reconoció que “estamos discutiendo, entre otras cosas, el sendero fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación y el tipo de cambio” (Ámbito, 9/11). En el medio quedaron las pretensiones de refinanciar la deuda a 20 años o eliminar las sobretasas.
La campaña electoral, insistimos, está siendo usada para preparar las condiciones políticas para avanzar con el ajuste. Los debates sobre el pos 14 tienen que ver con esto. ¿Sintonía fina? Le hizo perder las elecciones al kirchnerismo en 2015. ¿Gradualismo? Terminó con la pretensión de Macri de ser reelegido. El objetivo de un shock con megadevaluación, sinceramiento (aumento) de tarifas y caída del salario encuentra, entre otros problemas, la posibilidad de desatar una hiperinflación en un cuadro de parálisis económica, más aun cuando la crisis capitalista se caracteriza por el aumento de la inflación (EE.UU. alcanzó un pico histórico, el mayor en 30 años, lo que seguramente llevará a una suba de las tasas de interés) y el aumento de los precios de la energía, un cuadro por demás explosivo que nos permite vaticinar el fracaso de un acuerdo con el FMI. Pretenden que el “viento de frente” lo paguen los trabajadores.
La condena a Arakaki y Ruiz
Es en este cuadro que se debe valorar la sentencia dictada por el juez Ríos de cárcel efectiva a César (3 años y 4 meses) y a Ruiz (3 años) por haber participado en la jornada del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional (y laboral, venían pegadas una tras otra) de Macri, Manzur y los gordos de la CGT. En reiterados artículos de Prensa Obrera, y durante el juicio, fuimos demostrando la carencia de fundamentos, pruebas, etc., para acusar a los compañeros de lo que fueron acusados. No nos vamos a detener ahora en ello sino en el valor netamente político de la misma: es un ataque a la clase obrera y a su derecho a luchar.
Las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017 fueron la demostración palmaria de que el ajuste lleva a verdaderas rebeliones populares, como la que produjeron los más de 300 mil manifestantes en la plaza del Congreso ese 18. Bien mirada fue la primera de una seguidilla de rebeliones, movilizaciones de masas y protestas de alcances continentales frente a los ajustes de los respectivos gobiernos en Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Brasil y más recientemente Ecuador, sin olvidar la derrota del sangriento golpe de la derecha boliviana.
Los gobiernos de derecha que vinieron a apretar las clavijas que no hacían los “nacionales y populares” recibieron la respuesta de un clase trabajadora y un pueblo sublevados. Como se ve querer no es poder.
En un país donde los que fugaron la plata, de todas las fracciones políticas como revelan los Pandora Papers, gozan de plena libertad, no pisan un tribunal y no padecen una investigación, la sentencia contra dos luchadores obreros por haber enfrentado la represión policial en una movilización multitudinaria contra el robo a los jubilados tiene el alto significado de dar un “castigo ejemplificador” contra quienes se levanten en defensa de sus derechos. Fugar las riquezas y saquear al país no es un delito, luchar en defensa de las condiciones de vida de los trabajadores sí. Ese es el mensaje que aplaude Bullrich y que el kirchnerismo en pleno avala con su silencio cómplice. Los trabajadores y el pueblo todo deben tomar nota de esto. La lucha por la absolución de Arakaki, Ruiz y todos los procesados por esas jornadas es estratégica para los intereses populares más profundos.
A votar al FIT-U
Hemos volcado todos los conceptos previos con la pretensión de que se comprenda con plenitud la importancia que tiene el resultado que obtenga el FIT-U el próximo domingo. También la necesidad de garantizar que se respete la decisión, de quienes la tengan, de encontrar la boleta del FIT-U en el cuarto oscuro y que su voto sea escrutado.
El voto al FIT-U, solemos decir, es un voto en defensa propia. No cabe duda de ello porque es fortalecer la lucha contra el ajuste, por los reclamos de todo tipo que levantamos cotidianamente los trabajadores, por la defensa de las conquistas conseguidas. Es aportarle más empuje a la lucha de las organizaciones piqueteras independientes, a la pelea contra la burocracia sindical (sostén fundamental de los gobiernos ajustadores), a la lucha por recuperar comisiones internas y sindicatos, a la marea verde que envuelve toda la lucha contra la opresión de las mujeres y las diversidades, a la del colectivo que defiende el ambiente que el capitalismo destruye y contamina.
Pero es más que eso.
El resultado de las Paso abrió una crisis que terminó convertida en una crisis de gobierno. La supremacía electoral de la oposición derechista reavivó los enfrentamientos dentro de ella, que se arrastran como consecuencia del fracaso del gobierno de Macri. Demasiadas crisis para encarar la tarea encomendada de proceder a un ajuste sin miramientos, a una suerte de Rodrigazo versión 2021. El resultado del próximo 14, profundizando la derrota del gobierno (o incluso empardándola), agravará aún más todos estos elementos.
La clase capitalista y sus políticos temen como a la peste a la reacción popular frente al ajuste. La Latinoamérica rebelada es un espada de Damocles que pende sobre sus cabezas. Eso lo sabe hasta Milei que bravuconea en las tribunas pero después pide mezclarse con la casta política que putea en otros lados. El 18 de diciembre de 2017 está fresquito en la memoria de los capitalistas.
El voto al FIT-U será un recuento de fuerzas de los trabajadores para afrontar la crisis que se agrava. Es necesaria una intervención activa de la clase obrera para establecer las condiciones para acabar con el régimen de los que nos vienen gobernando desde hace décadas y que son responsables del derrumbe social y económico. Sobre esta base es que se reactualiza el planteo de la convocatoria a un congreso del FIT-U, que un crecimiento electoral va a hacer todavía más atractivo, como un factor de movilización, de deliberación y de acción que atraiga a los luchadores y activistas dispuestos a enfrentar el ajuste. A ese servicio estarán las conquistas parlamentarias junto a la lucha callejera.
A los que no han decidido aún su voto, a los que votan pensando en el “mal menor”, a quienes se sienten defraudados y con bronca por las promesas violadas, a todos ellos los llamamos a aportar a una perspectiva de los trabajadores, de la única y verdadera oposición al régimen actual.
¡Vamos con el FIT-U!
Eduardo Salas
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