El sobreseimiento anticipado de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, así como resto de los imputados en la Causa Hotesur – Los Sauces, es una puntada más de un régimen de impunidad de los negocios que se tejen a costillas del Estado.
La resolución del TOF 5 de eximir de cargos a los acusados antes de ir a juicio oral es vergonzosa. La causa investigaba los pagos millonarios que los empresarios, con numerosos contratos de obra pública, hicieron a las empresas fantasma de la familia Kirchner en Santa Cruz, durante sus años en el poder. Se habían registrado casi 35 millones de pesos gatillados por sociedades de Báez a Hotesur por supuestos servicios hoteleros y más de 25 millones a la inmobiliaria Los Sauces por López y Báez que significaron el 90% de los ingresos de la firma, de solo dos empleados (entre ellos Florencia Kirchner).
De esta manera descartaron los cargos de asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas, ya que se presume que se trataría de retornos relativos a la adjudicación de contratos públicos, rubro en que dichos empresarios realizaron jugosos negocios. Es el tercer fallo que la favorece en el año, tras quedar exenta en las causas por el memorándum con Irán y los negociados con el dólar futuro. Al momento, el único juicio por corrupción en marcha es el de Vialidad.
El sobreseimiento antes de llegar a la instancia de juicio, cuando aún había dos peritajes contables pendientes, puede sorprender a quienes esperaban que la derrota electoral del gobierno redundara en un mayor cerco judicial sobre la vicepresidenta, mentora de un proyecto de reforma judicial que pretendía garantizar la impunidad para ella y su círculo íntimo. Finalmente, ¿qué efecto tendría un apresamiento de la vicepresidenta en funciones? El cuadro político del político del país es delicado, cuando las elecciones expresaron un hartazgo general con el ajuste mientras sigue creciendo la pobreza y se aprestan a cumplir con la exigencias del FMI.
Cristina se cuidó bien de dejar en claro que no pretende boicotear el acuerdo con el Fondo, y hasta refrendó a Martín Guzmán como ministro en pleno golpe palaciego tras la debacle oficialista en las Paso, lo que demuestra que el kirchnerismo no ofrece ningún rumbo alternativo al pago de la deuda que justifique ante los ojos del establishment un golpe de timón o un cerco mayor, a pesar de haber sido el gran derrotado de las recientes legislativas -incluyendo la propia Santa Cruz.
El abandono del kirchnerismo a su campaña por la reforma judicial es la confirmación que esta estaba atada a lograr la impunidad para los casos que involucran a CFK y su entorno.
El entramado de impunidad en torno a las causas de corrupción, que involucran no solo al personal político sino al grueso de la patria contratista, no solo beneficia a la vice y los suyos. Desde ya, empalma con la eximición generalizada de todos los grandes empresarios del país salpicado en la Causa de los Cuadernos. Estamos ante la preservación de todo un régimen parasitario donde los capitalistas lucran a costa de negociados con el Estado, que tanto dicen querer achicar.
También es un respiro para Mauricio Macri, apretado en la causa por las escuchas ilegales a los familiares de los fallecidos por el hundimiento del ARA San Juan. Con este precedente en favor de Cristina se prepara el terreno para todo un pacto de impunidad, y sienta una jurisprudencia favorable para el expresidente. En una Argentina sumida en una crisis política, la Justicia actúa en pos de salvar al régimen político, en momentos en que abogan por un redoblamiento del ajuste y un ataque frontal a los derechos laborales que augura choques sociales. Es sintomático que en contraste Comodoro Py haya condenado a los luchadores César Arakaki y Daniel Ruiz por movilizarse junto a centenares de miles contra el robo a los jubilados en diciembre de 2017.
La impunidad de las corruptelas e ilícitos del poder es constitutiva de la orientación fondomonetarista que comparten oficialistas y opositores que se alternan desde hace décadas en el gobierno.
Iván Hirsch
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