Confirmando la inocuidad de las tratativas ante el G20, en cuestión de horas la negociación de Guzmán con el Fondo se corrió de eje: ahora, se baraja un waiver (perdón) al pago del vencimiento que operará en marzo. Es una confesión de que el acuerdo se encuentra en un impasse, y que el gobierno no ha logrado ni la más mínima concesión en sus reclamos. Pero de acuerdo a los periodistas con “llegada” al Fondo, el empantanamiento es recíproco. El ex director del FMI para asuntos de la región, Alejandro Werner, declaró a La Nación que el acuerdo con Argentina sería perfectamente inútil, ya que “no superaría los cuatro meses, y se volvería a incurrir en incumplimientos” (30/10). Menos apegados a los números, otras fuentes señalan, sencillamente, que el gobierno argentino habría perdido todo crédito político.
Los lenguaraces del oficialismo se apresuran a presentar a la eventual postergación del pago de marzo como una demostración de “firmeza” o “soberanía” en la negociación. Omiten lo elemental, a saber, que esa dilación sólo sería admitida a cambio de algo parecido a lo que el FMI llama “un plan”. Elementalmente, el gobierno debería acceder a un ajuste fiscal que pase por la reducción de subsidios –y por lo tanto una escalada de aumentos de tarifas. Luego, está la “reducción de la brecha cambiaria”, o sea, una devaluación de la moneda. Esa “tímida” aproximación a las pretensiones del Fondo encierra consecuencias socialmente explosivas. Estaríamos ante una versión agravada del ajuste que implementó Guzmán durante todo el primer semestre de 2021. O sea, la dilación de un acuerdo con el Fondo al precio de una política fondomonetarista.
El acuerdo, o su postergación, dependen en cualquier caso de los votos de Estados Unidos en el directorio del Fondo. Al respecto, el nuevo embajador yanqui en Argentina, al recibir el placet de su Senado, se encargó de establecer la ruta de cualquier concesión: de un lado, política regional “clara”, en oposición a Venezuela, Nicaragua y Cuba; del otro, distanciamiento económico con China, en particular, en el área estratégica de las telecomunicaciones. Para “comprar” los votos decisivos en el directorio del Fondo, el gobierno Fernández debería comprarse también una crisis diplomática y comercial, además de un choque con uno de sus aliados internos –el Consejo Agroindustrial sojero-aceitero-cárneo, que tiene en China a su principal mercado.
Agenda verde
En la tierra de Adam Smith, donde tuvo lugar la cumbre climática, el gobierno FF desempolvó otra quimera para salir del atolladero, a saber, el canje de “deuda por clima”. El tema tiene varias aristas, y todas ellas refuerzan las contradicciones de la política oficial. Una de ellas es la utilización de los desvalorizados títulos de la deuda argentina, pero reconocidos a su valor nominal, para la inversión en proyectos ambientales supuestamente “limpios”. Los Fernández proponen la ‘gran Menem’, reconocer un valor 100 a unos títulos que se cotiza a 30. En esta y otras variantes, los “inversores” exigen, además, la libre repatriación de divisas, para lo cual es necesario eliminar el actual régimen de cambios. Alberto Fernández ha salido a ofrecer un negociado a algunos aventureros ambientales para salvar al gobierno.
La gira oficial por Europa, en definitiva, no le aportó ningún respiro a la crisis terminal del gobierno FF. En todo caso, sirvió para poner de manifiesto el carácter reaccionario y aún más explosivo, de las “salidas” que se discuten en el desvencijado gabinete oficial. Es más necesario que nunca que la clase obrera intervenga políticamente en esta crisis en franco desarrollo. Con esa convicción, llamamos a impulsar un congreso obrero. El voto a la izquierda el próximo 14 de noviembre, contra las candidaturas de las patronales y el FMI, se inscribe en esa perspectiva.
Marcelo Ramal
03/11/2021
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