El crimen de Barracas coloca en el banquillo al régimen político y sus partidos

La información de la muerte del joven Lucas Gonzalez, baleado en la mañana de ayer por un grupo de policías operando de civil, ha provocado una conmoción política en la Ciudad y en el país. En estas horas, una concentración espontánea y creciente comienza a recorrer el barrio, para dirigirse a la comisaría más cercana. “Todos sabemos lo que está pasando”, señalan algunos vecinos que se acercan. Lucas fue acribillado por la espalda después de haberse detenido a comprar en un kiosco, por parte de una patrulla clandestina de la policía de la Ciudad. Lucas, y quienes los acompañaban, intentaron huir de lo que pensaban era un asalto. En lugar de ello, se trataba de un operativo “sin uniformes”, o sea, la vía libre a la violencia y la arbitrariedad policial. Los responsables de este nuevo caso de gatillo fácil ni siquiera han sido detenidos, apenas pesa sobre ellos un “sumario administrativo”. 

 Aunque el crimen será atribuido al exabrupto de un agente, lleva la marca de la violencia sistemática que caracteriza a la Policía de la Ciudad, la criatura creada en 2016 con el voto de las bancadas macristas y kirchneristas de la Legislatura. Bajo el disfraz de un cuerpo “moderno” de seguridad, se albergó a los antiguos jefes policiales de las comisarías porteñas, que cargaban con todas las corruptelas y atropellos represivos imaginables. La “nueva” fuerza fue instruida en la violencia contra los manifestantes –como lo pueden atestiguar las organizaciones de desocupados- y en el gatillo fácil como doctrina de Estado. El caso Chocobar, bendecido por Macri y por Patricia Bullrich, es la matriz de la policía que en el día de ayer se cobró la vida del joven Lucas. Desde el 2018, cuando se produjo el apedreo de un micro de futbolistas en las cercanías de River, la seguridad porteña está en manos de Santilli, o sea, de Larreta. La responsabilidad de su accionar apunta a la cabeza del Estado de la Ciudad.

 Sin embargo, el crimen de Barracas sienta en el banquillo a todo el régimen político de la Argentina y a sus partidos. Este episodio criminal viene precedido por las bravatas de todo el arco político, en este caso sin grietas, exigiendo la puesta en marcha de un Estado policial. No hablemos de los Espert y su reclamo de convertir a los imputados por delitos en “queso gruyere” (sic). Del otro lado de la General Paz, el cristinista Kicillof está confirmando en el cargo a Sergio Berni, un instigador permanente de la brutalidad policial. Así lo demuestra el caso de Facundo Astudillo Castro. Para “contener” a Berni, Alberto Fernández puso al frente de la seguridad nacional a un Berni al cuadrado, o sea, Hannibal, el cómplice estatal de los crímenes del Puente Pueyrredón y de Mariano Ferreyra. En la agenda parlamentaria, los penalistas macristas y los “nacionales y populares” vienen debatiendo el endurecimiento del régimen penal juvenil. Este es el marco político en el cual actúan los policías “individuales”. Este es el amparo institucional de la patrulla que asesinó a Lucas en el día de ayer.

 En las últimas semanas, las puebladas por la inseguridad ciudadana han recorrido a varios centros neurálgicos del país, entre Santa Fe, el conurbano y ahora la CABA. En todos los casos, la población se ha manifestado sobre las comisarías: es una clara indicación de que se apunta al Estado en un doble carácter: como cómplice del delito organizado, a través de las zonas liberadas, y como asesino de jóvenes, cuando apela a la violencia armada en los barrios, es decir, al gatillo fácil. El régimen político responsable del empobrecimiento masivo ha colocado en la mira a la juventud. La lucha por el castigo a los asesinos de Lucas debe alcanzar un carácter masivo, y tiene que tirar hasta el final en el hilo de las responsabilidades políticas. 

 Marcelo Ramal 

 18/11/2021