El episodio en Ramos Mejía reúne los elementos de una barbarie social. Uno de los delincuentes, con antecedentes penales -había sido liberado en 2020 tras cumplir su condena- y una menor de 15 años, mataron a quemarropa y con varios disparos al kiosquero. Tenemos, de un lado, cárceles que sirven para entrenar en el delito y que no apuntan a ningún tipo de reinserción; y, del otro, a menores sin ningún futuro. Los vecinos marcharon a la comisaría del barrio a denunciar ¨zona liberada¨ y al grito de “que se vayan todos”. Recibieron como respuesta la represión avalada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que luego declaró que “no se trató de un problema policial”, porque “hay patrulleros y efectivos por todas partes”.
En la polémica que se abrió, Kicillof aseguró que, en lo que concierne al delito, “las encuestas están dando mejor''. Para el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, “(ni siquiera) se trata de encuestas” porque “en todo el mundo pasa lo mismo”. The Washington Post ha informado que la tasa de delitos, en Estados Unidos, está creciendo. La crisis humanitaria en que el capital ha convertido a la pandemia, adquiere nuevas manifestaciones. The Economist ha desafiado la cifra oficial de cinco millones de muertes por el Covid-19 – los estudios del semanario británico elevan el número de diecinueve millones.
Juntos por el Cambio dio de baja su acto de cierre electoral para “apoyar a la familia del kiosquero”, como si bajo el gobierno de Macri, o de los gobiernos locales del macrismo, imperara la armonía social. Denuncia al kirchnerismo como responsable de una “puerta giratoria de delincuentes”. Dejó de lado al poder judicial y a la Corte, responsables de condenas y de libertades; ni qué decir el Servicio Penitenciario, el primer escalón de Patricia Bullrich en su meteórica carrera represiva. La Side de Stiusso y de Arribas quedó también fuera del escenario, cuando saben más de delitos que todos los poderes formales. Los delitos seguidos de muerte abundan en la clase capitalista, cuando se trata de negocios por abajo y por encima de la mesa, ni qué decir del narcotráfico, que involucra a la policía, por supuesto, pero también a otros escalones de la burocracia del estado.
La crisis humanitaria ha agravado la miseria social, que no es lo mismo que la pobreza, sino la deshumanización que acompaña a la sociedad capitalista, el estado de degradación.
El lumpen, por cierto, es manipulado por punteros (lumpenes también), por los jefes de las barrabravas o por las burocracias sindicales. Así, cobra forma el delito organizado por el propio Estado. Aníbal Fernández tuvo el atrevimiento de afirmar que bajo su gestión anterior tuvo éxito la lucha contra el delito, cuando él mismo liberó la zona de Barracas donde los barrabravas de Pedraza le quitaron la vida a nuestro compañero Mariano Ferreyra.
La inseguridad popular exige una lucha de clases de carácter político, para acabar con el capitalismo. Como toda acción política, plantea un método independiente y un programa integral de nuestra clase. En los barrios, la auto-organización popular es la única herramienta para la lucha por viviendas, cloacas, asfalto, luz, agua potable, trabajo, alimentación, una herramienta para forjar la unidad de clase en el territorio. Lo mismo para la juventud y la mujer.
La necesidad de un Congreso Obrero, que sea una herramienta para la lucha contra el Estado capitalista, está a la orden del día.
Ana Belinco
10/11/2021
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