Desde la docencia y la militancia, Ernesto Lombardi estrenó función pública junto con la democracia post última dictadura cívico eclesiástica militar: se convirtió en concejal y presidente del Concejo deliberante de Moreno. Y por ese cargo, fue denunciante y testigo de primera mano de la primera exhumación de restos de víctimas de la última dictadura cívico eclesiástica militar: la que se realizó en el cementerio de Moreno en diciembre de 1983. Allí hallaron los cuerpos de algunes participantes de la reunión del PRT-ERP en la Quinta La Pastoril, atacada por miembros del Ejército y la Policía. Lombardi testimonió esta mañana sobre esa historia en el juicio contra ocho militares y policías retirados por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en aquel ataque, a días del golpe de Estado.
“Yo los ví a los cuerpos, por eso digo que fue un espectáculo macabro y yo me sentí conmocionado”, describió Lombardi con cierta impaciencia por la insistencia del abogado defensor del exmilitar Juan Manuel Giraud, uno de los acusados de interrogarlo sobre si había visto o no cuerpos con tiros en la cabeza. Para entonces, ya había relatado todo el recorrido que realizó en torno de los restos de víctimas nn enterrados en el cementerio de Moreno: cómo supo de la existencia de esos enterramientos NN y cómo se convirtió, la investigación sobre ese hecho, en el primer expediente de acción que inició el Concejo deliberante de Moreno post retorno democrático.
Lombardi, “Coco” su sobrenombre, testimonió convocado, entre otras partes, por la querella representada por el abogado Pablo Llonto en el juicio por los crímenes de la Quinta La Pastoril, que sigue el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, desde hace un mes. El debate repasa la responsabilidad de Giraud y otros siete acusados en 15 casos de secuestros, torturas y muertes y en esta jornada contó también con el testimonio de Miguel Ángel Fernández quien, desde la dirección de Derechos Humanos de Moreno, contactó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas del ataque al PRT-ERP en La Pastoril, como Viviana Losada y las hermanas María Ofelia e Iris Agorio.
La denuncia que confirmó el rumor
“Coco” asumió la presidencia del Concejo Deliberante de Moreno a principios de diciembre de 1983, con el regreso de la democracia. La intendencia del partido la asumió Héctor Ibañez. El 15 de diciembre de 1983, recibieron en el cuerpo legislativo municipal “una denuncia sobre tumbas NN en el cementerio que serían de personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar. Esa denuncia la realizaba un vecino muy conocido y de alta credibilidad de Moreno así que para nosotros había que prestarle realmente mucha atención”, relató. El vecino “muy conocido” era Juan “Negro” Aleman, militante de la zona.
Para LomBardi y el resto de les concejales que oyeron --entre quienes destacó el presidente del bloque radical del cuerpo y titular de la comisión de Derechos Humanos del cuerpo, Miguel Ángel Fernández Pastor-- el relato de Aleman “venía a confirmar” un hecho que “tuvo mucha repercusión” en la zona. “Se comentó mucho sobre una reunión en una quinta de militantes del ERP, del ataque milico, así se decía en general, de persecuciones en los alrededores, gente de civil que corría. De que en ese lugar habría estado inclusive (Roberto) Santucho, el responsable máximo de la organización”, mencionó Lombardi, así como también detalló que “se habló y se siguió hablando de enterramientos de desaparecidos en el cementerio de Moreno”. “No era un secreto para nadie, estábamos en una etapa en la que hablar de estas cosas generaba mucho temor, se hacía en forma muy reservada”, aseguró.
En ese marco, recordó que Aleman tenía “mucho temor” cuando se acercó a denunciar ante el Concejo deliberante lo que sabía de esas tumbas y concluyó: “No nos generó una gran sorpresa, sino más bien fue una confirmación de que el cementerio era parte del plan sistemático como solución final al tema de los desaparecidos”.
Resolución de Concejo
La denuncia de Aleman, muy detallada, “acompañada de un plano, inclusive”, se trató en una sesión extraordinaria, el 22 de diciembre de 1983. El expediente resultante, el número 1001, fue denominado “Constatación de desaparecidos“ y facultó a los concejales a realizar la denuncia penal ante la Justicia federal de Mercedes --la correspondiente entonces a la zona--, que radicaron al día siguiente, También advirtieron del hecho al Ministerio del Interior nacional, al gobierno bonaerense, a las cámaras de Diputados nacional y provincial y a la Intendencia. Supieron allí que había otro expediente abierto en el que el relato de un trabajador municipal del cementerio también hacía referencia a tumbas nn cuya ubicación coincidía con la del vecino denunciante.
Plano de Aleman en mano, la exhumación de las fosas comunes se llevó a cabo el 27 de diciembre de 1983. Participaron los concejales denunciantes, las autoridades judiciales, y referentes de la política nacional y provincial, incluso representantes del entonces Presidente Raúl Alfosín. “Se constataron efectivamente cuerpos en los lugares que indicaban (el vecino denunciante y el trabajador municipal). Recuerdo que se hablaba de orificios de bala en la cabeza, cuerpos calcinados”, contó Lombardi que mencionó que había entre 20 y 25 cuerpos, que en una fosa había “siete cuerpos colocados uno al lado del otro, así”, describió y hizo una mímica con las palmas abiertas de las manos en paralelo tac tac tac. Entre esos restos fueron identificados, años después, los de algunas de las víctimas de la quinta: María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez.
Ailín Bullentini
19 de noviembre de 2021
No hay comentarios:
Publicar un comentario