La noticia de que el Banco Central lleva gastados en lo que va del 2021 $720.000 millones en concepto de intereses de Leliqs y Pases, desmiente de manera categórica las promesas electorales esgrimidas por Alberto Fernández antes de asumir sobre que su gestión le aumentaría a los jubilados, sacando la plata de “la usura que se llevan los bancos con las Leliqs”. Considerando que el monto destinado a haberes previsionales perdió 9,6% entre junio 2020 y junio 2021 con respecto a la inflación, podemos afirmar dónde yacen las prioridades oficiales.
Sucede que el gobierno, con el objetivo de intentar contener la inflación y sostener una precaria “pax cambiaria” e intentar evitar una corrida hacia el dólar, continuó con la bicicleta financiera macrista, ofreciendo una tasa de interés del 38% en las Leliqs y del 34% en los pases pasivos -ambos instrumentos del Banco Central- para sacar pesos de circulación, y que los bancos “inviertan” allí en lugar de comprar divisas. De este modo, la deuda acumulada del BCRA alcanza la friolera de los $3,9 billones (11% del PBI); y, en los primeros siete meses del año se pagaron por intereses una cifra casi equivalente a los $721.559 millones que se utilizaron en todo el 2020 con la misma finalidad.
Cabe señalar que este negociado fabuloso en favor de los bancos genera consecuencias negativas para el conjunto de la economía nacional. Por un lado, establece una tasa de referencia altísima con lo cual se encarece el crédito en todo el sistema bancario, profundizando tendencias recesivas en la industria. A su vez, el BCRA cancela intereses por medio de la emisión monetaria, echando leña al fuego a la inflación en ascenso. Todo un esquema cuyo único objetivo es «cuidar» las divisas para destinarlas en el pago de la deuda.
El enriquecimiento de los bancos mediante esta política contrasta enormemente con la situación de los trabajadores jubilados. Sucede que la nueva movilidad previsional votada en diciembre 2020, que divorcia la actualización de haberes del índice de inflación, ha provocado una caída real de las jubilaciones del 3,16% en el primer semestre del 2021 y del 13% comparado con junio 2020. El gobierno pretende disimular esta confiscación con bonos, que, al no incorporarse al haber, no cuentan para las actualizaciones. Con lo cual, es un sistema de robo eterno típicamente fondomonetarista.
Un informe elaborado por Maxi Montenegro en Plan M arroja que, sin contar los bonos, el nuevo cálculo de actualización trae aparejado una pérdida mensual de $578,1 por cada jubilación mínima y de $18.013,2 por cada jubilación máxima.
Por otra parte, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso da cuenta que el gasto total en jubilaciones y pensiones en los primeros seis meses de este año ha sufrido una reducción interanual del 9,6% debido al avance de la inflación, lo que equivale a $147.368 millones. Es el monto que el Estado nacional se ha ahorrado en el transcurso de un año a través de licuar las jubilaciones con el aumento inflacionario. En sentido contrario ha ido evolucionando el gasto dirigido al pago de intereses de Leliqs y pases, el cual ascendió un 89% entre julio 2020 y julio 2021, 36 puntos por encima de la inflación del período.
Si sumamos todo el dinero erogado por el Banco Central desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández para atender el pago de intereses, llegamos a la cifra de $1.441.559 millones, el equivalente a 62.502.558 jubilaciones mínimas.
Así las cosas, las sumas de dinero utilizadas en la especulación financiera son las únicas que ganan frente a la escalada inflacionaria, que, en el transcurso de un año ha ascendido al 50,2%. Además del deterioro en las jubilaciones, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a junio de este año, refleja una caída real en términos interanuales del 5,5% en el monto destinado a salarios públicos, del 8,5% en el caso de la partida dirigida a asignaciones familiares y del 40,8% en el dinero utilizado en programas sociales. Esto último se debe fundamentalmente a la quita del IFE.
Como vemos, Alberto Fernández, en un año y medio de mandato, no solo no acabó con “la usura que se llevan los bancos” sino que la profundizó, y, como contrapartida, hundió cada vez más a los trabajadores jubilados. En definitiva, es el resultado de una política al servicio del FMI, contraria a los intereses populares.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, plantamos la necesidad de una jubilación mínima equivalente a $67.000, haberes previsionales indexados a la inflación, reposición de aportes patronales, el 82% móvil y de poner al Anses y todas las cajas jubilatorias bajo directorios electos por trabajadores activos y pasivos. No al pago de la deuda. Fuera FMI. Nacionalización de la banca bajo control obrero en función de que los recursos del país tengan como destino un plan de desarrollo nacional y satisfacción de las necesidades sociales.
Sofía Hart
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