Guzmán-Fernández "indexan" a los especuladores, hasta la próxima devaluación

Las revelaciones acerca de las fiestas que involucraron a oficialistas y opositores bajo el “aislamiento obligatorio” han servido para disimular otra “fiesta” - la que disfrutan los especuladores de la deuda pública. En la semana que pasó, el gobierno renovó casi 100.000 millones de deuda en pesos, equivalentes a la totalidad de los vencimientos que estaban en juego. Lo logró después de haber fracasado, en dos oportunidades anteriores, en el propósito de lograr esa renovación total. Pero el precio que pagó para ello fue acortar los plazos de la deuda – ahora, sólo hasta finales de octubre, es decir, hasta las vísperas de las elecciones generales. La deuda fue renovada con un rendimiento que, al menos, recuperará la inflación esperada. Pero con un “premio”: como el gobierno “contiene” al dólar a costa del “goteo” de las escasas reservas internacionales disponibles, la deuda pública en pesos se revaloriza en términos de dólar. En otras palabras: en el país del 50% de pobreza, con un colapso sanitario no superado y una crisis social galopante, se ha montado un operativo financiero con beneficios garantizados para el capital financiero que invierte en la deuda pública. 

 Pero esta “fiesta”, sin fotos a la vista, dura hasta fin de octubre: como señala el columnista Pablo Wende, de Infobae, los “inversores se cubren por miedo a una devaluación después de las elecciones” (19.8). El Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central anticipa un dólar de 155 pesos para fin de año, es decir, una devaluación del 50% respecto de los niveles actuales. La montaña de vencimientos de deuda en pesos que se acumula para noviembre se encontrará con reservas disponibles por poco más de 5000 millones en el Banco Central –poco y nada para enfrentar una corrida cambiaria.

 La devaluación que se cocina pondría de manifiesto el agotamiento de las dos operaciones financieras que el tándem Guzmán-Fernández perpetró durante este año: de un lado, el llamado “mercado de deuda en pesos”, un subterfugio para contener a los especuladores a costa de indexar sus activos y revalorizarlos en términos de dólar, gracias al “atraso cambiario” respecto del dólar oficial. Se calcula que, por esta vía, el gobierno de “Todos” engrosó la deuda en 20.000 millones de dólares desde diciembre de 2019 (Clarín, 18.9). La otra operación consistió en permitir el drenaje o fuga de parte de los recursos remanentes de los fondos internacionales en el país, a través de la compra de divisas por medio de acciones o títulos, que el gobierno, precisamente, acaba de restringir decisivamente.

 ¿Cómo se financió esta “fiesta”? Pues con la “desindexación” de los otros gastos fijos del Estado, es decir, los salarios y jubilaciones. Esa fue la contraparte de la “indexación” de los beneficios del capital, agrario, industrial y financiero. La miseria social imperante no es un fatalismo, es el resultado del rescate del capital.

 A nadie escapa que esta devaluación que los propios capitalistas proyectan implicaría una nueva vuelta de tuerca sobre esta confiscación social. La depreciación del peso perseguiría una fenomenal licuación del gasto, en primer lugar, de salarios, jubilaciones y planes sociales. Los analistas económicos del gran capital advierten sobre un cierto “desmadre” del gasto en este segundo semestre, después del resultado “casi equilibrado” del primero. Naturalmente, una devaluación implicaría un ajuste fiscal de hecho, y ayudaría a pavimentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos de poder adquisitivo, la devaluación, además, barrería con las “zanahorias” sociales que el gobierno ha debido entregar en el período preelectoral –reducción del impuesto a las ganancias, reapertura de paritarias, bono jubilatorio.

 No es necesario agregar que esta “corrección” cambiaria multiplicará todas las contradicciones irresueltas -por caso, el gobierno tiene pendiente otra “corrección”, sobre las tarifas, que deberá ser doble en el caso de una nueva depreciación del peso. Pero principalmente, conducirá a una conmoción social y a una crisis política. El régimen de las “festicholas”, de Alberto a Carrió, carece de toda autoridad para enchufarle este nuevo paquetazo a las masas. Aprovechemos la campaña electoral para llevar adelante una preparación política de la clase obrera de cara a los grandes choques que se vienen.

 Marcelo Ramal

 21/08/2021