Los dichos de Alberto Fernández y de Martín Guzmán tras recibir los 4.300 millones de dólares por los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI retratan una dificultad evidente en sostener el relato oficial. Hubiera sido menos tragicómico si seguían el ejemplo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en un acto días atrás reconoció frontalmente que esas divisas no «podrán» usarse para atender las consecuencias sociales y sanitarias de la pandemia porque serán destinados al pago de deuda al propio Fondo -dejando en off side a los oficialistas firmantes de solicitadas y declaraciones parlamentarias planteando otro uso (fogoneadas por ella misma).
En concreto, entre dos pagos de capital y uno de intereses, se abonarán al FMI entre setiembre y diciembre más de 4.500 millones de dólares, a lo que hay que sumar otros 1.000 millones a otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el propio Club de París. La suma representa aproximadamente dos tercios de las actuales reservas netas del Banco Central. Por eso es inentendible que el presidente haya declarado desde San Juan que «antes que pagarle al Fondo tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina».
El ministro de Economía, por su parte, manifestó que apuesta a alcanzar un acuerdo «sano» y «sostenible» con el FMI. «Bajo ningún punto de vista se contempla un ajuste. Lo que sí estamos haciendo es ir reduciendo el déficit fiscal, que se logra por la renegociación de la deuda y el aumento de la recaudación», declaró Guzmán. Sin embargo, el resultado fiscal de julio recientemente publicado por el Ministerio de Economía informa que la recaudación creció un 73,7% interanual, mientras que el gasto primario lo hizo un 44,7%, muy por debajo de la inflación del 51,8% en el mismo período; y dentro de los gastos las prestaciones a la seguridad social variaron apenas un 41,3% interanual, lo que deja a los jubilados y beneficiarios 10 puntos abajo de los precios, contra una suba del 1.518,1% en subsidios a las petroleras y del 166% a las energéticas.
A ello hay que agregar que los pagos de deuda se llevan una porción gruesa del presupuesto del Estado nacional. Los servicios de deuda insumieron en el año más de 450.000 millones de pesos, superando a todo lo ejecutado para afrontar salarios. Lo peor, sin embargo, es que la deuda continúa creciendo, y es cada vez más in-sostenible, al estar indexada por inflación o linkeada al dólar, y con tasas cada vez más altas para tentar a la banca y los fondos de inversión. La deuda pública, por esta vía, alcanzó su récord histórico. La conclusión de todo esto es categórica: el default es una consecuencia de pagar religiosamente los compromisos con el capital financiero.
Con todo, no se trata de un asunto de finanzas, porque los programas fondomonetaristas implican además poner toda la política económica bajo la tutela del Fondo, e incluyen las llamadas «reformas estructurales». Es lo que ya vemos como adelanto en que, además de rezagar los haberes previsionales respecto de la inflación, cae a su vez la cantidad de jubilados mientras que crecen las pensiones a adultos mayores (fijadas en el 80% de la jubilación mínima).
El lobby por una reforma laboral, que levanta la cabeza de manera generalizada dentro del mundo empresario, encuentra eco en el gobierno que convoca a un Congreso del Trabajo y la Producción donde burócratas sindicales y cámaras patronales intentarán definir lineamientos a seguir bajo el eufemismo de estimular la reactivación económica. El anticipo podemos verlo en el récord de productividad de las petroleras, que cobran subsidios millonarios y han incrementado a niveles sin precedentes la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y de la maquinaria.
Comos vemos, el rescate de la deuda externa es mucho más cara a los trabajadores que la sola sequía de las reservas internacionales del Banco Central, aunque incluso ello repercute en las corridas contra el peso y la estampida inflacionaria. El ajuste y las reformas antiobreras son su correlato, al igual que el hundimiento del país en un declive económico cada vez más profundo.
Para romper con este espiral descendente de saqueo y pobreza es necesario enfrentar a los pagadores y endeudadores seriales. Mientras Macri alega que tomó deuda para pagar la hipoteca que dejó el kirchnerismo y los Fernández justifican que deben afrontar la herencia macrista, el Frente de Izquierda Unidad plantea la ruptura con el FMI y la investigación y no pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Es el único punto de partida para terminar con el ajuste.
Iván Hirsch
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