México: fracaso del referéndum por el enjuiciamiento de los expresidentes

El 1º de agosto tuvo lugar el referéndum llamado por el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador que debía pronunciarse sobre el enjuiciamiento de expresidentes mexicanos: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Cabe recordar que el texto original que iba a ser sometido a la consideración popular incluía los nombres de estos presidentes, pero la Suprema Corte de justicia dictó un fallo para que los mismos fueran eliminados. Vale la pena decir sobre esta modificación, que no se trató de la mera aplicación de una disposición legal (la legislación mexicana prohíbe que las leyes mencionen nombres y apellidos), sino que había una finalidad oculta consistente en quitarle fuerza, ya que esos nombres están grabados en la memoria colectiva del pueblo azteca como los responsables de corrupción, fraude, asesinatos, narcotráfico, entrega al imperialismo, etc., y podía ser un factor atractivo para los potenciales votantes. Cabe señalar, como ya lo hemos hecho en otro artículo previo al referéndum que el INE (Instituto Nacional Electoral) desfinanció la consulta popular poniendo la mitad de las mesas electorales respecto a otras elecciones y que actuó con renuencia a la hora de publicitar el plebiscito. López Obrador, el presidente mexicano, se apoyó en este argumento, para justificar la escasa cantidad de votantes (apenas el 7% del padrón electoral, unos 6 millones, sobre 93 millones de empadronados). Para tener validez, era necesario que votara el 40% del padrón electoral, 37.400.000 votantes. Es cierto que votó por el sí el 96% de los que acudieron a hacerlo. No obstante, fue una votación no significativa. 

 La responsabilidad del gobierno nacionalista de Morena 

Aunque es cierto que hubo un sabotaje al plebiscito por parte del INE, no lo es menos que el propio López Obrador puso su granito de arena para desalentarlo. Anunció desde el comienzo que no iba a ir a votar, una acción de desaliento a la concurrencia, y en sí misma una devaluación del referéndum. Efectivamente no concurrió a votar y se fue de gira el domingo 1º de agosto. Señaló enfáticamente que estaba en contra de una venganza contra los expresidentes, para justificar sobre su abstencionismo. Un boicot en toda la línea.  Cabe agregar que en varias regiones de México las casillas electorales se armaron bien entrada la tarde del domingo, debilitando la posibilidad de la concurrencia. 

 Un fracaso anunciado 

López Obrador ha declarado que esta exigua votación no constituye un fracaso, afirmando que “la democracia nunca fracasa”. En rigor, como hemos dicho, él ha sido el principal responsable de esos guarismos, por no haber alentado la participación y haber colocado a toda su militancia a votar masivamente; esto implicaba alentar la movilización popular, cuya traducción posterior debía ser la cárcel a los responsables de décadas de crímenes, y potencialmente un choque con los mismos cimientos del estado semicolonial mexicano, cuya gestión apunta a rescatar. No olvidemos que entre sus primeros actos de de gobierno figura la ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, como socio menor del T-MEC . El presidente mexicano viene pagando puntualmente la deuda externa mexicana. López Obrador tiene muy presente el contexto de rebeliones populares en América Latina, sobre las cuales ha guardado cuidadoso silencio, a sabiendas de que la tendencia explosiva existente en el continente no es ajena a las masas mexicanas, las cuales padecen salarios miserables (entre 185 y 370 dólares) siendo necesarios entre 420 y 630 dólares mensuales para cubrir el costo de la canasta básica familiar, y el 55% de los trabajadores lo hace en el mercado informal (en negro), avalado por una ley de outsourcing (votada por Morena junto a los partidos de los presidentes que se pretendían juzgar), y de una catástrofe sanitaria, como consecuencia de la política criminal del gobierno frente a la pandemia. 

 También se puede afirmar de un modo concomitante, que la insatisfacción de las necesidades más elementales de las masas mexicanas, el ataque a sus condiciones de existencia, ha sido un factor de desaliento a la concurrencia al referéndum, al que consideraron ajeno y separado de la satisfacción de las mismas. 

 Ahora López Obrador pretende pasar al olvido este referéndum para impulsar la empresa de otro plebiscito que lo ratifique masivamente como presidente al plantear por la afirmativa o la negativa la revocación de su mandato. Una maniobra muy audaz cuyo propósito es distractivo, y además un chantaje al pueblo ya que lo pone ante la disyuntiva de elegir por él o por la derecha. 

 No hay que pedirle peras al olmo: independencia política de los trabajadores y ruptura con el nacionalismo proimperialista de Morena 

 El referéndum del 1º de agosto ha sido apenas un botón de muestra de las limitaciones insalvables de Morena y AMLO, y de los escollos a superar, entre ellos la cooptación de importantes organizaciones de derechos humanos y porciones del movimiento obrero combativo tras una perspectiva opuesta a sus intereses como clase. Habíamos señalado el apoyo al sí en el referéndum sobre la base de dar pasos hacia la independencia política y organizativa de los oprimidos y trabajadores mexicanos sobre la base de un congreso de sus organizaciones de lucha que vote un programa reivindicativo y una salida de los trabajadores contra el capital, superando las maniobras bonapartistas y desmoralizantes del gobierno. Hoy, más que nunca está a la orden del día esa perspectiva. 

 Roberto Gellert