Este martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti dio a conocer que el Estado nacional firmó un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis a entregar en 2021. Las negociaciones se dieron en medio de diversas polémicas desde diciembre del año pasado, cuando el laboratorio estadounidense fue beneficiado con la ley de vacunas que le brindó un enorme blindaje jurídico ante efectos adversos de las vacunas, a lo que luego le siguió la modificación de la misma a través de un DNU que otorgaba mayor inmunidad. El cierre de la novela Pfizer es la firma de un contrato confidencial, como los firmados con el resto de las empresas.
Horas antes, Horario Rodríguez Larreta anunció el nuevo plan “Para la vuelta a la normalidad” en seis etapas de flexibilizaciones; más tarde lo siguió Kicillof, quien confirmó la vuelta a las clases presenciales en toda la provincia de Buenos Aires terminadas las vacaciones de invierno. Los dichos de ambos continúan la línea del gobierno de hacer de cuenta que la pandemia terminó y avanzar en una normalización de la economía y la vida social de cara al proceso electoral. Para el gobierno, la vacunación es clave para cumplir ambos objetivos, aunque ignora que las experiencias de los países con mayor tasa de vacunación advierten que ésta no es suficiente para terminar con las medidas de cuidado y prevención, y menos aún seguir con el ajuste a la salud y los trabajadores. Los países del hemisferio norte están viviendo un importante aumento de casos producto de la variante Delta, acompañado de un incremento de las muertes, aunque la vacunación evite una letalidad más pronunciada.
La lista de regalos para Pfizer
Vale la pena recordar que Pfizer fue el primer laboratorio con el que el gobierno coqueteó, lo que llevó a Alberto Fernández a anunciar erróneamente que Argentina tendría en diciembre de 2020 “10 millones de vacunados”. Sin embargo, los problemas en la fabricación (que llevó al laboratorio a reducir su producción a la mitad) y la demanda creciente de un bien escaso a nivel mundial fueron las excusas perfectas para que Pfizer acomodara sus condiciones con nuevas exigencias “inaceptables” para el gobierno nacional (según el término utilizado por el exministro Ginés González García). Aunque fueron suficientes para detener las negociaciones por gran parte del año, nunca se dieron a conocer debido al secretismo defendido por ambas partes, algo que dejó a la población por fuera del debate de la adquisición de vacunas.
Más tarde se conoció que el contrato no se firmó por razones económicas, ya que el gobierno rechazó la posibilidad de recibir ocho millones de dosis a través del mecanismo Covax para “ahorrarse 60 millones de dólares”. La enorme cantidad de casos y muertes durante la segunda ola, producto del ajuste en salud y el bajo porcentaje de la población vacunada, sumado a las presiones de la oposición lobbysta de Pfizer, llevó a que el gobierno reabriera las discusiones con el laboratorio y entregara un DNU que aumenta la inmunidad y hasta se hace cargo de las indemnizaciones por fenómenos adversos.
Por otro lado, como mencionamos, la firma se da en el marco de la confidencialidad y cediendo a todas las exigencias leoninas, reeditando lo que permitió al resto de los laboratorios incumplir sus cronogramas de entrega y reprogramar sus prioridades a piacere, sin penalización alguna. En el caso de AstraZeneca -que incumplió casi todas las entregas del primer semestre de 2021-, el gobierno acordó la eliminación de la cláusula de penalidad, por lo que la empresa no está obligada a compensar al Estado en caso de retrasos. La reciente carta de Nicolini dirigida a Rusia por la provisión de segundas dosis de Sputnik V expuso también la completa subordinación a las prioridades de las farmacéuticas. Por todo eso, este arreglo sigue sin dar garantías a la población; para los laboratorios, en cambio, se trata de la disputa de un negocio redondo sin pérdidas, y Pfizer -que contó con la oposición derechista pro yanqui como lobbistas local- busca quedarse con el futuro mercado de dosis anuales.
Para el gobierno, el discurso de “la campaña de vacunación más grande de la historia” no es solo publicidad electoral para intentar mejorar su imagen, desgastada luego año y medio de ajuste y un manejo de la pandemia plagado de fracasos. Es además el pretexto para sostener la reducción de las partidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria y social. Lo demostró la disminución en el Presupuesto 2021 para el sistema de salud, votado apenas finalizó la primera ola y a sabiendas de que llegaría una segunda, producto de lo cual esta fue desastrosa y superamos las 100.000 muertes. Pero también el recorte a la asistencia económica de la población, como sucedió con la eliminación del IFE.
El levantamiento de las últimas restricciones es a su vez la puntada final para el abandono de la exigencia de normas sanitarias en los lugares de trabajo. En este punto se juegan los protocolos de seguridad e higiene, cuando las patronales ya incumplieron sistemáticamente, al punto de no permitir a los trabajadores aislarse tras haber tenido contacto estrecho con casos confirmados. Se trata de garantizar la producción para mantener las ganancias de las empresas. El “pase sanitario” que aumenta el aforo de personas que pueden estar en lugares cerrados sigue esta orientación, en tanto habilita a convocar a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores que tengan una dosis aunque sean grupos de riesgo. Lo mismo vale para una masiva vuelta a clases sin haber acondicionado las escuelas para que al menos cuenten con calefacción.
Ni el descenso de los casos ni un avance en la vacunación eximen entonces de la necesidad de luchar por un aumento del presupuesto para salud, asistencia a quienes lo necesiten y el cumplimiento de protocolos obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para terminar con la desidia patronal que atenta contra la salud pública. Junto con ello, la centralización del sistema sanitario para garantizar el acceso a toda la población. Para poner fin a la postración ante los intereses de las farmacéuticas y los Estados imperialistas, es indispensable la inversión en ciencia y técnica para desarrollar una vacuna estatal bajo control de los trabajadores del sector, el fin de las patentes y el secretismo de los contratos, que permita amplificar la producción en los laboratorios con capacidad y así garantizar la inmunidad de la población de Argentina y Latinoamérica. Los recursos para poner en pie este programa deben salir del no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo y permanente al gran capital.
Lucía Cope
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