El proyecto menciona 17 torres de 145 metros de altura -más de un millón de m2 de construcción- con “espejos de aguas internos” que permitan llegar en embarcación. Esto no solo significa avanzar sobre el río y los canales de la Reserva Ecológica. Además, el loteo incluirá, por primera vez en la historia de la Ciudad, a las aguas costeras del Río de la Plata. El barrio limita con la villa Rodrigo Bueno, la Reserva Ecológica y la Central Térmica Costanera, que es la mayor planta termoeléctrica de Argentina.
El jueves 4 de agosto el bloque de Rodríguez Larreta intentará que la Legislatura porteña apruebe en primera lectura el convenio urbanístico que firmó con IRSA. Necesita cambiar los usos permitidos del suelo para que ese espacio verde, donde solo pueden construirse instalaciones deportivas, admita el barrio náutico antes llamado “Solares de Santa María” y ahora “Costa urbana”-. El cambio de la norma generaría un incremento de valor del suelo de unos US$ 737.400.675, dice el juez Guillermo Scheibler, que la semana pasada intentó infructuosamente frenar el debate legislativo. Juntos por el Cambio desconoció el fallo y le dio pronto despacho en comisión.
En su fallo, Schreiber enumera una inacabable lista de incumplimientos legales: no se convocó a audiencia pública, no hay estudio de impacto ambiental, afectará gravemente los humedales y la Reserva Ecológica, no tiene tratamiento de cloacas aunque se prevé que duplique la población de Puerto Madero. Además viola la Constitución que garantiza el uso público de la Costanera, los pactos internacionales de protección de los humedales y los de acceso de la población a espacios verdes (la Ciudad tiene un tercio de los espacios verdes que recomienda la OMS y la mayoría se concentran en la zona norte).
El proyecto -el más importante de su historia empresaria, dice IRSA- es tan escandaloso que cuatro veces fue rechazado en la Legislatura, un lugar donde no abundan los defensores de la tierra pública. Sin embargo, esta vez la familia Elzstain da por descontado que se saldrá con la suya porque para eso Juntos por el Cambio modificó hace unas semanas la Ley de Catastro que prohibía los barrios cerrados en la Capital.
La historia de los terrenos de IRSA en la Costanera Sur es la de un robo a repetición, que se amplía década a década. Contándolo de manera rápida, el Congreso de la Nación le cedió en 1964 a Boca Juniors 40 hectáreas de las islas de la ribera del Río de La Plata, entre Costanera Sur y Humberto Primo, a cambio de que rellenara el terreno y construyera una ciudad deportiva. Incluía prohibición expresa de venderlas. En 1981, plena dictadura militar, el intendente Cacciatore canceló la exigencia de construir la ciudad deportiva. En 1989, al inicio de la presidencia de Menem, el Congreso autorizó a Boca la venta de los terrenos. En 1997, IRSA los compró por 50 millones de dólares.
La operación es sencilla: IRSA compró en 50 millones de dólares tierras no construibles. Si Larreta le cambia el tipo de urbanización, el valor del suelo, calcula el juez, rondará los US$ 737.400.675.
La semana pasada, el gobierno porteño subastó una hectárea del Parque de la Ciudad, que había sido otorgada para una plaza del barrio Olímpico, en la comuna 8. Contra la manifiesta voluntad de los vecinos, que reclaman espacios verdes, parques y plazas, los playones ferroviarios se han convertido, gracias a las “excepciones” que vota la Legislatura, en el botín de las constructoras de torres. La venta de Costa Salguero sigue en carpeta, mientras el gobierno, con fondos públicos, termina de rellenarles el terreno a los desarrolladores que la codician.
La privatización de la tierra pública o la cesión por décadas de terrenos fiscales a cánones irrisorios es una marca de la gestión de Macri y Larreta que privatizaron 500 hectáreas entre las dos gestiones. Muchas de las autorizaciones de esas ventas se hicieron con el visto bueno del peronismo en la Legislatura.
Del otro lado del espejo, la crisis habitacional de la Ciudad llega a niveles inéditos: más del 10% de la población porteña vive en las villas, 76.000 (según datos de 2019) en “conjuntos habitacionales”, inquilinatos u hoteles-pensión con graves problemas estructurales o directamente sin servicios como, por ejemplo, agua potable. Los inquilinos pasaron, en 15 años, de ser el 23% al 35. Los alquileres se llevan, según el Indec, en promedio, la mitad de los ingresos de una familia. No existen planes de vivienda social y se privatizan los terrenos que existen para construirlas.
Las constructoras e inmobiliarias no construyen para la población sino para la especulación financiera. Puerto Madero es un barrio fantasma, con más de la mitad de las viviendas vacías. El encarecimiento del suelo urbano es también una herramienta de expulsión de los trabajadores de la Ciudad. Estará en sus manos revertir ese proceso.
Olga Cristóbal
30/07/2021
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