Cables informativos de los últimos días señalan que la farmacéutica norteamericana Pfizer, asociada a la alemana BioNTech en la fabricación de una vacuna contra el Covid-19, actualizó al alza sus proyecciones de ingresos y ganancias para el 2021. Estima una facturación de 33.500 millones de dólares para fin de año y solo en el segundo trimestre obtuvo ganancias por 5.600 millones de dólares, un 59% más que en el mismo período del año precedente (La Nación, 29/7). Estos números podrían ser aún mayores, dado que después de este balance la firma realizó un nuevo acuerdo con Estados Unidos por otras 200 millones de dosis (Estrategias de Inversión, 30/7).
En el resto de las compañías, también celebran. La británica-sueca AstraZeneca reportó ganancias por 1.169 millones de dólares en el primer semestre y “un incremento neto de sus beneficios de un 42% con respecto al año pasado” (AM 750, 29/7). El puñado de empresas que comercializan los inmunizantes “podrían ganar hasta 115.000 millones de dólares en ventas este año si alcanzan las metas de producción”, de acuerdo a una consultora británica (La Nación, 27/5).
Según una investigación del Imperial College de Londres, empresas como Pfizer y Moderna tienen un costo de producción que oscila entre los 60 centavos y los 2 euros por unidad (RFI, 29/7), pero venden sus vacunas a los Estados por entre 18 y 37 dólares (BBC, 15/12/20). El mecanismo Covax, creado para el abastecimiento de las naciones menos desarrolladas, paga un sobrecosto de cinco veces respecto a los costos de producción, según la denuncia de la ONG Oxfam (RFI, ídem).
Estos sobreprecios y márgenes de ganancias por parte de los monopolios farmacéuticos, en medio una catástrofe social que ha causado 4 millones de muertes y 200 millones de infectados, además de todo tipo de padecimientos sanitarios y económicos para las masas, se vuelven aún más inauditos si se considera que el grueso de las investigaciones para acceder a la vacuna se hicieron con fondos públicos. Según el artículo ya citado de la BBC, los gobiernos aportaron 8.600 millones de dólares, las ONG casi 1.900 millones, y las empresas apenas 3.400 millones. En el caso de las de Johnson & Johnson y Moderna, se hicieron casi íntegramente con financiamiento público. Y en el de Pfizer y AstraZeneca, el aporte público es mayoritario.
Como las investigaciones son costosas, los resultados inciertos y muchos países no cuentan con fondos para comprar las vacunas, los laboratorios tienden a escapar de este tipo de inversiones y a concentrarse en la venta de medicamentos, sobre todo aquellos que deben ser administrados diariamente, que crean una suerte de demanda cautiva e inelástica. Pero una vez que el Estado pone los fondos, las empresas aparecen en las últimas fases del proceso para cosechar los réditos.
A los fabulosos negociados de los laboratorios, hay que añadir el acaparamiento de las vacunas por parte de las principales potencias. Mientras que Estados Unidos y Alemania ya tienen inmunizada con dos dosis a la mitad o más de su población, Túnez -el país más adelantado de Africa en la materia- solo ha vacunado al 8%. Angola, al 2%; Senegal, al 1.6%; Afganistán, al 0.6% (Our World in Data). Estas disparidades prolongan la enfermedad en el tiempo y permiten que el virus siga mutando. Una pandemia, por definición, exige una solución de características globales, por lo que no sirve que cada país se encierre sobre sí mismo.
Finalmente, están las cláusulas de indemnidad con la que los laboratorios se protegen, como las que ha aceptado el gobierno argentino, quien confeccionó un DNU a la medida de Pfizer (empresa que encontró en Juntos por el Cambio a un gran lobbista). Y las demoras en las entregas, que en nuestro país envuelven tanto a AstraZeneca como a la Sputnik V.
Con su lógica, que antepone la rentabilidad a la salud de las masas, el capitalismo es incapaz de enfrentar eficazmente el Covid-19. Es necesaria la abolición de patentes y la estatización de la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores, como parte de un paquete de medidas que incluya también la centralización del sistema de salud, el aumento de su presupuesto, la adopción de los protocolos y medidas de restricción social que resulten necesarios, la formación de comisiones de seguridad e higiene en barrios y lugares de trabajo para garantizarlo, y la prohibición de despidos mientras dure la pandemia, más un seguro al desempleado e informales para que puedan sobrellevar el aislamiento.
Gustavo Montenegro
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