Jubilaciones: un bono de miseria sobre haberes de miseria

El gobierno anunció finalmente un bono extraordinario de $ 5.000 que abarcará a 6 millones de jubilados y pensionados. Se verán beneficiados solamente aquellos que cobren hasta dos haberes mínimos ($ 46.130). Aquellos que ganen entre $ 46.130 y $ 51.129, también recibirán un bono pero por la diferencia hasta completar $ 51.130. Por encima de ese monto de pobreza, el resto de los jubilados no recibirá nada. Las jubilaciones más “altas” han sido las que sufrieron el mayor deterioro. La política de “achatamiento de la pirámide” apunta a “universalizar” pensiones de pobreza.

 La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anunció además que la semana próxima, a través de un decreto, se reconocerá a las mujeres un año de aportes por cada hijo o hija, y dos en el caso de las madres que perciben la AUH (Clarín, 13/07).

 La medida del bono fue adoptada según el gobierno con el objeto de compensar la pérdida por inflación, que en el primer semestre se ubicará alrededor del 25%. En este lapso las jubilaciones aumentaron un 21,2% (entre el 8,07% del primer trimestre y 12,1% en el segundo), es decir una pérdida de 4 puntos. Si calculamos los aumentos de precios de julio, la inflación rondaría el 29%, estirando el desfasaje a casi 8 puntos. La medida pretende ´suavizar´ el derrumbe de las jubilaciones y pensiones, mediante paliativos que no se incorporan a la norma sino que dependen de la discrecionalidad del poder político. 

 Desde setiembre de 2017, los aumentos de los haberes son inferiores a la inflación. Entre 2018/19, las pérdidas fueron del 19,5%. En 2020, los aumentos diferenciados por decreto, tomado en cuenta el cálculo interanual, fue un 24,3% para el haber máximo y del 34,3% para el mínimo, contra una inflación de del 36,1%, lo que equivale a una pérdida de hasta el 8,07%. 

 Los bonos otorgados no se integran al haber por lo tanto el deterioro del poder de compra de los jubilados y pensionados se perpetúa. La fórmula de movilidad que debutó este año arrojó, tanto en marzo como en junio, aumentos inferiores a la inflación promedio – sin tener en cuenta que los incrementos en materia de alimentos y alquileres, por ejemplo, se ubicaron por encima de la media. 

 Desde el 2017 a la fecha, los gobiernos de Macri y Fernández-Fernández han confiscado millones de dólares de los haberes de los jubilados y pensionados en beneficio del pago de una deuda usuraria. Además, las exenciones en el pago de cargas sociales y las cifras “no remunerativas” en las paritarias, patrocinadas por el gobierno, acentuaron la desfinanciación de la Anses y el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El hecho es que el 80% de los jubilados cobramos haberes por debajo de la línea de pobreza y de indigencia.

 La situación se agrava frente a los despidos y suspensiones. Más del 50% de los trabajadores no podrá acceder a su jubilación. 

 Decimos no al pago de esta duda usuraria. Restitución inmediata de todo lo confiscado, por un aumento de emergencia de $ 40.000 a todos los jubilados pensionados y rentas vitalicias. El trabajador activo debe ganar un salario igual a la canasta familiar -hoy en $ 130.000- y el haber mínimo de jubilación debe ser el 82% móvil de esa canasta. En relación al anuncio de la titular de la ANSES sobre la posibilidad de jubilarse sumando los aportes por cada hijo/a, el decreto tendría un alcance solo para 155.000 mujeres en este año y 30.000 en el 2022. Cuando el verdadero número sobrepasa a más de 300.000 afectadas. Frente a esta medida insuficiente proponemos la inmediata jubilación de todas las mujeres mayores de 55 años con un haber mínimo del 82% móvil de la canasta familiar. Por la implementación de una moratoria universal que permita la obtención de esta jubilación, a cargo de las patronales. 

Charly Petrillo – Jubilados Clasistas 

 15/07/2021