Mónica Jara tenía 34 años, vivía con su compañero y sus dos niñas pequeñas. Recientemente recibida, asistió el día de la explosión a ejercer su primera jornada como maestra de grado en la modalidad presencial. Luego de pernoctar en el albergue escolar, atendió al grupo de estudiantes que asistieron por la mañana al establecimiento. Su trabajo final en el profesorado, en el que recibió el título, estuvo enfocado, justamente, a investigar y denunciar las condiciones laborales de la docencia y el riesgo en que el Estado mantiene a la comunidad educativa en la inmensa mayoría de las instituciones escolares de la provincia.
Un relevamiento reciente sobre 131 escuelas neuquinas, indica que al 1 de julio pasado, el 42% de los edificios escolares tiene dificultades con las instalaciones de gas, agua, luz, cloacas, problemas de mampostería, falta de ampliaciones o no tienen edificios propios. (Diario Río Negro, 06/07/21).
Después de la explosión, Obras Públicas de la provincia declaró que la escuela no estaba habilitada para dictar clases por mantenerse “en obras”, pero las autoridades aseguraron que el albergue estaba en condiciones de ser ocupado y sólo la situación de pandemia y los protocolos por Covid hicieron que la tragedia no alcanzara a estudiantes y demás personal que se aloja en el albergue, como estaba previsto que llegaran para los próximos días.
Tanto el gobernador Omar Gutiérrez como la ministra Cristina Storioni , presionaron y obligaron durante todo el año lectivo en curso a volver a la presencialidad en pandemia y en escuelas sin mantenimiento.
Frente a los sucesos de Aguada San Roque, el sindicato docente provincial y CTERA se han limitado a expresar sus condolencias a la familia y el descontento ante el abandono de la infraestructura escolar en la provincia. ATEN pide ser querellante en la causa y se sumó al reclamo de la base docente para realizar una movilización exigiendo justicia ante el fallecimiento de Mónica Jara, pero se reserva la posibilidad de exigir la renuncia de cualquier responsable político del hecho aduciendo que el pedido de renuncias corresponde a la justicia penal.
“En cuanto a posibles pedidos de renuncia, Guagliardo, secretario general de ATEN, manifestó que es muy importante que las responsabilidades las establezca la investigación penal. "Nosotros sabemos muy bien de quien es la responsabilidad de lo que pasa en las escuelas: las tiene Obras Públicas, la responsable del Consejo Provincial de Educación que estuvieron apretando directores para que abran las escuelas cuando no estaban en condiciones, y el gobernador Gutiérrez que es el responsable máximo del gobierno de la provincia. Eso es lo que estamos denunciando, eso es lo que queremos que se investigue” (Diario Río Negro. 06/07/21)
El comunicado de CTERA, por su parte, expresa su “dolor” y abunda en abrazos, condolencias, denuncias, etc. Ninguna iniciativa de medidas de fuerza o plan de lucha para revertir la situación. Está claro que no serán estas direcciones sindicales quienes preserven la salud y la vida de trabajadores de la educación.
Es necesario que las bases docentes de cada provincia tomen en sus manos la defensa real de las condiciones de trabajo y protección para la comunidad educativa.
Organizarse en asambleas, comités de lucha, agrupaciones independientes para exigir: . Huelga nacional educativa contra la presencialidad criminal. . Investigación hasta llegar a todos los responsables políticos de la muerte de la compañera Mónica Jara. . Renuncia inmediata de todos los responsables de este crimen laboral. . Solidaridad y atención inmediata a familiares de las víctimas . No inicio de clases presenciales en pandemia, en defensa de la salud y la vida.
Justicia por Mónica, Nicolas y Mariano. El Estado es responsable
Mali Quintillán
13/07/2021
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