“Presencialidad” frustrada
De todas formas, según datos de la aplicación oficial “Cuidar Escuelas”, que reúne información del 56% de los establecimientos a los que asisten casi 8 millones y medio de estudiantes, da como resultado que 1 de cada 5 estudiantes no concurre a clases presenciales (Infobae, 13/7). El principal motivo es que las propias familias deciden no exponer a sus hijos al contagio “seguro” en las escuelas. El otro dato lapidario que arroja el estudio, es que a causa de la presencialidad pandémica 63.777 estudiantes dieron positivo de Covid; entre docentes y no docentes, la cifra asciende a 49.608 (42.858 docentes y 6.750 no docentes). “Los datos muestran que entre marzo y junio no disminuyó el temor al contagio entre las familias que todavía hoy prefieren que sus hijos sigan estudiando desde el hogar” (ídem). Estos datos son incluso parciales, ya que no existe una política de testeos masivos. Los docentes fallecidos en el país a causa del coronavirus ya superan los 200. Los que afirmaban que los contagios “no se producen en las escuelas” deberían presentar su renuncia por estafa a la opinión pública.
En la mayor parte del año, la presencialidad escolar fue boicoteada por la docencia mediante huelgas y acciones de lucha en todo el país. Fue lo que obligó al gobierno, desastre sanitario mediante, a suspender la presencialidad finalizando el mes de abril en el AMBA, que luego se extendió a otras provincias. Un mes antes de que inicie el receso invernal, el gobierno habilitó la presencialidad, sabiendo que el receso invernal operaría como una suspensión encubierta. Bien mirado, las “vacaciones de invierno” fueron utilizadas como un “control de daños”, osea de contagios y muertes. Por eso hasta estuvo en debate su adelantamiento y hasta hoy debaten si extenderlas. La “presencialidad” anunciada se topó por otro lado con escuelas que ni siquiera pudieron convocar a docentes y a estudiantes por no contar con las mínimas condiciones edilicias y de seguridad necesarias. Sólo en La Plata, capital de la provincia de buenos aires, 90 escuelas están cerradas por falta de gas.
De este análisis, se desprende que la política presencialista del gobierno, las patronales educativas y la iglesia, se ha encontrado con límites muy claros para imponerse durante todo el primer semestre del año.
Ahora, mientras los casos no bajan de los 25 mil por día, acercándonos a los 100 mil muertos por Covid y con la “tercera ola” tocando la puerta, el gobierno nacional tiene definido aumentar la presencialidad escolar post receso invernal. Un reciente estudio publicado en “The Lancet” señala que los contagios con la variable Delta –que ya circula en el país- afectará particularmente a niños y jóvenes, y que la consecuencia de ello podría dejar a toda "una generación con problemas de salud crónicos" (Página/12, 13/7).
En CABA, Larreta avanzó con una mayor presencialidad en el nivel secundario; en Buenos Aires, Kicillof autorizó el pasado viernes la extensión horaria en las ciudades de la provincia que se encuentren en fase 3, 4 y 5, a partir del lunes 12. Los colegios privados y la ONG “Padres Organizados”, habían solicitado aplicar las horas de presencialidad en las aulas. En las provincias de Córdoba y Santa Fe, los gobiernos provinciales adelantaron que luego del receso invernal avanzarían con una presencialidad mayor.
Cuando no existe ni un menor de edad vacunado en el país, el ministro Trotta se entusiasma con que “la vacunación de los estudiantes nos va a permitir recuperar la presencialidad absoluta en 2022” (Clarín, 12/7). Pero no hay vacunas. Por el momento, sólo la vacuna Pfizer/BioNtech, con la que aún no hay acuerdos firmados, fue aprobada para aplicarse en chicos de 12 a 17 años (Infobae, 13/7). Entre la docencia, sólo el 37% de los trabajadores recibieron las dos dosis (datos oficiales al 7 de julio). Las nuevas cepas del Covid ponen en cuestión la efectividad de las vacunas. En las últimas horas ya se conocen casos de docentes y otros trabajadores fallecidos por Covid a pesar de tener puestas las dos dosis. Argentina sólo tiene al 15% de su población con las 2 dosis y está lejos del 80% que recomiendan los especialistas para alcanzar algún tipo de inmunización colectiva.
La dirección sindical de la CTERA, defensora a ultranza de la presencialidad en pandemia, se ha focalizado en este período a exigir que se cumplan los protocolos –que ellos mismos firmaron con el gobierno sin mandato- para garantizar la presencialidad “segura”. Luego de la explosión de la escuela 144 de Neuquén, que terminó con la muerte de dos operarios y una docente, la lista celeste no llamó a ni un paro nacional. Luego del asesinato laboral de Sandra y Rubén en 2019. Y amaga con que “no habrá reinicio de actividad escolar, en donde no estén garantizadas las condiciones” (“Ctera exige escuelas seguras” 12-7-21). Donde haya “condiciones” a convivir con el virus, dicen los voceros del gobierno.
La lista Multicolor, donde predominan las posiciones del FIT-U, continúa sosteniendo la presencialidad “con condiciones” y han boicoteado las mociones de huelga contra la presencialidad en pandemia (Suteba Matanza, Bahía Blanca, Docentes auto convocados de Salta). En Córdoba, el PO (oficial) ha ido más lejos, presentando un proyecto de ordenanza en la ciudad por una presencialidad “segura”. El planteo de que se “suspendan las clases presenciales en las escuelas dónde no estén dadas las condiciones” (Sutebas Multicolores, 4/7) omite la principal “condición” que se cobra la vida de los trabajadores: la pandemia. Los edificios escolares y sus conocidos problemas de infraestructura, gas, etc., deben ser resueltos, pero a condición de que mientras dure la pandemia, la presencialidad sea suspendida y se decrete el pase a la virtualidad.
Paritarias
Otro aspecto que está siendo motivo de numerosos reclamos en las provincias es la cuestión salarial. El gobierno y la burocracia de CTERA pactaron un acuerdo salarial del 35% en cómodas cuotas, no retroactivas y tampoco acumulativas. El aumento de bolsillo fue por debajo del 30%. Sonia Alesso y Baradel la calificaron como “la mejor paritaria de los últimos tiempos porque le gana a la inflación” pero la inflación, que se proyecta en un 50% anual, le está ganando por goleada a los salarios. El salario básico de un docente a nivel nacional es de $31 mil pesos. La mitad de una canasta de pobreza. Y casi la tercera parte de una canasta familiar. Ya es habitual que las compañeras y compañeros deban generarse otro ingreso por fuera de la docencia para poder llegar a fin de mes. La política de reducción del “gasto fiscal” que realiza el ministro de economía Guzmán, para congraciarse con FMI y los usureros internacionales, ha significado un golpe severo a los salarios y a las jubilaciones.
La burocracia sindical empieza a plantear tibiamente la necesidad de un incremento salarial, pero sin el mandato de ninguna asamblea que fije montos concretos. Pretenden tener las manos libres para firmar otro acuerdo ruinoso, que probablemente sea el adelantamiento de alguna cuota.
Huelga
Tomando este cuadro de conjunto, para la docencia, queda planteada la necesidad de preparar la huelga por el no inicio de las clases presenciales en pandemia y un salario básico igual al costo de la canasta familiar.
Este camino ya lo comenzaron a caminar en Salta los docentes auto convocados, que terminaron el primer tramo del ciclo lectivo con paros progresivos, y ya tienen votado el no inicio de clases presenciales con paro por tiempo indeterminado, para que se declare el paso a la virtualidad. En Chubut, el sindicato Atech, ha convocado a una huelga por 48hs (26 y 27 de julio) porque exigen ser convocados a re discutir su paritaria. En Tierra del fuego, SUTEF, realizará una caravana por el mismo reclamo. La última asamblea de docentes auto convocados de Tucumán resolvió “Preparar acciones luego del retorno de las vacaciones con el fin de dar una lucha firme contra el aumento de la presencialidad educativa en resguardo de la salud y la vida” (3/7). En Neuquén, ATEN paro tras la explosión de la escuela 144 y hubo movilizaciones masivas pidiendo el juicio y castigo a los responsables. El SUTE en Mendoza realizó el 9 de julio una concentración por paritarias libres y por aumento salarial, junto a otros sindicatos. En CABA, Ademys resolvió en su última asamblea un paro de 24 horas para el agosto, también cuando se deben reiniciar las clases presenciales.
Mariano Hermida
14/07/2021
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