Se ha dado a conocer la cifra del déficit fiscal primario correspondiente al primer semestre del 2021, el mismo ha sido del 0,5% del PBI. Este porcentaje, si bien es un 0,37% superior en relación a los datos de mayo, la realidad es que está muy alejado del 4,5% anual que proyectó el gobierno cuando redactó el Presupuesto 2021. Es decir, la política de ajuste fondomonetarista continúa sobre rieles.
En primer lugar, el resultado fiscal de junio 2021 desmiente categóricamente el discurso del gobierno en torno a las jubilaciones y a la asistencia social. Lo cierto es que la escalada inflacionaria ha pulverizado los haberes previsionales y el conjunto de los programas sociales, tales como la AUH, cuyos montos se encuentran congelados. Lo anterior, sumado a la quita del IFE, se refleja en el hecho de que el gasto destinado a las prestaciones sociales perdió un 10,2% contra la inflación en el transcurso de un año.
Capítulo aparte merece el grado de confiscación que vienen sufriendo los trabajadores jubilados. La reforma del gobierno que modifica la fórmula mediante la cual se calcula la movilidad ha dado como resultado una pérdida real del 3,94% en las jubilaciones en el primer semestre del año. A esto se suma la pérdida de poder adquisitivo durante el 2020 -fruto de los aumentos por decreto- del 0,6% para la jubilación mínima y del 8,7% para quienes cobran la máxima.
Persiste además el ajuste en las transferencias estatales al sector público. Estas partidas tuvieron una reducción real del 5,7% en un año, lo cual impacta en el salario de los trabajadores estatales y en las transferencias hacia las provincias fundamentalmente. Como se ve, el gobierno pisó apenas el acelerador del «gasto público» forzado por el calendario electoral, no obstante, sigue primando la austeridad fiscal.
Las partidas que sí le ganaron a la inflación estuvieron dirigidas a subsidiar al gran capital. Sin ir más lejos, la asistencia estatal a Cammesa -la empresa que genera energía eléctrica- ascendió un 111,6% interanual, mientras que el dinero contemplado en el programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos aumentó un 57,3%. Evidentemente, el gobierno no escatima recursos cuando se trata de complacer a las petroleras.
De este modo, Alberto Fernández le ofrenda al FMI, en pos de arribar a un acuerdo, un ajuste a costa de mayores penurias para los jubilados y la población más empobrecida. En lugar de aumentarla, permite que la inflación devore la asistencia social en momentos donde arrecia el hambre y la desocupación y los efectos de la pandemia están lejos de haberse superado.
Lo más ominoso es que la tijera oficial sigue su curso en un contexto donde la recaudación aumenta. Los ingresos tributarios se incrementaron en un 80,7% interanual, principalmente como resultado de la suba del 141,2%, con respecto a junio 2020, de lo recaudado con los derechos a la exportación (retenciones) a causa del «boom» en el precio internacional de las commodities del agro. A su vez, lo recaudado mediante el IVA fue un 96,1% superior en junio 2021 en comparación al mismo mes del año anterior debido al crecimiento de la inflación. De nuevo aparece de manera muy nítida cómo la disparada en los precios que perjudica al bolsillo popular, al mismo tiempo contribuye en nutrir las arcas del Estado y en beneficiar a las patronales.
Para terminar con el ajuste constante hacia las mayorías es necesario poner fin a la política sistemática de rescate de una deuda usuraria y romper con el FMI. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad entendemos que los recursos del país tienen que estar al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades sociales.
Sofía Hart
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