Según la versión policial, el cantante sufría "un brote psicótico como consecuencia del consumo de estupefacientes" y se les abalanzó con un cuchillo. La madre luego desmintió las versiones de la policía y declaró que su hijo no había puesto en riesgo la vida de nadie. El policía finalmente se encuentra imputado.
Chano fue trasladado de urgencia al Otamendi donde lo operaron y le extirparon un riñón, el bazo y parte del páncreas.
Punitivismo y narcotráfico
El caso de Chano permite trazar una radiografía de la descomposición social actual y lo que significa el desastre que provocan las drogas, no sólo en los “caídos de los márgenes” para los que la burguesía exige “mano dura” sino también a los “famosos” que cuentan con cierto grado de tolerancia social.. Las adicciones son una forma extrema de alienación.
El estado burgués -su aparato represivo, su justicia y su poder político- están completamente entrelazados con el gran negocio capitalista del narcotráfico, el lavado de dinero y la privatización de la salud, en particular, de la salud mental – la ´desmanicomialización´ ha dado lugar a un vasto negocio con la salud mental de la población, a través de la tercerización de las ´casas de medio camino´ y de los tratamientos de ´rehabilitación´. Los voceros de la derfecha encubren la complicidad estatal con la industria del delito mediante vocinglería punitivista y clasista, que hace recaer las tintas sobre el individuo y los problemas derivados del consumo.
Por supuesto, un joven de la burguesía tiene la posibilidad del acceso a tratamientos que son sumamente onerosos en clínicas privadas, mientras los jóvenes de la clase obrera transitan su derrotero sin otra respuesta estatal que la policía. En el caso de Chano, la policía, que no es una institución sanitaria y que por lo tanto no está preparada para el abordaje de una cuestión de salud pública, actuó ´metiendo bala´, como ocurre cotidianamente en villas y barrios obreros. Desde un punto de vista general, las personas adictas son el desecho de la industria del consumo.
Por caso, Berni y Bullrich, desde ambas orillas de ´la grieta´, se metieron en “el debate” promoviendo el uso de las picanas Taser, coincidiendo en que “el uso de armas no letales hubiera resuelto la situación de otra manera”. Más allá de la cuestionable “no letalidad” de las Taser, la realidad es que desde hace más de 15 años el uso de esta tecnología represiva está contraindicado en personas con algún trastorno mental, o bajo influencia de drogas. Esta recomendación fue incorporada por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016, cuando dispuso la compra de este armamento. En vísperas de una convulsión social a gran escala por el ajuste en puertas, este lobby represivo no es casual.
Vaciamiento
La madre de Chano salió a exigir que se modifique la Ley de Salud Mental para facilitar la internación de su propio hijo. La ley apunta a la “desmanicomialización”, pero la promoción de tratamientos ambulatorios -que debería haber llevado aparejado un aumento de presupuesto para levantar residencias protegidas, centros de día y casas de noche y otros dispositivos alternativos- resultó en una tercerización masiva de su atención y una transferencia millonaria a “efectores” privados, cierre de servicios públicos para el abordaje de cuestiones mentales o de consumo, el recorte en las contrataciones de personal especializado y la casi inexistencia de programas estatales para el tratamiento de adicciones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la “desmanicomialización” estuvo asociada, a su vez, con una tentativa de negocio inmobiliario a expensas de los terrenos del hospital Borda.
Por otra parte, el Sedronar es una cueva de corrupción. Sus últimos directores -macristas y kirchneristas- terminaron envueltos en causas de corrupción.
No hay una salida legislativa o represiva a este cuadro de degradación social. Se trata de la incompatibilidad del capitalismo con la vida misma y de poner fin a un sistema que, de la mano de todo el arco político patronal, hace primar los intereses de los grandes capitalistas del Big Pharma y del FMI, impidiendo cualquier posibilidad de terminar con el narcotráfico, que se ha adosado al sistema industrial y bancario como una sanguijuela.
Se impone luchar por un sistema de salud único bajo gestión pública, de los trabajadores y usuarios y, en última instancia, por un gobierno de trabajadores.
Ana Belinco
30/07/2021
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