domingo, 11 de julio de 2021

Luchas populares contra el ajuste y definiciones hacia las elecciones


Panorama político de la semana.

 Nos encontramos a solo días del vencimiento del plazo para presentar alianzas (y luego listas) para las elecciones de septiembre. El panorama preelectoral se desarrolla entre el agravamiento de la crisis social, el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la desocupación, el hambre, las vacunas y las luchas obreras y populares en curso. 
 Esta semana, miles de piqueteros protagonizaron una jornada de lucha en todo el país, por un ingreso mayor a la canasta básica de $65.000 y contra las bajas en el plan Potenciar Trabajo. El eje de denuncia fue que ya habían advertido del “acuerdo” ruinoso firmado en el Consejo del Salario Mínimo, que deja a un millón de programas sociales en la indigencia. 
 A su vez, trabajadores tercerizados y despedidos de la energética Edesur, se sumaron el pasado jueves al corte de vías que realizaron los trabajadores de MCM, una empresa tercerizada del ferrocarril Roca, para reclamar el pase a planta de Trenes Argentinos. Los trabajadores de Garbarino, en distintas sucursales del país, están llevando adelante un plan de lucha ante la suspensión de pagos de salarios y el cierre de las sucursales que impone la patronal. Estos sectores convocaron nuevas acciones de lucha para la semana entrante, en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo y por los salarios. 
 También se llevó adelante el paro de 48 horas de los trabajadores del Hospital Garrahan, aún ante una dura ofensiva de la patronal, que anunció descuentos y sanciones. El reclamo central se da por las paritarias a la baja firmadas unilateralmente y las paupérrimas condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Votaron la continuidad de la lucha: en asamblea general se resolvió una nueva jornada de paro el próximo jueves 15 de julio y movilización al Ministerio de Trabajo. Los y las trabajadorxs de salud también realizaron acciones en Mendoza y Río Negro. 
 Se promulgó la ley de cupo laboral travesti-trans. En un acto desde el Museo Bicentenario, Alberto Fernández y su gobierno promulgaron con bombos y platillos la ley, en un nuevo intento oficialista de adjudicarse el logro de un reclamo histórico y de urgencia del movimiento. En el terreno de campaña electoral, el gobierno monta otra puesta en escena más para mostrarse como un gobierno “LGBT-friendly” y apropiarse de una de décadas en nuestro país. Pero lejos está de poder dar respuestas: el ministerio de Mujer Género y Diversidad, en lo que va del 2021, utilizó solo el 24% del presupuesto asignado. 

 Medidas insuficientes para palear la crisis 

El gobierno está llevando adelante un ajuste atroz contra la población, llegando a un índice de pobreza del 45,3%. Este empobrecimiento generalizado es uno de los ejes que llevarían al gobierno, según las encuestas, a una caída electoral; lo que preocupa al frente gobernante, sobre todo, es el distrito principal: la provincia de Buenos Aires. 
 Para calmar el descontento con la vacunación, Fernández lanzó un DNU ,discutido a puertas cerradas entre el Ministerio de Salud y los directivos de Pfizer, cumpliendo todas las exigencias de las farmacéuticas. El gobierno busca destrabar la compra de dosis de Pfizer y de otros laboratorios estadounidenses como Janssen y Moderna. Pero la posibilidad de la llegada de vacunas tampoco garantiza que se complete la vacunación de los adultos, porque se desconoce cuántas serán. Muy lejos de plantearse el fin de la pandemia, desde el Partido Obrero planteamos que para enfrentarla es necesaria la triplicación del presupuesto sanitario y la centralización del sistema de salud, de manera que se conozcan todos los recursos y se optimice el uso de los mismos. 
 Aún así, el “bolsillo” es lo que marca el humor social, y el gobierno pretende lanzar otras medidas paliativas para revertirlo, sobre todo en su base electoral “desilusionada”. Como desarrollamos en la editorial de Prensa Obrera, entre las medidas anunciadas está el adelanto de los aumentos programados para el salario mínimo, vital y móvil; la elevación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias sobre el salario; la habilitación de nuevas paritarias para rediscutir los aumentos acordados en el primer cuatrimestre del año, entre ella la de los trabajadores estatales; bonos para los jubilados y los trabajadores de salud, y un mayor gasto social, fundamentalmente. 
 El gobierno también lanzará próximamente dos planes para “impulsar” el empleo, en los cuales la patronal no se hará cargo de la totalidad de los salarios, sino que una parte provendrá de los fondos públicos. Uno de ellos apunta a la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años por parte de las Pymes, el plan “Empleo Joven”, mientras que el segundo busca “empalmar» los programas sociales con el trabajo formal. Se trata de un abaratamiento de la mano de obra y un subsidio hacia los empresarios.
 La realidad es que ninguna de estas medidas llegarán a paliar el grave cuadro de crisis económica en la cual está inmersa la mayoría de la población. 

 Frente a la crisis habitacional, no hay grieta para los desalojos 

Uno de los problemas centrales en el país es la crisis habitacional. Los gobiernos son responsables de destinar los recursos de tierra e inmuebles a la especulación inmobiliaria, lo que dificulta el acceso a la vivienda para los sectores populares. 
 En CABA, el gobierno de Larreta aprobó en la última sesión legislativa la modificación en los códigos de edificación y catastro, que permiten mayores avances en favor de los especuladores. Entre sus puntos centrales, deja abierta la posibilidad de la instalación de barrios privados en la Ciudad y reduce las condiciones de habitabilidad perjudicando en particular a las personas con discapacidad. En la misma sintonía, el gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa promoviendo los negociados y la especulación inmobiliaria, a tono con los intendentes propios y de la oposición de Cambiemos, mientras más de un millón de personas no tienen donde vivir.
 A nivel nacional, el gobierno anunció a la reapertura de las inscripciones para postularse a los nuevos créditos del programa Casa Propia y al Procrear II, pero totalmente vedado a la población más vulnerable: es necesario contar con ingresos familiares superiores a dos salarios mínimos para poder ingresar al Procrear II, así como también contar con doce meses de continuidad laboral registrada. Por su parte, el programa Casa Propia exige un ingreso familiar superior a $53.000. 
 La demagogia oficial alrededor del derecho a la vivienda contrasta con una política de desalojos permanentes a aquellas familias que reclaman “tierra para vivir”. Cientos de familias trabajadoras a lo largo del país, ante la falta de respuestas por parte del gobierno, han construido sus viviendas en terrenos ociosos o fiscales. Sin grieta, esta semana el gobierno y la oposición de derecha reprimieron a en varios procesos de recuperación de tierras, bregando por su desalojo: Villa La Angostura, barrio Rodrigo Bueno en CABA, Camino de la Ribera en Lomas de Zamora. 
 Visto de conjunto, el ajuste en marcha es una carta de presentación de cómo el gobierno piensa garantizar los futuros acuerdos que ayuden a que la clase capitalista y el propio Estado puedan salir a endeudarse al mercado financiero mundial. 

 El desafío y las tareas del Frente de Izquierda Unidad 

A partir de las últimas elecciones, en la provincia de Misiones y Jujuy, se confirma una oportunidad política para el FIT-U, resultado del descontento popular con quienes nos gobernaron las últimas décadas. 
Durante la campaña electoral se harán sentir todas estos reclamos y luchas contra el ajuste.Tenemos que desarrollar la acción política independiente de la clase trabajadora, impulsando la organización de los sectores más agraviados. En ese sentido, desde el Partido Obrero proponemos listas unitarias y un Congreso Nacional del FIT-U. La campaña se está desarrollando a todo motor, con charlas, plenarios y asambleas en todo el país. 
 Esta propuesta va ganando adhesiones entre los y las luchadores en todo el país. Cobra una importancia central el masivo plenario virtual del Polo Obrero, con 3.000 delegados y compañeros de 22 provincias del país, en el cual resolvieron participar de la campaña electoral junto al Partido Obrero y el FIT-U. Se suman a la campaña delegados y referentes de distintas luchas: Bimbo, Clínica San Andrés, Adunlu, luchadores de la heroica huelga de la salud de Neuquén, trabajadorxs de la educación de esa provincia, trabajadores judiciales, artistas y estatales, estudiantes y jóvenes de todo el país. 
 Está en nuestras manos abrirles paso a los trabajadores para una salida política propia e independiente de los partidos del régimen, quienes gobiernan y la derecha, responsables directos de la catástrofe social en la cual está sumergido el país.
 Buen domingo. 

 Camila Mic 
Editora de Prensa Obrera.

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