La segunda reunión de los enviados de Fernández –Larreta-Kicillof para adoptar medidas frente al ascenso del Covid resultó completamente estéril. Ocurre que el número de casos diarios, que se conoció cuando terminaron de cabildear, había trepado a 20.800, un record absoluto desde que comenzó la pandemia. Frente a esto, el cierre de boliches de dos a seis de la mañana que se aprestaban a informar, resultaba una mojada de oreja a 45 millones de “argentinos y argentinas”.
El dato, cantado, lo anticipaban las colas interminables para el hisopado en los hospitales públicos, la duplicación en los distritos llamados “críticos” y la saturación de los servicios de terapia intensiva. Las patronales de la salud privada denunciaban el colapso de las UTI’s, lo mismo que los directores de hospitales públicos, como ocurre en Escobar.
Los diarios informan de una posición aperturista extrema de Larreta y otra menos extrema del gobierno bonaerense. El rango de la disputa entre ambos es irrelevante. El confinamiento para frenar la circulación comunitaria del virus y sus variantes debe ser financiado, de lo contrario es una frase vacía. Pero el gobierno tiene destinado, incluso lo que no tiene, al pago de la deuda pública, al ‘ajuste’ que comprometió con el FMI, al pago de Leliqs y a la exención de impuestos para los constructores. Sin una fuerte intervención en la propiedad privada del gran capital, una salida real a la pandemia es imposible. Al “trío del AMBA” le preocupa lo contrario: que los contagios no arruinen los negocios que acompañan a una reactivación. Por eso coinciden en mantener al conjunto de la circulación industrial y comercial, y en función de ella la presencialidad escolar. En pleno ascenso de casos, el Consejo Federal de Educación acaba de sacar pecho para declarar que la “presencialidad” seguirá vigente en los 24 distritos del país. De nuestra parte, llamamos a combatirla y a poner la educación en manos de educadores independientes del capital y de los docentes y trabajadores.
La economía política de la pandemia no puede ser sino de racionamiento - planificado. El poder público debe utilizar los medios de que dispone y la movilización del pueblo para intervenir el gran capital, de modo de asegurar la subsistencia de todo el mundo, incluidas las pymes y hasta las familias de quienes serían privados de usar su riqueza – por ejemplo, para pescar truchas en la Patagonia o pasearse donde le venga en gana.
En una situación pandémica insostenible, los jefes de gabinete sólo han parido el inmovilismo. El impasse del régimen tiene antecedentes continentales: la industria automotriz de Brasil se vio obligada a cerrar cuando el virus se infiltró en sus plantas, a costa de los trabajadores. Antes, sin embargo, habían sido los primeros en aplaudir la ‘apertura de la economía’ de Bolsonaro-Guedes.
El Covid económico
El gobierno “Todista” se resiste a colocarle los clavos al ataúd de una política económica que, de todos modos, se encuentra en ruinas. El estallido inflacionario, casi un 40% anualizado, está precipitando una hecatombe social. El atraso cambiario no ha servido para planchar a los precios, ni tampoco la desvalorización histórica de salarios y jubilaciones. El diagnóstico “multicausal” que Guzmán ha ofrecido de la inflación, deberá buscar las otras ‘causas’. La desvalorización de la fuerza de trabajo, que en Argentina se manifiesta en la inflación, en la mayoría de los países se hace por medio de la deflación – la caída del salario y la jubilación nominales. El poder adquisitivo del salario en EEUU ha tenido un cuarto de siglo de estancamiento o retroceso. El trabajador de Argentina tiene que crear plusvalía para su patrón y para el acreedor de su patrón, el capital financiero internacional. La desigualdad de ingresos ha avanzado en todo el mundo, y desde la pandemia se ha convertido en catástrofe social, unida a los despidos y suspensiones. La superexplotación de la fuerza de trabajo y los medios para vencer los obstáculos para imponerla, desde la precarización laboral hasta la inflación, tiene una causa última, que es el capitalismo. La polarización social en las condiciones de pandemia, lo deja más claro que nunca.
Alternativas
La ‘segunda ola’ puede conducirnos a la variante Bolsonaro, o sea, un descontrol pandémico y económico completo. Alternativamente, un confinamiento suficiente como para eliminar la diseminación comunitaria, como ha ocurrido en Australia, China, Nueva Zelanda, hará saltar las bisagras que quedan de la economía. Con mediaciones varias, ambas alternativas constituyen un callejón sin salida. El movimiento popular debe estructurar su política de cara a estos escenarios. No va a esquivar las esquirlas de la catástrofe con gambetas como la ‘presencialidad segura’, que es desafiada por un número creciente de huelgas.
Hay una movilización en ascenso de compañeros sin trabajo, despedidos y con salarios inferiores al ingreso de pobreza Crece, claramente, la inquietud y la movilización en los docentes. Un paro del subte, la semana pasada, ha vuelto a demostrar que el capital, no el virus, es el enemigo de la salud de los trabajadores. Lo mismo ocurre con las huelgas y autoconvocatorias en hospitales y sanatorios. Las condiciones económicas del conjunto de la clase obrera – desocupados y ocupados, activos o jubilados – están más allá de lo tolerable. Es necesaria una convergencia de todo este colectivo trabajador, por medio de un plan de lucha. La última barrera para que ello ocurra es la dependencia menguante de muchas direcciones combativas con respecto al gobierno de los Fernández, y otras, de izquierda, para las cuales la lucha debe servir a su progreso electoral. La forma de abatir estos obstáculos, de naturaleza política, es, precisamente, mediante una agitación a favor de la lucha unificada del movimiento obrero en su totalidad histórica. Lo único realmente nuevo, en las últimas semanas, es la aceleración del ritmo de la confrontación de clase. Es en el terreno de esta lucha que se delimitarán los programas, las tácticas, las políticas y las direcciones en presencia.
Marcelo Ramal
06/04/2021
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