Las “nuevas” restricciones, un traje a medida para la UIA y los fondos internacionales

El nuevo decreto de restricciones no fue conocido aún en su forma definitiva. Pero todo indica que intentará “resolver” un dilema sin salida, a saber: cómo controlar el desmadre sanitario sin tocar un solo nervio del engranaje capitalista – las escuelas, las fábricas, el gran comercio. Como esa contradicción es insoluble en esos términos, conducirá a una crisis sanitaria y política en breve plazo. 

 Las ´preocupaciones´ oficiales no apuntan a las razones que llevan al traslado y circulación de las masas, que es sencillamente la concurrencia al trabajo. En cambio, y en forma sibilina, los funcionarios apuntan al traslado mismo, o sea, al transporte público. El anuncio más resonante de estas horas es que reforzarán los controles a las personas que andan en tren, en subte o colectivo. Así planteada, la restricción es inviable: para reducir la carga del transporte público, es necesario que las grandes patronales vuelvan a asegurar el traslado de los trabajadores a su costo, a través de combis o micros particulares –algo que la Unión Industrial rechaza visceralmente. Luego, se encuentra el 40% de la fuerza laboral precarizada, que no tiene condición para tramitar permisos de circulación con mayores exigencias. Así las cosas, lo más probable es que, después de algunos días de controles con fuerte despliegue mediático, la circulación vuelva a ser tan masiva como hoy. 

 En el caso que funcionara, el esquema de controles a los trabajadores precarizados empujaría a la completa miseria a quienes no puedan trasladarse para procurar algún ingreso. La nueva restricción ni siquiera menciona algo parecido a un subsidio a la población desocupada –el gobierno le ha juramentado a los ´observadores´ del FMI que no volverá a un esquema de emergencia social –siquiera mezquino como el del 2020- ante la “segunda ola". El “cepo” a los desocupados se librará por partida doble: por un lado, colocando frenos a su circulación laboral. Por el otro, con un esquema de hostilidad hacia las movilizaciones populares, tal como se anticipó en las últimas horas. En este punto sí hay una nueva “restricción”, pero contra el derecho a luchar, que extiende la que ya existe contra el derecho a elegir delegados gremiales o a realizar asambleas en los lugares de trabajo. 

 La “nueva” etapa, que fue discutida y negociada con Larreta y sus funcionarios, busca un punto de acuerdo con el macrismo en la cuestión estratégica de la presencialidad escolar. La palabra de orden, ahora, es la “presencialidad administrada”, un régimen de concurrencia alternada a las escuelas que aportará poco y nada en lo pedagógico, y no dejará de diseminar focos de contagio. Larreta y la gran patronal salvarían, de ese modo, la bandera de la presencialidad, en sintonía con el presencialismo industrial y comercial que la nueva fase continuará preservando a muerte. Según parece, la Corte ayudaría a este “consenso” contra los docentes a través de un fallo pretendidamente salomónico, pero que pondría a salvo la “autonomía porteña”, o sea, el derecho del macrismo a sostener las escuelas abiertas. Los acuerdos de estos días, con activa participación del presencialista Trotta, anticipan ese rumbo. 

 Los redactores del decreto 

Es probable que esta versión degradada de las restricciones anteriores arruguen el ceño de alguno de los infectólogos que visitan Olivos, y que recorren los medios reclamando medidas más enérgicas. Pero el decreto liviano no se redactó en las salas de terapia intensiva, sino en el mercado de cambios de la city: el ojo de Fernández está puesto en la levantada –por ahora leve- del dólar paralelo, es decir, en la “intranquilidad” de los mercados. El libreto de las nuevas restricciones atiende a los socios de la UIA, por un lado, y a los fondos internacionales Templeton y Pimco, por el otro. Los ´viejos amigos´ de Caputo están perpetrando un retiro de fondos del país que, por ahora, ejecutan en “cuotas”, pero que podría volverse tumultuoso si se desencadena un “desborde fiscal”. Ellos entienden por “desborde” a una atención excepcional del colapso social y sanitario, que en el presupuesto 2021 no mereció siquiera una partida especial. Fernández-Guzmán están utilizando los apreciables dólares de la soja como garantía para la permanencia de los especuladores internacionales en el mercado financiero local, esperando recibir como contraprestación una tregua hasta las elecciones. 

 En función de este propósito, Fernández también ha pegado sus volteretas en el mercado de vacunas: por ´sugerencia´ de los enviados de Biden, retomó las negociaciones con Pfizer, algo que, incluso si prosperara, tendrá resultados distantes. En contrapartida, se complica el abastecimiento de Rusia y de China. La contraofensiva yanqui en este plano alcanza a todo el continente, pues Bolsonaro acaba de colocarle un cepo al ingreso de la Sputnik en Brasil. La política presencialista -que el nuevo decreto no va a alterar- es una pieza fundamental de este guiño al capital internacional, el cual tampoco quiere financiar en “sus” países las consecuencias sociales de cierres significativos de la actividad económica.

 Crisis en puerta

 Como viene ocurriendo desde hace un largo año, el decreto retaceado de Fernández va a chocar con la realidad simple y elemental del progreso de la pandemia. La política de las seudorestricciones puede conducir a un salto pandémico todavía mayor, en un cuadro donde el sistema hospitalario ha literalmente estallado, y donde no se avizora una salida a la crisis de vacunas. La ´mesura´ de Fernández lo puede depositar en una crisis sanitaria y política de mayor alcance, y en las vísperas del proceso electoral. La impotencia del régimen político para vérselas con la crisis despierta un protagonismo cada vez mayor de los trabajadores. 

 Marcelo Ramal 

 29/04/2021