Tsunami de desalojos

El Gobierno no extendió el DNU 320/20 que prohibía los desalojos y prorrogaba el pago de los aumentos de los alquileres que afecta a más de 9 millones de personas. Los inquilinos tendrán que cubrir las deudas, los intereses y los nuevos contratos de este año, de nuevo en condiciones de restricción social. A principios de marzo, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció la no extensión, a pesar que al mismo momento se declaró la emergencia sanitaria hasta fin de año. El DNU sólo contemplaba los alquileres formales, dado que la mayoría son informales, y ahí los desalojos se realizan a punta de pistola. Desde el 1 de abril se abrió una cascada de juicios de desalojos. Antes del fin de la prórroga, sólo en Rosario se registraron 400 juicios de desalojo, y en CABA, en sólo 45 días entre agosto y septiembre, según el CELS, se iniciaron tantas demandas de desalojos como en la mitad de todo 2019. Consejerías de vivienda declaró haber asistido en pocos meses a más de 400 desalojos. 

 Medidas de arbitraje

 De los 2 millones de desocupados nuevos, la mitad son inquilinos que recibían el IFE u otras ayudas. La inscripción de los alquileres en la AFIP no es obligatoria ni impide los desalojos. Más de la mitad de los alquileres son informales, y sólo se han registrado 52.100 inscripciones. Las cámaras inmobiliarias ya anunciaron que harán dos contratos, uno en blanco y otro en negro. El “protocolo” diseñado por el Gobierno sólo abarca alquileres formales. Las mediaciones entre partes, en CABA fueron un “colador” de desalojos. 

 El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, anunció que se establecerán criterios de priorización de las personas (iprofesional, 5/4), pero no dice qué solución concreta se les otorgará a los elegidos, como podría ser, adjudicar un techo inmediato a las familias en situación de desalojo.

 Sanitaria, habitacional, humanitaria 

Desde la Federación de Inquilinos Nacional declararon que “La reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el Gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país” (iprofesional, 7/4). Los desalojos son otro vector de la enfermedad, como la presencialidad escolar y los trabajos no-esenciales. Hay 2,4 millones de inquilinos endeudados, 1.249.500 hogares no pudieron pagar enero, 300.000 acumulan deudas de 5 meses o más, 53,5% de los ingresos totales del hogar se destinan al alquiler, según Inquilinos Agrupados. Los aumentos se disparan hasta el 100%. 

Hay una vivienda cada dos personas. La inflación del año pasado fue 36%, mientras que en Flores, un barrio promedio de capital, aumentó un 66%. Hay más inquilinos y menos propietarios del año 2003 a 2020. Según el INDEC los inquilinos pasaron en Rosario del 15,2 al 21,9%; en Mendoza del 13,3% al 20,6% y del 38% a 46% en CABA. 

 Amparo y prohibición

 FIN impulsó un amparo y una medida cautelar para retrasar los desalojos (Ipro, 5/4). Su titular Gervasio Muñoz, declaró en el programa “Brotes Verdes” que “a los inquilinos les empiezan a llegar las demandas de los juicios que se habían iniciado antes del decreto”. Según la nueva ley de alquileres, los aumentos se fijan mitad por inflación, mitad por salarios. Pero la trampa está en que en vez de renovar con la ley, el propietario desaloja y arma un nuevo contrato, ya que no hay topes a los contratos nuevos desde la dictadura militar. El interés fundamental del gobierno es no alterar el mercado inmobiliario - el canal principal de las inversiones redituables. Muñoz agregó que “No se podía salir del decreto sin un plan de contención y de desendeudamiento”. O sea que se necesita una transición hacia la desregulacióm completa del mercado de alquileres. 

 La consigna principal de Inquilinos en Lucha y del colectivo #ProhibidoDesalojar. En segundo lugar, es necesaria una condonación de las deudas, que debe ser financiada por los grandes capitales cuando afecte a los pequeños propietarioas. 

La consigna “quédate en casa” solo es viable si tenes una casa para quedarte. Ningún desalojo en el país, topes a los alquileres (25% del salario), gravamen extraordinario a la renta y el patrimonio de los capitales inmobiliaros, incluidos bancos y fondos. Por un plan de construcción de 4 millones de viviendas y el habitat correspondiente. 

 Emiliano Monge 

 08/04/2021