Un estudio del matemático y especialista en Estadística, Daniel Gervini, confirmó que el pico de contagios y de muertes llegaría al Área Metropolitana de Buenos Aires en mayo y sumaria, solo en esa región, unos 32.000 contagios diarios, incluso con más medidas anunciadas la semana pasada. Se suma a otros especialistas que pronostican el mismo escenario: un agravamiento de la pandemia.
El análisis se hizo basándose en las variaciones del Ro tanto de Capital como de la Provincia de Buenos Aires, que en pocas palabras es “el número de reproducción del virus” y que viene en aumento pronunciado desde marzo, coincidente con el inicio de las clases presenciales.
Dicho número permitió al matemático estimar el pico de contagios para Capital y Provincia. En el primer caso llegaría a principios de mayo con 10 mil casos y 120 muertes diarias; en el segundo, la fecha sería finales de mayo, con cerca de 22 mil casos y 450 muertes diarias. Con estos cálculos, en los próximos 60 días se sumarían 1.400.000 casos y 62.800 muertos para ambos sectores.
Aunque este escenario es conocido por el gobierno y los distintos epidemiólogos que lo asesoran, las medidas distan mucho de ser las necesarias para contener el avance de la pandemia. Primero porque el pico de contagios se espera para después del 30 de abril, fecha en la que terminan las restricciones. En segundo lugar porque las restricciones determinadas por el gobierno afectan la circulación sólo entre las 20 y las 6, y no durante los horarios pico de circulación de personas. Por eso las imágenes que se vieron la semana pasada, cuando ya habían comenzado a regir las medidas, no distaron de las vistas previamente: cientos de personas abarrotadas en el transporte público, yendo o volviendo de sus trabajos en la medida en que ninguna actividad se encuentra restringida.
Incluso, el estado del sistema de salud es de una extrema fragilidad. Aunque AF hablara de un relajamiento del sistema, lo cierto es que hoy se encuentra al borde del colapso sanitario (en algunos municipios particulares ya lo alcanzó) producto de que no se haya aumentado el número de camas, respiradores y personal en los meses de baja de casos. De hecho, las camas de UTI del sector público no se aumentan desde el pico de octubre del 2020; en esa oportunidad los casos llegaron a un máximo de 18 mil, mucho menor que los números que se pronostican esta vez. Con respecto al sistema privado, no solamente se procedió al cierre de más de 10 clínicas privadas, sino que las denuncias de reducción de camas por parte de afiliados y profesionales son varias. Hoy, los hospitales están armando sus protocolos de última cama para decidir qué paciente tiene más chances de sobrevivir y a quien simplemente no tienen los recursos para tratar.
El panorama pinta una catástrofe sanitaria y social con todas las letras, conducida por el gobierno nacional, quien no tiene una salida para ofrecer ni está dispuesto a entregar los recursos necesarios para enfrentar la pandemia y defender la población. Finalmente quienes la defienden son los profesionales de la salud, en la primera línea desde el inicio, cargando sobre sus espaldas los restos de un sistema sanitario quebrado y desfinanciado y que hoy lideran algunas de las principales luchas del país, como la de Neuquén; los docentes, quienes hoy protagonizan un enorme paro en CABA que va en sintonía con el de la semana pasada reclamando el cierre de las escuelas frente a una presencialidad sin condiciones y el notorio aumento de casos en la comunidad educativa.
Las reivindicaciones que hoy levantan ambos sectores son aquellas por las que hay que luchar en defensa de la salud de la mayoría de la población. En materia de salud, la triplicación del presupuesto, la contratación de más personal con aumento de salario, la apertura de las clínicas cerradas en la pandemia bajo control de los trabajadores. Estas cuestiones urgentes no pueden llevarse adelante sin un plan de vacunación masiva, que tenga como principal necesidad la intervención del laboratorio argentino del Grupo Insud que produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca y la intervención estatal del mismo para amplificar la vacunación. Tampoco puede garantizarse sin medidas restrictivas discutidas por expertos y definidas con el conjunto de la clase trabajadora; para que la clase trabajadora obrera ocupada y desocupada pueda cumplir con dichas medidas, se requiere poner en pie un plan de ayuda social con un IFE de $40 mil y una política de defensa del salario y de los puestos laborales. Poner en pie una cuarentena y una vacunación bajo control obrero.
Lucía Cope
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