Los pacientes de riesgo serán llamados por las patronales a volver a sus lugares de trabajo, Al hacerlo, "deberán presentar constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación". Por otro lado, quienes "tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras". Este punto de la resolución abre la puerta de los descuentos a quienes opten por no vacunarse, o al despido con causa, que es, ciertamente, el objetivo de la resolución oficial. Asistimos a la imposición de un ‘distanciamiento social’ invertido: el despido del paciente de riesgo que se niegue a infectar a sus compañeros o a arriesgar su propia vida.
Nueva normalidad
Los Fernández ya han dicho que las disposiciones que han adoptado frente a la ‘segunda ola’, tenían el propósito de “proteger la presencialidad escolar”, Agregan ahora la “presencialidad laboral” en todos sus aspectos. Para el dúo gubernamental, la escalada de contagios es tomada como una ocasión para poner fin a lo poco que quedaba del ‘distanciamiento social’ - lo contrario de lo que recomiendan los infectólogos en todo el mundo. La peculiaridad de la ‘ola’ actual es que la vacunación, insuficiente y hasta intrascendente en números, convive con un aumento de contagios y mutaciones virales múltiples. Esta imposición forzada del trabajo recuerda a las leyes de vagancia del siglo XIX, cuando el que no estaba conchabado en una estancia era un vago sujeto a condena penal. Es la reminiscencia rosista que reivindica el pejotismo. Eso sí: los millones que pasan hambre porque no encuentran trabajo, siguen exentos de la esclavitud laboral.
Numerosos estudios internacionales ponen en duda la efectividad de una sola dosis de vacuna, ni qué decir de la incertidumbre de que la segunda llegue a tiempo. Los VIP ya se dieron las dos. Hay también un aspecto instructivo en todo esto: el estado no tendría un relevamiento personalizado de cada individuo de riesgo, de lo contrario no dejaría que la habilidad para volver al trabajo se decida en puerta de planta. La resolución otorga un arma extorsiva a la patronal, para forzar al trabajador a un ‘retiro voluntario’ ruinoso. Esto ha ocurrido todos los días, antes de la pandemia. Si el los abogados Fernández lo desconocen, y lo mismo ocurre con el ministro de Trabajo, deberían elegir la jubilación – la mínima.
Los lugares de trabajo
Vacunas aparte – un pretexto – el Gobierno reivindica los protocolos establecidos y una ausencia de contagios en los lugares de trabajo. "El virus circula en las reuniones familiares, no en las fábricas ni en el transporte ni en las escuelas", dice el Gobierno. Alberto Fernández, con dos dosis encima, se contagió en los jardines de Olivos. La gente llega contagiada de su casa a los lugares de estudio y de trabajo.
La burocracia de la CGT reclama aperturas a ultranza, no sea que las finanzas de las Obras Sociales que regentean con los servicios privados de Salud, se vean afectadas. En orden a salvar sus privilegios económicos, han conseguido que se suspendan las elecciones sindicales por segundo año consecutivo. A la fábrica se puede ir a laburar, pero no a votar delegados y comisiones internas.
Contra la ausencia de contagios en fábricas, que alega el Gobierno, los trabajadores de la industria automotriz han dado conocer una suba de casos imparables (ver nota). Los barcos pesqueros de Mar del Plata denuncian contagios de dotaciones completas, hasta 50 trabajadores. Para que la licencia por Covid y por contacto estrecho se pague, se ven obligados a declararse en huelga. Como el descuento de premios u horas se ha generalizado, la denuncia de casos sospechosos es desalentada. Eso significa que los casos son muchos más que los conocidos. No hay fábrica del país donde no suban los contagios.
Es necesario abrir el debate sobre la continuidad del trabajo presencial en la industria y el comercio, y de un lockdown general para parar los contagios. La esencialidad otorgada por el Gobierno a la clase capitalista, es un crimen social.
Pablo Busch
09/04/2021
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