La reunión entre el presidente y el Jefe de Gobierno terminó, previsiblemente, sin acuerdo. Larreta sostiene que “las escuelas no contagian”. Un despropósito, porque no tiene en cuenta el enorme movimiento social, comercial y de transporte que implica la presencialidad escolar. Es un planteo que además no tiene en cuenta la realidad de las escuelas, donde se vienen cerrando masivamente burbujas por casos de Covid-19 y contactos estrechos en forma cotidiana.
En su exposición, Larreta sostuvo que las escuelas son lo último que debe cerrarse. Pero no propone cerrar ninguna otra actividad en lugar de las escuelas. Explota el punto débil de un planteamiento presidencial que cierra las escuelas mientras mantiene el conjunto de la actividad económica abierta hasta las 20 hs, una medida que no logrará de ninguna manera frenar los contagios. Fernández acepta la gravedad de la situación de la pandemia, pero sólo cierra los comercios luego de las 20 hs.
Estamos en este punto frente a variantes de un planteo que tienen en común la defensa de la continuidad del conjunto de la actividad económica. Una política que no logrará frenar la escalada de casos, que está saturando las salas de terapia intensiva en la Ciudad y el conurbano.
El motivo central de esta coincidencia es que ninguno de los dos gobiernos quiere afrontar los costos de un nuevo cierre, en un momento en el cual el gobierno avanza en un pacto con el Fondo Monetario Internacional y pretende defender el recorte fiscal que viene implementando desde la eliminación del IFE y el ATP.
La “defensa de la educación” que pretende esgrimir Larreta es desmentida por toda su gestión. La presencialidad escolar fue una medida improvisada y sin recursos. No se designaron suplentes para los docentes con dispensas, no se amplió la dotación de auxiliares para garantizar la limpieza, el refuerzo del transporte que dicen haber implementado es totalmente insuficiente. Los docentes y estudiantes están expuestos por donde se mire. Por otro lado, cualquier índice epidemiológico que se tome marca la incompatibilidad entre la cursada presencial y estos niveles de contagios.
En este punto, la política del gobierno de la Ciudad coincide también fuertemente con la del gobierno nacional. Ninguno de los dos está atendiendo las necesidades de docentes y estudiantes. Los estudiantes que coparon masivamente el Ministerio de Educación con el reclamo de conectividad y dispositivos para garantizar las cursadas virtuales pusieron de manifiesto esta realidad, que no encuentra respuestas ni en el Ministerio de Trotta ni en el de Acuña. El cierre de escuelas no va acompañado de ninguna medida de apoyo a la escolarización de quienes, ahora, quedarán fuera de las aulas.
La presentación de Larreta en la Corte Suprema pidiendo que se declare inconstitucional el DNU presidencial que establece la suspensión de la presencialidad educativa coloca a la justicia como árbitro del manejo sanitario de la pandemia. Esta judicialización agravará la incapacidad de fondo del Estado de dar respuesta a las necesidades planteadas por la pandemia. La Corte Suprema no tiene ninguna condición de arbitrar en esta crisis. La justicia es un terreno de disputa entre el oficialismo y la oposición patronal, totalmente ajeno a las necesidades reales de los docentes y estudiantes, de un lado, y del sistema de salud, del otro.
La crisis entre Larreta y Fernández refleja la incapacidad de todo el arco político patronal del país de proponer una salida frente a la gravedad de la segunda ola.
Juan García
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