Con algunas modificaciones al paquetazo inicial, el nuevo gobierno pudo hacer aprobar la media sanción de la Ley de Emergencias en la Cámara de Diputados, no sin crisis y dilaciones. Para esto tuvo que contar con el apoyo de los interbloques Federal (el espacio de Camaño, que preside Eduardo Bucca) y Unidad Federal para el Desarrollo (el bloque de Ramón) más el voto de la neuquina Alma Sapag, del lobista de las petroleras MPN. La prensa destaca asimismo el peso para este resultado de las negociaciones hasta último momento del gobierno con sectores como la Mesa de Enlace.
Algunas modificaciones del proyecto original pusieron un coto a la embestida contra sectores de trabajadores (como la defensa de la movilidad jubilatoria para varios gremios o la marcha atrás con la cláusula que habilitaba cierres y despidos masivos de trabajadores estatales de organismos descentralizados). Se vio a un gobierno que tuvo que recular frente a las presiones de diferentes sectores, pero que de conjunto logró mantener los aspectos fundamentales del megaproyecto para transitar el default a la medida de las exigencias del FMI, con quien mantiene negociaciones secretas.
Régimen previsional
En relación a la tan discutida movilidad jubilatoria que finalmente quedará congelada, fue eliminada por 180 días como se pretendía desde un inicio. Quedaron excluidos los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios. El Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales y se creará una Comisión que deberá discutir la nueva fórmula de actualización que tendrá que ser votada por el Congreso, incluso para el resto de los regíemenes especiales no excluidos expresamente. Cabe destacar en este punto la enorme organización y denuncia de los sectores docentes como la de AGD-UBA, a la que luego se sumó la CONADUH, que realizaron una fuerte campaña para alertar a los trabajadores de este atropello. Fue significativo el contraste entre Ctera que se pronunció en contra aunque tibiamente y su ex dirigente Hugo Yasky que no dijo una palabra en defensa de su antigua organización, algo que Romina Del Pla le marcó en la cara.
Está claro que la intención del gobierno es borrar definitivamente el principio del 82% para los jubilados. No debemos olvidarnos que ya la ex presidenta Cristina Kirchner vetó una ley del parlamento que lo disponía para el salario mínimo.
La polémica suscitada en torno a los regímenes especiales de los jueces, el ejército o los ex presidentes y vice-presidentes (y la indignación ante el rescate a estos sectores cuando se ajusta a jubilados que apenas cobran por encima de la miserable mínima de $14.000), llevó a incorporar en el texto de la ley la creación de una comisión especial integrada por legisladores y funcionarios para “revisarlos”. No les tembló el pulso para votar contra jubilados que ganan $20.000, pero tienen que “estudiar a fondo” los privilegios de los agentes del poder. Advertimos, no obstante, que detrás del paraguas de los privilegios de jueces y fiscales, está la histórica pretensión de avanzar sobre los trabajadores judiciales.
En las horas posteriores a la sesión de diputados el gobierno anunció prorrogar las sesiones especiales para debatir un proyecto contra la jubilación de privilegio de jueces y funcionarios. La maniobra tardía da cuenta del impacto negativo en la población que ha generado este zarpazo a los jubilados.
Organismos descentralizados
Se eliminó por completo el artículo 85, que permitía al Ejecutivo la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”. Sin embargo, a pesar de los acalorados discursos del oficialismo en defensa de los más vulnerados, esta ley no contempla un ápice de los miles de trabajadores despedidos que dependían de estos organismos o de las condiciones de enorme precariedad laboral.
Impuestos
El denominado “Impuesto PAIS” (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) para las personas que ahorren en dólares o hagan compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior, se aprobó con la exclusión de los viajes fronterizos que no impliquen una transacción en dólares. El impuesto del 30% al acceso a los dólares comenzará a regir con la entrada en vigencia de la ley, exceptuando las operaciones realizadas en tarjeta anteriores. Como hemos denunciado en Prensa Obrera, la aplicación de este impuesto al dólar ahorro (200 mensuales autorizados) profundiza la ruta de la devaluación. Es el trabajador que tiene capacidad de ahorro el que deberá “hacer los esfuerzos” para pagar a los acreedores de deuda, mientras no hay restricción al giro de utilidades de los monopolios lo que habilita todo tipo de maniobras para fugar capitales al precio del dólar comercial.
Retenciones: el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de llevar al 33% las retenciones para la soja –apenas un 3% por encima de lo que ya estaba fijado por el macrismo; para otros granos, el límite es el 15 por ciento, y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. Para los hidrocarburos y la minería, el techo fue bajado a un irrisorio 8%. Aquí están los verdaderos beneficiarios de la “emergencia” a expensas de los jubilados y trabajadores.
Las paritarias en la mira
Quedan intactos los artículos que proveen superpoderes al Ejecutivo, y el artículo que plantea “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”, abriendo la puerta a la intervención del Estado contra las paritarias libres y ni hablar de la indexación por inflación.
Mientras se habilita de este modo un achatamiento salarial (con aumentos por decreto que nada garantiza que alcanzarán la inflación), no se dará marcha atrás con los tarifazos ni tampoco se retrotraerán estos aumentos como agitaba demagógicamente el Kirchnerismo cuando eran oposición.
Redistribución de la miseria (sin afectar a la riqueza)
Nada más funcional a la derecha que legislar contra los jubilados, y es eso lo que ha ocurrido. Mientras se nos habla de solidaridad con los más vulnerables se redistribuye la riqueza al revés. Cada vez más se desfinancia más al Ansés dando todo tipo de exenciones al pago de las contribuciones patronales. Por ejemplo, el artículo 23 que establece exención de cargas de seguridad social en empresas de hasta 25 empleados de $17000. A su vez, la megaley prolonga el mínimo no imponible en todos los salarios de $7003 que instauró Macri. Así no hay planta que alcance en el Anses. Por otro lado, se amplió al 70% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad el tope para susbir bonos de la deuda pública: más plata de los jubilados para la deuda.
Mientras el Senado se encamina hoy a consumar este monumental fraude a los jubilados y los trabajadores, que forma parte de una orientación estratégica de rescate a los capitalistas, concentrando todos los recursos del país en el pago de una deuda fraudulenta y los compromisos con el FMI, la intervención de nuestra Diputada Romina Del Pla y el rechazo a este paquetazo ha marcado que la grieta no es entre Cambiemos y El Frente de Todos, sino que es de clase.
Para enfrentar este ajuste tenemos un programa que Romina ha defendido en el parlamento y en la calle el día viernes: ”el desconocimiento de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de las divisas, el 82% móvil para los jubilados vía el restablecimiento de los aportes patronales y el blanqueo de todos los trabajadores, la nacionalización de los recursos estratégicos puestos bajo control de los trabajadores, nacionalización y la apertura de los libros de las energéticas. Por supuesto que hay recursos, lo que pasa es que se los sigue llevando la misma clase social para que la que gobernaron los que se fueron y para la que gobiernan los que entraron”.
Luchamos por ello.
Charo Gerardi
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