Alberto Fernández presentó a sus ministros y esbozó un rumbo. ¿Qué puede lograr en la renegociación de la deuda? Escenarios para lo que viene y las cuestiones que habría que encarar para efectivamente recuperar lo perdido.
A cuatro días de asumir, Alberto Fernández corrió el telón y confirmó a su equipo. La mayor incógnita, el ministerio de Economía, terminó confirmándose de acuerdo a los rumores de los últimos días. El sillón lo ocupará Martín Guzmán, académico muy reconocido que hace tiempo es colaborador del premio Nobel Joseph Siglitz.
Con esto se termina de confirmar que las vigas maestras del plan de la próxima administración serán las que analizábamos aquí semanas atrás. Los detalles empezarán a concretarse después del 10 de diciembre. Se va a tomar su tiempo; ya adelantó que en lo inmediato prorrogará el presupuesto votado para 2019. El mismo del “déficit cero”.
Pero los funcionarios confirmados el viernes, y lo que ha ido diciendo o sugiriendo Alberto Fernández desde que se impuso en octubre, permite delinear algunos puntos centrales. Veámoslos.
Reperfilamiento de la deuda en manos privadas, sin más ayuda del FMI.. Guzmán llegó a donde está por un claro motivo: su propuesta para la deuda se ajusta a las intenciones del presidente electo. Suspender pagos de la deuda (de capital pero también de intereses, lo que sería una novedad) por dos años, para “poder crecer”. Desde el punto de vista de los bonistas este no es el mejor acuerdo que podrían pretender (que sería un reperfilamiento durante el cual sigan cobrando intereses, es decir que solo se pospusieran los pagos de capital), pero estaría lejos de ser el más temido (una quita del 50 o 60 % sobre el capital e incluso sobre los intereses). Como la intención de Guzmán, según expuso hace unas semanas en Ginebra, sería “restablecer la sostenibilidad de la deuda” y no volver a tener una crisis de pagos en pocos años, puede ser que su propuesta incluya algún grado de quita. Pero no sería el componente central.
Una de las ventajas que tendría el planteo, es que Fernández podría hacer lo que hace algunos días manifestó que era su intención: no pedirle más plata al FMI. Estaría de todos modos obligado sí, a negociar plazos más extensos para devolver lo que recibió Macri. El grueso de los USD 44.000 millones que prestó el FMI, deben ser devueltos entre 2021 y 2024. No hay plan de “reperfilamiento” creíble sin prorratear en más tiempo esa devolución. ¿Podrá arreglarse esa extensión de plazos sin un nuevo acuerdo? No hay muchos precedentes para una alternativa de este tipo. Pero no por eso puede descartarse la posibilidad, siendo que el FMI viene de un gran traspié en su apuesta a Macri, que terminó en la caída del acuerdo a poco más de un año de que fuera implementado y después de múltiples revisiones. Además, no exigiría más dinero, sino solo prolongar los tiempos para recuperarlo. Hay entonces chances para que Fernández alcance un acuerdo de este tipo. Aunque no será una conversación sencilla, sobre todo porque los acreedores privados querrán sentar al FMI como garante de cualquier acuerdo más allá de que al mismo tiempo pelean con el organismo que es partidario de que la Argentina aplique una fuerte quita sobre la deuda en bonos, algo que ellos quieren evitar.
Pero no necesariamente la decisión final respecto del FMI sea mantenerlo alejado. Aunque esto dio a entender Fernández semanas atrás, el viernes en la conferencia de prensa sostuvo que "estamos trabajando silenciosamente con el FMI" y pidió que los argentinos que “estén tranquilos porque estamos ocupados en el tema”. Como si un acuerdo con el FMI (lo que puede dar a entender esta afirmación) pueda ser motivo de tranquilidad para quienes venimos padeciendo los efectos del programa económico aplicado en acuerdo con el organismo desde 2018.
Los tira y afloje a dos bandas no serán rápidos, y se llevarán a cabo al filo de la navaja: sin fondos frescos con los vencimientos actuales, el día D (de default) se ubica en algún momento de marzo o abril.
Más impuestos y, ¿recortes del gasto?. Cuanto menor sea la quita sobre el valor de la deuda con los acreedores privados (y la urgencia de los tiempos obliga a limitarla), mayor será el esfuerzo fiscal que estará obligado a hacer para que el plan sea sostenible. Este año cerrará con un déficit primario (antes del pago de deuda), cercano a 1 % del PBI. Para hacer creíble para los bonistas la renegociación de la deuda (es decir que opinen que cobrarán normalmente al menos los primeros años) el punto de partida tendría que ser un superávit de 1 % del PBI en 2020, y aumentarlo en los siguientes. Fernández ya dijo como hará la mayor parte de este esfuerzo: más retenciones a las exportaciones (se habla de aumentarlas del 25 % actual para la soja a 35 %, y 20 % para el maíz, el trigo y otros rubros) que podrían arrimar el equivalente a 1 % del PBI. ¿El resto? Podrán sumarlo Bienes Personales, impuesto que Macri bajó y podría volver a los niveles que tenía en 2015, aunque eso no aportaría más que unas décimas de punto porcentual de PBI, y contribuciones patronales a la seguridad social. Si el agropower puede poner el grito en el cielo por los derechos de exportación, las grandes empresas, muchas de las cuales apoyaban a Macri entre otras cosas por los beneficios concedidos en materias de costos laborales pero desde las paso fueron entusiastas a ayudar al vencedor, pueden reclamar por una de las mejoras más palpables que les dejó Macri: la reducción de los “impuestos al trabajo”, que es como los “dueños” del capital miran el aporte que están obligados a hacer a la seguridad social. Aun si llegara a imponer todo esto, no es claro que pueda alcanzar las metas fiscales. Aunque Fernández ha dicho lo contrario, puede verse obligado a echar manos a algunos recortes del gasto.
Plan “verano”. La idea de “poner plata en los bolsillos”, se encuentra determinada por los dos puntos anteriores: la renegociación de la deuda y lo que ello implica en materia de resultados fiscales que habrá que obtener. Esto impone los alcances que puede tener el “plan verano”, que según varias fuentes periodísticas estuvo diseñando buena parte de quienes serán responsables de las áreas económicas, desde Matías Kulfas (ministro de Producción) hasta Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete), pasando por el propio Guzmán o Miguel Pesce (Banco Central). Se calcula una inyección de fondos de $ 100.000 millones. Es decir, un 0,3 % del PBI, en este caso no de recortes sino de esfuerzo expansivo. Parte de estos fondos, según podemos concluir de lo que dijo ya hace unos meses Matías Kulfas y vienen pronosticando numerosos analistas, saldrá de la expansión monetaria lisa y llana. Eso que para liberalotes recalcitrantes como Milei es el peor veneno de la economía. Pero que esto puede hacerse después de la medicina de contracción monetaria que venía aplicando Sandleris hasta hace un tiempo atrás, y que podría ser expansivo, es algo que dicen hasta economistas ortodoxos, más inclinados hacia las ideas de Milton Friedman que a las de John Maynard Keynes o algún otro heterodoxo. Desde ya, estos mismos ortodoxos dicen que su efecto solo puede ser efímero, ponerle un arranque a la economía, pero advierten contra cualquier compulsión a “engolosinarse”, que podría traer sí las siete plagas que advierten Milei y sus secuaces como una inflación todavía más alta que la que deja Macri.
Acuerdo económico y social. Fernández planteó institucionalizar por ley esta instancia, que sería donde se concretaría el pacto social. El presidente de la misma será designado con acuerdo del Senado, según adelantó. ¿Una institución ad-hoc, cocinada en la cámara más aristocrática del Congreso, y en la que las cámaras patronales presumiblemente tendrán un peso decisivo de mínima para vetar lo que no les guste e impulsar su agenda? ¿Será aquí donde, además de buscarse un congelamiento de precios y salarios (después de devolverle a estos últimos apenas una parte de los más de 20 puntos porcentuales perdidos con Macri tomando el salario promedio), se tratará la “modernización” de los convenios laborales, eufemismo para evitar nombrar con nombre y apellido la flexibilización? Es altamente probable.
Escenarios
Las cartas que ha ido mostrando Fernández, confirman los tres posibles escenarios que definimos:
• Que no alcancen los tiempos para cerrar un nuevo acuerdo acuerdo con los acreedores y sobrevenga un default. Hay quienes evalúan que un escenario de este tipo no sería del todo inconveniente, ya que permitiría a Fernández contar con un tiempo de no pagar deuda, beneficio que tuvo Néstor Kirchner hasta 2005. Pero nada indica que quiera ser el presidente del default, más bien lo contrario. Por eso, esta amenaza puede inclinarlo a realizar más concesiones a los acreedores o a cambiar la estrategia y volver al FMI.
• Evitar el default, pero fracasar en reordenar la macroeconomía. La amenaza de una escalada inflacionaria es un riesgo elevado, ya que Macri la deja en un nivel más elevado que cuando asumió. El acuerdo político y social apunta a encausarla, imponiendo que tanto los empresarios como la clase trabajadora cedan parte de sus aspiraciones. Pero puede fracasar si el programa económico de conjunto no convence a los empresarios. El cepo que deja Macri puede ser por un tiempo un factor de contención de la inflación, pero que se irá debilitando si aumentan las brechas entre la cotización oficial y paralela. Puede ser que las políticas de estímulo (por la vía del gasto y baja de tasas) estimulen más los aumentos de precios de la actividad económica, que continúe así el deterioro por un tiempo más. Esto volvería cada vez más dificultosas las metas fiscales, generando un círculo vicioso que desemboca en más estrecheces fiscales y retroalimentación inflacionaria.
• Como los acreedores quieren cobrar, el FMI salir del entuerto que deja Macri, y el nuevo gobierno también buscará que los empresarios cedan algo, esto le puede dar espacio para renegociar la deuda aplicando algunos cambios en la política económica. Esto significaría que tendría de todos modos una difícil tarea de desactivar bombas, alcanzar superávit al mismo tiempo que sostener las prometidas políticas de estímulo a la actividad económica, pero ganando al menos algo de preciado tiempo para tratar de conciliar estos objetivos contradictorios. La economía, que hoy sigue cayendo, podría empezar a rebotar en algún momento de 2020 si logra evitar una disrupción financiera y ocurre alguna mínima inyección de fondos. El gobierno entrante aspira a reforzar esto con una gran apuesta a Vaca Muerta (extractivismo recargado) que aporte dólares frescos y algún modesto estímulo a la actividad, junto con el agro (a pesar de las retenciones). Seguramente, todo esto no alcance para que 2020 cierre con números positivos de actividad económica; ya el arrastre que deja este año la ubica con números negativos. Pero puede ser que en los meses finales del primer año de mandato de Fernández los indicadores de actividad arrojen comparaciones interanuales positivas.
¿Administrar la herencia de Macri o pelear por recuperar lo perdido?
Las distintas perspectivas trazadas más arriba, se desprenden de las intenciones que han ido manifestando el próximo presidente y los miembros de su equipo, y los límites que impone la situación de la economía y los compromisos heredados que definió como incuestionables, por empezar el de la deuda.
¿Debe pagarse a libro cerrado la hipoteca de la deuda pública que deja Macri, sin siquiera investigarla? Por supuesto que los voceros de los bonistas dirán que sí, y mencionarán todas las catástrofes que pueden ocurrir en la economía si se deja de pagar, argumento que ya tomaron como propio economistas del entorno del Frente de Todos como Emmanuel Álvarez Agis (que no consiguió finalmente ninguna cartera, porque no se la ofrecieron o porque prefirió continuar en el sector privado). Pero es al revés, los descalabros económicos que padeció la Argentina por crisis de deuda en las últimas décadas, fueron por haber hecho lo imposible para pagar hasta el último dólar, y no por haber repudiado soberanamente las deudas. Los default que tuvieron lugar, como el de 2001, fueron simplemente un reconocimiento de que ya no había con qué seguir pagando. Como expone Eric Toussaint en la entrevista que publicamos en esta edición, sobran los motivos para declarar como odiosa la deuda contraída durante la administración de Cambiemos, que en nada benefició al pueblo argentino. Esto sería el fundamento para un repudio unilateral soberano. ¿Por qué embarcarse en una renegociación sin beneficio de inventario, como la que ya tuvo lugar durante la administración de Néstor Kirchner en 2005 (reabierta en 2010 para incluir más bonistas)?
Según las últimas versiones que circularon, el “plan verano” se traduciría en aumentos para los salarios más bajos del sector público y las jubilaciones mínimas de hasta $ 7.000. No hay mayores precisiones de qué podría ocurrir con quienes reciben ingresos algo superiores. Para el sector privado, el gobierno podría exigir algún aumento equivalente, seguramente a cuenta de la próxima paritaria que es la única forma en que las patronales podrían aceptar, a regañadientes.
Habrá que ver si la propuesta final tiene este alcance o es incluso más limitada. Pero basta ver algunos datos para ver que se queda cortísima en relación a la promesa de “recuperar” lo perdido. Este año la paritaria de estatales (UPCN) cerró en 28 %, contra una inflación que se ubicará en 55 %. Los $ 7.000 no llegan siquiera a devolver el poder de compra perdido este año por el salario promedio del sector público. Mucho menos el 33,4 % de pérdida real que acumula desde diciembre de 2015 el poder adquisitivo de quienes trabajan en el sector público, según estimaciones difundidas hace unos días por la Junta Interna de ATE-Indec.
Para verdaderamente recuperar lo perdido, el salario debería aumentar hoy no solo por la diferencia entre la evolución de los precios y los aumentos pactados por los salarios de convenio en las paritarias de este año, que cerraron casi todas con aumentos de hasta 30 %, sin cláusula gatillo. Además sería necesario aumentos adicionales para devolver el 20 % de poder de compra que retrocedieron los salarios desde que asumió Macri. Esta es la pelea que deberían estar dando los sindicatos. En vez de eso, los burócratas que están al frente de los mismos se preparan para sentarse en la mesa del Acuerdo social, que más bien promete congelar los salarios después de los aumentos de fin de año y algún acuerdo que a lo sumo vaya en línea con la inflación prevista en 2020. Hugo Yasky ya dijo hace un tiempo que “el congelamiento de precios y salarios” es “absolutamente lógico y razonable”. Hugo Moyano dio a entender el miércoles que también estaría más que dispuesto a conversarlo. Es necesario pelear en cada gremio por la reapertura inmediata de las paritarias con el objetivo de recuperar todo el salario robado durante el gobierno de Macri.
Las tarifas de los servicios públicos es otro punto crítico. Su peso sobre la canansta se multiplicó al calor de los tarifazos de Macri. Luz, gas, transporte, agua, representaban en 2015 el 6 % del salario mínimo, en la actualidad llegan a 25 % del mismo. Alberto Fernández se refirió el viernes a esta cuestión, pero solo para hablar de las desigualdades entre lo que se paga por los mismos en el área metropolitana de Buenos Aires y otras regiones “beneficiadas” por subsidios, y el resto del país. ¿Esto significa que a lo sumo planean “igualar”, pero no revertir los tarifazos que aplicó Macri? Cuando eran oposición a Macri, en 2018, los legisladores nacionales que reportaban en la coalición que va a asumir el 10 de diciembre, presentaron un proyecto que eliminaba al menos parte de los incrementos establecidos por Macri. ¿Ahora que serán gobierno esto se transformará en papel mojado? La clase trabajadora, junto a otros grandes afectados por los tarifazos impuestos por Macri para favorecer a grandes empresarios, como los pequeños comerciantes y talleristas, las empresas recuperadas como Madygraf y Zanón, tenemos planteado pelear por anular los tarifazos, en la perspectiva de terminar con los servicios públicos como un negocio.
Si ninguno de estos puntos se pone en discusión, “recuperar lo perdido” no será más que un slogan. El saldo de la crisis que estamos atravesando, que aún no mostró sus capítulos finales, será entonces un nuevo salto en la degradación de la clase trabajadora y los sectores populares que viene dejando cada crisis desde hace décadas; el saldo de las mismas es siempre un piso más alto de pobreza, peores salarios, más precariedad y condiciones laborales más degradadas. Pero no podemos aceptar esto como una fatalidad incuestionable. Cómo estamos viendo en todo el mundo, desde Francia hasta Chile, la alternativa pasa por imponer a los burócratas sindicales romper con la pasividad y movilizar para pelear por estas reivindicaciones. Es la única manera de lograr que la crisis la paguen quienes la generaron, los fondos que tienen gran parte de los títulos de la deuda, los bancos y los grandes empresarios.
Esteban Mercatante
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