La conferencia de prensa en la que Alberto Fernández anunció su gabinete mostró que el gobierno que asumirá la semana que viene tiene como eje ordenador el pago de la deuda externa.
A pesar de las reiteradas preguntas sobre las negociaciones con el Fondo, Fernández se negó a dar precisiones. Sólo planteó que “estamos trabajando hace muchas semanas con el FMI” y volvió a asegurar que “todos los argentinos debemos estar dispuestos a hacer grandes sacrificios en la etapa que viene”. En particular, derivó la consideración de cualquier aumento de salarios y jubilaciones a la constitución mediante una ley en el Congreso del Consejo Económico y Social, que será el organismo de integración al Estado de la burocracia sindical y piquetera para sellar el pacto social junto a los empresarios. Los precios, mientras tanto, suben sin pedir permiso.
El cargo que se mantuvo expectante hasta el final, el Ministerio de Economía, fue ocupado por Martín Guzmán, que viene con un programa de negociación de la deuda que plantearía patear para dentro de dos años los vencimientos, manteniendo la totalidad de los intereses y el capital. Su esquema se basa en arreglar con los bonistas para recién luego negociar con el FMI, pero es una estrategia que podría fracasar rápidamente tanto por el condicionamiento de los propios tenedores de la deuda a un acuerdo con el Fondo como garante como por la presión de Trump y el imperialismo yanqui.
Los nombramientos pretenden dar garantías a cada sector capitalista de poder actuar a sus anchas. Luis Basterra, hombre del gobernador formoseño Gildo Insfrán, fue nombrado en Agricultura como alguien muy accesible a los planteos de las patronales del campo. Ha mostrado su confianza extendiendo la producción de soja sobre el chaco formoseño mientras se garantiza el desalojo de los pequeños productores y pueblos originarios. Guillermo Nielsen, confirmado al frente de YPF, es un representante de los accionistas privados que componen el 49% de la petrolera y un lobbysta de la posibilidad de que estas empresas puedan girar sus utilidades en dólares al exterior. Al camporista Juan Cabandié, colocado en un Ministerio de Medio Ambiente, no se le ha conocido ni una opinión mientras Fernández reivindica la megaminería, que ya explotó recursos y giró dividendos sin retenciones durante todo el gobierno kirchnerista.
La conformación del gabinete confirma el carácter de un gobierno que depende de una pulseada a dirimirse entre una serie de camarillas en disputa. El presidente electo ha integrado a representantes de varias de las fracciones del PJ, tratando de establecer algún tipo de equilibrio interno. La previsión de choques dentro del gobierno ya había dado lugar en la semana a una advertencia de Cristina Kirchner desde Comodoro Py, afirmando que si avanzan las causas judiciales contra ella podía arrastrar al presidente electo en su caída.
El cristinismo tiene un lugar acotado en el gabinete, aunque con algunos cargos importantes, como el camporista “Wado” de Pedro en el Ministerio de Interior; Agustín Rossi en Defensa, un impulsor del genocida Milani al frente del Ejército y de un aparato de inteligencia contra los luchadores, que llega al cargo con una ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas festejada por los mandos militares y sacada en consenso con Cambiemos; y Carlos Zanini en la Procuración del Tesoro. El “progre” Ginés González vuelve a Salud, donde toda su demagogia no ha garantizado nunca los derechos elementales de las mujeres, empezando por el cumplimiento del protocolo de aborto no punible. Los lugares directos de Sergio Massa fueron limados a una mínima expresión, que le compensaron sin embargo con el control de cajas millonarias que manejan de la adjudicación de subsidios a empresas privadas como Transporte, a través de Mario Meoni, y AySA mediante su mujer, Malena Galmarini.
Ocupan un lugar importante miembros de la primer etapa kirchnerista, que habían roto junto a Alberto en la época de la crisis del campo y se volvieron a aproximar durante el gobierno macrista, como Felipe Solá en la Cancillería y Daniel Arroyo en Desarrollo Social. Es también el caso de Gabriel Katopodis en Infraestructura, que representa en el gabinete a los intendentes del Conurbano, en el manejo de un rubro que es de su interés directo. Todos ellos jugaron, junto al Frente Renovador de Sergio Massa, un rol de aliados estelares de Mauricio Macri en sus dos primeros años, garantizando la aprobación de más de 100 leyes que conformaron una profunda ofensiva contra el pueblo trabajador.
Una parte muy grande del gabinete fue ocupada por funcionarios cuyo principal mérito es la lealtad personal hacia Alberto Fernández, que evidentemente tiene la preocupación de restarle espacio de operación a sus rivales internos. Hay una gran representación del llamado Grupo Callao -un pequeño núcleo sin gran influencia política que se reunía con Alberto Fernández cuando nadie consideraba que tuviera posibilidades de disputar ningún lugar central. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, provienen de ahí. Otros, como la ministra de Justicia, Marcela Lusardo –con quien comparte hace décadas un estudio jurídico-, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario General, Julio Vitobello, han sido el plantel que lo acompañó a Fernández en cada función pública, al servicio de Menem, Duhalde, Cavallo o Néstor Kirchner.
Los anuncios de Alberto Fernández confirman la orientación de lotear un gobierno a intereses patronales que tienen intereses contradictorios. Estos deben capitanear un proceso de virtual quiebra sin ningún plan claro, más allá de licuar los ingresos y condiciones de vida de la clase obrera para agrandar los márgenes de ganancia de los capitalistas que viven del saqueo del país.
Guillermo Kane
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