La designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad dentro del flamante gabinete de Axel Kicillof anticipa una política de reforzamiento represivo ante lo que se viene en la Provincia de Buenos Aires.
Ex militar del área de Inteligencia, Berni tiene su prontuario más conocido al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Allí, desde 2012 desempeñó su rol de infiltrador, provocador y represor contra las organizaciones populares y las movilizaciones obreras.
Tanto es así que cuando lanzó su campaña electoral en 2017 se jactó de haber desalojado más de 2.500 cortes durante su gestión en la cartera. En efecto, a los pocos meses de asumir reprimía violentamente un piquete de trabajadores precarizados de los programas Argentina Trabaja y mantenía detenidos ilegalmente durante 20 horas a 67 manifestantes (incluyendo una decena de menores de edad) en Campo de Mayo. Luego desplegaría la Gendarmería contra los piquetes de los choferes de la Línea 60, los obreros de El Tabacal en Salta, los petroleros de Cerro Dragón en Chubut y los operarios de la autopartista Lear en la Panamericana.
En estas arremetidas contra el movimiento obrero Berni mostró uno de sus rasgos más salientes: su predilección por la infiltración de las protestas y las organizaciones, como brazo ejecutor del Proyecto X de espionaje ilegal. Sus agentes fueron expulsados en numerosas ocasiones por los propios manifestantes, cuando filmaban asambleas o marcaban activistas para que fueran detenidos una vez iniciada la represión. Es una materia que el funcionario conoce desde adentro, como cuando obraba para el gobierno provincial de Néstor Kirchner en Santa Cruz e infiltró una huelga de los mineros de Río Turbio -hasta que fue expulsado por buchón.
Se trata de un partidario de la mano dura. Desde su cargo nacional se jactó de presionar al gobierno porteño de Macri y a la Justicia para que procedan al desalojo el barrio Papa Francisco en Lugano, y los acusó públicamente de “no tener el coraje” necesario (Infobae, 22/8/2014). Cuando logró la orden judicial, actuó en común con la Metropolitana de Macri en un operativo que le valió una denuncia penal por “uso abusivo de la fuerza” de parte de propios legisladores kirchneristas. Con estos antecedentes no sorprende que haya criticado el protocolo de uso de armas de fuego de Patricia Bullrich como una “bomba de humo”, y declarara que tuvo que “matar o dar la orden de abatir a un delincuente bastantes veces y nunca tuve ningún problema” (La Nación, 6/12/2018). En una entrevista realizada este año, se definió como un derechista (Infobae, 22/4).
La elección de Berni como ministro tiene un sentido preciso, que supera la mera cuestión de ser un hombre de confianza de Kicillof y CFK. Es que, además de un experto en espionaje y represión a la protesta social, es un hombre de confianza de las propias fuerzas represivas. En esa función se cuela el reclamo del nuevo gobernador en pos del desembarco de 6.500 gendarmes en el Conurbano bonaerense. De hecho, circulan versiones acerca de que quienes podrían pasar a comandar la Policía Bonaerense son actuales altos funcionarios (bajo el mando de Ritondo) y gente cercana al “pistolero” Alejandro Granados y Hugo Matzkin, ministro de Seguridad y jefe de la fuerza durante el gobierno de Scioli, respectivamente. Se trata de Jorge Figini y Néstor Villegas, ambos de áreas relacionadas a investigaciones e inteligencia.
Estamos ante una confesión de que, a despecho de la demagogia desplegada en estos días, el pago de la deuda usuraria y el rescate ofrecido a las patronales agrarias e industriales solo pueden ser llevadas a cabo con más ajuste, por lo que Kicillof se prepara para un horizonte de fuertes choques sociales. Berni deberá vérselas de nuevo con un movimiento obrero que presentará batalla.
Iván Hirsch
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