Como parte de la ley ómnibus enviada al Congreso, se liquida la movilidad jubilatoria y se congelan los haberes.
La liquidación de la movilidad jubilatoria por un plazo mínimo de 180 días contemplada en la ley ómnibus del gobierno, cuando los haberes previsionales ya han perdido un 20% de su poder de compra en los últimos dos años, supone un brutal ataque a todos los beneficiarios. Incluidos, en un lugar destacado, los que reciben la miseria de la jubilación mínima que hoy llega a menos de $13.000 de bolsillo, es decir que cubre menos de la tercera parte de la canasta de la tercera edad ($38.000 a septiembre último y unos $43.000 hoy, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad).
El golpe de esta medida intenta ser ocultado con el anuncio de dos bonos de $5.000 a cobrar en diciembre y enero por los jubilados que cobran la mínima. Esos montos, que sin duda serán bien recibidos, no sólo no permiten a esa franja de beneficiarios cubrir el costo de la canasta, sino que al ser recibidos por única vez no son más que alivios momentáneos. En febrero, el haber jubilatorio volverá a ser el mismo que en noviembre.
Los que tienen jubilaciones que van desde los $14.068 hasta los $19.068 recibirán un bono de monto decreciente, de tal manera que ninguno supere esta última cifra con el plus incluido. Los que cobran por encima de los $19.068 para el gobierno entrarían en la categoría de potentados y no recibirían ni un solo peso, por más que no lleguen a cubrir siquiera la mitad del costo actual de la canasta.
Recorte para todos y todas
La preparación del recorte drástico en las jubilaciones y de la liquidación de leyes y conquistas históricas viene de la mano de la suspensión de la movilidad -en principio por los próximos 180 días- y las demás medidas establecidas en el proyecto de ley de Emergencia que fue enviado al parlamento. La suspensión se produce cuando, por el actual índice de movilidad, se debería aplicar a todas las jubilaciones –incluidas las mínimas- un 11,56% de aumento en el mes de marzo y aproximadamente un 15% en junio próximo (un 28% acumulativo), con lo que se compensaría en parte las brutales alzas en los precios que hubo en los últimos meses de este año -los que se toman para el cálculo.
Es decir que el gobierno se orienta, al igual que el macrismo y su reforma de diciembre del 2017, a sustraerles del bolsillo a los jubilados la compensación por los golpes inflacionarios sufridos en los bolsillos.
A esto se suma otro punto dispuesto por el proyecto de ley enviado al Congreso, donde se establece que los fondos para los aumentos a los jubilados que cobran la mínima saldrán de no incrementar -o de reducir- los haberes de los que cobran por encima de esos valores de miseria. El nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que de cara al 2020 “se dejaría al margen de las mejoras a un grupo de jubilados, porque solo se incluiría a los de menores ingresos” (La Nación, 17/12).
El proyecto dice textualmente que se trata de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos”.
En concreto, en el texto de la ley se toma a todo el sistema como único “para atender prioritariamente a los jubilados de menores ingresos”, liquidando todos los regímenes especiales logrados por años de lucha y que, además, están asentados en aportes extras por los trabajadores involucrados. La Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA alertó sobre que la reforma del gobierno barrería la conquista histórica del 82% móvil de los docentes universitarios que se jubilan.
Tratan de volver –de manera agravada- a la política aplicada entre el 2002 y el 2006 cuando solo se disponían subas para el haber mínimo, o sea que bajo la ampulosa denominación de “Ley de Solidaridad” se achataría brutalmente la pirámide previsional.
El proyecto dice que el Poder Ejecutivo “deberá fijar trimestralmente (por decreto) el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración”, y vuelve a insistir en que será “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”. Tanta insistencia esconde que pretenden dejar sin aumento a un porcentaje importante de jubilados, con el argumento de la “solidaridad”. El objetivo del gobierno es reducir drásticamente el monto destinado a jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo, ya que en el primer semestre de 2020 los aumentos de todas las jubilaciones quedarían por debajo del 28% que correspondería por la movilidad.
Reforma fondomonetarista
El gobierno de los Fernández profundiza así la reforma jubilatoria impulsada por el FMI, que el macrismo -con el apoyo de los gobernadores y los sindicalistas peronistas- impuso en diciembre del 2017, y que fue resistida por las enormes movilizaciones populares que hicieron temblar al Congreso Nacional.
El proyecto de ley también toma otro de los planteos del Fondo, al establecer la mantención del minimo no imponible fijado por el macrismo para los aportes patronales y un aumento de $10.000 en toda empresa que cuente con una plantilla menor de 25 empleados, una enormidad. Así se va a un desfinanciamiento completo del Anses. En lugar de reponer los aportes jubilatorios patronales que fueron reducidos sistemáticamente, la carga recae sobre los trabajadores jubilados y activos.
Pero, además, se establece que el 70% de las tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que es dinero de los jubilados- podrá invertirse en bonos de la deuda. Se seguirá pagando deuda con la plata de los jubilados.
Con una fraseología nac&pop, el actual gobierno retoma el camino planteado por el capital financiero y el FMI de liquidar el sistema jubilatorio tal como existe actualmente, para convertirlo en un programa de aporte mínimo a la vejez para todos los beneficiarios.
El programa del gobierno no tiene la mira “en los que menos tienen y que más han sufrido con el macrismo”, sino en aplicar las recetas del Fondo Monetario para pagar la deuda fraudulenta, como claramente lo dice el proyecto de ley en su segundo artículo, donde plantea que la Emergencia tendrá como objetivo “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.
Está planteada una lucha que involucre a todos los jubilados y a los trabajadores activos, futuros jubilados, a los que se pretende hundir en la miseria en sus años de actividad y más aún cuando pasen a depender de su haber previsional.
Hay que defender las conquistas logradas con años de lucha y pelear por una jubilación mínima que cubra la canasta del jubilado y por la vigencia plena del 82% móvil para todos.
Nelson Marinelli
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