¿Cómo pinta el 2019 para la Argentina?

Empezó el 2019 manteniendo las tendencias económicas heredadas del 2018 en la Argentina: elevada inflación y consolidación de la recesión productiva con impacto regresivo sobre la mayoría empobrecida de la población.
Los pronósticos aluden a una elevación de precios que oscilará entre el 30 y el 35% contra actualización de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales que perderán mayor capacidad de compra, la que se acumula a la perdida de los años previos.
El registro inflacionario de los precios minoristas en 2018 alcanzó el 47.6%, mientras que los precios mayoristas marcaron un 73,5% de aumento, asegurando un remanente de incrementos para el comienzo del 2019, con la lógica consecuencia de un registro elevado pronosticado para todo el año.
Como hemos sostenido, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos, de los que menos tienen a los sectores de ingresos más concentrados, agravando el cuadro de desigualdad vigente en el país.
Desde los organismos internacionales señalan una caída de la actividad económica para el presente año muy por encima del -0,50 % pronosticado por el Gobierno en su presupuesto para el próximo año y que avalara el Parlamento, es decir, oficialismo y oposición cómplice.
La CEPAL alude a una caída del -1,8% y el FMI a una retracción similar del -1,7%, manteniendo la situación del presente año, que a noviembre del 2018 registra una caída del -2,2%, confirmando tres años recesivos de los cuatro de la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019.
El tema de la recesión se agrava porque la menor producción de bienes y servicios derivada de la menor actividad económica tiene que distribuirse para consolidar la estructura del poder concentrado y por ende, hay menos para repartir. Agravado el tema con el condicionante del achique del gasto público para lograr el déficit fiscal primario cero, privilegiando cuantiosos pagos de deuda, asegurados con el ingreso de los fondos del FMI.
Se confirma así una situación que augura un año de empobrecimiento de la mayoría de la sociedad en beneficio del sector más concentrado, el que se explicita en el 10% de la población de mayores ingresos, que como mucho puede extenderse a una 40% en condiciones de superación del ingreso promedio percibido por la población en la Argentina.
Queda claro que los perjudicados de la realidad económica recesiva, tal y como se presenta al comienzo del año afectará al 60% según las propias estadísticas del INDEC.

Impacto en la política en un año electoral y de conflicto social

El interrogante es si esto afectará el objetivo reeleccionista de Macri para un nuevo periodo presidencial entre 2019 y 2023.
Bajo condiciones normales, tras un periodo de gestión de gobierno con deterioro de todos los indicadores sociales, podría vislumbrarse un voto castigo y la expectativa por un nuevo rumbo de la economía y la política.
Sin embargo, la división del peronismo opositor puede facilitar la renovación gubernamental del macrismo. Desde los medios se instala la voluntad electoral divida en tercios entre Mauricio Macri y Cristina Fernández, habilitando la posibilidad de terciar con otra candidatura. Son especulaciones que solo se resolverán cuando se inscriban las candidaturas que disputen la representación política institucional.
En estos días y a propósito del debate sobre Venezuela, la perspectiva estratégica de los principales referentes del peronismo y otros espacios con capacidad de liderar proyecto político electoral, apareció fragmentada en el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro o a la injerencia extranjera y el aliento a un gobierno paralelo en la tierra de Bolívar y Chávez.
No es un dato menor a la hora de definir coincidencias ideológicas sobre el rumbo a definir para el desarrollo inmediato de la política en la Argentina.
Hasta la fecha solo juega la candidatura oficial de Macri, aun cuando algunos auguran variantes y opciones improbables en el macrismo, sea la gobernadora provincial bonaerense o el jefe gubernamental de la ciudad capital del país.
En el campo opositor con probabilidades de acceder al gobierno, son variadas las pre postulaciones sin quedar en claro el mapa de la confrontación electoral, especialmente en el balotaje, lo que se descuenta ante la imposibilidad de lograr alguna mayoría electoral en la primera vuelta de octubre 2019.
La incertidumbre al respecto impacta en una mayor presión del poder económico, los “inversores”, para que no se modifique el rumbo económico de ofensiva del capital contra el trabajo.
Más allá de la disputa por el Gobierno nacional, será 2019 un año de renovaciones en los ejecutivos provinciales, lo que supone una sucesión de elecciones primarias y finales entre febrero y octubre próximos; pero también de renovaciones legislativas en municipios, provincias y en la nación, con un debate político electoral extendido durante todo el año.
Claro que ese debate transitará en simultáneo con una conflictividad social creciente derivada de la reaccionaria política oficial.
Las discusiones políticas trascenderán el escenario electoral y se pondrán de manifiesto en la movilización y organización popular más allá del resultado institucional provincial y nacional.
El verano empezó con movilizaciones populares contra el incremento de las tarifas de servicios públicos, de agua, luz, gas o transporte.
Movilizaciones que recorren todo el territorito interpelando al conjunto de la sociedad y conformando un entramado social y político que contiene a diferentes proyectos políticos electorales, los que no necesariamente confluirán en propuestas unificadas en el proceso electoral.
La imposibilidad de pagar cuentas por parte de las familias o sectores sociales populares organizados en clubes sociales, organizaciones barriales e incluso pequeñas y medianas empresas, convoca a organizar el reclamo por la condonación de las deudas con empresas prestadoras de servicios públicos o entidades financieras que aplican intereses imposibles de cubrir por las menguadas economías familiares y populares.
Desde el movimiento sindical se procesan las condiciones para un paro general antes de finalizar el verano, confluyendo con la tradicional discusión sobre el conflicto educativo a comienzos del año escolar. Los docentes universitarios, con inicio de clases previsto para febrero en algunas casas de estudios, amenazan con paros si no se recupera la escandalosa cifra perdida en 2018, agravada con la perspectiva del 2019.
Es una situación que se comparte con estatales de diversas actividades que sufren la aplicación del ajuste fiscal.

Los programas en lucha

El debate político ya está planteado más allá de las elecciones de renovación de cargos institucionales.
Se asocia la discusión a los niveles de organización popular necesarios para constituir un proyecto político que supere los límites que instala el programa del poder.
Un programa que se sustenta desde el gobierno y la complicidad opositora en el Parlamento y que para el 2019 tendrá epicentro en la reforma laboral y previsional, contenidas en el acuerdo con el FMI y como demanda estratégica del poder económico local y mundial.
La respuesta desde el movimiento obrero, para el caso argentino es sustancial, pues se trata de uno de los países de mayor sindicalización en la región y con una larga tradición de lucha, especialmente con capacidad de convocar y realizar paros nacionales.
Sujetos movilizados en lucha, construyendo un programa propio más allá del resultado electoral, aparece como desafío popular para construir propuesta política alternativa que supere los límites de una coyuntura que aparece definida por la continuidad de las políticas de ajuste contempladas en el acuerdo con el FMI.

Julio C. Gambina

El país de los bosques arrasados

Tras las denuncias de Greenpeace, Chaco derogó permisos de desmonte

Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador de Chaco, señalada como “la provincia que más ha desmontado en los últimos años”, derogó ayer por decreto los permisos que había concedido.

A casi once años de la sanción de la ley de Bosques, las topadoras impulsadas por el modelo agroexportador sojero ganadero (soja transgénica y ganadería intensiva) siguen arrasando los bosques nativos del país. Un informe de Greenpeace, al que tuvo acceso este diario, reveló que la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias del norte –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas. Según advirtieron los especialistas, el 40 por ciento de esa superficie desmontada pertenece a bosques protegidos por ley. La coordinadora de la campaña de bosques del NOA de la ONG, Noemí Cruz, dijo a Páginai12 que “la Argentina está a nivel global entre los diez países que más destruyen sus bosques” y advirtió que “en el norte del país se concentra el 80 por ciento de la deforestación”. Ayer, luego de las reiteradas denuncias de la ONG que hacen foco en la provincia porque “es la que más ha desmontado en los últimos tres años”, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, firmó el decreto 298/2019, que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de estos bosques.
Durante 2018, de acuerdo al reporte de Greenpeace, la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero, con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos. En segundo lugar se encuentra Chaco, donde se deforestaron 33.972 hectáreas, de las cuales 14.744 también pertenecían a áreas protegidas. Le sigue Formosa, donde se desmontaron 23.996 hectáreas, de las cuales 261 fueron deforestadas de forma ilegal. En Salta, la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas: 2.050 de ellas también fueron arrasadas ilegalmente.
Los datos fueron obtenidos por imágenes satelitales del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que luego fueron procesadas para distinguir los distintos tipos de vegetación y comparadas con registros anteriores. En la Región Chaqueña intervinieron además el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf).
Según datos oficiales, desde que se sancionó la ley de Bosques (26.331) en Noviembre de 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”– hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran bosques protegidos. Aunque se registra una importante disminución de la deforestación desde 2014, la implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la ausencia de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman, autoridad de aplicación de la ley.
Noemí Cruz sostuvo en conversación con este diario que “las principales causas de desmonte son la soja transgénica y la ganadería” y esto, a su vez, tiene una fuerte vinculación con las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país. “El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja, la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explicó la coordinadora.
“En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas no hay una infiltración apropiada: el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática, que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, dijo Cruz y agregó que “cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones”.
Por otra parte, la coordinadora de la campaña explicó que están “haciendo foco en la provincia de Chaco porque es la que más bosques ha deforestado en los últimos tres años”. Y agregó: “Zonas clasificadas como amarillas, donde habitan comunidades indígenas y sólo se permite el uso sustentable, fueron desmontadas con la autorización del gobernador (Domingo Peppo)”. Ayer, ante las reiteradas denuncias de Greenpeace y otras organizaciones por las deforestaciones ilegales, el gobernador de Chaco firmó un decreto (298/2019) que deroga los permisos de desmonte sobre bosques nativos y suspende el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. “Es un gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos” ya que “debe garantizarse la no regresión de las zonas protegidas y la participación ciudadana”, dijo al respecto Cruz. Sin embargo, la ONG reclamó que aún no fueron cancelados los permisos otorgados y que tampoco se ha dispuesto un plan de reforestación.

Tiempo Argentino

Por qué decimos no a los transgénicos

La doctora en Biología e investigadora del Conicet Raquel Chan publicó en PáginaI12 una respuesta a la nota “Peligro en las mesas argentinas” (24/12/2018). A nuestro entender, Chan realiza afirmaciones alejadas de la realidad, repite lugares comunes de la ciencia adicta a las transnacionales que concentran la venta de semillas y agrotóxicos, y oculta información que debería tener presente en su rol de investigadora el sistema público de ciencia.
La investigadora intenta aportar tranquilidad defendiendo los mecanismos de fiscalización y control de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria(Senasa), sin atender los conflictos de interés ni la falta de consulta a los consumidores. Habla de experimentos controlados en laboratorios, pero no de cómo fue que en 2016 un cargamento de trigo argentino fue rechazado en Corea del Sur por contener trigo transgénico ilegal, como denunció la campaña “No se metan con nuestro pan”. Chan dice que “si bien generalmente se asocia a los transgénicos con el uso excesivo de agroquímicos, esto no tiene por qué ser así” y agrega que mediante éstos “buscan ofrecer soluciones a problemas de la agricultura que no implican necesariamente mayor uso de agrotóxicos”. La opción de disminuir el consumo de agrotóxicos mediante la liberación de transgénicos de resistencia a herbicidas lleva más de 20 años, y es un fracaso ambiental y sanitario, pero a su vez una fuente exorbitante de ganancias para quienes venden venenos. Argentina es ejemplo del desastre,producto de confiar en el autocontrol corporativo, específicamente a través de Senasa aprobando agrotóxicos y Conabia recomendando aprobar transgénicos agrícolas.
Datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2012) marcanun crecimiento en el consumo de herbicidas de 1279 por ciento, entre 1991 y 2011. La causa es la difusión de la soja RR y los demás transgénicos de resistencia a herbicidas. La tendencia nunca se revirtió, pero las empresas hoy esconden los datos, porque creció la conciencia del peligro para la salud y el ambiente del uso masivo de plaguicidas de síntesis química. De los 51 transgénicos aprobados en Argentina, 37 son tolerantes a herbicidas como el glifosato, glufosinato de amonio, 2,4D, entre otros. Cuando Chan habla del trigo cuestionado hace foco en la resistencia a la sequía que ella contribuyó a incorporar, pero omite hablar de la tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. No se puede desconocer que la resistencia de las malezas a los agrotóxicos sucede, lo que potencia el círculo vicioso en el uso de másagrotóxicos.
Los agricultores argentinos hoy están entrampados en este sistema que degrada los suelos y potencia la expansión de especies resistentes a herbicidas. Aún así algunos científicos insisten en un camino cuyas consecuencias para las comunidades y los ecosistemas ya son padecidas desde hace años. La ciencia adicta a las trasnacionales del agro repite una y otra vez falsas soluciones que omiten amplia documentación y experiencias en torno a las prácticas agroecológicas para salir de la grave calamidad ecológica, social y sanitaria que hoy atraviesa la agricultura, es decir la humanidad. Es por el camino de la socio-eco-diversidad que se podrán enfrentar el hambre, las sequías, las inundaciones, la desertificación, y no por la vía de la monocultura transgénica. Pensar que no podremos alimentar a la humanidad sin transgénicos implica negar la historia de la agricultura, y desconocerinformes de FAO donde se reconoce desde hace décadas que la oferta alimentaria supera la demanda, a pesar de que hasta 30 por ciento de los alimentos se pierden sin haber alimentado a nadie, producto de la misma lógica agroindustrial. La mayor parte de los transgénicos comerciales de soja, maíz y algodón tienen destinos industriales (alimentos ultraprocesados, forrajes y agrocombustibles). Quienes tenemos a la soberanía alimentaria como horizonte, no añoramos ningún pasado ideal: vemos hacia el futuro en diálogo con las agriculturas ancestrales, con una clara preocupación por el control corporativo del sistema agroalimentario, y sus innegables intereses en el sistema público de ciencia y técnica.

Fernando Frank. Ingeniero agrónomo. Integrante de Agro-culturas (Territorios y Soberanía Alimentaria).

Acto del Frente de Izquierda contra la ofensiva golpista en Venezuela

Bregman: "Macri transformó su atadura económica al imperialismo en una atadura total en política exterior"

Los nuevos datos del Indec y el crecimiento de la pobreza

El impacto de la fuerte suba de los alimentos

Los datos publicados el miércoles por el Indec en su informe “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”, que mide los costos y su relación con el año anterior de los alimentos y productos no alimenticios básicos para vivir y sobrevivir (transporte, medicamentos), es decir, la canasta de pobreza, ha mostrado números alarmantes ya que se encuentra aún por encima de la inflación promedio, que se ubicó para 2018 en el 47%, aproximadamente. Estos aumentos redundarán en un crecimiento de la pobreza, que hoy alcanza al 33,6% de la población.
La canasta básica total aumentó de diciembre de 2017 a diciembre de 2018 un 52,9%: pasó de $ 5.397 a $ 8.250 por adulto. Para el caso de una familia de dos adultos y tres menores el aumento va de $17.541 a $26.813, es decir, $8.816,36 más para no ser pobres. Aún más creció la canasta de indigencia (solo mide alimentos básicos) que aumentó un 53,5% y alcanzó los $10.197 calculados para una familia de dos adultos y dos niños. Se destacan los aumentos de las canastas de las provincias de Mendoza, donde el gobernador de la UCR-Cambiemos Alfredo Cornejo fue punta de lanza del ajuste.
Estos valores, más altos que el promedio, responden al fuerte aumento que tuvieron los alimentos primarios que ocupan gran parte de la canasta básica, como la harina y sus derivados que aumentaron el 170% y 100%. Se trata de la llamada inflación núcleo. Los alimentos fueron empujados a su vez por el aumento en la nafta y el gasoil, que empujan toda la cadena. Los meses en los que el aumento inflacionario fue mayor, pegando saltos cuantitativos dentro del aumento sostenido mensual, correspondieron a agosto-septiembre y septiembre-octubre, cuando la megadevaluación llevó el peso a 40. En este contexto, también se han desvalorizado los planes sociales.
Todo esto, con un salario mínimo, en diciembre, de $11.300, es decir menos de la mitad de lo que necesitó ese mes una familia para no ser pobre. Así pues, estas cifras ponen en números la realidad que se observa en todo el país: el crecimiento de la pobreza y el empeoramiento de las condiciones de vida.
No se trata solo del salario mínimo, ni de los sectores más precarizados, sino de la mayor parte de los trabajadores, considerando el trabajo “formal”. Lo que termina sucediendo en Argentina es que la pobreza creció entre los ocupados. El gobierno había hablado a principio de año de una inflación del 15%. En ese orden esperaban cerrar las paritarias. Así lo hicieron las burocracias más oficialistas en marzo. El resto de las burocracias cerró en torno al 20%, y, luego, con los complementos (5% que impuso el propio presidente Macri) y cláusulas gatillo, los aumentos conquistados rondaron –salvo excepciones- sobre el 30%, y quedaron muy por detrás de la inflación. Los cálculos suponen una pérdida salarial de por lo menos el 10% y para arriba.
El salario mínimo aumentará a la miseria de a $11.900 en marzo. El tope de las paritarias que pretende el gobierno se anunció en torno al 23%. Estos números, lejos de compensar la pérdida salarial, seguirán corroyendo las condiciones de vida del pueblo trabajador, mientras los bancos amasan fabulosas ganancias aprovechando las exorbitantes tasas de interés. Al calvario de la pérdida del poder adquisitivo debemos añadir, además, los despidos masivos que se están produciendo como resultado de una crisis industrial que las patronales buscan descargar sobre los trabajadores.
Es necesario un paro activo de 36hs para derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

Rocío Zavaleta

Brasil: Bolsonaro tiene su propio "mensalao"

El escándalo que involucra a Flavio Bolsonaro, hijo del actual madatario, ha ido subiendo en voltaje político. Lo que empezó como un caso marginal de transferencias entre cuentas de funcionarios de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, involucrando a un asesor de la familia Bolsonaro, tomó nuevas dimensiones. El caso ha empezado a ser conocido como “mensaliño” (pagos pequeños, que son los que le habrían estado girando a las cuentas de Flavio Bolsonaro por supuestas coimas), remoderando el "mensalao", el escándalo que envolvió al gobierno de Lula y que en su momento casi le costó la cabeza al líder del PT.
Tratando de hurgar las fuentes de la denuncia. hay quienes señalan que las revelaciones provinieron del Coaf, órgano de control de actividades financieras, a pedido del propio Sergio Moro. Otra alternativa que se baraja es que haya sido la fiscalía federal (MPF), quien viene llevando la investigación del Lava Jato carioca, una deriva local del escándalo general que conmovió al país.
Partiendo de estas sospechas, algunos comentaristas sostienen que el Departamento de Estado norteamericano no sería ajeno a estas denuncias. El interés sería golpear al clan familiar Bolsonaro, perteneciente el ala más nacionalista del nuevo gobierno y que podría poner palos en la rueda en el paquete de medidas que se propone implementar Paulo Guedes, el ultraliberal ministro de Economía.
Pero mas allá de conjeturas sobre el punto, si estamos ante una operación preparada o no, estos episodios han puesto al desnudo los choques internos en el seno de la coalición gobernante y como, a río revuelto, las alas en disputa no vacilan en querer sacar provecho de esta situación.
Guedes promueve una aproximación mayor con Estados Unidos. Esto implica abrir la economía y el país a un desembarco en mayor escala al capital norteamericano, desplazando a los competidores locales y extranjeros. Esto choca con los intereses que están afincados en los agronegocios que dependen de las relaciones comerciales con China que es el principal destinatario de las exportaciones brasileñas, empezando por la soja. Asimismo, el gigante chino, en esta última década, ha ido ampliando sus inversiones en el país vecino. EL PSL (partido de Bolsonaro) envió una nutrida comitiva de parlamentarios a China. El vicepresidente Hamilton Mourao, que, ahora, ha quedado provisoriamente a cargo de la presidencia, desautorizó los ataques a China, en un claro contrapunto con el Ministerio de Economía.
Bolsonaro mismo tuvo que recular en el anuncio sobre la instalación de una base militar norteamericana en el Amazonas. Estas idas y vueltas expresan las contradicciones internas de una colación heterogénea de gobierno.
A esto se agrega la investigación que lleva adelante la fiscalía de Río de Janeiro en la que ha saltado a la superficie el vínculo el clan Bolsonaro con el accionar de las milicias de la ciudad a la que se responsabiliza por el asesinato de la legisladora del Psol, Marielle Franco.
Lo cierto es que este escenario ha encendido las alarmas de los mercados. La prensa da cuenta de la preocupación reinante en Davos entre los inversores extranjeros de que la situación descripta “pudiera socavar el capital político del presidente, justo cuando necesita todo el apoyo que pueda lograr en el Congreso para aprobar las polémicas, pero vitales reformas del sistema de pensiones brasileño” (El Cronista, 24/1) .

Pulseada estratégica

Precisamente por este motivo, la reforma jubilatoria ha pasado a ser una pieza fundamental, pues es la llave del ajuste que está programado. La intención es un recorte de grandes dimensiones de modo que los fondos estatales quedarían liberados para asegurar el pago de la deuda y al mismo tiempo, impulsar un enorme negociado consagrando un sistema de capitalización, abriendo paso a la jubilación privada y a la creación de un mercado de capitales que permitiría dar un nuevo impulso a la operatoria especulativa y fínanciera.
Este objetivo se complementa con una privatización en masa de las empresa públicas, que incluye el desmantelamiento de Petrobras, abriendo la explotación de los recursos energéticos, empezando por la plataforma submarina (Presal), a la voracidad de las petroleras extranjeras (en primer lugar, las norteamericanas). Esto va de la mano de un tendal de despidos.
La suerte del gobierno Bolsonaro dependerá de su capacidad por hacer pasar esta ofensiva a los trabajadores. El capitán retirado debe pasar aún por la prueba de la lucha de clases. Solo si sale airoso de esa pulseada estratégica, estará en condiciones de consolidar su gobierno, afianzar su autoridad y conquistar una autonomía respecto a su mandantes y el capital financiero y avanzar en sus ambiciones facistizantes.
Se trata, por ahora de de un proceso incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza. Por otra parte, está el condicionamiento que impone la bancarrota capitalista que viene haciendo su trabajo implacable de topo. El alineamiento con Estados Unidos está lejos de asegurarle un desahogo económico y financiero. Para ello, basta mirar la experiencia macrista. Una salida de capitales que hoy están invertidos en la Bolsa brasileña podría ser mortífera y pondría en cuestión la nueva transición política.

Congreso de trabajadores

Bolsonaro y sus acólitos no quieren repetir la experiencia argentina. En lugar del “gradualismo”, abogan por una política de shock. Pero eso puede terminar precipitando el efecto inverso y concluir en un desbarranque mas rápido que el del propio Macri.
Esto pone más al rojo vivo la necesidad de abrir una nueva perspectiva política y sindical. El frente democrático y parlamentario que alienta el PT es el principal escollo que enfrentan los trabajadores y la izquierda. Los supuestos aliados de ese frente son quienes votaron la destitución de Dilma Rousseff y terminaron alinéandose con Bolsonaro. Esta supuesta oposición democrática, incluye a sectores demagógicos como Ciro Gomes, y del PSDB, partidarios también de una reforma previsional.
Estamos en presencia de una gran adaptación por parte del PT y las burocracias sindicales a la nueva situación, incluido el avance militar. La vuelta al status quo previo al desenlace actual es imposible. No hay lugar para un proyecto progresista y distribucionista cuando vienen abriéndose paso y causando estragos las tendencias disolventes de la crisis mundial capitalista. El Psol, y la izquierda que integra sus filas, es incapaz de ofrecer una alternativa, porque ha renunciado a una estrategia de independencia de clase y ha terminado haciendo seguidismo al PT. Esta estrategia “institucional” es la excusa para un freno de la acción directa y lleva a la parálisis a las organizaciones obreras y populares.
La gran tarea y el desafío de la hora pasan por poner en pie de lucha a los trabajadores y derrotar este plan de guerra, impidiendo, en primer lugar, que pase la reforma jubilatoria. La situación en Brasil pone a la orden del día una campaña por asambleas y un congreso de delegados electos para discutir un programa de conjunto y un plan de lucha debidamente preparado.
La lucha victoriosa contra el fascismo y la derecha sólo puede provenir del lado de la clase obrera, de sus métodos de lucha y de un accionar independiente. Lo que está en juego no es un retorno a un pasado agotado sino preparar el terreno para una salida de los trabajadores.

Pablo Heller

#ElDebateEnCrónica // Jorge Altamira debate con Guillermo Moreno

Acto del FIT frente a la Cancillería contra el golpe en Venezuela

“Los que apoyan la intervención imperialista son los que quieren aplicar en Argentina los planes del FMI”

“Los que apoyan la intervención imperialista son los que quieren aplicar en Argentina los planes del FMI”
La movilización del Frente de Izquierda a la Cancillería argentina, en repudio a la ofensiva golpista contra Venezuela y al reconocimiento argentino de Juan Guaidó como presidente de ese país, se produce a poco del anuncio del congelamiento-confiscación de fondos de la empresa Pdvsa en Estados Unidos y del impacto causado por la difusión de los apuntes del consejero de seguridad de Trump, John Bolton, quien tenía registrada en su cuaderno la anotación “5.000 soldados a Colombia” (país de fuertes vínculos militares con Estados Unidos), lo que recordó las bravuconadas del presidente norteamericano sobre una posible intervención militar contra Venezuela.
Gabriel Solano, legislador porteño del PO-Frente de Izquierda, denunció el reconocimiento a Guaidó por parte de Macri pero también por parte del Peronismo Federal. “Hemos visto un desfile de opositores truchos (Massa, Pichetto, Urtubey) que dijeron reconocer a Guaidó como presidente”. “Los que apoyan la intervención imperialista en Venezuela son los que quieren aplicar en Argentina los planes del FMI”, analizó.

Al mismo tiempo, denunció el silencio de CFK y el comunicado del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que se inscribe en una falsa salida negociadora. ”Somos la única fuerza que ha venido a la Cancillería a denunciar al gobierno y la injerencia imperialista orquestada por Trump contra el pueblo hermano de Venezuela”, disparó.
Solano criticó también al régimen de Maduro, expresión de un nacionalismo que ha gobernado para una burguesía corrupta y que ha fracasado. A lo que le opuso la lucha por la independencia política de la clase obrera y por la unidad socialista de América Latina.
Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista, señaló el cuadro de miseria, ajuste y desabastecimiento en Venezuela. “En nombre de un falso socialismo hay hambre y represión”, dijo. Pero rechazó cualquier salida derechista o proimperialista. “Son los trabajadores en todo caso los que tienen que imponer su salida”, dijo.
Christian Castillo, dirigente del PTS, cuestionó la hipocresía de un golpe impulsado en nombre de la democracia por parte de un Bolsonaro que reivindica la dictadura militar de Brasil; o de Iván Duque, presidente de una Colombia con centenares de activistas sociales asesinados. “Quieren que la bota del imperialismo pise cada vez más fuerte en Venezuela”, dijo.
También señaló los límites del régimen bolivariano. “Maduro ha pagado la deuda externa sobre la base del hambre de su pueblo”, denunció.
En el acto se llamó a desarrollar la campaña contra el golpe en los sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones barriales.

Prensa Obrera

Récord de Macri: en noviembre fue la mayor caída de la economía desde 2009

En noviembre la actividad económica tuvo su mayor caída en los últimos 9 años como resultado de la contracción monetaria, el ajuste fiscal y el alza del costo de vida. De 16 sectores que releva Indec, 12 caen.

La actividad económica bajó 7,5% durante noviembre pasado en relación a igual mes de 2017, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata de la contracción mensual más profunda desde la crisis de 2009.
El organismo comunicó además que la actividad de noviembre estuvo 2,3% por debajo de la de octubre y acumuló en el año un retroceso del 2,2%. La economía acumula ocho meses consecutivos de contracción.

Una caída que no se frena

Cuando se conocieron los datos de octubre, que mostraban que ese mes el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) subió ligeramente respecto a septiembre (0,6 %) aunque mantenía una fuerte caída interanual (-4,2 %), podía parecer que empezaba a desacelerarse la caída de la economía, producida por la corrida cambiaria (que afectó el poder de compra por el recrudecimiento del aumento de los precios que produjo el dólar más alto). Pero los datos de noviembre dan por tierra con esa expectativa ilusoria.
Además, son más los sectores que se encuentran en caída. De los 16 sectores que agrupa Indec, 12 arrojaron en noviembre un desempeño negativo.
Las causas del mayor desplome: el ajuste fiscal y la contracción monetaria
¿Por qué se volvió a profundizar la caída de la economía? En primer lugar, porque a pesar de las magras compensaciones que los sindicatos acordaron con el gobierno a cambio de mantener la paz social mientras avanza con todo el plan de ajuste pactado con el FMI, el salario terminó el año con una pérdida salarial que superará holgadamente el 10 %. Esto pegó de lleno en la caída del consumo, lo que se refleja en el hecho de que el rubro que más cae del EMAE es el de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-17 %). Los sectores más afectados (que más porcentaje de pérdida sufren) son los de menores ingresos, como se refleja en el hecho de que las variaciones interanuales de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total resultaron del 53,5%y 52,9% respectivamente, superiores al alza general del Índice de precios al consumidor (47,6 %).
Pero además, la actividad económica mostró en noviembre más claramente el efecto de la nueva política monetaria del Banco Central con tasas de interés altas que cortaron el circuito de crédito a las empresas. Si las tasas fueron en alza durante todo el año, a partir de que asumió Sandleris a fines de septiembre llegaron a niveles siderales que superaron el 70 %, para bajar muy lentamente hasta los niveles actuales de 56,7 %. A las tasas altas se sumó la política de aumento cero de la cantidad de dinero en circulación, lo que significa una contracción en términos reales en la medida en que aumentan los precios. Esto se reflejó en la caída de la actividad en Intermediación financiera (-7,1 %). Este sector tuvo valores positivios durante todo el año, con excepcion de octubre (cuando cayó 2,4 %).
Los demás rubros que más sintieron el impacto fueron, Industria manufacturera (-12,6 %), y Construcción (-11,4 %) que refleja el parate de la obra pública. También caen Impuestos netos de subsidios (-9,3 %), Pesca (-5,5 %), Hoteles y restaurantes (-5,2 %) y Transporte y comunicaciones (-4,9 %), Explotación de minas y canteras (-2,7 %), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,7 %) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,7 %).
En contraposición, los sectores Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (1,9 %), Enseñanza (1 %), Electricidad, gas y agua (0,7 %) y Servicios sociales y de salud (0,5 %) son los sectores que evolucionaron positivamente en el mes.

El ajuste y la incertidumbre prometen otro año de caída

De esta forma, la economía va encaminada a tener una caída que podría superar el 2,5 % en todo el año 2018. Con la política de ajuste que el gobierno lleva adelante para mostrar que puede cumplir con los acreedores y asegurar los desembolsos del FMI, los diagnósticos optimistas de que la economía empezará a revertir su caída en el segundo trimestre de 2019 no encuentran ninguna base sólida.
Todo indica que el año que comienza será igual o peor que el que terminó. La consultora Ecolatina publicó ayer un trabajo en el que prevé que "la economía mostrará una contracción promedio cercana a 1% interanual en 2019, cortando con la racha de crecimiento propia de los años electorales experimentada desde 2011".
Uno de los principales factores que contribuirán a este resultado, para la consultora, serán los tarifazos que el gobierno ya empezó a implementar. "A pesar de que se espera que en la primera parte del año los salarios le ganen a la inflación, el consumo privado (alrededor del 70% de la demanda interna) no repuntará hasta entrado el segundo semestre, dado que no existirá un aumento sustantivo del ingreso disponible para consumo", destaca el informe. Este panorama "se debe a que el principal factor detrás de la inflación será la suba en los (precios) regulados, que incluye tanto las tarifas de los servicios públicos como otros gastos difícilmente eludibles, como educación formal, prepagas y combustibles".
De este modo, ante la imposibilidad de reemplazar el uso de los servicios públicos, "este cambio en los precios relativos no implicará una sustitución en el consumo de los mismos, y se tenderá a reducir el gasto en otros bienes y servicios para afrontar un mayor costo de los regulados", observa el documento.
De esta forma, Macri se prepara para concluir su mandato con una economía en recesión durante tres de sus cuatro años de gobierno, y con un nivel de producción que será marcadamente inferior al de diciembre de 2015, cuando asumió.

LID

Endeudarse con tajeta para comer, un signo de la era Macri

Según un nuevo informe del Indec el noviembre el 37 % de las ventas en los supermercados se pagaron con tarjeta de crédito, todo un signo en época de crisis.

Según la encuesta de Supermercados que difundió el Indec, un 37 % de la ventas de los supermercados se realizaron con tarjetas de crédito.
Cuando comenzó a difundirse este nuevo informe en agosto del año pasado, las ventas realizadas con tarjeta de crédito representaban un 31 % del total de operaciones realizadas en esos puntos de venta.
El avance en el financiamiento con tarjetas de crédito es consecuencia de la caída del poder adquisitivo que sufren las familias producto de la crisis económica.
Un dato alarmante surge de comparar la evolución de la adquisición de préstamos en pesos del sector privado, el cual incluye a las familias, con la participación del uso de tarjetas de crédito en las ventas totales de los supermercados.
Mientras que en noviembre se registró una caída del del 4,6 % comparada con el mes anterior de la adquisición de préstamos en pesos del sector privado, el financiamiento con tarjetas de crédito de las compras realizadas en supermercados no dejó de crecer.
El encarecimiento de las tasas de interés presionó a la caída en la toma de préstamos. Sin embargo, ante la caída del poder adquisitivo el uso de la tarjeta de crédito para poder pagar el consumo de elementos básicos de primera necesidad, así como de limpieza y alimentos, considerado como un último recurso sólo creció.
Actualmente las tarjetas de crédito están refinanciando compras con tasas que en algunos casos llegan al 80 %, generando una dura carga sobre las familias.
Según informó el Indec, sobre un total de $ 44.842 millones de las ventas totales de los supermercados de todo el país en noviembre pasado, $ 16.772 millones se realizaron a través de las tarjetas de crédito.
Del total de ventas de supermercados, casi el 85 % de las ventas correspondieron a alimentos y bebidas, artículos para limpieza y calzado y textiles para el hogar, con ventas por $ 30.964 millones.

LID

"El subsidio al gas de Vaca Muerta está vaciando al país" // Solano en América 24

El Frente de Izquierda se moviliza el martes 29 contra la ofensiva golpista en Venezuela

El próximo martes a las 18h, movilización a la Cancillería argentina para repudiar la intentona golpista y la intervención imperialista, con una política independiente.

En la última semana, la crisis política en Venezuela ha dado un nuevo salto, como venimos reflejando en La Izquierda Diario. Trump y la derecha del continente vienen avalando la embestida golpista de la oposición venezolana. Un sector del peronismo (Massa, Pichetto, Urtubey) los sigue. Otros países apoyan a Maduro y una salida negociada con el imperialismo, posición apoyada aquí por el kirchnerismo y otros sectores opositores.
El Frente de Izquierda, en cambio, viene planteando un claro repudio a la intentona golpista y la intervención imperialista, pero manteniendo la independencia de clase y la oposición al gobierno de Maduro con un programa obrero frente a la crisis.
Por eso ha difundido la última semana una declaración y propone movilizarse este martes 29 a las 18h a la Cancillería Argentina en el barrio de Retiro (Esmeralda 1216). Convoca a movilizarse a los trabajadores, las mujeres y la juventud, así como al resto de las organizaciones de izquierda que acuerden con la convocatoria.

Reproducimos la declaración impulsada por el PTS, PO e Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda.

Declaración del Frente de Izquierda contra la ofensiva golpista en Venezuela
1. El Frente de Izquierda repudia la intentona golpista en Venezuela impulsada de manera directa por la intervención del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la OEA. La autoproclamación como presidente de Juan Guaidó viene de ser bendecida por Donald Trump y por sus agentes directos en América Latina, como los Bolsonaro, Macri, Piñera, en lo que constituye la violación directa de la soberanía de un país latinoamericano.
2. Buscan ocultar este intervencionismo invocando la defensa de la “democracia” y los “derechos humanos”. Pero los gobiernos de los Estados Unidos desde siempre han promovido todo tipo de intervención militar y política contra los pueblos del mundo. Las conspiraciones golpistas en Latinoamérica han estado orquestadas históricamente desde Washington. Tampoco están habilitados para hablar de “democracia” el fascista Bolsonaro, que no sólo reivindica a la dictadura brasilera sino que ha armado un gobierno rodeado de militares, anunciando una caza de brujas contra los luchadores y la izquierda y el movimiento popular. Denunciamos que los gobiernos latinoamericanos que se han sumado a esta cruzada intervencionista y golpista vulneran en sus respectivos países los derechos y las libertades democráticas para hacer pasar los planes de ajuste a sus pueblos y de entrega del patrimonio nacional de la mano del FMI y las multinacionales.
3. Macri, a su turno, viene ahondando una política represiva, alentando la expulsión de los inmigrantes, la baja de la edad de imputabilidad y la doctrina Chocobar de gatillo fácil. Los Macri abrevan en una corriente política que ha apoyado o participado de todos los golpes y dictaduras militares que tuvieron lugar en el país desde 1955.
Denunciamos, asimismo a Massa, Pichetto, Urtubey, nucleados en Alternativa Federal, que se han subido a la cruzada golpista contra Venezuela. Cristina, personalmente, hasta el día de hoy, no se ha pronunciado sobre el punto. Su silencio se condice con la política de unidad del peronismo, que a ojos vista representa la unidad con los que defienden la intervención en Venezuela del imperialismo yanqui. La declaración difundida por el bloque parlamentario del FPV se ubica en el terreno del ´diálogo´, propiciado por los gobiernos de México y Uruguay, que equivale a una salida negociada con el imperialismo.
4. Esta condena no significa darle ningún aval y apoyo político al régimen bolivariano. El gobierno y el régimen cívico –militar de Nicolás Maduro es responsable de conducir a una encerrona al pueblo venezolano. Desde el comienzo el chavismo estableció un régimen de poder personal y estatización de las organizaciones populares, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como principal sostén de su poder. Bajo el impacto de la crisis mundial y la caída de los precios del petróleo, fue profundizando una política de ajuste y ataque a las condiciones de vida.
El gobierno venezolano ha llevado el salario a 6 dólares y provocado una catástrofe social y millones de refugiados. Gobiernan pactando con las multinacionales (empresas mixtas en petróleo y minería) y a favor de los grandes empresarios nacionales y de la llamada “boliburguesía” militar y civil, y pagan puntualmente la deuda externa. En una clara medida anti-obrera, el gobierno de Maduro también eliminó la vigencia de los convenios colectivos de trabajo lo que motivó la oleada de huelgas hacia finales del año pasado. En el 2018 lo que crecieron fueron las huelgas de trabajadores de la salud, de la educación, del cemento, petroleros y empleados públicos reclamando por un salario digno y por comida.
5. La oposición pro yanqui se monta sobre el descontento popular, pero los planes que pretenden aplicar no harán más que someter al pueblo a nuevas privaciones mientras se profundiza un saqueo del patrimonio nacional. Los llamados a la “libertad” y la “democracia” que hace la oposición apuntan a un programa económico que plantea como “solución” mayor endeudamiento externo y penetración del capital imperialista, es decir, avanzar en una política colonial. Una réplica de lo que viene implementando el gobierno argentino y que está en marcha en Brasil.
Advertimos que de la mano de los planes de ajuste y sometimiento al FMI se agravarán las apremiantes penurias y necesidades del pueblo venezolano.
6. El Frente de Izquierda impulsa que los trabajadores venezolanos aparezcan en escena con una fisonomía propia. La alternativa es la movilización obrera y popular contra los planes de ajuste, la expulsión de la burocracia oficialista de los sindicatos para conquistar la independencia de las organizaciones obreras.
Venezuela debe ser gobernada por los trabajadores y dar pie a una profunda reorganización anticapitalista que dé satisfacción a las apremiantes necesidades populares. Con este objetivo, partiendo de nuestra oposición a la intentona golpista y a cualquier tipo de injerencia imperialista, proponemos un programa obrero de emergencia que contemple los siguientes puntos: No al pago de la fraudulenta deuda externa y repatriación obligada de capitales; no a las empresas mixtas, petróleo 100% estatal bajo control de sus trabajadores y técnicos, confiscación de los bienes de quienes saquearon al país, para disponer de esos recursos para las necesidades urgentes del pueblo y del país; respeto íntegro a los contratos colectivos y un salario igual a la canasta básica indexado según la inflación, combinado con un verdadero control de los precios ejercido directamente por los trabajadores y las comunidades, con delegados electos por las bases democráticamente en los lugares de trabajo y las comunidades, que pongan más de conjunto la producción y la distribución bajo el control verdadero del pueblo, sin burócratas del gobierno ni militares: reincorporación de todos los despedidos; rechazo a los despidos tanto en el sector público como en el privado, ocupación y producción bajo control obrero –sin militares ni el gobierno– de toda empresa que despida o amenace cerrar; libertad para los trabajadores presos por luchar y anulación de los juicios a trabajadores, campesinos y todos los enjuiciados por protestar.
Llamamos a los trabajadores latinoamericanos a movilizarnos en común en todo el continente contra esta intentona golpista y pelear por una salida política de los trabajadores para Venezuela y para la unidad socialista de América Latina.

Partido de los Trabajadores Socialistas - Partido Obrero - Izquierda Socialista

La familia Maldonado apelará el fallo que cierra la causa por Santiago

Este martes 29 de enero harán una presentación contra la resolución del juez Lleral, que ordena el cierre de la causa por la desaparición forzada y posterior muerte de Santiago Maldonado. La audiencia se realizará en Comodoro Rivadavia, Chubut.
La familia de Santiago Maldonado invita a participar de la audiencia que se realizará este martes 29 de enero en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde harán una presentación contra la resolución del juez Lleral que cierra la causa por Santiago.
La Izquierda Diario reproduce el comunicado difundido en redes sociales.

Comunicado de la familia. 23/1/2019

Invitamos a todas las personas que puedan y quieran acompañarnos el martes 29 de enero en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia a las 9:30 hs en nuestro pedido de verdad y justicia por Santiago
El próximo martes 29 de enero a las 10hs, se realizará en Comodoro Rivadavia, Chubut, la audiencia de apelación por la resolución dictada por el juez Lleral, cierre de la causa: Desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado.
Desde el principio de la causa, exigimos una investigación seria, imparcial y exhaustiva para poder llegar a la verdad.
En cambio encontramos un sistema judicial que se encargó de atacar tanto a Santiago cómo a nuestra familia a través del Juez Otranto y la Fiscal Ávila.
Un sistema judicial que, a través de la inacción del Juez Lleral, llegó a esta resolución sin ni siquiera haber hecho una reconstrucción de las circunstancias en que desapareció Santiago ese 1° de agosto 2017.
En dicha audiencia expondremos cuáles son los incontables puntos tanto del expediente, autopsia y pericias que no fueron tomados en cuenta por el juez Lleral ni la fiscal, dando como resultado esta penosa resolución y dejando en evidencia la necesidad de cerrar el caso lo más rápido posible.

¡Santiago Maldonado Presente!

EL ESTADO ES RESPONSABLE

Con Trump y el imperialismo no hay salida para los trabajadores y el pueblo venezolano

La juramentación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y el rápido reconocimiento de Trump y la derecha regional son un salto en la escalada golpista, en medio de la crisis que vive el país.

En pocas horas Trump y toda la derecha latinoamericana se apuraron a respaldar la escalada golpista en Venezuela reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado del país.
En medio de las marchas del gobierno y de la oposición de derecha que estaban convocadas en Caracas este 23 de enero Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, se juramentó como presidente encargado de Venezuela, dando un salto en la escalada golpista en el país.
En su discurso Guaidó se dirigió a las Fuerzas Armadas reforzando su llamado a que tomen cartas en la situación, a la vez que les recordó que está la Ley de Amnistía para “los que decidan ponerse del lado de la Constitución”, y que a partir de la primera semana de febrero se imprimirá por miles dicha Ley de Amnistía para ser repartida en los cuarteles.
Acto seguido declaraba "Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución (...) ante Dios todopoderoso, Venezuela (...) juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela".
Momentos antes de las declaraciones de Guaidó, el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (fiel al gobierno de Maduro) exhortaba a la Fiscalía a "tomar medidas" de "manera inmediata" ante la "conducta delictiva" de la directiva del Parlamento. Textualmente declaraban que “Esta sala exhorta al Ministerio Público a determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo”.
A los pocos minutos de que Guaidó se juramentase como presidente encargado, tal como en un libreto previamente escrito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que reconoce al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como “presidente legítimo”, avanzando en los niveles de la injerencia abierta. Para la oposición de derecha, que enarbola el discurso de la soberanía popular, pareciera que esta queda en las oficinas del gobierno de los EE.UU., pues es más que claro que es en quien están depositando del definir quién es o no el Presidente legítimo de Venezuela.
Y en un claro reconocimiento también, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaraba que el "reloj sobre la salida de Venezuela” del organismo se paró "ya". "El reloj ya se paró, desde ya", remataba, en la misma línea de Washington y en alusión al “nuevo presidente encargado” como se ha declarado Guaidó. Y es que, en su discurso, Juan Guaidó “designaba” a Gustavo Tarre Briceño como embajador "especial del país” ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la misma línea expresaron su reconocimiento Mauricio Macri de Argentina y Jair Bolsonaro de Brasil, quienes ya habían anticipado que, si el presidente de la Asamblea Nacional se declarara como presidente interino, lo reconocerían. De igual manera lo ha hecho Canadá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Paraguay y ha de esperarse reacciones similares de los demás países del grupo de Lima y de todo el derechismo continental.
Es más que claro que lo que se pone de manifiesto es el carácter golpista gobierno de Guaidó y toda la derecha que lo respalda alentado de manera alevosa por el imperialismo, y que es parte de la escalada de la injerencia norteamericana y de la derecha regional que usan la demagogia de la democracia para su cruzada en el subcontinente. Desde ya, y lo decimos claramente, nos oponemos a este supuesto gobierno de Guaidó.
Una hora después, Maduro se dirigía en la manifestación convocada por el chavismo donde anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas con el Gobierno de Estados Unidos, al que acusa de "intervencionismo" en el país y dio 72 horas para que abandone la embajada. "He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos", dijo Maduro. Al mismo tiempo declaraba que "Le toca a los órganos de justicia actuar apegados a la ley y a los códigos de Venezuela, ya ese es un tema de la justicia para preservar el Estado, el orden democrático y la ley venezolana", cónsono con lo que había declarado antes el Tribunal Supremo de Justicia.
De igual manera el ministro de Defensa de Venezuela, el General Mayor Vladimir Padrino López, sostuvo que los militares no aceptarán "a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley". Siendo por tanto el Estado Mayor que se ha pronunciado respaldando a Maduro sin que exista hasta el momento algún otro sector militar en activo que se haya manifestado a favor de Guaidó.
Poco tiempo después, y considerándose presidente de facto de Venezuela, Guaidó emitía un comunicado a todas las Embajadas presentes en Venezuela, en el que dice “comunico a todos los jefes de misión diplomáticas y su personal acreditados en Venezuela que el Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país” agregando que “insto a desconocer cualquier orden o disposición que contradiga el poder legítimo de Venezuela”.
Pero también decimos claramente, que fue el fracaso y el colapso del chavismo que terminó llevando la situación a una gran catástrofe económica sin precedentes, de calamidades para el pueblo trabajador, avanzando hacia un bonapartismo reaccionario y represivo, lo que ha servido en bandeja la situación para que esta cruzada tome más cuerpo.
Además, uno de los “logros” más criminales del chavismo en decadencia ha sido la desmoralización y decepción de amplios sectores populares, lo que se refleja en el bastardeo del significado de términos como “socialismo”, “revolución”, “nacionalización”, “poder popular”, “control obrero”, etc. generando así confusión ideológica y facilitando las cosas a la demagogia de la derecha.
Es que, por la total responsabilidad del chavismo y su fracasado proyecto, se ha terminado facilitando toda esa ofensiva reaccionaria que se ha desatado desde todo el derechismo continental y del imperialismo de la mano de la derecha criolla, llegando a niveles descarados de intervencionismos alentando al golpismo como salida política a la crisis del país, es decir, resucitar una vez más la bota militar como manera de poner “orden” en la crisis nacional.
Es más que claro que sin darle ningún apoyo a Maduro llamamos a enfrentar a toda esta embestida golpista de la derecha y del imperialismo. Pero tenemos que tener claro que, en esta compleja situación, un motor de la movilización independiente de las masas trabajadores ha de ser la convergencia entre la lucha por las legítimas aspiraciones democráticas y sus demandas vitales, de las que el chavismo en el poder se burla, mientras la derecha avanza en su golpismo pretendiendo manipular con demagogia democrática al servicio de su propio proyecto elitista reaccionario y proimperialista.
De esta manera decimos que ante esta situación donde la derecha alentada por el imperialismo decidió avanzar en su golpismo, y frente a un bonapartismo decadente, reaccionario y represivo como el de Maduro, que cogobierna con las Fuerzas Armadas y que se emparenta con un régimen cuasidictadorial, siendo responsable de la catástrofe que está hundiendo al pueblo trabajador, consideramos que la única salida democrática en la crisis imperante para decidir sobre todos los problemas vitales es luchar por una Asamblea Nacional Constituyente, verdaderamente Libre y Soberana (ACLyS), que no tiene nada que ver con la fantochada de Maduro, impuesta con la movilización combativa, así como imponer un Programa obrero de emergencia antes las calamidades que sufre el pueblo.
La oposición de derecha, en su plan golpista, habla de la defensa de la Constitución al mismo tiempo que viola todas sus disposiciones tal como lo hace con su golpismo. Lo mismo hace el gobierno de Maduro con su bonapartismo reaccionario que apela también a la misma Constitución para ignorarla. Esas burlas a la propia Constitución que ellos mismos dicen defender no es más que una clara expresión que el régimen de la Constitución de 1999 está partido, con un enfrentamiento de poderes –el Ejecutivo presidencial apoyado en el control de los demás organismos del Estado y las FANB, y el que reclama para sí la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, autoproclamándose como presidente interino, con respaldo del imperialismo y de toda la derecha continental.
Ya vimos cómo la fantochada de la Asamblea Constituyente de Maduro, formada de manera fraudulenta, es un instrumento de las camarillas bonapartistas, montada con el exclusivo objetivo de neutralizar la Asamblea Nacional en manos de la oposición (ahora autoerigida en poder ejecutivo en su plan golpista).
Para romper con ese bonapartismo reaccionario de Maduro, y la salida que busca la oposición proimperialista, utilizando la Asamblea Nacional, cuyo contenido central es otro bonapartismo, al servicio del gran capital y las transnacionales, como expresan sus llamados golpistas a las FANB, no hay otra salida que ir hasta el fondo de los problemas. Por eso es que consideramos que frente a estos escenarios trágicos es necesario levantar una salida política independiente, que ayude a las masas a romper con todas las trampas que se le montan a su alrededor y cuestione al régimen de conjunto y todas sus variantes bonapartistas, golpistas y reaccionarias.
Pero también decimos que un planteo político de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana debe estar orgánicamente ligado a un programa obrero de emergencia ante la catástrofe que está asfixiando al pueblo trabajador y a las masas populares. Separar las demandas vitales de las masas del problema político, en una crisis brutal como la que se vive, es ayudar a desarmarlas y condenarlas a la impotencia, cuando la única salida progresiva y objetivamente realista, no es otra que la clase obrera tome en sus propias manos el poder político para imponer las medidas transicionales de “salvación nacional” sin las cuales la catástrofe en curso hundirá en el abismo al pueblo trabajador.
Por ello, contra los golpistas de la derecha que por la vía de fuerza hablan de “restaurar la república”, y el bonapartismo desnudo de Maduro, apañado por la ANC y la suma de los poderes del Estado junto a los militares, y contra cualquier posible mayor intervención militar como “árbitro” supremo es esta brutal crisis, es que proponemos el derecho del pueblo trabajador a imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, sin ninguna restricción antidemocrática.
En una ACLyS de este tipo todos los representantes tienen que ser responsables ante sus electores, revocables por estos, con salarios de un obrero calificado, en la que se disuelva el poder presidencial –ese órgano bonapartista por excelencia con sus poderes excepcionales, la disolución de esa casta de jueces del Tribunal de Justicia eligiendo jueces por el voto popular, que decida sobre el papel de las fuerzas armadas, sobre el no pago de la deuda externa; la repatriación de los capitales fugados por funcionarios y empresarios, aplicando medidas de excepción para obligar a estos delincuentes de “guante blanco” que estafaron al país; imponer el monopolio estatal del comercio exterior, la anulación de los actos de entrega de los recursos naturales, como el Arco del Orinoco y el petróleo, etc., y otras medidas imprescindibles para preservar las fuerzas del pueblo trabajador y aliviar sus gravísimas penurias.
La lucha por una ACLyS, como clave de un programa democrático radical dirigido contra los pilares bonapartistas del régimen y del Estado, y por tanto a la vez contra el republicanismo liberal de la derecha, pero que en verdad no encuentra otras salidas que el golpismo, estrechamente ligado al programa de emergencia ante la catástrofe, puede convertirse en un poderoso factor de unificación y movilización de las masas.
Al mismo tiempo alentar el surgimiento y desarrollo de formas superiores de frente único de los trabajadores y los sectores populares, en el camino de constituir consejos obreros y populares, y acercar a las masas a la convicción de que es preciso, urgente e impostergable la toma del poder político en sus propias manos para instaurar un Gobierno obrero y popular, basado en los organismos de lucha que las propias masas se den.
Este es el único que podría garantizar la aplicación de las medidas de emergencia señaladas y la resolución íntegra y efectiva de las tareas democráticas y anticapitalistas sin las cuales no hay salida a la crisis insondable en que se debate el país.

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

La Unión Europea se suma a la ofensiva injerencista en Venezuela

El bloque de 28 países europeos declaró su apoyo a la Asamblea Nacional dirigida por la derecha y exigió a Maduro que convoque a elecciones “en los próximos días”. Por su parte, el gobierno revocó la orden de salida a los funcionarios estadounidenses.

Este viernes avanzó la ubicación golpista de la Unión Europea y sus principales potencias. Los 28 países miembros consensuaron una declaración en la que señalaron que "las elecciones presidenciales del pasado mayo en Venezuela no fueron libres, justas ni creíbles, y despojaron a Nicolás Maduro de legitimidad democrática" y dieron "total respaldo a la Asamblea Nacional, que es la institución democrática legítima de Venezuela, y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados, incluyendo las prerrogativas y protección de sus miembros”.
La declaración, aunque no mencionan directamente al autoproclamado Juan Guaidó, es un claro golpe diplomático para el gobierno de Maduro que entre las potencias mundiales queda solo con el apoyo de Rusia y China. Hasta ahora la UE tenía una posición más ambigua y solo los partidos de derecha y ultra derecha de las potencias europeas se habían pronunciado a favor de Guaidó.
"En ausencia de anuncio para la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los próximos días, la UE tomara más acciones, incluyendo la cuestión del reconocimiento del liderazgo en el país en línea con artículo 233 de la Constitución venezolana" declaró la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.
El sábado, los gobiernos de las principales potencias europeas, Alemania, Estado español y Francia (además de Reino Unido), avanzaron aún más y pusieron un ultimátum exigiendo la convocatoria inmediata a elecciones con veedores internacionales. De no hacerlo hasta el 8 de febrero, anunciaron que reconocerán a Guaidó como presidente. El presidente español Pedro Sánchez en particular, afirmó en rueda de prensa en La Moncloa que Guaidó debe liderar la transición a unas elecciones "libres" en Venezuela.
La exigencia de convocatoria a elecciones es de muy difícil aceptación por parte de Maduro toda vez que el resultado más probable es una derrota ya que el apoyo popular, especialmente entre los sectores más pobres, ha menguado considerablemente tras años de políticas que descargan la brutal crisis económica sobre los trabajadores y el pueblo. Mientras tanto, el gobierno sigue pagando la fraudulenta deuda externa, garantizando los negocios de los monopolios extranjeros y capitales locales y empoderando a la cúpula del ejército y del gobierno como una casta privilegiada que hace grandes negocios administrando la crisis a costa del hambre del pueblo.
La profundización de un régimen cada vez más autoritario y represivo, que mantiene decenas de activistas presos por luchar por un salario digno o por organizarse sindicalmente por fuera de la burocracia sindical, reprime las protestas sociales, y esta semana ya se cobró la vida de una veintena de personas en las marchas convocadas por la derecha, es el otro factor que le ha quitado gran parte del enorme apoyo popular que supo tener el chavismo.
Estos hechos, descargar la catástrofe económica sobre el pueblo trabajador y el fortalecimiento del régimen represivo facilitan la embestida golpista e injerencista del imperialismo yanqui y sus socios regionales a la que se suma ahora la Unión Europea y allanan el camino a la derecha.

Maduro revoca orden de salida a diplomáticos estadounidenses

En un reconocimiento en los hechos de su delicada situación, el gobierno de Maduro anunció el sábado haber alcanzado un acuerdo con EE.UU. para mantener sendas Oficinas de Interés en las sedes de las respectivas embajadas. Tras el reconocimiento a Guaidó como presidente, Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington y dio un plazo de 72hs para que se fueran del país todos sus funcionarios. El plazo se cumplía este domingo pero la Casa Blanca había señalado que Maduro no tenía autoridad para echar a sus funcionarios y solo retiró al personal no esencial.
Esta situación ponía al gobierno venezolano ante la disyuntiva de aceptar el desconocimiento de su autoridad o detener a los funcionarios norteamericanos lo que significaría un salto de proporciones en la crisis con EE.UU. en el marco del plan abiertamente golpista que viene impulsando la principal potencia imperialista. Su Secretario de Estado, Mike Pompeo, viene de señalar en la reunión extraordinaria de la OEA que “todas las cartas están sobre la mesa” ante la crisis venezolana. Este sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a utilizar su lenguaje patoteril y militarista llamando a “liberar al estado mafioso” de Maduro en Venezuela.
En ese marco, el gobierno parece haber llegado a una solución “decorosa” para revocar su ultimátum de salida del personal estadounidense que no podía poner en práctica sin arriesgarse a una escalada imprevisible de la crisis.

Agregado militar en EE.UU. rompe con Maduro y se subordina a Guaidó

En otro orden de cosas, este sábado el agregado militar de la embajada de Venezuela en EE.UU., coronel José Luis Silva Silva, anunció su ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro y puesta a disposición del diputado Juan Guaidó quien se autoproclamó presidente interino el miércoles 23 en medio de una gran movilización convocada por la derecha contra Maduro en Caracas.
A través de un video difundido en redes sociales, Silva señaló su “apego a la hoja de ruta del presidente encargado Juan Guaidó: 1) cese a la usurpación del poder ejecutivo; 2) que comience una transición a un nuevo gobierno; y 3) elecciones libres y transparentes para todos los venezolanos que quieran participar.”
Más tarde, el militar concedió una entrevista a la agencia EFE, en la cual continuó repitiendo el falso discurso democrático que esgrimen el imperialismo yanqui y los gobiernos derechistas latinoamericanos para imponer un gobierno títere de sus intereses tal como se postula Guaidó. En dicha entrevista señaló que no quiere ser “cómplice de todas las barbaries que ha cometido este Gobierno en nombre de su revolución” y se dirigió a “mis hermanos de la Fuerza Armada” para que “salgan a expresar su descontento con este régimen”.
Ese es el objetivo número 1 que persiguen Washington y sus socios dentro y fuera de Venezuela: lograr un quiebre en el alto mando de las FANB que al día de hoy ha quedado prácticamente como el único sostén de Maduro.
La deserción de Silva, que fue saludada rápidamente por el gobierno de Donald Trump y por el autoproclamado Juan Guaidó que le manifestó su “bienvenida”. El Alto Mando de las FANB repudió la acción y tildó al militar de “Traidor” en las redes sociales. La de Silva es la primera deserción dentro de las capas altas de la oficialidad castrense desde el salto en la crisis política a partir de la autoproclamación de Guaidó. Pero al mismo tiempo se trata de un oficial que hace 5 años está fuera de Venezuela y muy cerca de la Casa Blanca, por lo que habrá que esperar para medir el grado de impacto, si es que lo tiene, dentro de los militares venezolanos.

Diego Dalai

Lavagna: el amigo de Techint que el peronismo propone como presidente

Duhalde, Massa y Pichetto postulan al ex ministro como candidato. El economista, presentado como una especie de “héroe” por su actuación tras la crisis del 2001, cuenta una histórica cercanía con las grandes patronales.

“Ahora gané yo. Hasta ahora, 10 puntos eran tuyos, pero ahora gané yo. Vos no interviniste en algo en lo que Cristina y yo nos jugamos la vida”. Néstor Kirchner era más alto. Al hablar, debió haber mirado de arriba abajo a su interlocutor. En ese instante, Roberto Lavagna dejaba de ser ministro de Economía.
Ese “algo”, en el cual habría estado en juego la existencia, fue la pelea electoral contra Duhalde. El diálogo, recreado por el mismo Lavagna, tuvo lugar en los últimos días de un mes de noviembre. El de 2005.
Desde hace semanas, el economista ocupa un lugar en la primera plana de los diarios. Mencionado como eventual presidenciable, elije el silencio como estrategia electoral. “Usted sabe que no estoy dando notas, ¿no?”, le dice al cronista de Noticias, mientras se acomoda y posa para las fotos.
Duhalde, Pichetto y Massa se chocan los codos para declararle su simpatía. Algunos lo sindican como una suerte de “salvador de la patria” tras la crisis de 2001. Sin embargo, la historia del hombre que está en boca de todos empezó mucho (bastante) antes de aquel agitado año.

Un ajuste llamado Pacto Social

El 20 de junio de 1973, mientras Perón cruzaba el cielo del Atlántico, una masacre se desataba en los bosques de Ezeiza. La derecha peronista, bajo las órdenes del coronel Osinde, lanzaba metralla sobre cientos de miles de personas.
El viejo líder volvía a la Argentina tras 18 años de exilio. Su objetivo central era frenar la creciente movilización revolucionaria que, desde el Cordobazo en adelante, protagonizaban la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares. Roberto Lavanga será parte de ese gobierno y continuará ocupando funciones bajo las órdenes de Isabel y López Rega, ya con la Triple A actuando desorbitadamente.
En 1973 asumirá como Director Nacional de Política de Precios de la secretaría de Comercio, revistiendo bajo las órdenes de José Ber Gelbard, el empresario vinculado al PC, que ocupó la cartera de Economía.
Desde ese lugar, fue un engranaje central en la política que el tercer peronismo ideó para estabilizar la economía: el Acta de Compromiso para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social. O, como pasó a la historia, el Pacto Social.
Esa política intentó contener la inflación por medio del congelamiento de precios y salarios. La mecánica beneficiaba al empresariado, permitiéndole adelantar aumentos, al tiempo que percibía todo tipo de incentivos y beneficios fiscales.
Para la clase trabajadora, el Pacto Social se convirtió en una camisa de fuerza. Los reclamos salariales estaba prohibidos. Cualquier suba en los haberes solo era factible atada a un aumento en la productividad. Es decir, una eventual mejora en los ingresos implicaba mayores niveles de explotación. Lavagna fue un gendarme de esta política, intentando limitar cualquier ruptura en el esquema construido (Rougier y Fiszbein, 2006).
Sin embargo, en pocos meses se tornó evidente el fracaso del plan. A inicios de 1974, en la revista Cuadernos Nacionales -donde también escribía Lavagna- se leería que “tanto los primeros resultados como las perspectivas de largo plazo derivados del Pacto Social, distan en buena medida de satisfacer las amplias expectativas populares”.
El descontento entre los trabajadores irá en ascenso. Las movilizaciones y luchas que desafiaban al Pacto Social, también. Para sostener ese acuerdo anti-obrero, el gobierno apelará a fortalecer las posiciones de la burocracia sindical. Reformará la Ley de Asociaciones Sindicales en beneficio de las cúpulas. Al mismo tiempo endurecerá la represión estatal y para-estatal. La Triple A hará su aparición formal en noviembre de 1973, un mes después de la asunción de Perón.
Tras la muerte del viejo líder, Lavagna continuará ocupando un lugar en el seno del Poder Ejecutivo. En 1975 llegará a la Subsecretaría de Coordinación y Política, de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte.
El golpe de marzo de 1976 forzó a miles de personas a la clandestinidad y/o al exilio. A Lavagna, por el contrario, lo empujó a trabajar en el sector privado. La consultora Ecolatina, fundada un año antes, fue su refugio en los años de plomo. Las casualidades -que no existen- quisieron que entre los analistas de Ecolatina figure actualmente Lorenzo Sigaut Gravina, cuyo padre fue ministro de Economía durante la dictadura.

Un aliado de hierro del gran empresariado

En 1985, Lavagna volvió a ocupar un lugar en el gabinete nacional. Raúl Alfonsín lo designó, con rango de ministro, en la estratégica Secretaría de Industria y Comercio Exterior.
Los años alfonsinistas, más allá de los relatos, consolidaron el poder del gran empresariado beneficiado bajo el genocidio. Aunque Lavagna ocupó el cargo durante solo dos años, su labor garantizó una mayor concentración del poder de los grandes industriales. Entre 1986 y 1990, Bunge y Born pasó de controlar 87 a 92 empresas; Techint, de 53 a 58; Pérez Companc, de 86 a 92; Arcor, de 20 a 31; Soldatti, de 34 a 51; y el grupo Macri, de 51 a 60 (Ortiz y Schorr, 2006).
Los llamados “capitanes de la industria” usufructuaron los recursos estatales hasta el límite de lo posible. Además de aportar al hundimiento de las empresas estatales que serían privatizadas, el gran empresariado gozó de ingentes beneficios fiscales. Disfrazados bajo el elegante rótulo de “incentivos a la producción”, millones de pesos terminaron volando hacia los paraísos fiscales, vía una descomunal fuga de capitales. En esos incentivos también estuvo presente la mano de Lavagna.

Una caja negra que explica “los milagros”

Tras la devaluación impulsada por Duhalde y Remes Lenicov, el salario promedio de la clase trabajadora cayó un 28 % durante 2002 (Mercatante, 2015).
En esa medida hay que ver uno de los mayores secretos que permitió la enorme rentabilidad del empresariado en los años siguientes y la posterior recuperación económica. En 2007, antes de convertirse en funcionario oficial, Axel Kicillof la definía como la caja negra que explicaba el crecimiento a “tasas chinas”. Como es ampliamente sabido, eso no hubiera sido posible sin un horizonte económico internacional (más que) favorable.
Lavagna llegará al gabinete de Duhalde para heredar y perpetuar ese modelo. Sus “éxitos” como ministro de Economía se hallan estrechamente ligados a la continuidad de ese esquema de salarios bajos.
Al momento de asumir esa cartera, aún era embajador argentino ante la Unión Europea, lugar que ocupaba gracias a la gentileza de Fernando de la Rúa. Mientras decenas de personas eran asesinadas por las fuerzas represivas en todo el país, Lavagna ejercía la representación extranjera del gobierno de la Alianza.
Entre 2003 y 2005, Néstor Kirchner y Lavanga serán actores principales de la renegociación de la deuda pública nacional. En el reparto ocuparán un lugar, menor pero importante, Guillermo Nielsen y Alfonso Prat-Gay.
Al iniciar tratativas con el FMI, el gobierno nacional contaba dos ventajas. La primera, un crecimiento que empezaba a hacerse sostenido desde mediados de 2002. La otra, el gigantesco desprestigio de ese organismo, considerado por la opinión pública -nacional e internacional- corresponsable del descalabro argentino en 2001. Esa constelación de factores daba un hándicap a la parte local.
Los acuerdos firmados con el FMI habilitaron la renegociación con los fondos buitre, aquellos inversores que habían comprado, a precio de regalo, los bonos de la deuda argentina tras el default de 2001.
Parte de la historiografía reciente ha querido ver allí un primer matiz de diferencias entre Kirchner y Lavagna, ubicando al presidente en una posición de mayor intransigencia. Sin embargo, a la hora de los resultados y más allá de la retórica, los fondos que entraron al canje de 2005 -reabierto en 2010- consignaron enormes ganancias. La oferta de un cupón atado al crecimiento del PBI sirvió de anzuelo al precio de crear nueva deuda futura, relativizando la quita obtenida.
Pocos años después, en 2013, Cristina Kirchner podría presentarse como orgullosa “pagadora serial”, reconociendo haber entregado U$S 173.000 millones a especuladores y usureros internacionales. Lavagna puede, con seguridad, considerarse coautor de esa “gesta patriótica”.

Don Paolo, un amigo

Lavagna es, desde hace tiempo, un hombre cercano a Techint, el mayor grupo empresario del país. Paolo Rocca, su CEO, tiene una fortuna calculada, según la agencia Bloomberg, en más de U$S 9.000 millones.
En 2004, el entonces ministro de Economía impulsó un régimen de promoción industrial que concedía importantes facilidades impositivas. Entre las beneficiadas estuvieron Aluar, Fate, AGD, Cargill e YPF. Sin embargo, la Ley 25.924 sería conocida como “ley Techint”. No es necesario explicar porqué.
En 2007, Roberto Lavagna eligió competir como candidato a presidente. El mundo de la política dio cuenta de las reuniones entre sus asesores y representantes del grupo empresario más poderoso del país. Consignemos que ese año, su vice fue Gerardo Morales, el hombre que hoy ocupa el centro de las críticas por su escandalosa y reaccionaria intervención en el caso de una niña violada en Jujuy.

Últimos días del náufrago

El 26 de octubre de 2005, el diario La Nación tituló “Fuertes gestos de respaldo a Lavagna”. Faltaban 32 días para la salida del ministro. El día anterior, la cartera de Economía había difundido su plan para enfrentar la creciente inflación: disciplina fiscal y monetaria; acuerdo de precios y salarios; e incentivos impositivos para la inversión en actividades productivas, entre otras cuestiones (Novaro, Bonvecchi, Cherny; 2014).
El combo que venía a proponer Lavagna recuperaba propuestas desplegadas en otras gestiones. Una vez más el sacrificio de los asalariados venía a garantizar la rentabilidad capitalista. Agreguemos que, en aquel entonces, Néstor Kirchner acordaba con el congelamiento salarial.
Las diferencias afloraron en otro terreno. Lavagna propuso restricciones en materia fiscal y monetaria. Kirchner optó por la “maquinita de imprimir” y la bochornosa intervención al Indec para dibujar la realidad. Esas divergencias coronaron aquellas que habían visto la luz durante la campaña electoral.

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A pesar de su silencio hermético, Lavagna ocupa un lugar destacado en la agenda mediática. Ese hermetismo permite que, según las encuestas, goce de imagen positiva, algo que la inmensa mayoría de los candidatos no puede acreditar.
Rememorando lo actuado en 2003, sectores del empresariado lo consideran capaz de pulsean con el FMI y su agenda de ajuste. Con otros actores, esa ilusión también es compartida por amplios sectores del kirchnerismo. Sin embargo, las nuevas condiciones de la economía internacional y del país están muy lejos, demasiado, de aquellos años. Cualquier renegociación tendrá como daño colateral el nivel de vida de las mayorías trabajadoras. Como sostiene el Frente de Izquierda, no hay salida progresiva sin una ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa.
La historia de Lavagna -la que hemos recorrido en estos párrafos- revela que ha sido en lo esencial un aliado del gran empresariado, dispuesto a postular un programa de sacrificios para la clase trabajadora en aras de sostener la ganancia capitalista. Presentarlo entonces como el “salvador” que dejó atrás la crisis del 2001 es el más puro engaño. En todo caso, lo que siempre buscó dejar a salvo son las ganancias de grandes grupos capitalistas como Arcor, Techint o Macri.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo

Almagro: la ficha imperialista engendrada por el progresismo

Almagro junto al Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo en la OEA.

El Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos) Luis Almagro vuelve a tener su papel en la avanzada golpista e injerencista liderada por Donald Trump contra Venezuela. Hace apenas cuatro años era el Canciller del gobierno frenteamplista de José Mujica, con la tutela de sus antiguos “compañeros” es que llegó a su actual cargo.

Lo que a simple vista ha de parecer como una aberración inexplicable o singular como en el caso de Luis Almagro y su protagonismo agresivo a favor de la intervención imperialista en Venezuela, actuación que quedará para la historia, teniendo en cuenta que originalmente surgió de los recientes gobiernos “progresistas” sudamericanos. Es lo que hace que valga la pena escudriñar en su trayectoria para comprobar qué tan radical fue ese supuesto viraje del actual Secretario de la OEA.
Y es que los padres de la criatura además de tenerlo como Canciller durante todo el gobierno de José Pepe Mujica (2010-2015) fueron uno de los padrinos que ayudaron a que el Canciller se transformara en Secretario. El propio Mujica lo reconoció en carta pública cuando rompió relaciones con Almagro, pocos años después, reconociendo que fue él mismo el que auspició su candidatura y ganó varios votos importantes, entre ellos los de los gobiernos progresistas. Como resultado Almagro resultó electo por primera vez por 33 votos en 34.
En estos momentos Almagro continua con su papel cipayo codo a codo con los altos funcionarios del gobierno de Trump para imponer un golpe en Venezuela, impulsando una resolución que finalmente no fue aprobada para que la OEA reconozca a Guaidó como presidente y en general reforzando la presión desde el organismo así como coordinando con el llamado grupo de Lima.

El Canciller “progresista”

De orígenes en el Partido Nacional, Almagro fue uno más de los funcionarios y cuadros políticos reciclados con el advenimiento del Frente Amplio a su primer gobierno en 2005. Venía de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del segundo gobierno colorado de Julio María Sanguinetti que gobernaba en coalición “rosada” con el Partido Nacional razón por la cual se ganó su puesto en ese gobierno.

Almagro como Canciller progresista

Entró al FA a través de su integración al MPP de José Mujica el cual al ganar la presidencia lo designó como Canciller durante todo su periodo de gobierno. Durante su gestión lideró una política exterior uruguaya alineada con las posiciones de Estados Unidos y el imperialismo, participando de las tropas de ocupación en Haití, el desmantelamiento de las FARC en Colombia o la simpatía con los avances en la restauración capitalista en Cuba. Al finalizar su cargo se desarrolló el padrinazgo de Mujica para promoverlo al frente de la OEA.

El Secretario cipayo

Durante su cargo en la OEA se destacó por su marcado cipayismo con la política exterior norteamericana, en especial en torno a la situación venezolana.
Hipócritamente el FA empezó el divorcio luego de los hechos consumados, el cual terminó en la reciente expulsión de Almagro de dicha fuerza política, lo cual no impidió que antes de eso en el 2017 estuvieran codo a codo junto al gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez en un entrecruce de declaraciones y acusaciones con el gobierno de Venezuela, en el mismo periodo en que el Secretario de la OEA coordinaba con EEUU la aplicación de la “Carta Democrática” del organismo al gobierno venezolano.
Si bien los individuos son la expresión de movimientos de fuerzas históricas, sociales y de poder en la historia, la personalidad de cada uno juega su rol para cumplir su papel en el proceso de forma más o menos precisa.
Y es que la ardiente y agresiva política pro imperialista del Secretario no solamente expresa que su puesto y rol de cipayo le calza formidablemente para el momento histórico actual, sino que tampoco se explica del todo por ser el mero accionar de un renegado que se transformó de la noche a la mañana.
Más bien el “renegado” ha llegado a su lugar gracias al acunamiento de los progresistas regionales y de su continuidad desde sus orígenes en los gobiernos derechistas a su papel como Canciller del gobierno de Mujica con su política exterior subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano.
Una vez criada y apadrinada la criatura, ésta dio muestra del potencial que guardaba y la política “pragmática” y supuestamente “realista” del progresista Mujica nos ha dejado como regalo un nuevo engendro para la historia de opresión de los latinoamericanos.

Sebastián Artigas

Los gobiernos y el capital sojero, responsables de las inundaciones

El Noreste bajo el agua

Las recientes inundaciones han configurado un verdadero drama humanitario en el norte del país. Se estima que son decenas de miles las personas afectadas en Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santiago del Estero; 6.000 de las cuales fueron evacuadas y no pueden volver a sus hogares. A las amplísimas zonas rurales afectadas se suman las urbanas –al menos 22 ciudades chaqueñas, seis santafecinas y cuatro santiagueñas, acorde al informe del Sinagir.
Solo en el norte de Santa Fe -adonde van a parar gran parte de los excedentes hídricos de la región- son 500.000 las hectáreas bajo agua. En esta catástrofe tiene fuerte influencia la imparable sojización del suelo y los desmontes de bosques nativos (que, según estudios recientes del Instituto de Tecnología Agropecuaria, absorben 10 veces más agua que los terrenos con soja). Greenpeace indica que Argentina es uno de los diez países que más ha destruido sus bosques en los últimos 30 años, en pos de la soja y la ganadería concentrada; 80% de esta deforestación se concentra en Santiago, Chaco, Formosa y Salta.
El anegamiento generalizado vuelve a dar cuenta, a su vez, de la falta de obras hídricas de importancia en las provincias y localidades. Lo exhibió dramáticamente el noreste de Gran Resistencia, en Chaco, donde la combinación de falta de canales de desagote con obras viales sin terminar convirtió a la zona en una pileta natural, tras lo cual vecinos que protestaban fueron reprimidos por el gobierno provincial de Domingo Peppo (PJ).
También se hace patente la crisis con las prometidas obras de vivienda para inundados. En Entre Ríos, a tres años de que el gobierno nacional anunciase más de 1.800 hogares, solo se construyeron 14: los responsables, Nación y el gobierno de Gustavo Bordet, en estas horas se patean la pelota por este incumplimiento.
“Tendremos que acostumbrarnos a las inundaciones”, dijo en estos días Macri, con el mismo cinismo con que en enero del año pasado señaló –frente a las inundaciones del norte bonaerense y zonas de Córdoba y Santa Fe- que “por suerte paró de llover”.
Por su parte, Pablo Bereciartua, secretario de Infraestructura y Política Hídrica, evocó la falta de inversión en infraestructura de los gobiernos precedentes para ocultar la continuidad de esta política por parte de Cambiemos. El gobierno nacional viene subejecutando sistemáticamente el denominado “Fondo Hídrico” (consumó apenas un tercio en 2016, y menos de la mitad en 2017) y profundizó esta línea en el Presupuesto 2019 hecho a medida del FMI, en donde abandona compromisos de obras clave, como las de la cuenca del Salado.
Los mandatarios provinciales de diverso signo se adaptan y reproducen esta política. Lo hace la subejecutora serial María Eugenia Vidal, con consecuencias que volvieron a verse hoy, cuando un temporal en el norte bonaerense derivó en la inundación de Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln y Junín, entre otras. Lo hace el mentado Bordet, cuyo presupuesto 2019 para Entre Ríos prevé un centenar y medio de obras de infraestructura, hidráulicas, sanitarias y viales… sin fondos. Lo hace Juan Schiaretti en Córdoba, en cuya capital una breve lluvia derivó ayer en la circulación subacuática de los autos y colectivos.
El plan de emergencia anunciado por el gobierno nacional junto con los gobernadores tiene por eje principal exenciones impositivas y beneficios crediticios al gran capital afectado. Pero las obras de infraestructura que requieren el grueso de los inundados se condicionan a la obtención de fondos por parte de organismos de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, o a indeterminadas reorientaciones presupuestarias en secretarías y ministerios ya de por sí ajustados.
Se plantea la necesidad de un plan de obras hídricas y de vivienda financiado por impuestos al gran capital, bajo control de la población trabajadora, y el resarcimiento de los afectados.

Tomás Eps

“Quema de boletas” contra el tarifazo

Convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para el jueves 31

Luego de dos reuniones donde se establecieron distintos debates respecto de como continuar la lucha contra los tarifazos, las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos que componen el Encuentro Memoria Verdad y Justicia decidieron convocar a una concentración en el Congreso Nacional para expresar el rechazo absoluto a los tarifazos con una quema de boletas.
La concentración se realiza en el marco de un nuevo embate del gobierno nacional donde, para los primeros meses del año, se anunciaron aumentos de entre un 35 y un 55 por ciento en las tarifas de los servicios públicos y el transporte, lo que significa un brutal golpe al bolsillo de los trabajadores.
Asimismo la concentración pretende profundizar y aunar las luchas que se vienen dando de manera disgregada en distintos puntos de la capital, desde los cacerolazos de los viernes, que de momento no terminan de dar un salto de masividad, hasta la marcha de antorchas -convocada por sectores afines al kirchnerismo- que se relizó en una sola ocasión y sin ninguna perspectiva de elaborar la continuidad de un plan de lucha.

Abajo los tarifazos, los despidos y las medidas represivas

El tarifazo anunciado por el gobierno nacional tiene tambien su correlato en las distintas provincias. La intención es recortar los subsidios para poder cumplir con el Presupuesto 2019 impuesto por el FMI y que fue aprobado tanto con los votos del macrismo como tambien de los gobernadores. El FMI pretende asegurarse el pago del crédito a costa de peores condiciones de vida para la clase trabajadora ya que los recortes no sólo se llevarán adelante en los subsidios, sino que se hace extensivo a la salud, la construcción de viviendas, la educación y la obra pública.
A los tarifazos y recortes se le suman los cientos de despidos del último período y el ataque a los trabajadores que se organizan, como son los casos de Interpack, Siam del grupo New San, Pilkington, Nidera, los ingenios tucumanos, los trabajadores de Radio Nacional y de los medios públicos.
Para poder avanzar en todas estas medidas antiobreras, el gobierno ha desplegado la doctrina Chocobar de gatillo fácil, el encarcelamiento de luchadores, la persecución continua a los inmigrantes, la compra y utilización de pistolas eléctricas Taser e incluso pretende avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. Es claro que sin represión resulta imposible garantizar el ajuste y las pretensiones del Fondo Monetario Internacional.

Impagable e inviable

El nuevo tarifazo y la crisis desatada alrededor de él, ha puesto al desnudo el carácter confiscatorio del sistema energético (cuyo acceso se hace cada vez más prohibitivo e impagable), y al mismo tiempo parasitario, porque está basado en una enorme subvención al capital, violando, inclusive, las propias leyes de mercado.
El gobierno viene garantizando a las empresas un precio superior al de mercado para los nuevos proyectos gasíferos en Vaca Muerta. Esto no es novedoso, ya desde el pacto YPF-Chevron, de la mano de Axel Kicillof y Miguel Galluccio, se garantiza a las petroleras la dolarización de sus tarifas. Para este año, la retribución fue fijada en 7 dólares el millón de BTU (que es la medida que se utiliza en el sector), mientras el precio de mercado viene cayendo, entre otras razones, por la mayor producción y oferta de gas.
Estos tarifazos no solo son un enorme negociado entre las petroleras y los gobiernos, actuales y pasados, sino que son una enorme confiscación para los trabajadores y jubilados que vienen sufriendo una carestía galopante. Frente a la destrucción de los salarios y jubilaciones, frente a este nuevo ataque contra el pueblo, es necesario un paro activo nacional, el cese de los despidos y la nacionalización integral del sistema energético, de modo de colocar los recursos naturales al servicio de un plan de industrialización.

Derrotemos el tarifazo

Desde el EMVyJ se invita a movilizar el jueves 31 de enero a las 18 hs al Congreso Nacional a la “quema de boletas” bajo las consignas:

Basta de tarifazos, despidos y medidas represivas

No al pago de la deuda externa, anulación del acuerdo con el FMI

Paro general activo y plan de lucha para derrotar el ajuste.

Fernando Germani (APeL) y
Eduardo Penello